Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 28.641-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 dictada en la Actuación N° 12195- 143-2005, en cuanto condena a la importadora LABORATORIO ARRAYANES S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa, que se fija en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-).
2Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art. 5°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora LABORATORIOS ARRAYANES S.A. y garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 06/11/2007 hasta la fecha del efectivo pago.
3Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4Costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-57751564-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Junio de 2026 LABORATORIOS ARRAYANES S.A.C.I.yA.; Sentencia Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados: “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 28.641-A y su acumulado caratulado: “LABORATORIOS ARRAYANES S.A.C.I.yA. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 28.724-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 13/16vta. se presenta por apoderado la firma CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 dictada en la Actuación N° 12195-143-2005 mediante la cual se condenó a la firma LABORATORIOS ARRAYANES S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, intimando a su parte a abonar la suma de $ 22.272,73 en concepto de tributos. Relata los antecedentes que dieron origen a la causa. Expresa que en la medida de que el servicio aduanero posea alguna póliza de seguro de caución emitida por la compañía solo deberá responder, en caso de que la firma importadora no se haga cargo de las obligaciones, hasta la suma máxima asegurada. Expone que de acuerdo a la presentación realizada por la importadora a fs. 1 y fs. 25 de las act. adm., la mercadería importada en forma temporaria se reexportó parcialmente, quedando un saldo en infracción de 84,09 Kgrs, por el cual la parte se acogió al pago voluntario. Da cuenta de que no hay controversia respecto de los insumos declarados como ítem 1 del DIT. La discusión se centra en los 138,94 Kgrs. declarados en el ítem 2. Señala que el servicio aduanero no tomó en cuenta las exportaciones que descargaban este ítem porque a su entender, la solicitud CTC presentada ante la Secretaria de Industria no tipificaba los insumos importados. Apunta que según surge de la solicitud CTC aportada por la firma a fs. 126/127, el insumo importado sí se encuentra allí tipificado. Su aplicación resulta de la simple lectura de la solicitud y coincide la descripción del insumo y su posición arancelaria. Por lo tanto, corresponde que el servicio aduanero liquide los tributos sobre los 84,09 Kgrs reconocidos en infracción. Solicita la agregación del original o copia certificada de la póliza que habilite la acción para reclamar el pago de los tributos. Ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 106/116 vta., se presenta la firma LABORATORIOS ARRAYANES S.A., por medio de su representante legal, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 dictada en la Actuación N° 12195- 143-2005 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa de $ 7.095,65 y se la intimó a abonar la suma de $ 22.272,73 en concepto de tributos. Arguye que mediante el DIT N° 00 001 IT16 000348 W introdujo al país 355.99 Kgrs de mercadería. Elabora un cuadro en el que detalla los permisos de embarque, fecha de oficialización y la cantidad de insumos reexportados que ascienden a un total de 263,98 Kgrs. de mercadería.
Esgrime que en sede administrativa formuló la solicitud de nacionalización del remanente no reexportado por la cantidad de 84,09 Kg, indicando además que la cantidad de 7,92 Kg corresponde a mermas ocurridas durante el proceso productivo. Sostiene que los permisos de embarque documentan oportuna y efectiva reexportación de las cantidades referenciadas. Resalta que el servicio aduanero no objetó ni observó esos documentos, lo cual demuestra que la recurrida no ha puesto en duda la veracidad y concreción de las operaciones aduaneras de reexportación de estos insumos contenidos en los productos finales. Precisa que la DGA considera probada solamente la reexportación de 153,72 Kg de hilados de filamentos sintéticos, pero desconoce la reexportación de la cantidad de 110,26 Kg de filamentos sintéticos que la firma efectivamente reexportó a través de diferentes permisos de embarque, bajo el argumento de que el CTC acompañado no tipifica el insumo del ítem 2 del DIT.
En cuanto al ítem 1, del total de 217,05 Kg importados, el servicio aduanero estima que la mercadería cancelada asciende a 153,72 Kg mientras que la mercadería en infracción arroja 63,33 kg de monofilamento. En relación al ítem 2, el servicio aduanero aprecia que la totalidad de la mercadería de 138,94 Kg se encuentra en infracción dado que no se encuentra tipificada en el CTC. Opina que el servicio aduanero se equivoca al realizar los cálculos, determinando montos incorrectos en infracción. En el PE N° 02 001 EC03 003063 T se reexportó una totalidad de monofilamentos de 108,86 Kg, de los cuales solo fueron considerados 48,92 Kg por el informe del área técnica. En el PE N° 01 001 EC03 24727 F, solo fueron considerados 15,04 Kg de monofilamentos cuando fueron reexportados 30,08 Kg.
Asimismo, entiende que el servicio aduanero omite tomar en cuenta los PE N° 02 073 EC03 003987 U, 02 001 EC03 011040 N y 01 001 EC03 011042 P por los cuales se reexportaron la cantidad de 6,60 Kg, 13,13 Kg y 15,55 Kg de monofilamento. Refiere a la falta de configuración de la infracción tipificada en el art. 970 del CA. Destaca que los insumos importados en ambos ítems del DIT de marras resulta mercadería similar. De ello se desprende que, tratándose de productos que no difieren sustancialmente entre sí, el CTC otorga cobertura a los insumos detallados en ambos ítems. Alega que en lo concerniente a la cantidad de 84,09 Kg no reexportados solicitó la nacionalización, es decir, su importación a consumo, siendo que la Administración no se expidió hasta la fecha.
Se refiere al engorroso trámite necesario para la solicitud y obtención del CTC que ha llevado en la práctica a que resulta ciertamente excepcional conseguir el CTC definitivo. Hace alusión a la incorrecta liquidación de tributos formulada en sede aduanera. En subsidio, peticiona la recalificación de la conducta en el art. 972 inc. a) del CA. Por último, denuncia el concurso de la empresa, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 140/146 la demandada contesta el traslado del recurso. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En relación al agravio de la actora relacionado al CTC, remite a lo establecido en la resolución aduanera, que reproduce los términos de la Nota de la Sección Procedimientos Técnicos obrante a fs. 129 de las act. adm. Describe que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador de la póliza. En efecto, el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Asevera que según las constancias del expediente el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, habiéndose configurado en consecuencia el siniestro que autoriza a reclamar el pago pertinente por parte de la aseguradora. Postula que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación a consumo, con aplicación del régimen tributario vigente. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero con costas.
IV. Que a fs. 147 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 157/163, 202/208, 215 y 228/232. A fs. 236 se cierra el período probatorio. A fs. 269 se elevan los autos a la Sala, a fs. 270 se ponen los autos para alegar agregándose a fs. 274/276 el alegato presentado por la coactora aseguradora y a fs. 277/284 el alegato presentado por el Fisco Nacional. La coactora importadora no hizo uso del derecho conferido. A fs. 286 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la Actuación N° 12195-143-2005 se inicia con la nota presentada por la firma importadora LABORATORIOS ARRAYANES S.A. ante el servicio aduanero el 10/11/2003 en la que solicita pago voluntario para nacionalizar fuera de término la mercadería no exportada de 92,01 Kg respecto del total de 355,99 Kg importados (fs. 1/3). A fs. 6 se glosa la carpeta del DIT N° 00 001 IT16 000348 W con su documentación complementaria. A fs. 7 obra el acta denuncia N° 196/04 contra la firma importadora por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto del DIT referenciado, cuyo vencimiento operó el 24/07/2002. A fs. 10, el 05/09/2005 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA.
A fs. 11 se produce la valoración de la mercadería en infracción. A fs. 12 se procede a la determinación de multa y tributos. A fs. 20, el 03/10/2007 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del CA y se cita a CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS SA en carácter de garante de la obligación tributaria, quienes se notifican el 22/10/2007 y 23/10/2007 (fs. 26 y 27 respectivamente). A fs. 84/92 la importadora contesta vista, formula reconocimiento de la comisión de infracción y plantea pago voluntario. Junto con su presentación acompaña copia de permisos de embarque que se glosan a fs. 31/83. A fs. 96/97 la aseguradora formula descargo. A fs. 98 se provee la prueba ofrecida. A fs. 105/106 se agregan las carpetas de los PE N° 02 073 EC03 003987 U y 02 073 EC03 006113 E.
A fs. 108 se emite la Nota N° 1690/08 (SE LIEZ). A continuación se agrega el Alcance N° 12195-143-2005/2. A fs. 111/114 obran prints de pantalla de consulta de una destinación. A fs. 119 la Nota N° 2919/10 (SE PRTE) hace saber que no resulta posible determinar la cancelación de la DIT en trato, toda vez que no se encuentra adjunto el CTC involucrado. A fs. 122/127 la importadora acompaña copias certificadas de los permisos de embarque que obran en sobre (fs. 122) y copia de la Solicitud CTC N° 061-000149/01 (fs. 123/125). A fs. 128 se tiene por cumplida la intimación formulada y por agregada la documentación en copia certificada. Asimismo, se dispone como medida para mejor proveer (art. 1111 del CA) dar intervención a la División Registro de Importación – Sección Procedimientos Técnicos a fin de que indique si existe mercadería en infracción.
A fs. 129 la Nota N° 4334/10 (SE PRTE) informa que la cantidad de mercadería en infracción asciende a 63,33 Kgrs. del ítem 1 y a 138,94 Kgrs. del ítem 2. A fs. 131 se determinan los tributos y la multa de la mercadería en infracción. A fs. 141 se glosa consulta al registro general de infractores. A fs. 143/148 se dicta la Resolución DE PRLA N° 5996/10. A fs. 150/152 se emite el Dictamen N° 2003/10 (DI ASLA). A fs. 154 se dicta la Resolución N° 1004/2010 (SDG TLA). Finalmente, se agregan las carpetas de los PE N° 02 001 EC03 011040 N y 02 001 EC03 011027 S.
VI. Que, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A. con relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 00 001 IT16 000348 W, de la firma LABORATORIOS ARRAYANES S.A. registrada ante la Aduana de Buenos Aires el 28/07/2000 al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento de plazo de permanencia el 24/07/2002 (fs. 6 de las act. adm.).
Que en la decisión bajo análisis, el servicio aduanero absolvió a la importadora respecto de 153,72 Kgrs. del ítem 1 del DIT referenciado y, en consecuencia, condenó a la firma por la comisión prevista en el art. 970 del CA respecto de 63,33 Kgrs. del ítem 1 y de 138,94 Kgrs. del ítem 2 del DIT en cuestión.
Que, el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del lapso otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, dentro de los cuales se encuentra comprendida la destinación de autos, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis. Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
VIII. Que encontrándose en estado concursal la firma importadora, tal circunstancia no incide en la virtualidad del crédito.
En efecto, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o la exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva, quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la Ley 24.522, aunque en dicha ley -en la que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto no se excluyen expresamente aquéllos.
La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la Ley 19.551), por sentencia del 9/4/87 en autos “COSIMATI, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo”, que el art. 22 de dicha Ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable “... toda vez que la misma -la aludida suspensión- debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso”.
En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa “SUPERCANAL S.A.”, sent. del 2.6.03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, “... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas”. Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa “GAUCHAT, Enrique”, sent. Del 4.7.03, yendo aún más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que “... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso.
Consecuentemente ... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la Sala IV de la C.N.A.C.A.F. y, en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso”.
IX. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación del D.I.T. bajo análisis o, si por el contrario, la totalidad de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 00 001 IT16 000348 W oficializado ante la Aduana de Buenos Aires el 28/07/2000 al amparo del Decreto N° 1439/96, la firma LABORATORIOS ARRAYANES S.A. documentó la importación temporal de 217,05 Kgrs. de mercadería de PA 5402.10.10.000F (ítem 1) y 138,94 Kgrs. de mercadería de la PA 5404.10.90.000W (ítem 2), cuyo vencimiento operó el 24/07/2002.
Que como se expresara, en la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 el servicio aduanero absolvió a la importadora respecto de 153,72 Kgrs. del ítem 1 del DIT referenciado y, en consecuencia, condenó a la firma por la comisión prevista en el art. 970 del CA respecto de 63,33 Kgrs. del ítem 1 y de 138,94 Kgrs. del ítem 2 del DIT en cuestión. Que la recurrente reconoce la existencia de mercadería en infracción pero en una proporción menor a la establecida por el servicio aduanero. A fs. 1 de las act. adm., obra nota presentada por el despachante de aduana de la firma LABORATORIOS ARRAYANES S.A. ante el servicio aduanero el 10/11/2003 en la que solicita “CANCELACION Y NACIONALIZACION DE MERMAS Y EXCEDENTES. SOLICITA PAGO VOLUNTARIO PARA NACIONALIZAR FUERA DE TERMINO”. Así las cosas, a través de la citada presentación la importadora reconoció el incumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de 92,01 Kg, argumentando que 7,92 Kg corresponden a mermas mientras que 84,09 Kg a excedentes no aplicados.
Que ante esta instancia, la coactora aseguradora ofreció diversas pruebas a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el citado D.I.T.
Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que la Nota N° 4334/10 (SE PRTE) obrante a fs. 129 de las act. adm., efectúa una serie de observaciones y determina que la mercadería en infracción asciende a 63,33 Kgrs. del ítem 1 y 138,94 Kgrs del ítem 2.
Que en relación a las consideraciones formuladas por el servicio aduanero, cabe poner de relieve que:
- La solicitud CTC N° 061-000149/01 obrante a fs. 123/125 de las act. adm. fue tomada en cuenta por el servicio aduanero para realizar la descarga del ítem 1 del DIT involucrado. En cambio, en lo que concierne al ítem 2 del DIT, la DGA sostiene que tal PA de dicho ítem no se encuentra tipificada en la Solicitud CTC 061-000149/01.
- A fs. 122 de las act. adm., la importadora acompañó copias certificadas de los permisos de embarque expresados en su contestación de vista. Cabe poner de resalto que la DGA no puso en duda la veracidad de tales documentos ni de las operaciones de exportación que representaban. Así las cosas, la DGA tuvo en cuenta gran parte de tales permisos de embarque para realizar la descarga correspondiente al ítem 1 del DIT.
- El servicio aduanero no ha computado los PE N° 02 073 EC03 003897 U, 02 001 EC03 011040 N y 02 001 EC03 011042 P que fueron aportados en copia certificada por la actora. La Nota N° 4334/10 (SE PRTE) no menciona tales permisos de embarque ni explica por qué los considera inaplicables.
- Analizada la correspondencia del PE N° 02 073 EC03 003897 U con la solicitud CTC 061-000149/01 en cuanto a la PA arancelaria y descripción del insumo importado y del producto exportado, resulta que tal permiso descarga la cantidad de 6,60 Kgrs del ítem 1.
- Analizada la correspondencia del PE N° 02 001 EC03 011040 N con la solicitud CTC 061-000149/01 en cuanto a la PA arancelaria y descripción del insumo importado y del producto exportado, resulta que tal permiso no descarga la mercadería correspondiente al DIT en trato. El ítem 1 del PE exporta la PA 3208.10.20.000W cuya descripción refiere a “Barnices –A base de poliésteres PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS”. El ítem 2 del PE exporta la PA 9603.30.00.000 Q cuya descripción es “-Pinceles y brochas para pintura artística, pinceles para escribir y pinceles similares para aplicación de cosméticos….”. Ninguno de los ítems del PE se corresponde con la PA ni con la descripción del producto contenida en la Solicitud CTC 061-000149/01.
- En lo que concierne al ítem 2 del DIT N° 00 001 IT16 000348 W, el servicio aduanero consideró en infracción la totalidad de la mercadería importada de 138,94 Kgrs., por entender que la PA del ítem 2 no se encuentra tipificada en la Solicitud CTC 061-000149/01. Efectuado un examen de la documentación, se observa que tal aseveración no resulta correcta.
- En la “Declaración jurada de insumos importados para la elaboración del producto a exportar” de la Solicitud CTC 061- 000149/01 se expresa que para el PRODUCTO A EXPORTAR NCM 9603.21.00 cuya descripción es “CEPILLO DENTAL” corresponde a 2 INSUMOS: insumo NCM 5404.10.90 descripción “Monofilamento de Nylon WT101 - 8MILS – 310 DECITEX” e insumo NCM 5404.10.90 descripción “Monofilamento de Nylon WT101 - 10MILS – 486 DECITEX”.
- Por medio del ítem 2 del DIT en trato se importó 138,94 Kgrs de la mercadería de la PA 5404.10.90.000W de “Los demás –Monofilamentos MONOFILAMENTOS SINTETICOS DE 67 DECITEX O MAS Y CUYA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL NO EXCEDA DE 1 mm; TIRAS Y FORMAS SIMILARES (POR EJEMPLO: PAJA ARTIFICIAL) DE MATERIAL TEXTIL SINTETICA, DE ANCHURA APARENTE O INFERIOR O IGUAL A 5 mm”.
- En relación al ítem 2 del DIT involucrado, la Solicitud CTC 061-000149/01 ampara el insumo importado y el producto exportado bajo las posiciones arancelarias y la descripción conforme se especifica en el DIT y en los permisos de embarque N° 01 001 EC03 024727 N, 02 001 EC03 003063 T y 02 001 EC03 011042 P obrantes en las act. adm. - Por el PE N° 01 001 EC03 024727 N se exporta mercadería de la PA 9603.21.00.900M descripción “Los demás –Cepillos de dientes...”. En la hoja complementaria se consigna la descarga del DIT N° 00 001 IT16 000348 W ítem 2.2 “WT101.008” de 15,04 Kgrs.
- Por el PE N° 02 001 EC03 003063 T se exporta mercadería de la PA 9603.21.00.290D descripción “Los demás, Los demás de caucho o de plástico, incluso con montura de otras materias –Cepillos de dientes…”. En la hoja complementaria se consigna la descarga del DIT N° 00 001 IT16 000348 W ítem 2.2 de 59,94 Kgrs.
- Por el PE N° 02 001 EC03 011042 P se exporta mercadería de la PA 9603.21.00.900M descripción “Los demás –Cepillos de dientes...”. En la hoja complementaria se consigna la descarga del DIT N° 00 001 IT16 000348 W ítem 2.1 “WT101” de 8,61 Kgrs. e ítem 2.2 “WT101.008” de 6,94 Kgrs, es decir, un total de 15,55 Kgrs.
- Véase que a través del ítem 2 del DIT referenciado se importó Monofilamentos sintéticos de 67 decitex o más. La Solicitud CTC refiere a los “monofilamentos de Nylon WT101 - 8MILS – 310 DECITEX” y “Monofilamento de Nylon WT101 - 10MILS – 486 DECITEX”, es decir de más de 67 decitex. Los PE ut-supra mencionados descargan “WT101” y “WT101.008”, de conformidad a lo detallado en la Solicitud CTC.
- En consecuencia, a diferencia de lo que asevera el servicio aduanero, la Solicitud CTC 061-000149/01 sí tipifica el ítem 2 del DIT en cuestión.
- Los permisos de embarque fueron oficializados con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado.
- En lo que respecta a la nacionalización solicitada por la firma a fs. 1 de las act. adm, cabe destacar que la solicitud fue formulada el 10/11/2003 una vez operado el vencimiento del DIT en trato.
- En lo relativo a las mermas invocadas por la importadora, la solicitud CTC 061-000149/01 señala que las mermas son 0,00%.
- En cada uno de los permisos de embarque obra la correspondiente hoja complementaria de descarga en la que se especifica: N° de DIT, Aduana, fecha de vencimiento, cantidad de insumos descargados y CIF total.
Que, siguiendo el criterio expuesto, elaboro un cuadro de descarga del DIT en trato que se agrega en anexo como archivo embebido y forma parte integrante del presente voto.
Que en tal entendimiento, cabe concluir que la cantidad de mercadería en infracción asciende a 56,73 Kgrs. del ítem 1 y a 48,41 Kgrs. del ítem 2, lo que arroja un total de 105,14 Kgrs.
Que como consecuencia de lo expuesto, se ha configurado la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., y el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería previsto en el art. 274 del C.A., por lo que corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera en cuanto condena a la importadora por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, al pago de una multa la que se fija en la suma de pesos tres mil novecientos ochenta y cuatro ($3.984.-).
XI. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, en cuanto a la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, corresponde estar a lo dispuesto en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017. Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A.
(TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería.
En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
XII. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en los Considerandos anteriores. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 131 de las actuaciones administrativas. Liquidación de Tributos DIT N° 00 001 IT16 000348 W ITEM 1 RUBROS % VALOR EN ADUANA 5.783,08 DERECHOS IMPORTACION 17,50% 1.012,04 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 28,92 BASE IMPONIBLE IVA 6.824,03 IVA 21,00% 1.433,05 TOTAL PESOS 2.474,00 ITEM 2 RUBROS % VALOR EN ADUANA 3.432,61 DERECHOS IMPORTACION 18,50% 635,03 TASA DE ESTADISTICA 0,50% 17,16 BASE IMPONIBLE IVA 4.084,80 IVA 21,00% 857,81 TOTAL PESOS 1.510,00 TOTAL TRIBUTOS PESOS $ 3.984,01 XIV.- Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora. La póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la aseguradora es la N° 236.522 extendida por la firma “Chubb de Fianzas y Garantías S.A. Compañía de Seguros.” en fecha 27/07/2000, por la suma de U$S 9.100, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada mediante el DIT involucrado. (Ver la documentación del referido DIT y la copia certificada de la póliza de caución en cuestión, obrantes a fs. 6 de las act. adm. y a fs. 165/173 de autos).
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XV. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza N° 236.522 esto es U$S 9.100, en la relación $ 1 = U$S 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, póliza emitida el 27/07/2000).
XVI. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que el importe nominal de los tributos queda ampliamente comprendido dentro de los U$S 9.100 (en la relación $ 1 = U$S 1, con más el CER) dados en garantía por la aseguradora; por lo que es por ese importe de $3.984.- que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XVII. Que en lo referente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la importadora fue notificada el 22/10/2007 mientras que la aseguradora fue notificada el 23/10/2007 (fs. 26 y 27 de las act. adm.). Por lo tanto los intereses corren, desde el 06/11/2007, hasta el efectivo pago (art. 794 del C.A.). Que sobre los tributos que se confirman corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del C.A., aclarando que la aseguradora responde por la mora de la tomadora, hasta la fecha de efectivo pago.
XVIII. Las costas se imponen en cuanto a la multa conforme los respectivos vencimientos entre la importadora y la demandada, y respecto de la exigencia tributaria conforme los respectivos vencimientos entre las coactoras y la demandada.
Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 dictada en la Actuación N° 12195- 143-2005, en cuanto condena a la importadora LABORATORIO ARRAYANES S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa, que se fija en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-).
2. Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art. 5°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora LABORATORIOS ARRAYANES S.A. y garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 06/11/2007 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Sin perjuicio del criterio que sostengo respecto de la naturaleza jurídica de la relación entre el servicio aduanero y las compañías aseguradoras, adhiero a la solución adoptada por el Vocal preopinante en cuanto al fondo de la cuestión debatida.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución DE PRLA N° 5996/2010 dictada en la Actuación N° 12195- 143-2005, en cuanto condena a la importadora LABORATORIO ARRAYANES S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa, que se fija en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-).
2. Confirmar parcialmente respecto de las coactoras el art. 5°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que las coactoras importadora LABORATORIOS ARRAYANES S.A. y garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. adeudan en concepto de tributos la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($3.984.-), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A., a partir del 06/11/2007 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2026.06.05 17:56:37 ART Date: 2026.06.10 12:58:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.10 13:05:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.10 13:06:59 -03:00
Fin de la sentencia