Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 23.811-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nº7437/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N°00 073 IT14 000880 H.
2Revocar la Resolución N°7460/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N°99 001 IT15 001268 S.
3Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-19481376-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Febrero de 2024 (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación", expediente N° 23.811-A (y su acumulado Nº 23.821-A “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”), El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 2/14vta. del expediente 23.811-A, la compañía de seguros interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 7437/2007, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $7.587 en concepto de tributos, más intereses y con su respectivo ajuste mediante el CER. Hace una breve reseña de los hechos. Solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la corrida de vista en las actuaciones administrativas, con fundamento en que la misma nunca le fue notificada, menoscabando su oportunidad de defenderse y ofrecer la prueba que estimaba pertinente o, en su caso, producir la ofrecida por la firma importadora.
Arguye que la mercadería en trato se encuentra totalmente reexportada, por lo que se cumplió con el régimen de admisión temporaria y nada se adeuda en concepto de tributos. Explica que el servicio aduanero debió solicitar la información respecto de los Certificados de Tipificación a la Secretaria de Industria y extremar las medidas para agregar los permisos de embarque originales al expediente. Se agravia por cuanto considera que la liquidación tributaria incluye los conceptos de IVA adicional e impuesto a las ganancias, cuando la firma importadora se encontraba, al momento de generarse el hecho imponible, exenta del pago de los mismos. En igual sentido, recuerda que el propio servicio aduanero convalidó las exenciones de pago de las percepciones, pero reclamó el pago de dichos tributos al incluirlos en la liquidación tributaria.
Desestima la aplicación del CER al caso concreto, por cuanto el mismo solo es aplicable a los créditos en dólares estadounidenses existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 25.561, siendo que el crédito que el fisco pretende reclamar en el caso de marras ya estaba expresado en pesos cuando se dictó la norma anteriormente citada. Cuestiona la acción del servicio aduanero para reclamar al garante el pago de tributos, ya que no se agregó a las actuaciones el original o copia certificada de la póliza mediante la cual se afianzaron los mismos. Solicita se declare la prescripción de la DGA para reclamar el pago de los tributos liquidados en las actuaciones administrativas, debido a la falta de solicitud de verificación del crédito que tiene el Fisco Nacional en el proceso concursal de la firma ZF Argentina S.A.
Cita jurisprudencia. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución administrativa apelada, con costas.
A fs. 39/90vta. del expediente 23.821-A, la firma PILAR PARTES S.A., importadora, interpone recurso de apelación contra la resolución N° 7460/07 del Sr. Jefe (Int). del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, dictada el 19/10/2007 y notificada el 6/11/2007, por medio de la cual se le intima el pago de una multa de $55.238,75 en los términos del art 970 y 1112 CA, bajo apercibimiento de suspenderla en el Registro de Importadores y Exportadores, y al libramiento de las mercaderías que se encontraren a nombre, por cuenta o que fueren propiedad de los deudores o responsables de la deuda, en los términos del art. 1122 y cc. del CA. Asimismo le impone la obligación de abonar $65.955,29 en concepto de tributos, con más el CER. Informa que PILAR PARTES SA se presentó en concurso preventivo el 8/6/2001, declarándose la apertura del mismo el 19 de junio de igual año. Advierte de la verificación tardía efectuada por la AFIP-DGA, y que habría omitido emitir los certificados provisorios de deuda. Entiende corresponde aplicarse el plazo de prescripción de dos años del art. 56 de la Ley de Concursos y Quiebras, para el cobro de los créditos del fisco. Acompaña prueba documental. Hace reserva de Caso Federal. Solicite se haga lugar al recurso interpuesto, declarando la nulidad de las resoluciones N° 7460/07 y 7437/07 impugnadas.
II. A fs. 26/36 y fs. 159/172, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de las apelaciones planteadas por la actora. Luego de efectuar una negativa genérica, menciona que no ha incurrido en nulidad alguna, ya que ha seguido el procedimiento previsto en la legislación vigente para las infracciones aduaneras. Cita normativa. Recuerda que, habiendo transcurrido el plazo establecido, la ley hace presumir el consentimiento del acto por parte de la actora, que viene extemporáneamente a interponer la nulidad del acto. Arguye que la actora no plantea claramente cuál sería la defensa de la que se vio privada. Entiende que frente al vencimiento del plazo acordado para la permanencia o prórroga de la importación temporaria, y no habiéndose cumplido con la obligación de reexportar, por una presunción legal, la mercadería se considera importada definitivamente y deben pagarse los tributos correspondientes a la destinación. Explica que la finalidad del seguro de caución es la eliminación de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantia ante el incumplimiento del tomador, por lo que la DGA, en su carácter de asegurada o acreedora frente al incumplimiento del tomador del seguro, no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento. Señala que, según surge de las constancias del expediente, el importador no había cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, por lo que se configura el siniestro que autoriza a la asegurada a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Destaca que ésta debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro, por lo que no puede pretender la actora, yendo contra sus propios actos, desconocer el alcance del contrato por ella suscripto, y pretender desobligarse, siendo que la sola lectura de la póliza desvirtúa los argumentos de la contraria. Disiente con la importadora y considera que los intereses corresponden, a pesar de estar aquella en concurso. Con relación al CER, adhiere a los fundamentos establecidos en la causa "Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. C/DGA s/Apelación". Finalmente ofrece prueba y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. A fs. 174 este Tribunal resuelve acumular el expediente N° 23.821-A al que lleva el N° 23.811-A. A fs 343 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la actora, puntos 3 y 5; a fs. 352 se desiste del punto 3; a fs. 353 y 370 se agregan respuestas del diligenciamiento del punto 5. A fs. 350 obra Nota de letrada en la que pone en conocimiento de los presentes actuados que con fecha 12/6/2012 se ha decretado la quiebra de la sociedad PILAR PARTES S.A. expte. N° 45917, que tramita por ante ante el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial Nº 6 Secretaría Nº 12. A fs. 382 se resuelve clausurar el periodo probatorio, se elevan los autos a la Sala “G” a fs. 387 y a fs. 393 se ponen los autos para alegar. Finalmente se llaman los autos a sentencia a fs. 404.
IV. Con relación a la solicitud de la actora de declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la corrida de vista en las actuaciones administrativas, con fundamento en que la misma nunca le fue notificada, corresponde estarse a lo dispuesto en el art. 1051 CA y con arreglo del cual la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aunque fuere tácitamente -es decir, cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto-, por la parte interesada en la declaración. No advirtiéndose en las actuaciones administrativas tal incidente, el agravio debe desestimarse.
V. Sobre el agravio referido a la afectación de su derecho de defensa en juicio, es justo destacar que del minucioso análisis de los actuados en sede administrativa y en esta instancia, se advierte que la apelante ha tenido la oportunidad de expresar su entender y reclamar sus derechos en numerosas ocasiones, incluyendo la habilitación de apertura a prueba en esta instancia, cuyo diligenciamiento obra agregado a autos, no pudiendo deducirse de tal comportamiento la afectación a este derecho, constitucionalmente garantizado.
VI. Además, resulta esencial señalar que, según se intelige de la LPA que obra como norma rectora de las relaciones administrativas, uno de los requisitos generales a los que deben ajustarse las normas de procedimiento administrativo es el respeto del derecho de los interesados al "debido proceso adjetivo", configurado con los elementos descriptos por su art. 1°, inc. f).
En ese sentido, cabe tener presente que el maestro MARIENHOFF tiene señalado que el procedimiento administrativo disciplinario ha de desarrollarse con absoluto respeto de los principios inherentes al "debido proceso legal" y que la violación de tal temperamento es susceptible de invalidar lo actuado. Pero el prominente jurista fue más allá y sentenció que si bien las sanciones disciplinarias que aplica la Administración Pública no son las penas que aplican los jueces del fuero penal, la sanción disciplinaria tiene obvia sustancia penal. Así, BEZZI, inspirándose en MARIENHOFF, postula la necesidad de excluir toda punición que intente sustentarse sólo en el 'juicio' u 'opinión' del superior.
Por ello, entiendo que el cumplimiento de los esenciales y substanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico, constituye otro recaudo de validez del acto. En el específico ámbito bajo estudio, el "debido proceso adjetivo", traduce, como mínimo, la observancia de ciertas formas esenciales que, plasmadas en la Constitución Nacional y en las normas de rango superior, hacen a los contenidos mínimos que sustentan el procedi- miento al que se encuentra sujeto el acto administrativo, y de su observancia pende no sólo el interés particular del administrado sino que involucra, asimismo, al interés público; desde que, en este terreno, el respeto de los mecanismos constituye un bien de alto precio para la sociedad jurídicamente organizada. En tal sentido se tiene sentado que los principios esenciales del procedimiento administrativo, de carácter objetivo, tienden no sólo a la protección del particular sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y la justicia en el funcionamiento administrativo.
Dicho esto, tampoco se advierte en autos que hubiere sido lesionada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en autos. Y frente al planteamiento de la recurrente de la falta de notificación de la vista en sede administrativa y la consecuente imposibilidad de expresar su opinión, entiendo que la eventual falencia que hubiera podido producirse en la instancia anterior no alcanza a configurar vicio alguno "...toda vez que resulta de aplicación la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal en el sentido de que si el defecto de procedimiento que motivó el planteo de nulidad quedó debidamente subsanado en las actuaciones, las que ponen en evidencia que el actor tuvo suficiente oportunidad de ser oído y de ejercitar las defensas que hacían a su derecho, no procede invalidar lo actuado; ya que tal criterio iría en contra del principio de trascendencia e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fa- llos: 320:1611)" (CNCAF "Solma Constructora SA", Sala V, 21/05/2009).
VII. Asimismo, se observa que el acto administrativo apelado cumple con todos los requisitos esenciales del artículo 7º de la Ley N°19.549, esto por cuanto se ha seguido el procedimiento de acuerdo a derecho, ha intervenido autoridad competente, se encuentra debidamente fundado, desprendiéndose de su articulado el objeto y la motivación que han llevado al servicio aduanero a expedirse en ese sentido. Ello así, y no advirtiéndose ninguna de las causales del art. 14º de la LPA, en el marco de lo dispuesto por el art 1017 CA, corres- ponde desestimar el agravio.
VIII. Con relación al fondo de la cuestión, se advierte que en la sustancia, la controversia de autos refiere al supuesto incumplimiento en tiempo y/o forma del deber de reexportación por parte de la importadora del compromiso asumido al momento de gestionar la importación temporaria correspondiente.
En este punto, debo anticipar que le asiste razón a la aseguradora cuando plantea que la mercadería en trato se encuentra totalmente reexportada, por lo que se habría cumplido con el régimen de admisión temporaria y nada se adeudaría en concepto de tributos.
Esto es, de la compulsa de los Certificados de Tipificación producidos por la Secretaría de Industria y agregados a autos en esta instancia, con los permisos de embarque originales que se incluyen en las actuaciones administrativas, surge claramente la descarga total de las DIT Nº 00 073 IT14 000880 H y 99 001 IT15 001268 S en los despachos acompañados como documental y contenidos en los sobres contenedores de los PE de las actuaciones 12040-527-2007 y 12040- 528-2007. Además, del análisis de dicha documentación surge que las reexportaciones acordadas se produjeron dentro de los 360 días posteriores a la fecha de oficialización de cada importación temporaria (11/05/2000 y 12/08/1999, respectivamente), plazo indicado en ambos DITs como máximo para que se produzca la salida de los productos. Por lo que cabe sino concluir que las descargas efectuadas sobre la Destinación de Importación Temporal fueron efectuadas en tiempo y forma de acuerdo a la relación insumo-producto establecida en el Certificado de Tipificación correspondiente (CTC).
En las condiciones indicadas, no queda configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. sostenida por el servicio aduanero, y por tanto carece de sustento toda responsabilidad que pretenda imputársele a la recurrente o a su garante por tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
IX. Dicho esto además debe advertirse que no obran ni en las actuaciones administrativas ni en el expediente de esta instancia, el original o copia legalizada de la póliza de caución que pretende el fisco ejecutar, sólo se observa copia simple de una impresión de pantalla de la aplicación de AFIP de garantías.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Nº 7437/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N° 00 073 IT14 000880 H.
2. Revocar la Resolución N° 7460/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N° 99 001 IT15 001268 S.
3. Imponer las costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Nº7437/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N°00 073 IT14 000880 H.
2. Revocar la Resolución N°7460/2007 (DV SAPLA 5), del 19/10/2007, referida a la DIT N°99 001 IT15 001268 S.
3. Imponer las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.02.23 12:15:52 ART Date: 2024.02.23 18:30:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.23 20:11:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.23 20:11:50 -03:00
Fin de la sentencia