Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 74/10, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $6.428 por la representación procesal, y $16.071 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la dos primeras etapas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $15.499 equivalente a 1,72 UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $37.748, equivalente a 4,30 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto ley 27.423.
4Regular los honorarios de la Contadora Pública Carla Cerolini en la suma de $2.000 por la aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional -a cargo de la recurrente- teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-55979744-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 3 de Junio de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 34.354-I caratulado “Chen Xiren s/ apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El señor Chen Xiren interpone el recurso de apelación que prevé el art 76, inc b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 74/10 emitida por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Rosario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determinó de oficio su obligación frente al impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2007 y que arrojó un saldo a ingresar de $118.501,75, más los intereses resarcitorios (art. 37 ley 11.683).
Manifiesta, en primer lugar, que allí no se establecen fundamentos lógicos de sustento de la pretensión fiscal cuestionada y plantea su nulidad.
Expone que tiene supermercados y autoservicios en la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe. Explica que frente a una difícil situación económica, en el año 2007 al no poder acceder a un crédito regular para destinar a su negocio, se vio obligado a recurrir a préstamos de sus conocidos y/o familiares, también supermercadistas de la colectividad china. Agrega, que este tipo de préstamos es muy común y que no es “normal” documentarlos de forma fehaciente, considerando que esta informalidad es una forma “típica” dentro de la colectividad china. Destaca así que “esta modalidad de colaboración es típica y una característica de nuestra colectividad, de conocimiento público y notorio. Es esta la herramienta financiera la que ha posibilitado el crecimiento y desarrollo comercial de numerosos chinos en el país”.
Menciona que ante la fiscalización dio la nómina de las personas que habían efectuado los préstamos, sin perjuicio de lo cual, se impugnó su declaración jurada por considerar que no se había acreditado por elementos fehacientes la existencia de los mismos.
Aporta documentación y ofrece prueba informativa y pericial contable, y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 46 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirme su acto, también con costas.
III. A fs. 61 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa y pericial contable. A fs. 95 considerando el tiempo transcurrido, se clausura el periodo probatorio y se elevan los presentes autos a consideración de esta Sala. A fs, 98 Se ponen los autos a alegar, solamente haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fs. 104 y a fs 108, queda en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por la recurrente por supuestos vicios en la motivación de la Resolución, que debe ser rechazada en tanto se sustentan en los mismos argumentos con los que critica la pretensión fiscal, es decir que en realidad lo que pretende es atacar los fundamentos de la determinación de oficio recurrida, los que serán analizados en los siguientes párrafos al resolverse sobre la legitimidad de la pretensión fiscal. De cualquier modo, se advierte que en la Resolución se han tratado los cargos fiscales con suficiente detalle, por lo que no puede atribuirse al juez administrativo haber incumplido con lo dispuesto por el art. 7° de la ley 19.549 por lo que es válida desde el punto de vista formal.
Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han invocado, menos aún acreditados.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la defensa de nulidad opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde analizar ahora si la Resolución N° 74/10 se ajusta a derecho y si la prueba aportada y ofrecida por el recurrente es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal.
El señor Xiren fue objeto de un procedimiento de fiscalización tendiente a verificar la declaración jurada del impuesto a las ganancias presentada en el periodo fiscal 2007, en el marco del cual, se le solicitó la documentación respaldatoria de la suma de $400.000 expuesta en el Rubro “Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales”, requerimiento que no contestó.
El 24 de noviembre de 2009, en curso el procedimiento de fiscalización, rectificó su declaración e incorporó dicha suma como pasivo, correspondiendo al Rubro “Deudas en el País con personas físicas” la suma de $310.000 y a “Otras deudas”, $90.000. Requerido para que aportara la documentación, no rindió prueba suficiente por lo que al resultado neto declarado por $16.449,07 el juez administrativo le adicionó la suma de $330.000 en concepto de incremento patrimonial no justificado, por aplicación del art. 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.v.). A fs. 12 de este expediente obra el listado de las 30 personas que el recurrente dice que hicieron los préstamos, al que denomina como “Listado de prestamistas orientales”, y a fs. 13 obra el detalle del SubRubro “Deudas en el país –con personas físicas” de la declaración jurada rectificativa 1 en la que se informa que cada uno de ellos le prestó $10.000; se informan también en el Subrubro “Otras deudas” los créditos con dos sociedades de hecho por el mismo monto y un crédito con el Banco Santander de $70.000. Este último si fue justificado con documentación que aportó.
Esta fue la única prueba aportada por el señor Xiren sobre la existencia de los préstamos, ya que surge de los Considerandos de la Resolución que a la hora de solicitarle otro tipo de documentación respaldatoria de sus pasivos, no aportó más información ni documentación, alegando que ello no era una forma típica de operar en su comunidad.
Respecto a la prueba informativa admitida a fs. 61 a cada una de las personas que le habían prestado, pese a que fs. 69 se acreditó que se libraron los oficios, sólo obra una respuesta, la del señor Guo Juanquin, titular de un supermercado, que dice que el señor Chen Wei, uno de los supuestos prestamistas de $10.000, viajó a China y que no sabe la fecha de regreso (fs. 82).
En cuanto a la prueba pericial contable que también le fue admitida, el recurrente no aporto la documentación necesaria para que pueda desarrollarse por lo que a fs. 87 se la tuvo por desistida.
Es así que, pese a contar con amplias posibilidades de ofrecer y producir pruebas que le hubiese permitido contradecir la pretensión fiscal, el recurrente no realizó ningún esfuerzo en contra de la presunción –de incremento patrimonial no justificado- aplicada por el juez administrativo.
En efecto, es el propio recurrente el que afirma que los préstamos que conforman el pasivo contraído en el ejercicio fiscal 2007 con otras personas no tienen respaldo documental, salvo el “Listado de prestamistas orientales” confeccionado en Excel por el mismo, lo que atribuye a los usos y costumbres de su comunidad. Ello sumado a que no se rindieron en esta instancia las otras pruebas, informativa y pericial, por él ofrecidas, cuya relevancia especialmente destacó en la presentación de fs. 58/60 al contestar la oposición a su producción formulada por la representación fiscal, llevan a confirmar la pretensión fiscal. Más aún, cuando al contestar el traslado del recurso el Fisco Nacional sostiene que ninguno de los prestamistas tienen declarados créditos, y que algunos de ellos solamente declaran bienes de cambio, es decir que tampoco se pudo confirmar su capacidad económica, ni la disponibilidad de fondos para hacer los desembolsos.
En definitiva, la falta absoluta de instrumentación de los mutuos, de constancias que acrediten la transferencia de los montos y su recepción por el señor Xiren, y la ausencia de información en las declaraciones juradas de los supuestos prestadores, impiden reconocer que éstos efectivamente existieron En virtud de lo expuesto, el método escogido por el Fisco Nacional para reconstruir y determinar la materia imponible en autos resultó válido. En esta línea, la propia negligencia probatoria del recurrente impidió que justificara de modo alguno que su incremento patrimonial tuviera un origen distinto a los ingresos que como propios debió declarar impositivamente (cfr. Sala I de la Alzada in re: "Ledesma Amalia" y “Sunblad Manuel Eduardo, sentencias del 26/9/2000 y 07/04/2009, respectivamente).
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución N° 74/10, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Por análogos argumentos adhiero a la conclusión del voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiere a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell en cuanto rechaza el planteo de nulidad articulado, considerando que cabe imponerle las costas a la vencida, en virtud de los términos en que fue articulado (vide punto 3° del petitorio del recurso, fs. 37 vta.) y lo solicitado expresamente por el Fisco en su escrito de responde (vide fs. 51 vta.).
II. Que comparto en lo sustancial el voto de la Vocal Instructora en cuanto confirma el ajuste por incremento patrimonial no justificado en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007, derivado de la impugnación de pasivos sin documentación de respaldo.
Que la recurrente solamente se limitó a afirmar dogmáticamente la existencia de los pasivos, correspondiendo destacar el decaimiento de prueba por su propia negligencia (vide fs. 87 punto 2° y 95), lo que deja sin soporte alguno a los agravios expuestos.
En efecto, si la actora no contaba con la documentación respaldatoria suficiente, resultó válido el proceder del Organismo Recaudador de recurrir a las presunciones establecidas en la ley para determinar su obligación impositiva (conf. CNACAF -Sala IV- in re: "Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI" del 6/8/2002). A mayor abundamiento y en cuanto a los pasivos sin justificar, resulta de aplicación la jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto ha dicho que: “la circunstancia de que una deuda declarada por el responsable carezca de la adecuada documentación, constituyen una fundada presunción de que dicho pasivo es ficticio o simulado, presunción esta que puede ser derribada por otros medios que justifiquen la existencia de aquella. Sin embargo, dicha prueba debe estar debidamente enderezada a comprobar la realidad del pasivo, refiriéndose tanto al nacimiento y modalidades como a la extinción de la deuda, si es que la obligación se hubiera cumplido. Admitir lo contrario, esto es, la posibilidad de invocar pasivos improbados, en base a las declaraciones juradas del contribuyente, que los responsabilizan por los datos en ella consignados y tornaría, además, inoperante su control por parte de la administración fiscal, máxime cuando los ingresos pueden ser fácilmente ocultados mediante la simulación de pasivos” (cfr. Sala B in re “Bolsa de Comercio de San Juan S.A.”, sentencia del 27/3/1981).
III. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". En consonancia, la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de accesorios ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, sumado a la ausencia de agravios concretos, permite confirmar la procedencia de la liquidación obrante en el Artículo 3° del acto apelado (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar en todas sus partes el acto apelado en autos. Que en cuanto a la imposición de costas, no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, debiendo imponerse a la recurrente (cfr. art. 68 CPCN).
1. Confirmar la Resolución N° 74/10, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la suma de $6.428 por la representación procesal, y $16.071 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes en la dos primeras etapas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $15.499 equivalente a 1,72 UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $37.748, equivalente a 4,30 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto ley 27.423.
4. Regular los honorarios de la Contadora Pública Carla Cerolini en la suma de $2.000 por la aceptación del cargo de perito designado a propuesta del Fisco Nacional -a cargo de la recurrente- teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.06.02 16:57:38 -03:00 Date: 2022.06.02 18:16:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.03 13:04:54 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.03 13:04:55 -03:00
Fin de la sentencia