Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-16972-BB1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 14-2-2026 y revocar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda articulada contra la Municipalidad de Bahía Blanca. Consecuentemente, corresponde hacer lugar a la pretensión promovida por los accionantes y disponer que las actuaciones vuelvan a la instancia de grado a fin de que, con arreglo a lo aquí decidido, y atendiendo a lo dispuesto en el apartado "III" del voto que concitó adhesión, el mismo magistrado determine la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados, así como el alcance de la cobertura a cargo de la aseguradora (Provincia Seguros S.A.), a quien se le hace extensiva la responsabilidad en su carácter de citada en garantía.
En cuanto a las costas, dada la solución aquí propuesta, se difiere su imposición hasta tanto se determine en el grado la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-16972-BB1E "CHIAVETTA, MARINA MALVINA Y OTROS c. MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA s. PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS" , con arreglo al siguiente orden de votación -según sorteo de ley-: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. Con fecha 3-2-2026 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca dictó sentencia por la que rechazó la demanda interpuesta por Marina Malvina Chiavetta -en representación de sus hijas menores L. F., V. C. y S., V. C.-, Sofia Nair Vera Chiavetta, Samuel Santiago Vera Chiavetta e Irma Mabel Ramírez contra la Municipalidad de Bahía Blanca. Impuso las costas a la vencida (art. 51 del CCA, modif. por Ley 14.437) y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
II. Declarada por esta Alzada la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en fecha 14-2-2026 y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia [cfr. proveído de fecha 27-3-2026], corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo , luego de señalar que, ante la ausencia de una ley provincial específica en materia de responsabilidad del Estado y de adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley 26.944, correspondía aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil y Comercial, con las adaptaciones propias del derecho público, examinó la pretensión indemnizatoria deducida contra la Municipalidad de Bahía Blanca por los daños que los actores alegaron haber sufrido a raíz del fallecimiento de David Ismael Vera Chiavetta, ocurrido en la pileta del complejo municipal "Balneario Maldonado".
En ese marco, recordó que la responsabilidad extracontractual del Estado podía comprometerse por la prestación irregular de los servicios a su cargo y destacó que, para atribuirle responsabilidad por falta de servicio, correspondía individualizar y acreditar concretamente el ejercicio irregular de la función estatal, conforme a las circunstancias particulares del caso.
Con ese piso de marcha, tuvo por acreditado que el 21 de enero de 2024 David Ismael Vera Chiavetta fue encontrado sin vida en la pileta del complejo municipal, que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión y que el hecho ocurrió en el puesto "D" del citado predio.
Seguidamente, examinó las constancias probatorias incorporadas a la causa, entre ellas el acta de inspección ocular, los informes relativos a la distribución del personal de guardavidas, las declaraciones testimoniales y el informe químico practicado en el marco de la investigación penal, de las que surgía que, al momento del hecho, el complejo contaba con trece guardavidas distribuidos en los distintos puestos, que en los sectores "C" y "D" se desempeñaban tres guardavidas en cada uno, que ese día concurrieron al predio aproximadamente seis mil cien (6.100) personas y que en el sector donde fue hallado el cuerpo había no menos de cien (100) bañistas.
En particular, valoró las declaraciones de los guardavidas y de quienes acompañaron a la víctima, de las que surgía que, luego de advertir su desaparición, sus acompañantes acudieron al puesto más cercano y uno de los guardavidas ingresó inmediatamente al agua para efectuar una búsqueda que se extendió durante aproximadamente cinco minutos, sin resultados positivos. También consideró las explicaciones brindadas por el personal respecto de la escasa visibilidad subacuática, atribuida a la turbidez del agua y a la presencia de sedimentos, así como a la profundidad del sector de la compuerta, que alcanzaba aproximadamente los tres metros. A ello agregó que el informe químico arrojó un resultado positivo para la presencia de benzodiacepinas en la sangre de la víctima.
Por otra parte, ponderó las disposiciones de la Ley 14.798 relativas a las funciones y obligaciones de los guardavidas, así como las previsiones concernientes a la cantidad mínima de personal exigible para la prestación del servicio de seguridad en ámbitos acuáticos.
Sobre la base de la prueba reunida y de las reglas de la sana crítica, concluyó que no se encontraba acreditada la falta de servicio invocada por los demandantes. Para así decidir, consideró que David Vera Chiavetta no pidió ayuda ni efectuó movimientos que permitieran a los guardavidas o a otros bañistas advertir la situación de peligro en la que se encontraba y, eventualmente, intervenir para evitar el desenlace, destacando, además, que los testimonios resultaron contestes en cuanto a la presencia de guardavidas asignados al sector y a la intervención inmediata de uno de ellos tras recibir el aviso de la desaparición.
También desestimó el argumento relativo a la ausencia de señalización que prohibiera bañarse en ese lugar, pues del acta de inspección ocular surgía la existencia de carteles ubicados a ambos lados de la estructura de la compuerta que advertían sobre la peligrosidad del sector y su profundidad.
Por otra parte, valoró lo manifestado por el guardavidas Edgardo Mariano Lasarte, quien indicó que, de haber advertido una actitud desesperada en quienes denunciaron la desaparición, se hubieran incorporado otros guardavidas a la búsqueda y entendió que esa manifestación evidenciaba una reprochable falta de credibilidad atribuida a los jóvenes, que se tradujo, luego del primer rastrillaje infructuoso, en la búsqueda fuera del natatorio. No obstante, consideró que no se hallaba demostrado que esa búsqueda posterior hubiera sido la causa del fallecimiento, teniendo en cuenta, además, las explicaciones brindadas por el encargado de los guardavidas acerca de las distintas fases del proceso de ahogamiento y del escaso tiempo en que éstas podían desarrollarse.
En tales condiciones, al considerar que no se encontraba probado la irregular prestación del servicio municipal ni la relación causal invocada en sustento de la pretensión, concluyó que correspondía rechazar la demanda, sin necesidad de ahondar ni abordar las restantes cuestiones planteadas.
2. La parte actora deduce recurso de apelación fundado en fecha 14-2-2026, en el que se agravia de la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza la demanda por considerar que no se encuentra acreditada la falta de servicio imputada a la Municipalidad de Bahía Blanca.
Sostiene, en primer término, que el pronunciamiento parte de un encuadre jurídico equivocado, pues prescinde del régimen de responsabilidad objetiva que, a su entender, resulta aplicable al caso en razón del riesgo que entraña la pileta del complejo municipal "Balneario Maldonado". En tal sentido, invoca los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación y sostiene que la responsabilidad del dueño o guardián de una cosa riesgosa es objetiva, con independencia de la culpa de sus dependientes. Añade que, para eximirse de responsabilidad, la demandada debe acreditar la interrupción del nexo causal por caso fortuito, hecho de un tercero o culpa de la víctima y que no basta con demostrar la ausencia de negligencia en la actuación de los guardavidas. En apoyo de su postura, también invoca la Ley 26.944 y afirma que la responsabilidad objetiva resulta extensible a los municipios cuando se sirven de cosas o desarrollan actividades riesgosas.
Cuestiona, en consecuencia, la valoración probatoria efectuada por el magistrado de grado, pues entiende que el análisis se centró en determinar si los guardavidas incurrieron en culpa o negligencia, sin examinar si la demandada acreditó alguna de las causales de eximición propias del régimen objetivo.
Alega que se encuentran acreditadas las circunstancias necesarias para atribuir responsabilidad al municipio, a saber: que el fallecimiento ocurrió dentro de una pileta de su propiedad; que la muerte se produjo por asfixia por sumersión; que el natatorio, por sus dimensiones, profundidad y características, constituía una cosa riesgosa y que los guardavidas se desempeñaban como dependientes de la demandada, destacando que, en ese contexto, no se demostró la culpa exclusiva de la víctima ni la intervención de un tercero por quien la accionada no deba responder.
Por otra parte, controvierte que la presencia de benzodiacepinas en el organismo de David Ismael Vera Chiavetta permita atribuirle responsabilidad en el desenlace, al no haberse determinado su concentración ni demostrado que haya incidido de manera decisiva en el ahogamiento. Añade que los testimonios de Braian Nicolás Díaz y Samuel Santiago Vera Chiavetta dan cuenta de que la víctima se encontraba en condiciones normales antes de ingresar al agua, circunstancia que, según afirma, también se corrobora con las declaraciones recibidas en la audiencia de vista de causa. Por ello, sostiene que la demandada no acredita que la eventual ingesta de benzodiacepinas constituya la causa exclusiva y determinante del daño.
Subsidiariamente, cuestiona la conclusión relativa a la ausencia de culpa de los guardavidas, en tanto aduce que, aun cuando se examine la responsabilidad desde una perspectiva subjetiva, la prueba producida permite advertir deficiencias en el cumplimiento de los deberes de vigilancia y prevención. Al respecto, señala que, pese a la existencia de carteles que advertían sobre la peligrosidad y profundidad del sector, no se acredita que los guardavidas hubieran llamado la atención a la víctima al ingresar al agua en ese lugar ni que hubieran ejercido una vigilancia suficiente sobre los bañistas, máxime cuando la Ley 14.798 impone a dichos agentes obligaciones de prevención de accidentes y vigilancia de las zonas bajo su responsabilidad. También destaca que el sector cuenta con una asignación de tres guardavidas, aunque al momento del hecho solo se encontraban dos.
Siguiendo con su crítica al fallo, objeta que el juez de grado no haya ponderado adecuadamente las circunstancias relativas al proceso de ahogamiento. Expone que, conforme a los conocimientos técnicos invocados y a las manifestaciones de los propios guardavidas, una persona que se ahoga puede permanecer flotando durante algunos segundos antes de hundirse, lo que, a su entender, brinda una oportunidad para advertir la situación e intervenir oportunamente, lo que refuerza el reproche dirigido contra el servicio de vigilancia prestado en el lugar.
También cuestiona la omisión de valorar las deficiencias de infraestructura y seguridad del natatorio, invocando -a tal fin- la pericia realizada el 22 de diciembre de 2024 de la que surge que, al momento de la inspección, se ejecutaban trabajos destinados a mejorar las condiciones de seguridad de la pileta, entre los que se menciona la reducción de la profundidad en las partes más profundas, la construcción de una plataforma central para instalar un nuevo puesto de guardavidas, la realización de perforaciones para obtener agua de surgente y mejorar la visibilidad, y el sellado de la compuerta para evitar filtraciones.
Afirma que tales intervenciones evidencian la necesidad de introducir modificaciones en las condiciones del natatorio y sostiene que las obras debieron realizarse con anterioridad al hecho, en cumplimiento del deber de prevención previsto en el art. 1710 del Código Civil y Comercial. En particular, destaca la turbidez del agua, que dificulta la visibilidad del fondo incluso mediante el uso de antiparras, y la profundidad del sector en el que ocurre el fallecimiento, remitiendo -para avalar lo dicho- tanto a las conclusiones periciales como a las declaraciones testimoniales que describen esas características.
Finalmente, reprocha que el sentenciante no considere las posibilidades de evitar el desenlace mediante una adecuada distribución del personal de guardavidas y mejores condiciones de seguridad, pues -en su opinión- una mayor cantidad de agentes en el sector de mayor riesgo, la instalación de un puesto central que permita una visión más amplia del natatorio, la mejora de la claridad del agua y la adopción de las restantes medidas señaladas en la pericia hubieran incrementado las posibilidades de advertir oportunamente la situación y evitar el resultado dañoso. Aclara que tales medidas no garantizan por sí solas que el hecho no se produzca, pero entiende que hubieran permitido mejorar sustancialmente las condiciones de vigilancia y prevención.
Solicita, en fin, que se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda, declarando la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca y condenándola al pago de la indemnización reclamada, con costas.
3. La comuna accionada replica el memorial de agravios mediante presentación electrónica de fecha 5-3-2026 y, avalando en lo sustancial lo decidido en la instancia de grado, solicita el rechazo del recurso articulado.
4. Por su parte, el apoderado de la aseguradora Provincia Seguros S.A. contesta el traslado del escrito recursivo mediante presentación de fecha 9-3-2026 y peticiona su desestimación.
II. El recurso merece estima.
1. Tal como se desprende de la reseña precedente, lo que postula, en síntesis, la apelante, es que el juez de grado erró en su decisión de rechazar la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca por el fallecimiento del joven David Ismael Vera Chiavetta, ocurrido el día 21 de enero de 2024 mientras se encontraba nadando en la pileta del complejo municipal "Balneario Maldonado", ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 3 Sur Km. 695 y calle Charlone de la ciudad de Bahía Blanca.
Adelanto que, a la luz de las particulares circunstancias comprobadas en el caso y a contrario de lo decidido por el magistrado de grado, corresponde tener por verificada una deficiente prestación del servicio de seguridad y vigilancia del mencionado ambiente acuático, a partir de la cual la municipalidad accionada no puede evadir la responsabilidad que le cabe por los hechos bajo juzgamiento. Veamos.
2.1. Principio por señalar aquí que la ley 14.798 -que regula el servicio de guardavidas en los ambientes acuáticos de la Provincia de Buenos Aires- concibe a quienes ejercen esa función, como personal capacitado para la protección y resguardo de la vida humana, asignándoles, entre sus obligaciones específicas, la prevención de accidentes dentro de su área de responsabilidad, la vigilancia de las zonas asignadas y la ejecución de las técnicas de rescate necesarias frente a situaciones de peligro (arts. 1, 3, 8, 16). Tales deberes, contemplados asimismo en la reglamentación aprobada por el decreto 2551/2015, encuentran concreta recepción en el "Reglamento General Cuerpo de Guardavidas Balneario Maldonado - Temporada 2024" que imponía a los agentes permanecer en su área de responsabilidad durante el horario laboral y, al definir las "acciones de trabajo", les encomendaba específicamente orientar su labor a la prevención de accidentes que pusieran en riesgo la integridad física de las personas y a informar sobre los peligros para la seguridad y bienestar del público a su cargo (conf. puntos 3 y 6 "A" del citado Reglamento, v. p. 51/52 del documento 1 adjunto a la pres. elec. de fecha 1-7-2024].
Tales previsiones permiten precisar el contenido de la función de seguridad que la municipalidad asumió al habilitar al público el natatorio y organizar en él un servicio profesional de guardavidas.
Desde esa perspectiva, la sola comprobación de que el día del hecho existía la cantidad de guardavidas formalmente prevista, que el complejo contaba con puestos de vigilancia, elementos de rescate, servicio de enfermería o carteles indicadores de la profundidad del agua no basta para descartar la falta de servicio denunciada. Ello así pues el examen no puede agotarse en verificar la existencia formal de aquellos dispositivos, sino que exige determinar si, frente a las concretas condiciones en las que se desarrollaba la actividad recreativa, el sistema de prevención y vigilancia funcionó de manera adecuada para satisfacer la finalidad que justificaba su implementación.
Y es precisamente desde este último mirador que las circunstancias acreditadas en la causa revelan las deficiencias que, a mi juicio, desautorizan la conclusión alcanzada en el fallo apelado.
2.2. En efecto, el 21-01-2024 se registró en el Balneario Maldonado una concurrencia extraordinariamente elevada: aproximadamente seis mil cien personas ingresaron al complejo y, según las propias declaraciones del personal municipal, no menos de cien bañistas se encontraban en el sector de la pileta donde finalmente fue hallado el cuerpo de David. La afluencia de público era de tal magnitud que uno de los guardavidas describió la piscina como "totalmente llena" [v. declaración informativa de Facundo González de fecha 24-1-2024 en el marco de la investigación presumarial, adjuntada a la presente causa], mientras otros agentes hicieron reiteradas referencias a la cantidad de personas que ocupaban el sector [v. declaraciones informativas de Edgardo Mariano Lasarte de fecha 24-1-2024; de Malena García Yacomella de fecha 30-1-2024, ambas prestadas en la investigación presumarial].
A esa circunstancia se añadían las particulares características del natatorio y, especialmente, de la zona próxima a las compuertas, ya que se trataba de un sector cuya profundidad alcanzaba entre dos metros y medio y tres metros y en el cual la visibilidad debajo del agua era prácticamente nula. Sobre este aspecto, los propios guardavidas explicaron que el fondo era de barro y que el desplazamiento de los bañistas levantaba los sedimentos, tornando marrón el agua al punto de resultar imposible observar a una persona sumergida, incluso utilizando antiparras [v. declaraciones informativas de Luciano Andrés Pérez y Edgardo Mariano Lasarte de fecha 24-1-2024, expte. admin. N° 527-00000644/2024-0-0, agregado en autos].
El guardavidas Hugo Orlando Alderete, al brindar su declaración en el marco de la investigación presumarial tramitada por la comuna, indicó que las mencionadas condiciones hacían que no se tratara de ".una pileta común en la cual uno puede ver por la claridad del agua. Ahí cuando un bañista se sumerge es imposible verlo hasta que sale." .
En igual sentido se manifestó Emanuel Gaiser cuando expresó que ".si una persona se sumerge nosotros no podemos verla debajo del agua desde los puestos de guardavidas." . Precisamente por ello, cuando debieron buscar a David, el rastrillaje no pudo efectuarse visualmente, sino mediante inmersiones y recorridos del fondo con brazos y piernas para procurar tomar contacto con su cuerpo [v. declaración informativa de Emanuel Gaiser de fecha 26-1-2024].
2.3. Ahora bien, tengo para mí que, lejos de disminuir las exigencias del servicio, esas condiciones imponían extremar la vigilancia desde la superficie.
Si la elevada concurrencia dificultaba individualizar a los bañistas y la turbidez impedía seguir visualmente a quien se sumergía, la prevención adquiría una importancia decisiva: una vez que una persona desaparecía bajo el agua, las posibilidades de localizarla rápidamente quedaban severamente reducidas. La profundidad del sector, la cantidad de usuarios y la falta de visibilidad subacuática constituían, por ello, circunstancias conocidas por el personal y exigían una observación particularmente atenta y permanente de quienes ingresaban y se desplazaban por aquella zona.
Esta conclusión encuentra, además, sustento en las propias explicaciones brindadas por el personal municipal acerca del modo en que debía desarrollarse la tarea preventiva. En efecto, al ser interrogado sobre la existencia de protocolos, ordenanzas o leyes que regularan la actuación de los guardavidas, el agente Fausto Bautista Vega explicó que el trabajo de prevención consistía en realizar ".un barrido visual de la zona que le corresponde a cada guardavidas según el puesto que le toca." [v. declaración informativa de Fausto Bautista Vega, de fecha 29-1-2024]. En concordancia con ello, al preguntarle si los guardavidas asignados a cada puesto debían controlar el sector correspondiente, precisó que, en principio, cada agente controlaba la zona que le era asignada y que, si bien no existía una línea material que delimitara los distintos sectores de la pileta, contaban con puntos de referencia para establecerlos [v. respuestas a las preguntas "2" y "4"]. La misma prueba ubica, precisamente, el lugar en el que fue hallado el cuerpo de David en una zona compartida por los sectores "C" y "D" [v. declaración informativa de Luciano Andrés Pérez, encargado del turno tarde del complejo recreativo, del 24-1-2024].
De allí que la vigilancia visual permanente de lo que ocurría en la superficie del sector no constituya una exigencia construida retrospectivamente a partir del resultado dañoso, sino el modo en que los propios agentes describieron la tarea preventiva que tenían encomendada, adquiriendo este dato una particular significación si se repara en que, según surge de las declaraciones recibidas, los sectores "C" y "D" contaban con tres guardavidas cada uno [v. informe dirigido, el mismo día del hecho, por el encargado del turno tarde -Luciano Pérez- al Jefe del Departamento de Deportes -Oscar Espinosa-, fs. 2 del expte admin. citado].
2.4. Llegado a este punto es donde adquiere especial relevancia la secuencia inmediatamente anterior a la desaparición de David.
De las declaraciones prestadas por Braian Nicolás Díaz y Samuel Vera Chiavetta (amigo y hermano de la víctima, respectivamente), surge que aquél ingresó junto con David a la parte profunda del natatorio y que ambos comenzaron a nadar con la intención de atravesar la pileta de un extremo al otro.
Braian relató que tomó cierta ventaja y, cuando alcanzó la orilla opuesta, miró hacia atrás y advirtió que su amigo no había llegado, mientras que su hermano Samuel manifestó que, transcurrido un breve lapso, Braian le hizo señas indicándole que había perdido de vista a David, tras lo cual ambos acudieron al puesto de guardavidas cercano para informar que el joven se encontraba en el agua y no lo habían visto salir. Recién a partir de ese aviso uno de los agentes ingresó al natatorio y efectuó durante varios minutos un primer rastrillaje [v. fs. 96/97 y 99/100 del expte. admin. citado].
Ese extremo resulta determinante, toda vez que -a diferencia de lo que pareciera entender el a quo - la irregularidad del servicio no reside exclusivamente en establecer si David exteriorizó mediante gritos, movimientos desesperados o un pedido de auxilio que se encontraba en proceso de ahogamiento, pues el deber de vigilancia encomendado a los guardavidas no comenzaba cuando un bañista lograba exteriorizar ostensiblemente que necesitaba ser rescatado, sino que su función era también preventiva y exigía observar lo que sucedía dentro del área acuática puesta bajo su custodia para detectar oportunamente las situaciones susceptibles de comprometer la seguridad de los usuarios.
Cabe señalar, además, que la afirmación según la cual el proceso de ahogamiento no presentó ninguna manifestación exterior no encuentra un respaldo enteramente uniforme en la prueba producida. Repárese que Braian Nicolás Díaz -quien ingresó al agua junto con David y comenzó con él a nadar hacia la orilla opuesta atravesando para ello la parte profunda de la pileta- declaró en sede penal que, al llegar primero al otro extremo y mirar hacia atrás, observó a su amigo con la cabeza debajo del agua y moviendo ambas manos por encima de la superficie, interpretando esa situación -según explicó- como indicativa de que se estaba ahogando, razón por la cual le hizo señas a Samuel. También precisó que, luego de perderlo de vista, se dirigió al puesto de guardavidas y comunicó que David había desaparecido en el agua, aunque reconoció que en esa oportunidad no relató al guardavidas aquel movimiento de las manos [v. testimonio rendido el 26-7-2024 en la I.P.P. N° 02-00-001849-24/00].
Con todo, aun cuando se prescindiera de esa particular percepción del testigo y se adoptara, a los fines del análisis, la versión más favorable a la demandada -esto es, que David no gritó, no pidió auxilio ni efectuó movimientos que exteriorizaran inequívocamente que se estaba ahogando-, la conclusión no varía, en la medida en que el déficit que aquí se reprocha al servicio de vigilancia se sitúa en un momento anterior y no depende de que los guardavidas hubieran podido identificar visualmente las manifestaciones propias de un ahogamiento.
Lo decisivo es que ninguno de ellos advirtió que dos jóvenes comenzaron a atravesar a nado la pileta, que para hacerlo debían transitar por un sector particularmente profundo y peligroso y que, mientras uno alcanzó la orilla opuesta, el otro desapareció de la superficie y no volvió a emerger.
Bajo tal perspectiva, no puede pasar inadvertido que ninguno de los guardavidas asignados a los sectores "C" y "D" -seis agentes según la propia organización del servicio- detectó esa secuencia, sino que fue Braian quien, al llegar a la otra orilla y advertir que David no lo había hecho, alertó a su hermano y acudió luego al puesto de guardavidas. De tal modo, aun dejando de lado la posibilidad de que los movimientos que aquel testigo dijo haber observado pudieran ser interpretados como signos exteriores de un ahogamiento, subsiste un dato objetivo que el sistema de vigilancia debió detectar: un bañista ingresó y comenzó a desplazarse a nado por una zona de considerable profundidad, desapareció bajo el agua y no volvió a salir.
Ese extremo resulta especialmente significativo frente a las concretas condiciones del lugar. Si, como reconocieron los propios agentes, la turbidez tornaba prácticamente imposible observar a una persona una vez sumergida, la vigilancia desde la superficie adquiría una importancia todavía mayor, en tanto la imposibilidad de advertir visualmente qué ocurría debajo del agua no puede operar como argumento exculpatorio cuando era, precisamente, una circunstancia conocida que imponía extremar la atención sobre quienes ingresaban y se desplazaban por aquel sector. Una vez que David desapareció de la superficie sin que los guardavidas lo advirtieran, las propias características del natatorio hicieron considerablemente más dificultosa su localización.
Advierto que las manifestaciones de los agentes municipales confirman ese extremo: Cristian Marcelo Stegmann señaló que desde los puestos "C" y "D" seis guardavidas observaban aquel sector y, sin embargo, reconoció que ninguno vio un pedido de auxilio ni alguna otra circunstancia que permitiera advertir el episodio [v. fs. 15/16 del expte. admin.]. Por su parte, Edgardo Mariano Lasarte, explicó que recién inició el rastrillaje cuando los jóvenes se acercaron al puesto para comunicarle que no habían visto salir del agua a su hermano o amigo [fs. 13/14 de las actuaciones admin.].
No encuentro que tales circunstancias permitan concluir, como hizo el sentenciante, que el servicio funcionó regularmente porque la víctima no pidió auxilio ni realizó movimientos ostensibles de desesperación, pues -reitero- aun aceptando esa premisa fáctica en los términos más favorables para la demandada, permanece sin explicación que el personal específicamente destinado a la vigilancia del sector no advirtiera que un joven que se encontraba atravesando a nado una zona profunda dejó de ser visible y no emergió nuevamente. Antes bien, fue necesaria la intervención de sus acompañantes para que los encargados de la seguridad tomaran conocimiento de su desaparición e iniciaran la búsqueda.
Tampoco modifica esa conclusión que los acompañantes de David se presentaran ante los guardavidas sin exteriorizar, según éstos apreciaron, un estado de desesperación. En tal sentido, resulta particularmente revelador que Lasarte reconociera que, de haberlos visto más alarmados, hubieran ingresado varios agentes a efectuar la búsqueda y que, ante la tranquilidad que les atribuyó y el resultado negativo del primer rastrillaje, consideró probable que el joven se encontrara recorriendo el predio. Adviértase, además, que el agente incluso manifestó que no comunicó inmediatamente la novedad a sus superiores y que, luego de aquel primer intento, regresó a su puesto [v. declaración informativa de Lasarte, fs. 13/14 del expte. admin].
Es claro, a mi juicio, que la eficacia del servicio de seguridad acuática no podía quedar condicionada a la intensidad con que los acompañantes exteriorizaran su preocupación, en tanto una vez informado el personal de que un adolescente había sido visto por última vez dentro de un sector de entre dos metros y medio y tres metros de profundidad y que no se lo había observado salir, la propia peligrosidad del dato imponía adoptar de inmediato las medidas necesarias para descartar seriamente que permaneciera bajo el agua. Mucho más cuando, como reconocieron los propios agentes, la turbidez impedía toda observación subacuática y la gran cantidad de bañistas dificultaba controlar individualmente sus desplazamientos.
En efecto, la secuencia posterior confirma la insuficiencia de la respuesta inicial, dado que el primer rastrillaje se extendió durante aproximadamente cinco minutos y, ante su resultado negativo, se asumió que David probablemente se hallaba en otro lugar del predio, encontrándose su cuerpo fondeado recién varias horas después, cuando cuatro guardavidas ingresaron conjuntamente y efectuaron un nuevo rastrillaje en aquella misma zona.
En este contexto, tampoco resulta dirimente -en el caso- la presencia de carteles que indicaban la profundidad o advertían acerca de la peligrosidad del sector, pues si bien tales elementos podían contribuir a informar a los usuarios acerca de las características del natatorio, no sustituían el deber de vigilancia activa inherente al servicio de guardavidas, máxime cuando el sector no se encontraba clausurado para el baño, sino habilitado al público y sometido, precisamente por ello, al dispositivo de seguridad organizado por la propia municipalidad.
2.5. Las conclusiones de la pericia de ingeniería civil producida en la presente causa incorporan un elemento adicional que, sin constituir por sí solo el fundamento de la responsabilidad, resulta concordante con la peligrosidad que presentaba aquel ámbito y con las dificultades que afectaban la eficacia de su vigilancia.
Obsérvese que el experto calificó al lugar donde ocurrió el ahogamiento -el sector más profundo y próximo a las compuertas- como crítico desde el punto de vista de la seguridad y constató que, con posterioridad al hecho, se ejecutaron obras dirigidas específicamente a mejorar las condiciones de seguridad del natatorio: reducción de su profundidad, construcción de una plataforma central destinada a instalar un nuevo puesto de guardavidas con visión panorámica, perforaciones para incorporar agua de surgente y mejorar la nitidez del espejo de agua y sellado de las compuertas [v. puntos 2 y 3 del informe producido por el Ing. Civil Héctor Enrique Rodríguez Brussa, pres. elec. de fecha 22-12-2024].
Esas modificaciones posteriores no importan, naturalmente, admitir que su sola realización demuestre la responsabilidad de la comuna ni autorizan a juzgar retrospectivamente la conducta estatal exclusivamente a partir de estándares implementados con posterioridad. No obstante, valoradas como un elemento más junto con el restante material probatorio, corroboran objetivamente que las características de profundidad, visibilidad y disposición de los puestos de vigilancia presentaban dificultades relevantes para la seguridad de los usuarios; dificultades que ya existían al momento del hecho y frente a las cuales el servicio debía desplegarse con particular intensidad.
2.6. Así las cosas, valorados entonces los elementos reseñados en su conjunto -y no de manera fragmentaria-, corresponde concluir que, en el contexto de esta causa, la falta de servicio invocada se encuentra debidamente configurada, como así también la existencia de un adecuado nexo de causalidad entre ella y el suceso lesivo (arg. art. 1726 del C.C.C.). De conformidad con la propia experiencia sobre cómo acostumbran a suceder los hechos, según el curso natural y ordinario de las cosas (argto. doct. S.C.B.A. causa L. 74.535 "Loupias", sent. del 16-5-2007), tengo para mí que la muerte del joven David Ismael Vera Chiavetta, sobrevenida por asfixia por sumersión en la pileta del Balneario Maldonado de la ciudad de Bahía Blanca [v. informe de autopsia del 22-1-2024 de la I.P.P. N° 1849-24-00], no luce sino como una consecuencia de la prestación irregular del servicio de vigilancia y seguridad acuática de los bañistas del natatorio, atribuible a la Municipalidad de Bahía Blanca.
La circunstancia de que la víctima no hubiera exteriorizado un pedido de auxilio no constituye -vale reiterarlo- un hecho apto para interrumpir el nexo causal ni para neutralizar la irregularidad señalada, por cuanto la función preventiva del guardavida no puede reducirse a reaccionar frente a manifestaciones ostensibles de peligro, máxime cuando un proceso de ahogamiento puede no ser advertido mediante gritos o movimientos inequívocos. En un natatorio habilitado al público, con un sector de gran profundidad, agua turbia y una extraordinaria cantidad de bañistas, el deber de vigilancia exigía una conducta activa destinada a detectar oportunamente la desaparición de una persona bajo el agua.
Por lo demás, la supuesta incidencia causal que la comuna atribuyó a la presencia de benzodiacepinas en el cuerpo de la víctima [v. capítulo "6" de su responde, pres. elect. de 1-7-2024, planteo al que adhirió la citada en garantía -Provincia Seguros S.A. en su pres. elec. de fecha 4-8-2024] debe ser rechazada de plano, pues no se trata más que de una mera alegación subjetiva, que no se sustenta en ningún elemento objetivo con entidad bastante para interrumpir -ni siquiera parcialmente- el nexo de causalidad. En otras palabras, la accionada no ha logrado acreditar que los efectos adversos que adjudica a la sustancia hallada en la sangre de la víctima hubieran influido en el desenlace fatal a pesar de que era su carga hacerlo, lo que descarta la eximente alegada. Tal es la dinámica probatoria imperante en este terreno de la responsabilidad, la que no es sino una razonada derivación de las reglas generales de la materia, que mientras asignan al reclamante el deber de probar la existencia del acto o hecho constitutivo de su derecho, imponen al demandado la carga de demostrar -y no meramente alegar- los hechos contrapuestos que le sean favorables por ser impeditivos o extintivos (argto. doct. S.C.B.A. causas Ac. 77.435 "Iofreda", sent. del 27-12-2000; Ac. 87.123 "Aldecoa", sent. del 3-8-2005; cfr. arg. doct. esta Cámara en causas C-3722BB1 "Sánchez", sent. del 1-8-2013; C-4139-BB1 "Zabala", sent. del 29-8-2019; C-15955-BB1E "Ocampo", sent. del 19-3-2026).
Como consecuencia de todo lo expuesto, la Municipalidad de Bahía Blanca debe responder por los daños padecidos por la parte actora a raíz del lamentable infortunio ocurrido el 21 de enero del 2024.
3. En virtud de la solución aquí propiciada, que importa la revocación de la sentencia apelada, con la consecuente atribución de responsabilidad a la Municipalidad de Bahía Blanca, correspondería en principio abordar los requerimientos indemnizatorios efectuados por la parte actora y oportunamente individualizados en el capítulo "IV" del escrito de demanda. Sin embargo, la falta de tratamiento de tales aspectos en la instancia de origen, derivada de la decisión del magistrado aquí revocada, torna procedente que sea el juez de primera instancia quien evalúe la pertinencia y cuantía de los daños reclamados, a fin de preservar el principio de congruencia, evitar que esta alzada se erija en juez de grado en la solución del litigio y asegurar que las partes mantengan incólume su derecho a recurrir a la instancia superior respecto de las decisiones que eventualmente les resulten adversas (cfr. esta Alzada causa C-15955-BB1E "Ocampo", sent. del 19-3-2026).
En línea con lo anterior, si bien corresponde hacer extensiva a Provincia Seguros S.A., en su carácter de citada en garantía, la responsabilidad atribuida a la Municipalidad de Bahía Blanca, también se difiere para la instancia de grado la determinación del alcance de la cobertura comprometida, en atención a los planteos que sobre este particular formulara oportunamente la aseguradora al contestar la citación [v. pto. 3 de la pres. elec. del 4-8-2024], a las condiciones de la póliza y al criterio que, en lo relativo al límite de cobertura a cargo de la aseguradora, viene propiciando este Tribunal [v. mi voto a partir de la causa C-10639-BB1 "Bakos" y sus acumuladas, sent. del 04-04-2023, y esta Cámara causas C-11633-BB1 "González", sent. del 9-11-2023; C-15312-MP2 "Montagna", sent. del 11-06-2026; entre otras].
III. Por todo lo expuesto, y habiendo quedado debidamente acreditada la responsabilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca en los términos analizados precedentemente, correspondería acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en fecha 14-2-2026, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda promovida por la parte actora. En consecuencia, cabría disponer que las actuaciones vuelvan a la instancia de grado a fin de que, con arreglo a lo aquí decidido, se determine la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados. Teniendo en cuenta que, atento la forma en que el magistrado de grado resolvió la cuestión, no adelantó opinión respecto de ninguno de los rubros resarcitorios peticionados por los accionantes, nada impide que sea el mismo juez de la causa quien, a partir de lo solicitado en la demanda, evalúe la procedencia y, en su caso, cuantifique los distintos reclamos pecuniarios efectuados por la parte actora.
Por otra parte, y como ya advirtiera este Tribunal al juez de grado en la causa C-10273-BB1E "Briones Santi", sent. del 19-2-2026, corresponde exhortarlo para que, en lo sucesivo, por razones de economía procesal, respeto a la jurisprudencia de la Suprema Corte provincial y coherencia en la administración de justicia, adecue sus decisiones al criterio de actualidad emergente del precedente "Barrios" (B. 62.488, sent. del 11-5-2016) y a los lineamientos y pautas establecidos por este Tribunal en la causa C-4939-BB1 "Tuccio" (sent. del 04-07-2024, y sus sucesivos), en caso de así haberlo solicitado la peticionante.
Del mismo modo, cabría hacer extensiva a Provincia Seguros S.A., en su carácter de citada en garantía, la responsabilidad atribuida a la Municipalidad de Bahía Blanca, difiriéndose para la instancia de grado la determinación del alcance de la cobertura comprometida, en atención a los planteos que sobre este particular formulara oportunamente la aseguradora al contestar la citación [v. pto. 3 de la pres. elec. del 4-8-2024], a las condiciones de la póliza y al criterio que, en lo relativo al límite de cobertura a cargo de la aseguradora, viene propiciando este Tribunal [v. mi voto a partir de la causa C-10639-BB1 "Bakos" y sus acumuladas, sent. del 04-04-2023, y esta Cámara causas C-11633-BB1 "González", sent. del 9-11-2023; C-15312-MP2 "Montagna", sent. del 11-06-2026; entre otras].
En cuanto a las costas, dada la solución aquí propuesta, correspondería diferir su imposición hasta tanto se determine en el grado la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados, conforme las pautas fijadas en este pronunciamiento.
Con el alcance indicado, voto la cuestión planteada por la afirmativa .
El señor Juez doctor Ucín , por iguales fundamentos e idénticos alcances a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada por la afirmativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 14-2-2026 y revocar la sentencia de grado en cuanto rechazó la demanda articulada contra la Municipalidad de Bahía Blanca. Consecuentemente, corresponde hacer lugar a la pretensión promovida por los accionantes y disponer que las actuaciones vuelvan a la instancia de grado a fin de que, con arreglo a lo aquí decidido, y atendiendo a lo dispuesto en el apartado "III" del voto que concitó adhesión, el mismo magistrado determine la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados, así como el alcance de la cobertura a cargo de la aseguradora (Provincia Seguros S.A.), a quien se le hace extensiva la responsabilidad en su carácter de citada en garantía.
En cuanto a las costas, dada la solución aquí propuesta, se difiere su imposición hasta tanto se determine en el grado la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Cumplido, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1022-2026
Fin de la sentencia