Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17832-NE0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora contra el pronunciamiento de fecha 17-09-2026 que rechazó la acción de amparo intentada. Costas de Alzada en el orden causado [argto. art. 68 del C.P.C.C; art. 25 de la ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad [art. 31 de la ley 14.967].
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17832-NE0E " CHRISTENSEN BALSATEGUI FLORENCIA c. USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS Y SER. S/ AMPARO (RECURSO DE) " con arreglo al sorteo de ley, cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Ucín.
I. El a quo , con fecha 17-09-2026, rechazó sin sustanciación, por resultar manifiestamente inadmisible y extemporánea, la acción de amparo promovida por Florencia Christensen Balsategui contra la Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María". No impuso costas por no haber mediado contradicción.
II. Apreciándose formalmente admisible el recurso de apelación deducido contra dicho pronunciamiento el mismo día 17-09-2026 por la parte actora y a tenor de lo dispuesto en esta Instancia por proveído del 20-10-2026, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Tal como surge del relato de antecedentes del caso efectuado por el a quo, esta acción de amparo fue promovida a fin de obtener un pronunciamiento que imponga a la sociedad cooperativa demandada otorgar el alta del suministro de energía eléctrica e instalar el correspondiente medidor en un inmueble de propiedad de la actora, ubicado en la intersección de la ribera del río Quequén y la Calle 11 de la ciudad de Necochea.
Según narraría la demandante, la entidad accionada habría rechazado una solicitud de conexión del servicio de electricidad formulada por ella, bajo el pretexto de que el macizo dentro del cual se emplazaría el lote debía contar con infraestructura eléctrica suficiente para abastecer a la totalidad de las parcelas resultantes de la subdivisión. Al mismo tiempo, la cooperativa habría estimado un presupuesto de $ 17.349.445,00 para la realización de las obras correspondientes. Frente a ello, con fecha 03-08-2026 la ahora amparista presentaría una impugnación ante el presidente del directorio de la prestadora, sin obtener respuesta alguna a tal planteo.
2. Abocado a pronunciarse al respecto y teniendo en vista los requisitos de procedencia que para este tipo excepcional de acción surgen del art. 20 inc. 2° de la Constitución Provincial y art. 2 inc. 1° de la ley 13.928, el magistrado señaló -ante todo- no se vislumbraría en el obrar de la demandada una ilegalidad o arbitrariedad que pudiera apreciarse de modo manifiesto, ostensible e inequívoco, y sin necesidad de una actividad probatoria extensa ni de un examen incompatible con la naturaleza sumarísima del proceso.
En ese orden -explicó- la controversia exigiría ". determinar, entre otros extremos, el alcance jurídico y técnico del plano de subdivisión 076-26-2023; si la constancia municipal relativa a la existencia de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria acredita también la suficiencia técnica de la red; cuáles son las obras necesarias para otorgar el nuevo suministro; a quién corresponde afrontar su costo; y si las exigencias formuladas por la concesionaria resultan compatibles con el marco regulatorio provincial y con las condiciones particulares de la urbanización." . A ello se sumaría ". una discordancia relevante en la documentación invocada.", dada por el hecho de que, si bien la actora identificaría su inmueble con la nomenclatura "Circunscripción I, Sección D, Quinta 1, Parcela 5", la nota que porta la denegatoria atribuida a la cooperativa demandada haría referencia al lote "Circunscripción II, Sección D, Quinta 1, Parcela 3". Y finalmente -señaló-, el presupuesto aludido en demanda estaría ". a nombre de Adolfo Leonel Vercellone, persona distinta de la actora, sin que se haya explicado suficientemente qué vinculación existe entre aquel, el inmueble individualizado en la nota, la parcela de propiedad de la accionante y la obra de infraestructura reclamada." .
Advirtió entonces el magistrado que dar una solución al caso en punto a la existencia o no de la ilegitimidad planteada, exigiría conocer circunstancias técnicas y administrativas que no surgen inequívocamente de la documentación acompañada, en un marco de conocimiento y debate más amplio que el propio de esta vía excepcional. Y de ello daría cuenta, en su visión, ". la propia amplitud de la prueba ofrecida por la accionante -expediente administrativo de la cooperativa, expediente municipal, informes de Catastro y Geodesia y prueba testimonial- ." .
Sumado a todo lo anterior, entendió que tampoco se habría demostrado en el caso ". una situación actual de urgencia.", frente a la cual la actora se viese impedida de acudir a los remedios ordinarios o podría provocar un daño grave o irreparable: según los dichos de la propia accionante, sobre el inmueble en cuestión aún se estaría construyendo una vivienda, no siendo lugar efectivo de residencia, por lo que, sin perjuicio del carácter esencial del servicio eléctrico y aun cuando la falta de suministro eléctrico pudiera generar dificultades o mayores costos para la ejecución de la obra, no se evidenciaría ". una afectación actual de las condiciones esenciales de habitabilidad, salud, alimentación o integridad personal de la accionante o de su grupo familiar." -sino tan solo eventuales perjuicios cuya reparación podría reclamarse por vías ordinarias-.
Finalmente, también detectó que la interposición de la acción de amparo resultaría extemporánea, teniendo en cuenta el plazo que fija el art. 5 de la Ley 13.928 (30 días contados desde la fecha en que el afectado hubiera tomado conocimiento del acto u omisión que considera violatorio de sus derechos), la fecha de la decisión denegatoria (16-07-2026) y la de promoción de demanda (16-09-2026).
3. Al fundar su recurso contra dicho pronunciamiento, la amparista cuestiona -en primer lugar- las consideraciones del magistrado de grado en punto a la imposibilidad de apreciar de modo palmario la arbitrariedad e ilegalidad del obrar de la demandada.
Aduce luego que el cómputo del plazo para interponer la demanda efectuado por el a quo resultaría incorrecto. Discrepa principalmente -en tal sentido- en cuanto al punto de inicio de dicho cálculo y a su cómputo en días corridos.
Asimismo, se agravia frente al criterio seguido por el sentenciante al entender éste que no se configuraría en el caso una situación de urgencia de la cual pudiera inferirse la inexistencia de otras vías idóneas para encauzar la pretensión actoral.
II. El recurso no prospera.
1. Para justificar el rechazo de la acción, el a quo estructuró su razonamiento sobre tres premisas fundamentales, cada una de las cuales resulta lógicamente suficiente como para sostener por sí sola aquel temperamento: la inexistencia de un supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; la interposición de la demanda fuera del plazo reglado por el art. 5 de la ley 13.928 (texto según ley 14.192) y la falta de acreditación de una situación de urgencia y del grave perjuicio que demuestre que los carriles ordinarios no resultan idóneos para encauzar el reclamo amparista.
2. Me centraré en el último de dichos aspectos.
2.1. Al delinear la garantía del amparo, tanto la Constitución Nacional como la de la Provincia disponen que tal acción podrá ser ejercida contra cualquier acto, hecho, decisión u omisión que lesione o amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de derechos constitucionales, siempre que no pudieran utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable (art. 43 de la Constitución Nacional y 20 apartado 2º de la Constitución Provincial; esta Cámara causas A-4513-MP0 "Piantanelli", sent. del 07-11-2013; A-7448-AZ0 "Rodríguez Benítez", sent. del 20-08-2017; A-8963-DO0 "Zhuang", sent. de 30-05-2019, entre otras).
De allí que la admisibilidad de la acción de amparo se encuentra condicionada a que quien la promueva demuestre que, para el particular planteo incoado, los restantes carriles procesales diseñados por el legislador local no constituyen remedios idóneos y eficaces a fin de dar protección a los derechos invocados (esta Cámara causas A-4977-NE0 "Cámara Empresaria de Transporte Automotor Necochea-Quequén (C.E.T.A.N.Q.)", sent. del 5-06-2014; A-8788-BB0 "Zalazar", sent. del 23-04-2019], imperativo que encuentra su fundamento en lo normado por los arts. 20 apartado 2° de la Constitución provincial y 2 inc. 1° de la ley 13.928 (t.o. ley 14.192) [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.096 "Sagrario", sent. del 23-02-2005; esta Cámara causas A-4513-MP0 "Piantanelli", sent. del 07-11-2013; A-7481-BB0 "Graziani", sent. del 22-03-2018].
En ese orden, se ha dicho también que el cumplimiento de la referida carga ha de concretarse en oportunidad de instar la acción, a fin de que, con ello, el magistrado de grado aprecie las fundamentaciones blandidas y considere su suficiencia [arg. doct. S.C.B.A. causa B. 63.788 "Llusá", sent. del 21-05-2003], estando habilitado éste -inclusive- a repulsar sin más aquellas presentaciones en las que el interesado no haga mérito de la configuración del mentado requisito de admisibilidad [arg. arts. 1, 8 y ccds. de la ley 13.928, t.o. ley 14.192], pues tal falencia no podría ser suplida o corregida íntegramente por la labor del órgano judicial. Y ello es así por cuanto el propio art. 6 inc. 4° de la ley 13.928, texto según ley 14.192- exige que la demanda de amparo contenga una relación circunstanciada, es decir con todos los detalles, sin omitir ninguna particularidad y enunciando todas las características y avatares del caso planteado -en lo que aquí interesa, justificación acabada y suficiente de la admisibilidad de la vía intentada-, erigiéndose en una verdadera carga que reside en cabeza del sujeto promotor y que contribuye a dotar de claridad y exactitud a la pretensión deducida, estableciendo la materia del proceso y delimitando la función propia que compete a la judicatura [arg. esta Cámara causas A-3930-DO0 "Montenegro", sent. del 25-04-2013; A-5262-MP0 "La Bella S.A.", sent. del 11-09-2014; A-9122-MP0 "Vuotto", sent. del 15-08-2019].
2.2. Una detenida lectura del escrito de demanda permite advertir que el único pasaje que puntualmente se orientaría a justificar la procedencia de la acción constitucional escogida frente a los restantes remedios procesales disponibles, es aquel en el que la actora expresa que ". De someter la cuestión a un proceso ordinario, ésta podría extenderse en el tiempo, en forma perjudicial para el derecho de propiedad de la suscrita, quien vería paralizada sine die la obra de construcción de su vivienda, en franca afectación a sus derechos más elementales como el derecho a la propiedad, a una vivienda digna y a trabajar y ejercer toda industria lícita." . Y, como bien lo apuntó el a quo , de la narración de hechos efectuada por la propia accionante surge que en el inmueble al cual ésta pretendería que se brinde suministro eléctrico recién se estaría construyendo, encontrándose inhabitado.
Luego, al fundar la apelación bajo análisis, la misma actora aduce que, a la luz de las normas constitucionales citadas y mediando una afectación a derechos que gozarían de "plena operatividad y tutela inmediata", como serían la ". propiedad, el libre ejercicio de toda industria lícita y el desarrollo de la obra en ejecución.", no habría razón para adicionar otros recaudos no previstos normativamente, tal como lo habría hecho el a quo al exigir una afectación de las ". condiciones esenciales de habitabilidad, salud, alimentación o integridad personal." . A ello añade la recurrente que ". la vía ordinaria resulta manifiestamente inidónea para poner fin a la paralización actual de la obra y a la acumulación continuada de costos, convirtiendo la denegación del amparo en un perjuicio que se agrava día a día." .
2.3. Se observa entonces que la propia recurrente convalidaría aquellas apreciaciones del a quo en punto a que el perjuicio que sufriría su parte por no contar con servicio de electricidad en el lote quedaría acotado a los obstáculos que afectarían al desarrollo de la obra que allí se está emplazando, como consecuencia de las demoras y mayores costos económicos provocados por la falta de suministro de energía.
La discrepancia se suscita entonces en la medida en que la actora entiende -contrariamente a la posición del Juez de grado- que la sola afectación de los derechos constitucionales invocados habilitaría a la vía de la acción de amparo, aún cuando no se patentice una situación de mayor gravedad, y teniendo en cuenta -además- que el trámite de un proceso ordinario podría demandar un tiempo sensiblemente superior al que exige el remedio aquí intentado.
Los lineamientos referidos en el punto "II.1" anterior dan respuesta a tal postura actoral e imponen confirmar el temperamento que aquí ha sido materia de agravio, pues es claro que los argumentos que ensayara la amparista en los términos arriba reseñados no alcanzan para tener por debidamente alegada -ni menos aún probada- la gravedad e irreparabilidad del perjuicio que pudiera ocasionarle el hecho de transitar las vías procesales ordinarias frente a un alegado menoscabo de derechos que, según surge de sus propios dichos, tendría una proyección acotada a la esfera de lo económico, dada por el mayor costo y/o demoras sufridas en el desarrollo de una obra de construcción sobre un terreno baldío.
Sumado a lo anterior, cabe señalar que las afirmaciones en punto a la mayor extensión temporal de los proceso ordinarios no justificarían, por sí, la procedencia de la acción a los fines por ella pretendidos: se ha dicho ya, en reiteradas oportunidades, que la mayor celeridad que pudiera atribuirse al trámite propio del amparo frente a otros posibles carriles a seguir no lleva, sin más, a admitir la viabilidad de aquella acción, por cuanto las eventuales dilaciones que pudiesen presentar esos remedios solo constituyen la situación común a la que se enfrenta todo aquel que peticiona el reconocimiento de sus derechos ante el poder jurisdiccional (cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 72.637 "Colman", sent. de 17-05-2017 y esta Cámara causa A-9481-BB1 "Aldacour", sent. del 10-12-2019; A-15488-NE0E "Sivori", sent. del 08-04-2025). Máxime cuando, de optar la actora por encarrilar su reclamo jurisdiccional a través de alguno de los remedios ordinarios que le ofrece el ordenamiento contencioso administrativo, contaría con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, siempre que se verifiquen los requisitos necesarios para su procedencia (art. 22 inc. 1° del C.P.C.A.), que constituirían un remedio eficaz y expedito para salvaguardar, mientras se sustancia el proceso, los derechos invocados por el sujeto pretensor (argto. esta Cámara causa A-16661-MP0E "Ciccaroni", sent. del 18-12-2025 -y sus citas-).
3. A la luz de lo expuesto, luce irreprochable el proceder del a quo en cuanto consideró que no se habría probado aquel recaudo de procedencia formal exigido tanto por el 20 ap. 2° de la Constitución provincial como por el art. 2 inc. 1° de la ley 13.928 (t.o. ley 14.192), relativo a la imposibilidad de valerse de un juicio ordinario a fin de encauzar la pretensión sin sufrir por ello un daño grave e irreparable.
Y ello bastaba -como se vio- para rechazar la acción intentada, independientemente de cualquier otra consideración sobre otros aspectos tales como la eventual ilegalidad o arbitrariedad de la conducta endilgada a la demandada o la tempestividad de la demanda interpuesta a la luz de la pauta que fija el art. 5 de la citada ley 13.928 (texto según ley 14.192).
La confirmación del rechazo materia de agravio se impone entonces, sin necesidad de entrar en la revisión de aquellos restantes tópicos -abordados por el a quo y, consecuentemente, también por la apelante- cuyo tratamiento resulta inoficioso (cfr. esta Cámara causa C-2242-NE1 "Val", sent. del 07-02-2012; A-13161-MP0E "Castellanos", sent. del 23-11-2023 -entre otras-).
4. Valga recordar, por último, que el Poder Judicial debe ser estricto en el examen de los presupuestos que habilitan la procedencia procesal del amparo, con el propósito de que siga siendo un remedio útil para, de manera eficaz y urgente, superar aquellas situaciones que necesariamente así lo requieran. Su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 330:1279, esta Cámara causas A-1105-MP0 "García", citada; A-1305-MP0 "Machi", sent. del 23-04-2009; A-16661-MP0E "Ciccaroni, ya citada).
III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora contra el pronunciamiento de fecha 17-09-2026 que rechazó la acción de amparo intentada. Las costas de Alzada deberían ser soportadas en el orden causado por ausencia de contradicción en esta instancia [argto. art. 68 del C.P.C.C; art. 25 de la ley 13.928, t.o. ley 14.192].
Así lo voto.
El señor Juez doctor Ucín , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la cuestión planteada en el mismo sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora contra el pronunciamiento de fecha 17-09-2026 que rechazó la acción de amparo intentada. Costas de Alzada en el orden causado [argto. art. 68 del C.P.C.C; art. 25 de la ley 13.928, t.o. ley 14.192].
2. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad [art. 31 de la ley 14.967].
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 11 del Anexo I del Ac. 3845/2017, modificado por Acuerdo 3991/2020 de la S.C.B.A. y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al órgano de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1007-2026
Fin de la sentencia