Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-118120982-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de prescripción, nulidad y falta de legitimación pasiva opuestas por la recurrente, con costas.
2Confirmar la Resolución N° 91/2023, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional , a cargo del Sr. Juan Nicolás Carlos Chilemi, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, y las tareas desarrolladas en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, en la siguiente forma:
I) Por las excepciones, en las sumas de $107.872 equivalente a 1,77 UMA por la representación procesal y $269.681, equivalente a 4,43 UMA, por el patrocinio letrado.
Ii) Por la cuestión de fondo, en las sumas de $1.078.724, equivalente a 17,75 UMA por la representación procesal y $2.696.811, equivalente a 44,37 UMA, por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-29647916-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Marzo de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2023-118120982- -APN-SGAI#TFN caratulado “Chillemi, Juan Carlos s/apelación”
La Dra. O´Donnell dijo:
I. El Sr. Juan Carlos Chillemi interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 91/2023 dictada el 1° de septiembre de 2023 por la Dirección Regional Microcentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determina de oficio su responsabilidad solidaria (art 8° ley 11.683) por haber sido Presidente de American Lion S.A., y se lo intima a ingresar los montos determinados a dicha firma en el impuesto al valor agregado de los periodos junio a diciembre de 2016 y en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2016, por $4.510.665,36 y $7.510.774,87, respectivamente, más intereses resarcitorios.
En su presentación ante este Tribunal, acusa en primer lugar de nula a la Resolución en virtud que se rechazó la prueba que ofreciera en la instancia administrativa previa con fundamento en que no correspondía valorar la situación del deudor principal.
Plantea también excepción de prescripción de las obligaciones determinadas en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2016, y en el impuesto al valor agregado, salvo la del período fiscal 12/2016, dado que no se acreditó que se hubiera notificado la vista a American Lion S.A. Dice que no le consta porque no estaba en ese momento en el Directorio. Invoca la falta de legitimación pasiva por ser él una persona distinta a la empresa American Lion S.A. Por último, rechaza la atribución de responsabilidad por no haberse probado la conducta dolosa o culposa, invocando que entonces quedó impune. En especial, destaca que en agosto de 2018 se desprendió de su participación accionaria y dice que eso le impide defenderse porque ya no se encuentra en la sociedad fiscalizada.
Se refiere luego al aspecto infraccional y ofrece la producción de prueba informativa a la IGJ, a los proveedores de American Lion S.A. a American Lion S.A. y al Boletín Oficial.
Solicita, en consecuencia, que se revoque la Resolución.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por las consideraciones que expone, pide que se confirme dicho acto, con costas.
Dice allí, respecto del planteo de nulidad, que la prueba ofrecida fue denegada porque sus resultados ya obraban en las act. adm, calificando entonces el ofrecimiento de dilatorio.
Sobre la prescripción, se remite a las Resoluciones Nros. 35/2022 y 36/2022 que determinaron de oficio e intimaron las obligaciones al deudor principal, American Lion S.A., destacando que dichos actos fueron notificados el 27 de junio de 2022, sin que fueran recurridas, ni tampoco abonados los saldos.
Alega así que estaba autorizada para determinar de oficio al solidario porque la prescripción se producía el 1° de enero de 2023, es decir, que estaba en término.
Hace referencia al art. 8° de la ley 11.683 y agrega que fue American Lion S.A. la que informó al Sr. Chillemi como su Presidente en los periodos 2016/2017, que era quien gestionaba la cuenta en Banco Credicoop y estaba autorizado para disponer de ella hasta el año 2018.
III. Por auto del 22 de mayo de 2024 se difiere el tratamiento de las excepciones al fondo y se rechazan las pruebas ofrecidas. Luego, el 10 de junio de 2024 se eleva el expediente a Sala y el 17 de marzo de 2025 quedaron en estado de dictar la sentencia.
IV. Corresponde entonces pronunciarse primero en los planteos de nulidad y de prescripción y, en su caso, si la atribución de responsabilidad al Sr. Chillemi ha sido conforme a derecho, es decir al art. 8°, inc. a) y de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley 11.683.
Cierto es que el juez administrativo rechazó las pruebas ofrecidas previamente en su sede, más no se advierten vicios en su decisión.
Lo que pretendía el Sr. Chillemi con ella ya estaba agregado en las actuaciones administrativas, por ejemplo, la información referida a su designación como Presidente en el período fiscal 2016 a partir del legajo de American Lion S.A. en la Inspección General de Justicia y al Boletín Oficial para que aportara la publicación del edicto que deja constancia que cesó en el cargo en el año 2018. Pero el período que aquí importa es el 2016 y no hay agravios respecto a su designación y permanencia en el cargo en dicha fecha, ni tampoco se niega que fue el quien gestionó la empresa deudora. Surge del Informe de Inspección de American Lion S.A. que fue su Presidente desde el 31 de agosto de 2015 y que cesó el 31 de agosto de 2018, es decir que en el período fiscal 2016 estaba en ejercicio del cargo.
La restante prueba ofrecida y denegada en sede administrativa era a American Lion S.A. para que adjuntara el listado de proveedores en el 2016, así como también a cada uno de los proveedores de dicha firma para que informaran sobre las operaciones con y antes con Juan Carlos Chillemi S.A. Sin embargo, no hay en el escrito del aquí recurrente presentado en sede administrativa agravios específicos en relación a la justificación de las operaciones con éstos, ni por ende las pruebas ofrecidas tenían posibilidad de ser admitidas.
Ello, sin perjuicio de señalar que los resultados de las fiscalizaciones a los proveedores también obraban en las act. adm. notificadas al Sr. Chillemi por lo que la prueba ofrecida era sobreabundante.
No se da, entonces, ningún vicio que lleve a declarar la nulidad pretendida. Tampoco puede decirse que no es el Sr. Chillemi el legitimado para ser intimado a poco que se repare en el régimen de responsabilidad solidaria que específicamente en materia tributaria consagra el art. 8° de la ley 11.683, según el cual, las personas que allí se nombran, son responsables solidarios por las deudas de otras personas, por ende la Administración puede dirigir el reclamo contra ellos.
Cabe recordar, para terminar, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros-.
En cuanto a la defensa de prescripción, omite el Sr. Chillemi que en las act. adm. surge la fecha en que fue notificada American Lion S.A. de las resoluciones que otorgaron vista de los ajustes el 21 de marzo de 2022, y el efecto que tal acto tuvo en el cómputo del plazo de prescripción para intimarle a él las mismas obligaciones como responsable solidario conforme a lo dispuesto en el art. 65, inc. a), en su segundo párrafo. Allí se dispone que “La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios”. Surge de la propia Resolución que el Sr. Chillemi tomó vista de las actuaciones administrativas.
Queda decir que el hecho que el Sr. Chillemi no haya formado parte de su directorio a la fecha en que se efectuó la notificación de la Resolución antes citada, en modo alguno vicia el trámite para hacer efectiva la responsabilidad porque se trata de un procedimiento reglado en la ley que en la medida que sea respetado tiene las consecuencias allí previstas. Por lo expuesto, corresponde rechazar las defensas opuestas, con costas V. En cuanto a la legitimidad de la decisión, no se encuentra en discusión que el Sr. Chillemi era el Presidente de American Lion S.A. y que gestionaba la sociedad, es decir, operaba sus cuentas bancarias y firmaba sus balances, en el ejercicio 2016 que es el que aquí importa. Así lo reconoce en su presentación cuando dice que “En el mes de agosto de 2019 me desprendí de mi participación societaria según lo muestran los instrumentos obrantes en el expediente”. El hecho que posteriormente se haya desvinculado del cargo no elimina su responsabilidad, ya que ésta se configura por las obligaciones asumidas mientras la gestionó.
Por ello, debe considerarse configurado el requisito objetivo de atribución.
Respecto al elemento subjetivo, no explica el Sr. Chillemi en su presentación, ni tampoco en la instancia previamente sustanciada, las inconsistencias detectadas a American Lion S.A. en relación al cómputo de gastos y créditos fiscales sin respaldo documental por más de $11.000.000, entre otros ajustes, ni tampoco en qué consistió o de qué manera se configuró la imposibilidad de pago de las obligaciones de American Lion S.A.
La prueba ofrecida en su presentación ante este Tribunal, idéntica a la ofrecida en sede administrativa que fue rechazada, pretendía que en esta instancia se hiciera una nueva inspección a los proveedores que dieron lugar a los ajustes efectuados a American Lion S.A., rol que no está llamado a cumplir por más amplitud con el que se conciba el principio de la verdad jurídica objetiva que debe guiar en la dirección del proceso. Tampoco en su recurso de apelación el Sr. Chillemi se refirió a los proveedores, ni a las operaciones con éstos que no se pudieron respaldar, ni a los demás ajustes, es decir, no dio detalles, ni explicó la modalidad operativa de la empresa ni se refirió a ningún aspecto que permita analizar su conducta desde el punto de vista subjetivo.
Debe aquí recordarse que es criterio de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal que “…los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769).
Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (cfr. esta Sala, en anterior integración, in re, “Troilo, Mauro Gustavo c/D.G.I.”, del 12/06/2007, y en la actual, en autos “Paramio”, ya citado)” -conf. “Tejeda, maría Nieves”, sentencia del 30.12.2021-.
En el caso, se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 8 y 17 de la ley 11.683 y en la jurisprudencia que ha interpretado los alcances de dichas normas para que se atribuya al Sr. Chillemi la responsabilidad personal y solidaria por las deudas firmes y consentidas de American Lion S.A. en la que en el año 2016 ejerció el cargo de Presidente.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución N° 91/2023, en todas sus partes, con costas.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en autos el recurrente apela la Resolución N° 91/2023 (DV RMMI) dictada con fecha 01/09/2023 por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro la AFIP-DGI (actual ARCA), a través de la cual se estableció su responsabilidad personal y solidaria respecto de la deuda que American Lion S.A. mantiene en los Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales 06/2016 a 12/2016 y a las Ganancias período fiscal 2016 con más intereses resarcitorios. Asimismo, se dejó constancia de la reserva efectuada para la aplicación de sanciones (art. 20 de la ley Penal Tributaria) respecto de ambos gravámenes y periodos involucrados.
Que al deducir su recurso de apelación el Sr. Chillemi plantea la nulidad del acto recurrido con fundamento en el rechazo de las pruebas sucedido en sede administrativa al considerar vulnerado su derecho de defensa en juicio. Y agrega que las potestades del ente fiscal para determinar los Impuestos a las Ganancias del período fiscal 2016 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/2016 a 11/2016 se encontraban prescriptas al haber operado su vencimiento el 01/01/2023 y el 01/01/2022, respectivamente.
Luego expone los agravios que le causa la resolución dictada, por lo que pide que la misma sea dejada sin efecto, con costas. Hace reserva del caso federal (RE-2023-113811806-APN-SGAI#TFN).
II. Que por IF-2024-12187891-APN-DTD#JGM el ente fiscal contesta el traslado del recurso deducido en autos.
III. Que con motivo de la elevatoria a Sala dispuesta por PV-2024-60692373-APN-VOCXI#TFN por la Vocal Instructora llegan los autos a conocimiento del suscripto.
IV. Que ello así, corresponde abordar en primer lugar las defensas de nulidad y prescripción esgrimidas por el actor. En lo que hace al planteo prescriptivo cabe recordar la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que por su parte, el art. 65 de la ley de procedimiento fiscal establece que: “Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. (…) La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.”
Que ello así, conforme se desprende de las actuaciones administrativas con fecha 27/06/2022 se notificaron las Resoluciones N° 35 y N° 36/2022 (DV MRRI) de fecha 24 de junio de 2022 determinativas de oficio al deudor principal (act. adm., IF-2024-12194948-APN-DTD#JGM, Cpo. N° 2 IVA, fs. 117/132 e IF-2024-12196681-APN-DTD#JGM, Cpo. N° 4 Ganancias, fs. 711/720).
Que conforme hace saber el representante fiscal, al término del plazo legal dispuesto en dichos actos administrativos, el deudor principal no interpuso recurso alguno en los términos del art. 76 de la ley 11.683, por lo cual dichas resoluciones quedaron firmes.
Que por último, debe tenerse presente que el art. 17 de la Ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020), dispuso la suspensión por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, texto legal que resulta de aplicación al presente caso.
Que la suspensión bajo análisis reviste carácter general surgiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, en dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.", del 26 de noviembre de 1991. Que ello así, conforme lo normado por la ley 11.683 y la suspensión establecida en la ley N° 27.562 las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar los tributos y sus accesorios no se encontraban prescriptos al momento de emitir la resolución apelada, debiendo rechazarse la excepción de prescripción articulada por el actor. Con relación a la supuesta nulidad invocada por el Sr. Chillemi cabe destacar que del acto apelado se desprende que fue emitido de conformidad con las disposiciones que hacen a su dictado, al contener todos los elementos propios del acto administrativo y al haber estimado el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo sustentó. A lo que se agrega que también fue valorada debidamente la prueba documental ofrecida, mientras que con relación a la prueba informativa se dispuso su rechazó al considerar que la misma resultaba superflua y meramente dilatoria, al entenderse que no corresponde en este procedimiento analizar o valorar situaciones relativas a la deudora principal, sino que debe orientarse a establecer si al rubrado le corresponde o no, la responsabilidad solidaria prevista por la normativa vigente. Mientras que en el caso particular del oficio dirigido a cada uno de los proveedores de American Lion S.A. se especificó que los mismos ya habían sido circularizados.
Que a ello se agrega que si bien ante esta instancia el recurrente nuevamente ofreció prueba informativa ante su denegatoria por el pto. 4°) de la PV-2024-53134766-APN-VOCXI#TFN no opuso reparos.
Que ello así, no se advierte que se haya afectado su derecho de defensa, por lo que se resulta claro que los motivos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo sometida a debate.
Que por lo expuesto, corresponde rechazar las excepciones de prescripción y nulidad, con costas, atento que por PV- 2024-53134766-APN-VOCXI#TFN pto. 1°) se dispuso su tratamiento junto con el fondo de la causa.
V. Que corresponde resolver si la resolución dictada se ajusta a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Juan Carlos Chillemi por el incumplimiento de American Lion S.A en el pago de su deuda tributaria en los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815- I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señalo: “que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.”
Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”. Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, ya que mediante las Resoluciones N° 35 y N° 36/2022 (DV MRRI) de fecha 24/06/2022 se determinaron las obligaciones tributarias del deudor principal, American Lion S.A., las que fueron debidamente notificadas, sin que tales actos hayan sido recurridos, conforme ya se expuso en el Considerando precedente.
VI. Que ello así, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas; una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que en el caso bajo análisis, el apelante reconoce que desempeñó el cargo de Presidente de American Lion S.A. pero se excusa de su responsabilidad manifestando que ocupó dicho cargo hasta el mes de agosto de 2018 -con inicio el 31/08/2015-, a lo que agrega que durante la vigencia de su mandato se ocupó de pagar todas y cada una de las obligaciones previsionales e impositivas, declaraciones juradas y cuotas de moratorias y planes de pago vigentes. Que conforme surge del contrato constitutivo del 31/08/2015, el que fue aportado por el Banco Credicoop, el recurrente fue designado como Presidente (act. adm., IF-2024-12189437-APN-DTD#JGM, cpo. Medidas cautelares, fs. 61/70). Al respecto, conforme se desprende de la resolución apelada, el juez administrativo sostuvo que “...más allá que la fecha en que el responsable indicó que formalizó su renuncia a su cargo de presidente de American Lion S.A., según acta de asamblea del 31/08/2018, resulta posterior a la fecha de vencimiento del plazo previsto para la presentación de las declaraciones juradas del gravamen y periodos fiscales determinados, esta instancia no puede más que tener por acreditada la desvinculación del responsable de la sociedad referida el día 22/11/2018, fecha en que se publicó el edicto acompañado como prueba documental.”
Que otro de los elementos que se agrega para fundar la atribución de responsabilidad consiste en que el actor firmó en su carácter de Presidente del deudor principal los Estados Contables con cierre 31/12/2016 y 31/12/2017 (act. adm., IF-2024- 12189437-APN-DTD#JGM, cpo. Medidas cautelares, fs. 131/159), mientras en lo que se refiere al manejo financiero, de la documentación aportada por el Banco Credicoop, se corroboró que el Sr. Chillemi era el autorizado para operar las cuentas corrientes bancarias de la firma, y registró como responsable legal su firma y datos personales hasta el año 2018 (act. adm., IF-2024-12189437-APN-DTD#JGM, cpo. Medidas cautelares, fs. 78/80).
Además, se añade que durante la instancia de fiscalización de la deudora principal el Sr. Chillemi actuaba como responsable de la socidad en razón de que junto con un autorizado, suscribió en fecha 09/10/2018 el Formulario F. 3283 a los efectos de notificarse del inicio de la inspección, conforme fs. 22 de la resolución ahora recurrida. Que además el actor en su defensa introduce la excepción de falta de legitimación pasiva con la finalidad de cuestionar su falta de responsabilidad solidaria, pero los distintos elementos constatados por la inspección, demuestran que ejercía un cargo que le permitía ejecutar actos de administración y disposición varios, con conocimiento de la gestión de la empresa, por lo que dicha defensa también debe ser rechazada, con costas, debido a que por PV-2024-53134766-APN- VOCXI#TFN pto. 1°) se dispuso su tratamiento junto con el fondo de la causa.
VII. Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Que por lo tanto, el responsable debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde su actuación en la sociedad, lo que no ha sucedido en autos, ya que el carácter formal de responsable solidario surge del contrato de constitución de la sociedad, sin que el apelante haya acreditado por otros medios probatorios que no poseía el manejo y administración de los fondos sociales en orden a no poder cumplir correctamente con los deberes tributarios a su cargo.
Que por lo tanto, el recurrente resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamo a la sociedad American Lion S.A. en concepto de Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales 06/2016 a 12/2016 y a las Ganancias período fiscal 2016.
VIII. Que dado que los intereses resarcitorios reclamados fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer la confirmación de los mismos.
IX. Que si bien en su escrito recurso el actor ensaya una defensa al hacer referencia a una “ilegitima multa pretendida”, dicho agravio no puede ser objeto de tratamiento en razón de que en autos no se aplicó sanción alguna ya que se suspendió la sustanciación del sumario instruido respecto de ambos gravámenes por los períodos en litigio, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria.
X. Que por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gomez dijo.
I. Que adhiero a lo expuesto por el Dr. Martín en los Considerandos IV y VI in fine de su voto, en cuanto rechaza los planteos de previo y especial pronunciamiento introducidos por la actora en su recurso, esto es prescripción, nulidad y falta de legitimación pasiva, correspondiendo imponer las costas a la parte vencida en razón del diferimiento resuelto en el punto 1° del PV- 2024-53134766-APN-VOCXI#TFN.
II. Asimismo, comparto en lo sustancial las consideraciones que se efectúa en el voto del Dr. Martín respecto de la cuestión de fondo y en consecuencia se confirma la atribución de responsabilidad personal y solidaria efectuada por el acto apelado al aquí recurrente, resultando montos a ingresar en concepto de IVA y el Impuesto a las Ganancias más accesorios, como también a lo expuesto en el Considerando IX de su voto. Con costas al apelante.
III. Por lo expuesto, voto por: i) Rechazar los planteos de previo y especial pronunciamiento articulados por la parte actora, con costas; ii) Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar las excepciones de prescripción, nulidad y falta de legitimación pasiva opuestas por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la Resolución N° 91/2023, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional , a cargo del Sr. Juan Nicolás Carlos Chilemi, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido, y las tareas desarrolladas en la etapa procesal cumplida, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, en la siguiente forma:
i) Por las excepciones, en las sumas de $107.872 equivalente a 1,77 UMA por la representación procesal y $269.681, equivalente a 4,43 UMA, por el patrocinio letrado.
ii) Por la cuestión de fondo, en las sumas de $1.078.724, equivalente a 17,75 UMA por la representación procesal y $2.696.811, equivalente a 44,37 UMA, por el patrocinio letrado.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.
Date: 2025.03.20 15:30:12 -03:00 Date: 2025.03.21 09:46:33 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.21 10:47:48 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.21 10:47:49 -03:00
Fin de la sentencia