Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Penal Sala I de San Isidro · Causa 13.452
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la imputada Chen Meiling, fundado por la señora Defensora Oficial, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión planteada (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 106, 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP; arts. 144, 145 y 146 Dec-ley 8031/73)
II. Declarar la nulidad de la declaración de fs. 57, y de lo obrado en consecuencia (sentencia de fs. 74/75), y remitir la presente causa a la instancia de origen, a fin de que, integrada con Magistrado hábil, se reanude el trámite de la causa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada (arts. 18 CN; 201, 203 inc. 3, 207 y 312 CPP; 3 Decreto-Ley 8031/73).
C. 13.452/I
“Cheu, Meiling s/ inf. art. 2 Ley 13.178”.
En la ciudad de San Isidro, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las 12 horas, reunidos en acuerdo ordinario los Señores Jueces integrantes de la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Oscar Roberto Quintana, Ernesto A. A. García Maañón y Duilio Alberto Cámpora, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de resolver el recurso interpuesto por la imputada Chen Meiling, fundada por la señora Defensora Oficial, en la causa Nro. 13.452 del registro interno de la secretaría de este Tribunal, caratulada "Chen Meiling s/ apelación de sentencia contravencional".
Practicado el sorteo que establece la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: CÁMPORA - QUINTANA - GARCÍA MAAÑÓN, para el caso de disidencia.
En el modo precedentemente dispuesto, los señores magistrados se abocaron al estudio de los siguientes:
La Señora Juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Vicente López, Dra. María Fernanda Bisio, con fecha 26 de agosto de 2014, dictó sentencia condenando a Chen Meiling, DNI 94.635.590, como autora contravencionalmente responsable de la infracción prevista en el art. 2 de la Ley 13.178, acaecido el día 29 de agosto de 2013 en el comercio sito en la calle Rivadavia Nro. 2837 de la localidad de Munro, a la pena de mil pesos ($ 1.000) de multa y a la clausura del local por el plazo de cinco (5) días. Interpuso recurso de apelación contra el mencionado decisorio la propia imputada in forma pauperis, dando sustento técnico a su voluntad impugnativa la señora Defensora Oficial, Dra. Liliana Eva Cucurullo.
Habiéndose concedido en relación y encontrándose la presente causa en estado de ser resuelta, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Fue debidamente resguardado el derecho de defensa de la imputada en el trámite de la causa?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
Además de cumplir con los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición, el recurso abastece los requisitos de impugnabilidad tanto en el aspecto objetivo como subjetivo, puesto que se dirige contra la sentencia final que cierra el juicio contravencional y la parte se encuentra legitimada en tanto posee interés directo en el fondo del asunto, habiendo indicado los motivos de agravio y los fundamentos en que se sustenta su pretensión, a partir de los que hace una crítica del procedimiento seguido (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP; arts. 144, 145 y 146 Dec-ley 8031/73).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Dr. Oscar Roberto Quintana, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP; 81 y 83 Ley 10.973).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
I. La señora Juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Vicente López, Dra. Dra. María Fernanda Bisio, con fecha 26 de agosto de 2014, dictó sentencia condenando a Chen Meiling, DNI 94.635.590, como autora contravencionalmente responsable de la infracción prevista en el art. 2 de la Ley 13.178, acaecido el día 29 de agosto de 2013 en el comercio sito en la calle Rivadavia Nro. 2837 de la localidad de Munro, a la pena de mil pesos ($ 1.000) de multa y a la clausura del local por el plazo de cinco (5) días.
II. En la fundamentación del recurso de apelación interpuesto, la asistente técnica sostiene que se ha conculcado el derecho de defensa de su asistida, pues no se le informó el hecho atribuido.
Consideró que la declaración indagatoria de fs. 57 no cumplía ese objetivo, en tanto se limitó a describir la normativa aplicable.
III. Entiendo que corresponde hacer lugar al planteo de la defensa. En un caso análogo, he señalado que “[…] lo que debe observarse y respetarse son todas las garantías constitucionales del proceso penal, pues no puede obviarse que la diferencia entre delitos y contravenciones obedece únicamente a criterios de política criminal que aconsejan deparar un trato punitivo de mayor intensidad a uno que otro, pero que no quitan el ineludible contenido materialmente penoso de las segundas, lo que impone extremar los cuidados al darles tratamiento jurisdiccional.
'En nuestro país, progresivamente, las contravenciones han ido conquistando su pertenencia a lo penal y, con ello, a sus principios, en particular a su establecimiento por legislación en sentido formal, el juzgamiento por órganos jursidiccionales y el respeto estricto de la defensa en juicio. En el ámbito capitalino se verifica el ejemplo más concreto y próximo, en que a lo contravencional se ha deparado un tratamiento jurisdiccional similar o incluso más garantizador que a lo penal.
'Existe en ocasiones un equívoco insalvable respecto a la naturaleza del derecho contravencional desde que es establecido por normas locales, lo que, comunmente, ha llevado que lo intepretara como integrante del derecho administrativo, en función de la imposibilidad del legislador local de abordar cuestiones penales (conf. art. 75 inc. 12 CN).
'Sin embargo, el derecho contravencional es local no por ser administrativo, lo que negaría en principio la existencia de garantías en ese ámbito, sino que tiene naturaleza punitiva no quedando necesariamente reservada al legislador común -art. 75 inc. 12 CN- en función de la forma federal de Estado asumida en la CN -art. 1-, la que ha establecido formas secundarias y terciarias de Estado (Provincias y Municipios -arts. 1, 5 y 121 CN-), reconociéndoles facultades legislativas -lo que incluye la punitiva-, pero con estricto respeto de los cánones constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos (vid. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición; Ediar, Buenos Aires, 2002, págs. 177/179).” (causa nro. 12.082/I, 12.585/I y 13.083/I). En este último caso, además, expuse que "[...] En sede provincial y en materia de faltas rige el decreto/ley 8031 que puede afectar el derecho de defensa si no se adoptan los recaudos necesarios al respecto.
'Es sabido que en esta clase de procesos contravencionales cuya génesis remite a la década del setenta del siglo anterior, está permitido que la declaración de la persona imputada sea prestada en una dependencia policial. Ese aspecto marca un retraso legislativo importante respecto de los códigos procesales provinciales (ley 3.589 y 11.922) en los cuales se erradicó esa posibilidad mudándola a los estrados judiciales (Juez instructor en el primer caso, Fiscal en el segundo). Lo dicho no implica llegar a prohibir su recepción en la sede de un organismo preventor dependiente del área de Seguridad, pero más allá que el ideal sea realizarla en el ámbito judicial, lo cierto es que en caso de optar por delegarla debe ser bajo un estricto control que asegure que en el acto se han materializado los avances procesales que garanticen el ejercicio concreto del derecho de defensa [...]" (Causa Nro. 12.585/I). En autos, entiendo que no se ha logrado.
Se halla fuera de discusión la relevancia que tiene la intimación originaria, que fijará el marco imputativo que regirá durante el desarrollo del proceso, y respecto del cual el infractor ejercerá su potestad defensiva. Al respecto bien han señalado los Dres. Granillo Fernández y Herbel que:
No es sencillo dilucidar cuál es la naturaleza de la declaración del art. 308, primer párrafo.
En primer lugar, es caracterizada como la instancia en que el derecho de defensa comienza a ser ejercido en plenitud. Una vez que la persona indicada en el proceso es intimada respecto de un hecho en concreto e informada de los elementos que obran en su contra, le es posible realizar un descargo y trazar hipótesis exculpatorias que el Estado se encuentra obligado a investigar (art. 318 C.P.P.BA). No obstante, por otra parte, esta declaración puede brindar elementos de convicción incriminantes ante el interrogatorio del Fiscal, siempre que ellos hayan sido aportados libremente (art. 310 C.P.P.BA). (Granillo Fernández, Héctor M.; Herbel, Gustavo A. “Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires Comentado y Anotado”, Ed. La Ley, 2009, Bs. As., tomo II, Pág. 137.)
Cuando estos autores analizan el art. 312 CPP que regula la obligación de informar detalladamente el hecho imputado y las pruebas que obran en su contra explican que:
Esta norma es relevante en torno a los principios de contradicción, defensa en juicio, congruencia y otros ya referenciados en esta obra, pues establece las principales formalidades requeridas para una correcta intimación. Toda decisión jurisdiccional adoptada con posterioridad (medida de coerción, elevación a juicio, sobreseimiento, etc.) debe basarse y resolverse de conformidad con los hechos y elementos de prueba sobre los cuales las partes hayan tenido oportunidad de tomar posición.
El primer requisito es poner en conocimiento del intimado el hecho que se le atribuye. Consideramos que no puede reducirse la descripción fáctica a la calificación jurídica ni resumirse en los términos contenidos en el tipo; por el contrario, debe ilustrarse sobre el fenómeno penalmente relevante que va luego a permitir el juicio de subsunción en el tipo penal correspondiente. Así lo confirmó la S.C.B.A: “[…] la necesidad de la determinación concreta del hecho imputado integra el estándar constitucional del debido proceso y, específicamente, de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.). Se halla vinculada, también, a la posibilidad de ejercer adecuado control a la subsunción legal del hehco. Por lo demás, su jerarquización se encuentra intensificada por su reconocimiento en el art. 8 pár. 2 inc. B, de la Convención Americana de Derechos Humanos (adquiriendo, también por esta vía rango constitucional, en función del art. 75 inc. 22de la C.N.) […]”. En caso contrario, el presunto encuadramiento legal sería autorreferente: describe el hecho con las palabras de la normativa de fondo y, por lo tanto, califica con ellas las circunstancias del caso. No hay juicio de subsunción sino afirmación tautológica.
La obligación de poner en conocimiento el hecho tiene también derivación en las instancias posteriores porque –sobre ese hecho (con la posibilidad de efectuar ampliaciones)- es en lo que reposan todas las instancias jurisdiccionales que eventualmente analizarán el caso.
Surge, como segundo requisito, la obligación de poner en conocimiento del declarante las pruebas existentes en su contra. A la importancia de una descripción acabada del hecho imputado, se suma el necesario conocimiento que el encausado debe tener respecto de las pruebas que sustentan su reproche penal.
Es sustantivo para un correcto ejercicio del derecho de defensa el conocimiento de los elementos probatorios. Este conocimiento no se satisface con la mera referencia burocrática del sitio en que se encuentra adjuntado el elemento de convicción (referencia a fojas, documentación anexada, actas obrantes en la investigación, etc.) pues, como primer y fundamental acto de defensa, la declaración del imputado debe permitir rebatir todos y cada uno de los elementos y motivos de sospecha utilizados para incriminar al imputado respecto de la comisión del ilícito y permitirle hacer valer los hechos y las pruebas que le favorecen. Si bien la norma reduce al conocimiento de las pruebas de cargo, no hay razón para omitir mencionar aquellos elementos favorables ya que este ocultamiento es sancionado por el rito (art. 338 C.P.P.B.A.) y contraviene el deber de objetividad impuesto por la ley al M.P.F. (arts. 120 C.N., 56 C.P.P.B.A., 54 L.M.P.).
Es importante destacar lo siguiente:
Cuando el ritual exige el “detalle” en la intimación se refiere necesariamente a la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto (conf. art. 335 C.P.P.BA), exigencia que se mantiene a lo largo de todo el proceso hasta su culminación con la sentencia definitiva. Ello tiene estricta vinculación con el principio de congruencia. Dijo el Tribunal de Casación Penal al respecto: “[…] El hecho por el que se somete a un proceso a una persona (bajo sanción de nulidad) debe serle informado ´detalladamente´ junto con las pruebas que obran en su contra, y el mismo debe reproducirse en la requisitoria de elevación a juicio, añadiéndose los fundamentos de la acusación y la calificación legal.
Pero no es el nombre de un acto el que determina que se garantice la congruencia. El art. 335 del ritual fija los hechos que han de llevarse a juicio. Por ello, si existe identidad fáctica entre la imputación que desliza la requisitoria y la que en definitiva mereció reproche por parte del Tribunal no existe alteración de la relación procesal ni violación al principio de congruencia, aunque en la etapa de debate se halla desplazado el acento de la relación causal entre dos hechos (robo y muerte) a la vinculación teleológica del homicidio con el robo […]”(…). En definitiva, el cambio de calificación es viable en tanto no se modifiquen los hechos materia de intimación ni se produzca sorpresa en la aplicación del tipo penal con el que se sanciona la conducta pues, si así fuera, se dejaría en indefensión al imputado.
De tal trascendencia es la correcta intimación que nuestra Corte Suprema de Justicia tiene dicho “[…] La sentencia de la Cámara no ha dado cumplimiento al principio de congruencia si ni en la indagatoria ni el auto de prisión preventiva, ni en la acusación se le atribuyó al imputado la conducta por la cual finalmente fue condenado, impidiéndose de ese modo su defensa material y técnica, lo cual determina por sí solo la invalidez del pronunciamiento impugnado y su descalificación como acto jurisdiccional válido […]”. Y en idéntico sentido: “Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó por el delito previsto en los arts. 71 y 72 bis, inc. d), de la ley 11.723, si el a quo se pronunció en violación al principio de congruencia, porque ni en la indagatoria, ni en el auto de prisión preventiva ni en la acusación se atribuyó al imputado la conducta de almacenar o exhibir copias ilícitas sin acreditar su origen impidiéndole de ese modo ejercer su defensa […]”.
El Tribunal de Casación Penal en reiteradas oportunidades, a reafirmado esta exigencia a los efectos de verificar la real comprensión por parte del imputado de la situación fáctica por la cual es llevado a proceso: “[…]La no descripción del hecho atribuido y del detalle de los elementos cargosos no resulta subsanada con la genérica remisión de que `se le hace saber al imputado el hecho que se le atribuye` y `cuáles son las pruebas que obran en su contra`. Como el déficit es atribuible al interrogador, no resulta válido acudir al argumento de la nulidad para exponer nuevamente a juicio al imputado, marginando el principio del `ne bis in idem`[…]”. Y aún ha ordenado la nueva producción de la declaración para el caso de un aborigen que no ha comprendido totalmente la índole del proceso: “[…]De comprobarse durante el curso del proceso y cuando todavía no se ha llevado a cabo el debate, que el inculpado, por expresarse corrientemente en una de las lenguas indígenas que forma parte del acervo cultural que protege el art. 75 inc. 17, de la Constitución Nacional, no tuvo cabal conocimiento de la índole del trámite, debe decepcionarse nueva declaración ante el juez de garantías, supeditada a la conformidad de la defensa, con la asistencia de un perito en el idioma vernáculo del que se trata, luego de lo cual se decidirá si, a tenor del nuevo aporte, cabe mantener el resolutorio que en orden al art. 337 del C.P.P.B.A. se haya dictado, deviniendo nulas, en caso contrario, las diligencias que sean consecuencia directa e inmediata de la resolución dejada sin efecto, sin perjuicio de ser reiteradas a posteriori […]”.
En sentido análogo se ha dicho que “[…] De una atenta lectura de los hechos descriptos en la declaración a tenor del art. 308 entiendo, no ya que se encuentra `prima facie` acreditada la materialidad ilícita, sino que la misma no fue imputada de modo tal que permita la efectiva defensa; por cuanto no se brinda un relato preciso, detallado y circunstanciado del hecho efectivamente atribuido al encausado […]. Se advierte aquí que no resulta claro cual es el hecho efectivamente imputado al encausado, si el ingresar al local con intenciones de robo o el esperar en un rodado estacionado a metros del lugar que quien ingresó al local con tales intenciones saliera del mismo, ya que como resulta evidente, no puede entenderse que el mismo haya realizado ambas. […] puede verse a través de la presente causa la forma en que alternativamente se ha jugado con las dos hipótesis. Así las cosas, resulta a mi entender claro que la imprecisión acerca de la hipótesis fáctica imputada a L.A. en ocasión de ser oído en a tenor del art. 308 ha afectado su posibilidad de defenderse tornándose el elemento que la recoge nulo. Tal nulidad se extiende a los elementos que resultan su consecuencia (arts. 18 de la Constitución Nacional, 8º de la C.A.D.H., 14 del P.I.D.C.yP., y 210, 201, 203 en función del art. 202 inc. 3, y 207 del C.P.P.)” (Op. Cit. Pág. 153/7).
Resumida la trascendencia que tiene en el marco de todo proceso que el imputado conozca cabalmente el hecho por el que se lo juzga y las pruebas que lo sostienen, debe reiterarse lo discordante que resulta la coexistencia del proceso policial inquisitivo vigente para juzgar faltas y contravenciones con el esquema acusatorio del rito provincial según ley 11.922, circunstancia que, a mi modesto entender, obliga a adoptar todos los recaudos necesarios a fin de evitar posibilidades de perjuicio procesal producto de ese desequilibrio. En el caso, a fs. 51, la Magistrada interviniente tiene en cuenta la cuestión. También la trascendencia de la reforma de la ley 11.922 pero de un modo incompleto. Advierte la necesidad de que el imputado conozca el hecho citando el art. 312 del ceremonial. No obstante, este cuidado por esa circunstancia, no se aprecia que alcance a los aspectos sustantivos a tener en cuenta, desde que nada se consigna respecto del contenido de la imputación. Esto es, no se describe en qué consiste la infracción y su adecuación jurídica, aspecto que indiscutiblemente corresponde al campo judicial y no al policial; máxime, en una temática donde esta institución aparece excluida, pues quienes inician las infracciones son, habitualmente, personal administrativo dependiente de las comunas locales.
Nada impedía que el acto se celebrase en sede judicial; mas leída su remisión a fs. 51, tampoco nada imposibilitaba que la Magistrada hubiese descripto el hecho y toda la normativa procesal aplicable, para que la agencia de seguridad delegada se limite a cristalizar una orden clara y no a improvisar tareas jurídicas que no están en su esfera de competencia directa. La cuestión, no obstante, podría haberse sorteado si el personal instructor asignado hubiese efectuado un relato concreto del hecho, pero la transcripción del art. 2 Ley. 13.178 es marcadamente insuficiente para cumplir con el objetivo de la garantía de defensa en juicio. Más desafortunada aún es la cita de la norma procesal invocada: los arts. 128, 130, 131 y 167 corresponden a la Ley 3589, y si bien los tres primeros pueden ser considerados la génesis del actual capítulo que se inicia en la Ley 11.922 y modificatorias, a partir del art. 308, el art. 167 no guarda coherencia alguna con el actual catálogo provincial.
Puede decirse al respecto que, cuando la delegación no es clara, se produce un bache en el conocimiento que deja espacio al azar, siendo que la autoridad policial no acertó con la norma procesal aplicable, no obstante la pista que al efecto representaba la cita del art. 312 CPP de fs. 51. A mi modesto criterio, tanto la delegación en las condiciones apuntadas como la cristalización del acto conforme el análisis realizado importan un mero paso burocrático completamente alejado del fin ilustrativo para permitir un ejercicio pleno de la defensa contra la imputación estatal.
Ni siquiera se ha recurrido, como en otros casos, a frases genéricas como “…y los elementos que obran en su contra en la presente causa…”, o "...se pone en conocimiento el hecho que se le imputa...", que aún insuficientes, revelan un atisbo de cumplir con principios constitucionales.
Cabe apuntar que la misma Magistrada, en otra intervención en que el proceso también se regía por el Decreto-Ley 8031/73, corrigió las defecciones que presentaba la declaración inicial concretada en Comisaría, declarando su nulidad, para recrearla en sede judicial (13.083/I "G., M.A. s/ Inf. art. 74 Decreto-Ley 8031/73"). Ello, hubiese imposibilitado la aplicación de una sanción como la que propondré, y evitado un innecesario despliegue judicial para ambas o un final -la declaración de la nulidad de la declaración- que, conforme el antecedente precitado era absolutamente previsible.
De allí que no contando con certeza alguna de que la encartada conociera fehacientemente el hecho imputado y las pruebas que obraban en su contra, es que corresponde declarar la nulidad de las declaración contravencional de Chen Meiling obrante a fs. 57 y los actos que resultaron en consecuencia (fs. 74/75).
En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo declarar la nulidad de la declaración de fs. 57, y de lo obrado en consecuencia (sentencia de fs. 74/75), y remitir la presente causa a la instancia de origen, a fin de que, integrada con Magistrado hábil, se reanude el trámite de la causa (arts. 18 CN; 201, 203 inc. 3, 207 y 312 CPP; 3 Decreto-Ley 8031/73).
Voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante, por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Duilio Alberto Cámpora, dijo:
Visto el modo en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, corresponde: I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la imputada Chen Meiling, fundado por la señora Defensora Oficial, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión planteada (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 106, 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP; arts. 144, 145 y 146 Dec-ley 8031/73) y II. Declarar la nulidad de la declaración de fs. 57, y de lo obrado en consecuencia (sentencia de fs. 74/75), y remitir la presente causa a la instancia de origen, a fin de que, integrada con Magistrado hábil, se reanude el trámite de la causa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada (arts. 18 CN; 201, 203 inc. 3, 207 y 312 CPP; 3 Decreto-Ley 8031/73).
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Dr. Oscar Roberto Quintana, dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega preopinante, por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del CPP).
Es mi voto.
Con lo que terminó el acuerdo, firmando los señores jueces, por ante mí, de lo que doy fe.
///Isidro, 2 de octubre de 2014
Los de la presente causa;
Y
Los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados, y en cuanto ha sido materia de recurso (art. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia), El Tribunal;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la imputada Chen Meiling, fundado por la señora Defensora Oficial, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión planteada (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 106, 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP; arts. 144, 145 y 146 Dec-ley 8031/73)
II. DECLARAR LA NULIDAD de la declaración de fs. 57, y de lo obrado en consecuencia (sentencia de fs. 74/75), y REMITIR la presente causa a la instancia de origen, a fin de que, integrada con Magistrado hábil, se reanude el trámite de la causa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión planteada (arts. 18 CN; 201, 203 inc. 3, 207 y 312 CPP; 3 Decreto-Ley 8031/73).
Regístrese y notifíquese. Fecho devuélvase sirviendo el presente de atenta nota de envío.
FDO: DUILIO A. CÁMPORA- OSCAR R. QUINTANA
Ante mí: BERNARDO HERMIDA LOZANO
Fin de la sentencia