Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.586-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la actora. Sin costas.
2Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 889/17 dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en cuanto condena a Chen Cheng Chou al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción establecida en el art. 986 del CA, con los alcances expresados en los considerandos VI y VII.
3Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 343/14, dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. detalladas en el considerando VI, penúltimo párrafo, por encontrarse excluidas del régimen de identificación fiscal obligatoria vigente al momento del procedimiento de inspección en plaza llevado a cabo por el servicio aduanero.
4Declarar que el monto de la multa impuesta asciende a la suma de $ 1.111.6149,73.-
5Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 72 % a la actora y 28 % a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-70460504-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Junio de 2025 apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “CHEN SHENG SHOU c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 38.586-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 8-16 vta. se presenta, con patrocinio letrado, el Sr. Chen Sheng Shou e interpone recurso de apelación, en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA), contra la Resolución N° 889/2017, dictada el 23/10/17 por la Aduana de Rosario, en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12558-1-2012 (sumario infraccional SA 052-316-2012-0), mediante la cual se la condenó al comiso de mercadería y al pago de una multa equivalente a una (1) vez el valor en plaza de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción establecida en el art. 986 del CA. Plantea la nulidad de la resolución en cuestión. Se agravia por cuanto sostiene que el servicio aduanero no proveyó la prueba ofrecida en oportunidad de la contestación de vista. Ello afectó su garantía constitucional del debido proceso e implicó la inobservancia del principio de congruencia, dado que el acto aquí cuestionado no contuvo fundamento ni motivación en hechos demostrados, sino que se basó en afirmaciones dogmáticas, lo que conlleva a una manifiesta arbitrariedad. Sostiene que el juez administrativo debe apreciar la prueba producida y valorarla de acuerdo a las reglas de la sana crítica para llegar a la verdad material. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque por nulidad y arbitrariedad la resolución apelada.
II. A fs. 26-29 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado ordenado. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda, no reconocidos expresamente. En relación al planteo de nulidad opuesto por la actora sostiene que ésta intenta eludir su responsabilidad infraccional poniendo en duda que la mercadería aforada sea la misma que se secuestró, cuando en el procedimiento de secuestro intervino un juzgado federal, quien efectuó el control del mismo. Respecto del error en la notificación de la fecha de realización del aforo, afirma que nada impedía a la actora solicitar aclaración, rectificación o una nueva fecha haciendo saber el vicio que afectaba la notificación dispuesta. En cuanto al cuestionamiento de la actora acerca de la veracidad del acta de procedimiento de verificación y aforo efectuada, sostiene que se trata de un instrumento público, cuya eventual falta a la verdad debería haber sido cuestionada mediante redargución de falsedad, no mediante una mera sugerencia. Asimismo afirma que la recurrente tuvo oportunidad de plantear ante el juzgado federal actuante las defensas y nulidades que estimara procedentes. Realiza consideraciones en relación a los elementos que conforman la infracción establecida en el art. 986 del CA. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 30 la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12558-1-2012 y 12558-14-2012/1 en formato papel, en un total de 132 fojas, las cuales se agregaron por cuerda. A fs. 35 se rechazó la prueba informativa ofrecida por la actora y se declaró la causa como de puro derecho. A fs. 38 se elevaron los autos al conocimiento e intervención de la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que las mismas se originaron con el acta de verificación obrante a fs. 2 y actas de allanamiento del 24, 25 y 26 de enero de 2012, obrantes a fs. 4-8, 9- 33 y 34-56 respectivamente —procedimiento ordenado por el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Rosario— mediante las cuales el servicio aduanero realizó el control en plaza y secuestro de la mercadería exhibida para su comercialización, existente en el local denominado “Gran Vasija” perteneciente a Chen Sheng Shou, ubicado en la calle Rioja N° 1160 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. De las actas referidas se desprende que el personal actuante procedió a verificar que el total de la mercadería se encontraría en presunta infracción conforme lo establecido por los arts. 986 y 987 del CA, por no contar con el debido instrumento fiscal adherido ni exhibir, al momento de la realización del operativo, documentación probatoria del legal ingreso al territorio aduanero.
A fs. 67 obra constancia de notificación, del 17/02/12 al Sr. Chen Sheng Shou, de la fecha de realización de la verificación y aforo de la mercadería secuestrada, consignándose por error la fecha 22/02/11, es decir un año antes y a fs. 68 se labró el acta de denuncia por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA.
Posteriormente, mediante Resolución N° 195/12 del 1/03/2012 emitida por el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, cuya copia fiel obra a fs.73-75 vta. de las actuaciones administrativas, se declaró la nulidad del procedimiento de allanamiento y secuestro de la mercadería. Consecuentemente su inmediata devolución al Sr. Chen Sheng Shou, en carácter de depositario judicial quien, según acta de entrega del 9/03/2012 obrante a fs. 80, procedió a su retiro y resguardo a disposición del Juzgado Federal N° 3, en el domicilio de la calle Provincias Unidas 365 Bis de la ciudad de Rosario. Dicha resolución fue luego revocada por sentencia del 21/08/2012 de la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones Federal, cuya copia obra a fs. 120- 123 de las actuaciones administrativas.
A fs. 81-92 se realizó el aforo de la mercadería en cuestión y a fs. 96, el Dictamen Jurídico N° 121/2012 de la Aduana de Rosario (AD ROSA) expresó que la validez o nulidad del procedimiento de secuestro no interfiere en la investigación por la conducta infraccional. En consecuencia, mediante Resolución AD ROSA N° 693/2012 se dispuso la instrucción de sumario por presunta infracción prevista en el art. 986 del CA y se corrió vista al imputado, quien se notificó el 31/10/12, según constancias de fs. 100-101 de las actuaciones.
Contestada la vista conforme presentación de fs. 103-108, se emitió Dictamen Jurídico N° 104/2016 a fs. 117-118 mediante el cual se concluyó que, no habiendo controversia en relación al origen extranjero de la mercadería en cuestión ni su sujeción al régimen identificatorio respectivo, corresponde condenar al imputado por la infracción prevista en el art. 986 del CA. En consecuencia, a fs. 124-128, el 23/10/17 se dictó la resolución apelada en autos.
V. Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde expedirme sobre el planteo de nulidad opuesto por la actora quien sostiene que el procedimiento mediante el cual se llevó adelante el secuestro, luego la verificación y aforo de la mercadería, ha sido defectuoso por cuanto en las actas de allanamiento labradas no se especificó el tipo de mercadería, cantidad y demás características. Asimismo, en oportunidad de la notificación a su tenedor de la realización de la verificación y aforo, se consignó una fecha errónea. Afirma que estos defectos en el procedimiento afectaron su derecho de defensa.
Por otra parte la actora sostiene que el servicio aduanero no consideró la prueba ofrecida en ocasión de contestar la vista conferida, lo que implicó la inobservancia del principio de congruencia y conculcó la garantía constitucional del debido proceso.
En relación a los argumentos esgrimidos cabe destacar, en primer lugar que la cuestión relativa al cumplimiento de los requisitos y formalidades en el proceso de allanamiento ha sido debidamente analizada por el magistrado del fuero federal a cargo del procedimiento y luego por la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones del fuero. Con lo cual ha quedado despejado cualquier cuestionamiento posible respecto del mismo, por lo que corresponde rechazar el planteo de nulidad en ese sentido. En relación a la consignación de una fecha errónea de realización de la verificación y aforo de la mercadería secuestrada, cabe señalar que la actora tuvo a disposición las herramientas procesales necesarias a fin de cuestionar en tiempo y forma la validez de dicha notificación o bien solicitar se aclare la fecha, se rectifique o bien se designe nueva fecha, atento a que la consignada resultaba manifiestamente improcedente por tratarse de una fecha de año anterior al que se encontraba en curso.
Por último, en cuanto a la denegación de la prueba ofrecida en sede administrativa, resulta necesario señalar que la actora, en esta instancia, ha tenido oportunidad de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes sin restricción alguna.
Asimismo, reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellos que, entiende el juzgador, son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. En esta instancia resulta posible meritar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente. No se evidencia, entonces, la alegada violación del derecho de defensa, ya que los presuntos vicios del procedimiento no le causan a la parte indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393). Por lo expuesto no se infiere una efectiva afectación del derecho de defensa, sino que, por el contrario, el mismo ha sido ejercido en debido tiempo y forma, a través de los mecanismos previstos en las normas aplicables.
Por todo lo expresado hasta aquí considero que los argumentos vertidos por la actora no dan sustento suficiente para considerar al acto inválido y convencer a este juzgador de declarar su nulidad, por lo que se rechaza dicho planteo. Sin costas.
VI. Sentado ello, corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución recurrida.
En primer lugar, cabe destacar que el art. 986 del CA establece que “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”.
Como lo ha expresado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, esta infracción no tiene un contenido meramente ritual o formal que impida entrar en otras consideraciones acerca de su verdadera finalidad, de manera de preservar el derecho constitucional de defensa en juicio. Ello por cuanto la ausencia de estampilla no consagra una suerte de aplicación automática de pena, que resultaría frustratoria de la garantía constitucional referida (Fallos 270:205, entre otros), en tanto no resultan justificables las tenencias de mercaderías que pudieran encubrir la aplicación de los instrumentos fiscales o de identificación entregados para otras mercaderías, de manera ilegítima.
Mediante esta infracción, se intenta poner una segunda barrera a las mercaderías que se hubieran filtrado a través de los controles aduaneros en su ingreso al país, aunque no resulte posible detectar si existió al respecto el delito de contrabando. Además, porque lo que se intenta evitar es que los medios de identificación faltantes pudieran adherirse a otras mercaderías no ingresadas legítimamente. En el caso de autos se dan prima facie los elementos materiales exigidos por la normativa aplicable, es decir, se trata de un tenedor de mercadería de origen extranjero, con fines comerciales y sin presentar, dicha mercadería, aplicados los medios de identificación dispuestos mediante la Resolución ex ANA N° 2522/87 y sus modificatorias, vigente al momento de la realización del operativo de inspección. Las normas referidas contienen el listado de Posiciones Arancelarias (P.A.) de la mercadería importada sujeta a la obligación de llevar estampillado identificatorio.
En este sentido surge, de la planilla N° 2/2012 de clasificación y aforo de la mercadería en cuestión, obrante a fs. 81-92 de las actuaciones, que la misma se clasificó en diferentes Posiciones Arancelarias (P.A.) allí detalladas.
Asimismo, según las constancias de las actuaciones administrativas, la actora limitó su defensa a cuestionar el procedimiento de secuestro, verificación y aforo, pero no aportó pruebas en relación a demostrar la legitimidad del ingreso al país de la mercadería en cuestión, mucho menos respecto del cumplimiento con el régimen de identificación fiscal (estampillado) conforme lo establecía la resolución referida.
Por el contrario, la actora no sólo no alegó ni aportó ningún elemento que demuestre o permita inferir la efectiva aplicación de los respectivos instrumentos fiscales (estampillas). Así tampoco cuestionó la clasificación de la mercadería efectuada por el servicio aduanero ni desconoció que, al momento del secuestro realizado por los funcionarios del servicio aduanero, la mercadería carecía de la aplicación de los instrumentos de identificación fiscal.
A mayor abundamiento, cabe destacar que el anexo III “C” de la Resolución ex ANA 2522/87, sustituido por el art. 1° de la Resolución AFIP 2327/07, en el apartado 1.5 establecía la posibilidad de solicitar, para el caso de deterioro o pérdida de las estampillas fiscales, una nueva identificación de mercaderías, conforme a los supuestos previstos en el Artículo 16, párrafo primero, del Decreto Nº 4531/65, lo cual tampoco ha ocurrido en el caso de autos.
Por todo lo expuesto hasta aquí, en virtud de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas y lo establecido en las Resoluciones ex ANA 2522/87, AFIP N° 2685/09 y AFIP 3105/11 corresponde determinar que se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción tipificada en el art. 986 del CA respecto de la mercadería inspeccionada.
No obstante, cabe destacar que la mercadería secuestrada fue clasificada en diferentes P.A. según su descripción. Siendo que dicha clasificación, como ya se expresó, no se encuentra controvertida, es necesario verificar si efectivamente todas las P.A. detalladas en la planilla de aforo N° 2/2012 obrante a fs. 81-92 de las actuaciones administrativas se encontraban comprendidas dentro de las nomenclaturas sujetas a la obligación de estampillado fiscal.
En este sentido, conforme la normativa referida precedentemente, vigente al momento de la inspección, corresponde declarar que se hallaban excluidas del régimen de identificación fiscal obligatorio las mercaderías clasificadas en las siguientes P.A.: 3304.30.00, 3304.20.10, 4202.92.00, 4202.11.00, 4202.32.00, 4202.12.10, 6108.21.00, 6402.99.90, 6505.0031, 7015.90.20, 8203.20.10, 8204.11.00, 8205.40.00, 8301.10.00, 8414.99.90, 8506.10.00, 8513.10.10, 8544.42.00, 9103.00.00, 9104.00.00, 9503.99.00, 9504.10.00, 9505.90.00, 9506.99.00 y 9506.62.00.
Por último es necesario mencionar que la infracción tipificada en el art. 986 se configura con la comprobación de la falta de estampillado en la mercadería cuya nomenclatura así lo exigía conforme la normativa señalada. Ello independientemente de la documentación que acredite su ingreso legítimo, extremo que en el caso de autos no ha sido analizado ni ha sido motivo de imputación.
VII. En virtud de lo expresado en el considerando precedente se practica nueva liquidación de la multa correspondiente:
1. Valor en Plaza de la mercadería en infracción conforme planilla de aforo 2/2012 (fs. 81-92 de las actuaciones)………………………………………………… $ 1.530.384,25 2) Valor en plaza de la mercadería cuya P.A. no se encuentra sujeta al régimen de identificación fiscal obligatoria ………………………………………….. $ 418.734,52 3) Valor en plaza de la mercadería en infracción, otal estampillado (apartado 1 menos apartado 2) ……………………………………………………………… $ 1.111.649,73 Conforme la liquidación efectuada, corresponde establecer que la multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 986 del CA asciende a la suma de $ 1.111.649,73.-
VIII. En cuanto a las costas del proceso, las mismas deberán ser impuestas conforme los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 72 % a cargo de la actora y un 28 % a cargo de la demandada. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la actora. Sin costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 889/17 dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en cuanto condena a Chen Cheng Chou al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción establecida en el art. 986 del CA, con los alcances expresados en los considerandos VI y VII.
3. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 343/14, dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. detalladas en el considerando VI, penúltimo párrafo, por encontrarse excluidas del régimen de identificación fiscal obligatoria vigente al momento del procedimiento de inspección en plaza llevado a cabo por el servicio aduanero.
4. Declarar que el monto de la multa impuesta asciende a la suma de $ 1.111.6149,73.-
5. Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 72 % a la actora y 28 % a la demandada. Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la actora. Sin costas.
2. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 889/17 dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en cuanto condena a Chen Cheng Chou al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de la infracción establecida en el art. 986 del CA, con los alcances expresados en los considerandos VI y VII.
3. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 343/14, dictada por la Aduana de Rosario, en el expediente administrativo SIGEA N° 12558-1-2012, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. detalladas en el considerando VI, penúltimo párrafo, por encontrarse excluidas del régimen de identificación fiscal obligatoria vigente al momento del procedimiento de inspección en plaza llevado a cabo por el servicio aduanero.
4. Declarar que el monto de la multa impuesta asciende a la suma de $ 1.111.6149,73.-
5. Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 72 % a la actora y 28 % a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2025.06.30 12:27:04 ART Date: 2025.06.30 16:29:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.30 16:29:50 -03:00
Fin de la sentencia