Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 16/2014 (AD COUR) en cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del C.A., conforme a los términos que a continuación se enuncian en la presente parte resolutiva.
2Declarar condonada la pena de multa establecida en la Resolución N° 16/2014 (AD COUR), de acuerdo a lo previsto por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6 de la Resolución 4007/2017.
3Declarar que la pena de comiso no está alcanzada por el beneficio de la condonación, según lo dispone el art. 7 de la Resolución 4007/2017, y por lo tanto, la misma debe ser confirmada.
4Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-136470667-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Noviembre de 2023 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “CHEN LI c/D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, expediente N° 34.583-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/15 se presenta CHEN LI, con letrado patrocinante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 16/2014 (AD COUR) por medio de la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 986 del C.A. al pago de una multa de $ 84.976,29 y al comiso de la mercadería. Plantea la nulidad de la notificación toda vez que mediante la última y única carta que recibió tomó conocimiento del sumario, vulnerándose en consecuencia la garantía constitucional de defensa en juicio. Denuncia que su domicilio real es “Sarmiento 2437 Piso 7 departamento 30” y no “Sarmiento 2437” solamente, con lo cual es posible que una carta anterior haya sido mal dirigida por tener el domicilio incompleto.
Esgrime que el hecho no haberse enterado con anterioridad del inicio del sumario afecta y vulnera su derecho de defensa, ya que nunca fue su intención quedar rebelde. Recalca que de haber sido notificada del inicio del sumario, hubiera podido reunir pruebas y documentación que en ese lapso de tiempo -casi dos años- ha archivado y que por no haber podido presentarlas antes, quizás ahora no pueda aportarlas. En subsidio, impugna por nulo y arbitrario el procedimiento y, en especial, los actos de verificación, clasificación y valoración de la mercadería en cuestión. En cuanto a la verificación de la mercadería, argumenta que no surge de la resolución la individualización de la mercadería ni la cantidad de bultos.
Tampoco se encuentra acreditado que la totalidad de la mercadería comisada sea de su propiedad. Sostiene que la empresa de transporte pudo adjudicarle como propia mercadería que no era suya utilizando documentación a su nombre y haciendo creer que la totalidad de la mercadería era de la firma. No se atribuye la propiedad de la totalidad de la mercadería comisada y al no haber tenido oportunidad de presentarse antes, ignora los datos que surgen de la planilla N° 01500012013. Advierte que resulta de vital importancia saber cuál fue la mercadería comisada para aportar la documentación que desvirtúe la propiedad de la misma y respecto de aquella que pudiera ser de su propiedad, acompañar facturas y despachos de importación.
En lo concerniente a la clasificación, invoca que no surge de la resolución que la mercadería se haya clasificado y que sea de su propiedad. En lo referente a la valoración de la mercadería afirma que aquella ha sido parcial, realizada por funcionarios aduaneros y que no se configuran los elementos objetivos y subjetivos que deben reunir las infracciones aduaneras. Solicita la citación en garantía y como tercero a la empresa de transporte Transportelli. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 25/28 la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. Responde al planteo de nulidad argumentando que el accionar del servicio aduanero fue ajustado al debido proceso adjetivo y que se ha respetado la garantía de defensa en juicio. Invoca que la recurrente no promovió incidente de nulidad una vez notificado el acto administrativo en el plazo previsto, razón por la cual el acto fue consentido (art. 1051 del C.A.). Expresa que es doctrina de la Corte Suprema que cuando la restricción de defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. En cuanto a la cuestión de fondo, expone que la mercadería fue encontrada en el vehículo de la empresa de transporte Transportelli pero con un remito de la actora; y al respecto, la contraria nunca puso en crisis la veracidad del remito que avala la operación de traslado de la mercadería. Por otro lado, la mercadería fue clasificada y verificada por personal idóneo de la DGA; suponer lo contrario sería poner en crisis la validez de los actos de la Administración. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 49 se declara la causa de puro derecho. A fs. 56 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 57 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12468-522-2012 se inicia con copia certificada del acta de constatación e interdicción de encomienda realizada en el Departamento de Uruguay, Provincia de Entre Ríos, el 9/11/2012 a las 01:30 hs., en la cual Gendarmería Nacional realiza control físico y documental del vehículo de la empresa TRANSPORTELLI dominio TEK 165 y constata en el interior de la bodega del vehículo la existencia de bultos que son transportados bajo el régimen de encomienda y que presumiblemente contendrían mercadería de origen extranjero (fs. 3/5). Por tal razón, se procede a interdictar los 54 bultos referidos a la encomienda 0001-00001182. A fs. 4/5 se glosa copia certificada de REMITO N° 0001-00001182 y de ORDEN DE RETIRO N° 0001-00000052.
A fs. 6/7 consta el acta de apertura de bultos N° 84/2012, de fecha 26/12/2012 en la División Aduana de Concepción del Uruguay, Pcia. De Entre Ríos, autorizada por oficio N° 1100/12 del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en los autos N° 171/12. A fs. 8/11 se hace entrega la mercadería secuestrada en el “Depósito Rezagos y S”. A fs. 12/21 se glosa planilla de clasificación y aforo de la mercadería en cuestión. A fs. 23/44 se agrega el expediente en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, caratulado “ESCUADRON 6 LOCAL DE GENDARMERIA NACIONAL – SOLICITA APERTURA DE BULTOS”. A fs. 24 obra el original del acta de constatación, a fs. 25 obra el original del REMITO N° 0001-00001182 y a fs. 26 obra el original del ORDEN DE RETIRO N° 0001-00000052.
A fs. 44 el 18/02/2013, el Juzgado se declara incompetente. A fs. 45/47 se glosa print de pantalla de AFIP – SISTEMA REGISTRAL – Reflejo de datos registrados, donde constan los domicilios registrados de CHEN LI. A fs. 49, el 30/07/2013 se instruye sumario por presunta infracción al art. 986 del CA. A fs. 52/53 se cita a la imputada a presentarse a los efectos de la verificación y aforo de la mercadería, notificación que se cursa a los domicilios de la calle “Sarmiento 2437” y “Azcuénaga 375”, arrojando resultado negativo, conforme constancias de fs. 54/55, motivo se mudó y cerrado/ausente se dejó aviso de visita, respectivamente. A fs. 60 se publica edicto en el Boletín Oficial de fecha 9/9/2013, a efectos de la citación a la imputada.
A fs. 61, toda vez que el interesado no se presentó a la verificación y aforo de la mercadería, se ratifica el aforo de oficio N° 025000012013 de fs. 12. A fs. 62 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del C.A., cuya notificación al domicilio “Azcuénaga 375” arroja resultado negativo – aviso de recibo: motivo cerrado/ausente, se dejó aviso de visita (fs. 63). A fs. 66 se publica edicto en el Boletín Oficial de fecha 29/11/2013, a fin de correr vista a la imputada. A fs. 67 se declara la rebeldía de la encartada conforme el art. 1105 del C.A. A fs. 68 se tiene por constituido el domicilio en los estrados de Aduana y se ponen los autos a disposición de la interesada. A fs. 69/71 se emite dictamen jurídico conf. art. 1040 del C.A.
A fs. 72/75 se dicta la Resolución N° 16/2014 (AD COUR), que se notifica a CHEN LI el 16/05/2014 en el domicilio “Azcuénaga 375”, conforme constancia de fs. 77.
V. Que en relación al planteo de nulidad efectuado por la actora, corresponde resaltar que conforme surge de las constancias agregadas en las actuaciones administrativas, la imputada Chen Li fue debidamente notificada en el trámite del sumario. La citación a la verificación fue cursada a los domicilios que tenía registrados en la AFIP domicilio Fiscal: “Azcuénaga 375” CABA y domicilio Legal/Real: “Sarmiento 2437” CABA (ver consulta de datos registrados obrante fs. 45/46 de las act. adm.). Luego, la corrida de vista conferida en los términos del art. 1101 del C.A., fue dirigida al domicilio “Azcuénaga 375”, conforme lo dispone el art. 1003 del C.A. Cumplido ello, el servicio aduanero procedió a notificar por edictos la vista del art. 1101 del C.A., tal como indica para estos casos el art. 1013 inc. h) del C.A. (conf. fs. 65/66 de las actuaciones administrativas). Posteriormente, y ante la incomparecencia de la actora, en los términos del art. 1105 del C.A. a fs. 67 se la declaró rebelde, y a partir de ese momento, se tuvo por constituido su domicilio en la oficina aduanera donde tramitaba el sumario. Finalmente, la resolución dictada en el sumario fue notificada en el domicilio registrado a fs. 45/46 “Azcuénaga 375”, posibilitando ello la interposición del recurso que motivara la presente causa. Que así las cosas, el domicilio de la calle “Azcuénaga 375” CABA, al que se cursaron las notificaciones en el trámite del sumario y en el que efectivamente se notificó la resolución aduanera apelada, es el mismo que la actora denuncia como domicilio fiscal al interponer el presente recurso de apelación (ver fs. 10 de autos).
Que en virtud de lo expuesto, y atento que el servicio aduanero siguió en todo momento los pasos procesales indicados en la legislación de rito, esta instancia no observa motivos para declarar la nulidad del procedimiento ni de la resolución apelada.
Que además, la recurrente ha alegado la supuesta violación de las normas procesales, y al respecto, cabe poner de manifiesto que tales argumentos no resultan pertinentes para desvirtuar el fallo apelado. En efecto, como lo sostuviera la Sala III de la Cámara del fuero in re: "Dapuente SCA", sentencia del 25.3.93... "la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Siendo ello así, sólo puede proceder cuando la violación de las formalidades que la configuran derivara un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte que la invoca...".
Que en lo concerniente a la violación de la garantía de la defensa en juicio, cabe señalar que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la C.N. no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior Fallos, 205-549, 247-52 consid. 1º, 267-393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas).
Que cabe destacar, en relación a lo expresado en el último párrafo, que la actora cuenta en esta instancia con posibilidades prácticamente irrestrictas de ejercitar su derecho de defensa, y no se advierte el interés jurídico que debe servir de base al pedido de nulidad, máxime cuando que en autos, los agravios de fondo de la actora, encuentran cabida y debida consideración a través del recurso de apelación.
Que, por lo tanto, corresponde desestimar la excepción nulidad opuesta por la actora, sin costas, por su tratamiento integrativo con el fondo.
VI. Que corresponde resolver en la causa si la resolución recurrida, en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del CA, se ajusta a derecho.
Que la resolución que se cuestiona se originó como consecuencia del procedimiento realizado por la Gendarmería Nacional – jurisdicción de la Aduana de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en la ruta nacional 14, Km. 100, en la que incautó 54 bultos con mercadería de origen extranjero que no presentaba debidamente aplicados los medios de identificación establecidos por el Dto. 4531/65 Res. DGA 2522/87 y modif., transportados en un vehículo de la empresa Transportelli, dominio TEK 165, por lo que procedió a la interdicción de los mismos.
Que la recurrente argumenta que no se encuentra acreditado que la totalidad de la mercadería comisada sea de su propiedad. Sostiene que la empresa de transporte pudo adjudicarle como propia mercadería que no era suya utilizando documentación a su nombre y haciendo creer que la totalidad de la mercadería era de la firma.
Que el art. 986 del C.A. prevé: El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de 1 a 5 veces su valor en plaza".
Las disposiciones del referido artículo se aplican a la tenencia injustificada, con fines de comercialización o industrialización de mercadería extranjera que no presente aplicados los medios de identificación establecidos por el servicio aduanero.
Que así las cosas, el art. 986 del C.A. sanciona al tenedor de mercaderías extranjeras sujetas al régimen de identificación, a través de las estampillas fiscales, sea que se trate del importador directo (que debe solicitarlas en el mismo despacho de importación) o del adquirente en plaza de esas mercaderías.
Que la citada norma -art. 986 del CA- requiere para la configuración de la infracción de tres elementos básicos a saber: 1) que el sujeto tenga la mercadería en su poder, entendiendo a la tenencia en el sentido amplio del CA, que incluye la tenencia a nombre de otro (v.gr., locatario, comodatario), al propietario, condómino, etc. 2) que la tenencia sea con fines comerciales o industriales y 3) que la mercadería sea de origen extranjero y que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación establecidos por las normas dictadas al efecto.
Que en la Exposición de Motivos del Código Aduanero, en el comentario al Capítulo Décimo Tercero, Sección XII, Título Segundo, -Tenencia injustificada de mercaderías de origen extranjero con fines comerciales o industriales- se señala que se trata de una infracción que por su estrecha vinculación con el delito de contrabando debe ser severamente penada, ya que al consistir en la comercialización de la mercadería presuntamente objeto de aquél, juega necesariamente como su complemento, tratándose en el caso de una infracción que tipifica la conducta del tenedor de mercadería por la que se exigen determinados requisitos, tales como el estampillado fiscal.
VII. Que en las infracciones aduaneras la comprobación del hecho objetivo tipificado en la norma y que configura la infracción genera una presunción de culpa, como resultado de lo cual, se produce la inversión de la carga de la prueba quedando a cargo del imputado la acreditación de los extremos que lo eximan de responsabilidad penal, y ha señalado la Corte que en presencia de la materialidad de la infracción "incumbe al contraventor la prueba de descargo -Fallos 198:310- para lo que no basta la alegación de la ignorancia de los preceptos legales -Fallos 182:384 y otros" (Fallos: 206:508 Julio E Real de Azua v. impuestos internos") (Sala E" Cardozo Liliana E" sent. del 8-6-2011, expte n° 28.049- A,voc. 15°).
Que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas resulta que en oportunidad de detectarse la mercadería en cuestión, el chofer del vehículo exhibió la documentación que tenía en su poder y que a continuación se detalla: Un REMITO original de CHEN LI numerado correspondiente a un talonario preimpreso por imprenta gráfica que contiene información de la denominación comercial, domicilio y datos de inscripción ante la AFIP. En el remito se consigna de puño y letra la cantidad de “54 bultos”, el destinatario “NOVENTA NOVE CORRIENTES” y la firma ológrafa con aclaración RUIZ, en la parte inferior “recibí conforme” (fs. 25 act. adm.).
Un documento titulado ORDEN DE RETIRO original de la firma SERVICIO EXPRESO TRANSPORTELLI correspondiente a un talonario preimpreso, con la siguiente información: denominación social, domicilio y datos de inscripción ante la AFIP. En ese documento se especifica de puño y letra los datos del chofer “Pablo A. Ruiz”, dirección “Azcuénaga 375, teléfono 4953-5591. Se retira 54 bultos.” (fs. 26 act. adm.).
Que, asimismo, en el acta de constatación luce la declaración del chofer del vehículo y su nombre “RUIZ PABLO ALEJANDRO” (fs. 24 act. adm).
Que en ese sentido, se observa concordancia entre la información que surge del REMITO de CHEN LI en cuanto a la cantidad de 54 bultos y a la firma de “Ruiz” con la información que se extrae de la ORDEN DE RETIRO del SERVICIO EXPRESO TRANSPORTELLI donde se consigna la misma cantidad de bultos -54-, la dirección de retiro, que es el domicilio de CHEN LI, y el nombre del chofer “Pablo. A. Ruiz”. Por lo demás, no cabe la posibilidad de considerar que se pudo alterar la documentación presentada, ya que como se expresó, aquella emana de formularios preimpresos, que contienen datos específicos de las empresas.
Que, este estado del análisis corresponde advertir que la actora en su recurso no controvierte su carácter de comerciante, así como tampoco que, en su actividad habitual comercializa mercadería de origen extranjero.
Que ninguna prueba ha producido la actora en esta instancia tendiente a demostrar la inexistencia de infracción. Véase que a fs. 29 de autos se abrió la causa a prueba y se ordenó a dicha parte librar el oficio solicitado en su escrito de interposición de recurso, sin que lo hiciera y/o diera impulso alguno al expediente.
Que teniendo en cuenta que la actora no ha podido desvirtuar la tenencia de la mercadería secuestrada, los fines comerciales de dicha tenencia, así como su origen extranjero, y al no tener, la misma, debidamente aplicados los medios de identificación, cabe concluir que se ha configurado en autos la infracción tipificada en el art. 986 del C.A.
VIII. Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, corresponde poner de relieve que respecto a la pena de multa, resulta aplicable el régimen de condonación impuesto por la ley 27.260 y su reglamentación:
La Ley 27.260 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el art. 52 del Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” del Libro II, establece que: “ Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones... ”. “Se consideran comprendidas en el presente régimen (…) los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones...”.
Que el art. 56 de la Ley 27.260, en lo que importa, establece que: “...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha...”.
Que la Resolución 3920/2016 en el art. 2, en lo que aquí interesa, establece que: “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones” “Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)” “a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme. Res. 4007/2017).
Que el art. 18 de la Resolución 3920/2016 dispone que: “...El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.
Que la Resolución 4007/2017, en el art. 3 establece que: “El beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Título II del Libro II de la Ley N°27.260 y reglamentada por la Resolución General N°3.920 y sus modificatorias, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 55 y en los Artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como a lo indicado en los artículos siguientes de la presente. El juez administrativo interviniente será responsable de evaluar y aplicar las pautas de liberación en cada caso concreto” y en el art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales- cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas” y en el art. 6 establece que: “Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha...”. “...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
Que en la causa se ha imputado a la actora la comisión de la conducta prevista en el art. 986 del C.A., por lo cual, en virtud de lo expuesto y en los términos del art. 56 de la Ley 27.260 y normas complementarias, corresponde declarar condonada la multa impuesta en la Resolución apelada. Y según la redacción del art. 14 inciso a) de la Resolución General 3920 (AFIP) del 28/07/2016, las costas deben ser distribuidas en el orden causado, dado que la condonación legalmente impuesta, implica que no haya parte vencida.
IX. Que con respecto al comiso de la mercadería, en cambio, conforme el art. 7 de la Resolución 4007/2017: “Las penas de comiso no están alcanzadas por el beneficio de la condonación por cuanto la autorización del libramiento de las mercaderías puede afectar, entre otros bienes jurídicos tutelados, la seguridad y la salud pública, la política industrial, la política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la protección del patrimonio artístico y la preservación del medioambiente”. En consecuencia, por la normativa aplicable, corresponde confirmar la pena de comiso impuesta en la resolución aduanera apelada.
Que, sin perjuicio de los fundamentos que sustentan la presente decisión, en virtud de la complejidad que se ha reflejado en el análisis de las circunstancias particulares del caso, considero que las costas deben imponerse en el orden causado. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala E de este TFN en la causa 10694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/2000.
Por todo ello voto por:
1. Confirmar la Resolución N° 16/2014 (AD COUR) en cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del C.A., conforme a los términos que a continuación se enuncian en la presente parte resolutiva.
2. Declarar condonada la pena de multa establecida en la Resolución N° 16/2014 (AD COUR), de acuerdo a lo previsto por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6 de la Resolución 4007/2017.
3. Declarar que la pena de comiso no está alcanzada por el beneficio de la condonación, según lo dispone el art. 7 de la Resolución 4007/2017, y por lo tanto, la misma debe ser confirmada.
4. Costas por su orden.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En cuanto a la cuestión de fondo, tras el examen de los argumentos presentados por las partes involucradas, adhiero a las conclusiones arribadas por la vocal preopinante desde el considerando VIII en adelante.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 16/2014 (AD COUR) en cuanto a la comisión de la infracción tipificada en el art. 986 del C.A., conforme a los términos que a continuación se enuncian en la presente parte resolutiva.
2. Declarar condonada la pena de multa establecida en la Resolución N° 16/2014 (AD COUR), de acuerdo a lo previsto por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6 de la Resolución 4007/2017.
3. Declarar que la pena de comiso no está alcanzada por el beneficio de la condonación, según lo dispone el art. 7 de la Resolución 4007/2017, y por lo tanto, la misma debe ser confirmada.
4. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2023.11.14 16:43:48 ART Date: 2023.11.15 14:41:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.15 16:08:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.15 16:09:04 -03:00
Fin de la sentencia