Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VIII.- del voto de la Dra. Sarquis.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 004419 R, en la Actuación N° 12039-1667-2007 – ADGA N° 603.091/2004 conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-84189993-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 31 de Agosto de 2026 CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados: “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 27.180-A y su acumulado caratulado: “PRYSMIAN ENERGÍA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 27.235-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 9/12vta. se presenta por apoderado la firma CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5784/2009 dictada en la Actuación N° 12039-1667-2007 mediante la cual se condenó a la firma PIRELLI CABLES S.A.I.C. por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, intimando a su parte a abonar la suma de $ 34.689,72 en concepto de tributos con más el CER. Relata los antecedentes que dieron origen a la causa. Expresa que en la medida de que el servicio aduanero posea alguna póliza de seguro de caución emitida por la compañía solo deberá responder, en caso de que la firma importadora no se haga cargo de las obligaciones, hasta la suma máxima asegurada. Analiza que la mercadería importada por el DIT N° 98 001 IT14 004419 R coincide con el insumo tipificado en el CTC y que la falta de coincidencia entre las posiciones arancelarias puede obedecer a diferentes motivos, pero que finalmente la Secretaria de Industria tipifica productos no posiciones arancelarias. Asegura que la cuestión en juego es meramente formal y no puede dar lugar a una imputación infraccional de naturaleza penal. Considera que la presente situación de duda debe ser interpretada a favor del administrado. Postula que, tal como fue manifestado por la importadora, la mercadería en cuestión fue reexportada en tiempo y forma, motivo por el cual no se ha configurado el hecho imponible y no corresponde el pago de tributos. Por último, solicita la agregación de la póliza de caución, instrumento que resulta necesario para reclamar el pago de los tributos a la aseguradora. Ofrece prueba y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. ref. 41/45 se presenta la firma PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.
(antes PIRELLI CABLES S.A.I.C.) e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5784/2009 dictada en la Actuación N° 12039-1667-2007 mediante la cual se la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA al pago de una multa de $ 21.743,37 y se la intimó a abonar la suma de $ 34.689,72 en concepto de tributos con más el CER. Argumenta que al momento de contestar la vista en sede administrativa adjuntó copia del DIT N° 98 001 IT14 004419 R y de los permisos de embarque mediante los cuales se reexportó el material ingresado a través del despacho referenciado. Recalca que, más allá de cualquier eventual error en la PA de la mercadería declarada, de la documentación acompañada por la firma como así también de la documentación obrante en la DGA y en la Secretaría de Industria y Comercio, surge que la empresa exportó los insumos importados antes del vencimiento del plazo otorgado (Decreto N° 1554/86). Pone de relieve que el propio servicio aduanero no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en el trámite de las actuaciones, al no acompañar los permisos de embarque peticionados por haberse superado el pazo de su conservación (fs. 93 act. adm.). En lo concerniente al CER, asevera que la ley 25.561 no estableció ninguna relación entre los administrados y el Fisco nacional dado que las deudas pendientes con el fisco nacional estaban expresadas en pesos, en virtud de la paridad cambiaria vigente por la ley de convertibilidad 23.928. Concluye que el art. 99 inc. 3 de la CN veda el dictado de DNU en materia tributaria y penal, por lo tanto, el Decreto N° 214/2002 resulta violatorio del principio de legalidad. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 61/65 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. Expone que el CTC no es la única y determinante prueba a aportar, mucho menos con fotocopias simples y con declaraciones de posiciones arancelarias y descripciones de productos diferentes, lo que no constituye un error meramente formal. Precisa que la exigencia de cumplimentar con la reexportación de la mercadería o su regularización dentro del plazo otorgado por la Aduana constituye una ineludible obligación del importador que permite la razonable posibilidad de constatación del debido cumplimiento del régimen de beneficio al que voluntariamente se acogió. Pone de resalto que la firma no cumplió con sus obligaciones conforme la normativa dado que no solo acompañó un CTC incorrecto sino que las copias de los PE no son certificadas y no contienen las referencias necesarias tales como numero de DIT (aduana de registro – dígito), clase, y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
IV. Que a fs. 48 se resuelve acumular el expediente N° 27.235-A al que lleva el N° 27.180-A. A fs. 66 se abre la causa a prueba que se produce a fs. 81/88 y fs. 90, 111, 117. A fs. 131 se cierra el período probatorio. A fs. 142 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 143 y 168 se ponen para alegar agregándose a fs. 173/176 el alegato presentado por la actora Chubb Argentina de Seguros S.A., a fs. 177/181vta. el alegato presentado por el Fisco Nacional y a fs. 182/186 el alegato presentado por la coactora Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. (antes Pirelli Cables S.A.I.C.). A fs. 188 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la Actuación N° 12039-1667-2007 – ADGA N° 603.091/2004 se inicia con el acta denuncia N° 947/07 contra la firma PIRELLI CABLES S.A.I.C. por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto del DIT N° 98 004 IT14 004419 R cuyo vencimiento operó el 17/07/1999. A fs. 3 obra la carpeta del DIT referenciado con su documentación complementaria. A fs. 5, el 17/09/2004 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. A fs. 7 se procede a la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 7vta., el 31/01/2005 se gira el expediente la Sec. Act. N° 4 del Depto. Procedimientos Aduaneros. A fs. 8 se practica determinación de tributos y multa. A fs. 8vta., el 02/02/2005 se pasan las actuaciones al contador de la dependencia a fin de que, en caso de corresponder, proceda a suscribir la liquidación de fs. 8, quien suscribe a fs. 9. A fs. 14, el 04/05/2005 se corre vista a la imputada en los términos del art. 1101 del CA y se cita CHUBB DE FIANZAS Y GARANTIAS en carácter de garante de la obligación tributaria. La aseguradora se notificó el 23/06/2005 mientras que la importadora el 01/08/2005 (fs. 89 y 90 respectivamente). A fs. 18/19 la garante formula descargo. A fs. 20/80 se agregan copias oficiales de CTC y permisos de embarque y de la Nota presentada por PIRELLI CABLES SAIC ante el servicio aduanero en fecha 30/08/1999 en la que solicita la aprobación para llevar a cabo la cancelación de los DIT allí referenciados. A fs. 87/88 la importadora formula impugnación. A fs. 91 se apertura la causa a prueba. A fs. 93 se emite la Nota N° 3544/07 (DV REEX) que hace saber que se ha superado el plazo de conservación de los PE solicitados. A fs. 101/102 la importadora acompaña en sobre copias certificadas de los permisos de embarque. A fs. 104 la Nota N° 4318/09 (SE PRTE) informa que la totalidad de la mercadería se encontraría en infracción toda vez que el CTC involucrado no tipifica el insumo importado. A fs. 111/113 se glosan prints de pantalla de consulta al registro de infractores. A fs. 114/117 se dicta la Resolución DE PRLA N° 5784/2009 que se notifica a la aseguradora y la garante en fechas 12/11/2009 y 24/11/2009 (fs. 120 y 121).
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 98 004 IT14 004419 R, registrado por la firma importadora PIRELLI CABLES SAIC, ante la Aduana de Bs. As., el 20/07/1998, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 17/07/1999.
VII. Que, previo a todo, debo señalar que, de la compulsa de las actuaciones administrativas, surge que no procede la acción intentada por el Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 5 de las act. adm.).
Que sin perjuicio de que la nulidad del auto de apertura de sumario y la consecuente prescripción no forma parte del elenco de los agravios esgrimidos por las corecurrentes, corresponde su tratamiento de oficio, toda vez que nos encontramos frente a una cuestión de orden público, que se produce de pleno derecho.
Que si bien no se desconoce la existencia de algunos precedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en relación a la imposibilidad de que este Tribunal declare la invalidez del auto de apertura sumarial, si la cuestión no fue planteada como agravio (vg. Sala II, La Perseverancia Seguros S.A (TF 28265-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo, 18/04/2024) entiendo que la mentada declaración de oficio no equivale al dictado de una resolución “extra petita”.
Que es claro que el principio de congruencia tiene su correlación con el de iura novit curia. Así lo ha explicado la CSJN: “El principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), pero que no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit.” (Fallos 337:1142).
Que en efecto, los principios antes citados, lejos de ser opuestos, deben interpretarse en forma armónica y complementaria, en tanto no se está incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regula al respecto, es decir, subsumir el hecho en la norma jurídica. Que en lo que hace a temas sustanciales que traducen el control de legalidad sobre el procedimiento y del imperio del principio de juridicidad que debe ser su norte -por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. o la prescripción - no se trata de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos que operan de pleno derecho, más allá de ser o no alegados.
Que no debe confundirse el “objeto del proceso” conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligan a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos.
En efecto, el procedimiento es el que rige la “forma” en que deben actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias.
Que esto se vincula directamente con el estricto respeto al principio de juridicidad que debe ser presupuesto necesario del accionar estatal (Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo (Laura MONTI – Colaboradora), Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada. La Ley, Buenos Aires, Tomo I, 2003) y que cabe al operador jurídico controlar que el procedimiento sea llevado en legal forma.
Que, a mayor abundamiento, el procedimiento se caracteriza por su carácter objetivo, traducido en la defensa de la norma jurídica, con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo, por ello es que hay un cierto interés público en su sustanciación. (Cfr. GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, Tomo IV, 1ª Ed. Buenos Aires, F.D.A., 2016)
Ello así, toda vez que, tal como a continuación se analizará, el auto de instrucción de sumario careció de la liquidación de tributos, que fue formulada con posterioridad al vencimiento de los plazos prescriptivos.
VIII. Que no es ocioso destacar la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A., la cual se explica en que consiste en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostra la realización de un acto ilícito.
Que consentir su cumplimiento parcial implica postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no puede desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, es una falla en el procedimiento que conculca el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio y como tal una nulidad absoluta que no puede soslayar el operador jurídico.
Que cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa "La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años" comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;...”. Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que a fs. 5 del sumario administrativo antecedente de estos autos obra el auto de apertura del sumario de fecha 17/09/2004.
Que de su compulsa resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto, en tanto, no se ha efectuado la liquidación de tributos. Que, en efecto, el auto de apertura de sumario de fecha 17/09/2004 se limita a disponer la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. (fs. 5 act. adm.)
Que a fs. 7 se procede a la clasificación y valoración de la mercadería en cuestión, circunstancia que tuvo lugar entre el 17/09/2004 y el 21/10/2004 (conforme constancias de fs. 6 y fs. 7vta.).
Que a fs. 8 sin fecha se practica la determinación de tributos y multa, que de acuerdo a las constancias de la causa se produjo entre el 31/01/2005 y el 02/02/2005 (de acuerdo a fs. 7vta. y fs. 8vta). Es decir, que la liquidación fue realizada con posterioridad a la instrucción del sumario.
Que corresponde resaltar que lo actuado en autos ha sido en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a liquidar los tributos que correspondan, circunstancia que tuvo lugar con posterioridad a la instrucción.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 17/09/2004 -obrante a fs. 5 de las act. adm.-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, por estar en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094 ya citado.
Que, en orden a lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario de fecha 17/09/2004, carece de aptitud para suspender y/o interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas y perseguir el cobro de tributos en los términos de los arts. 937 inc. a) del C.A. y 805 inc. a) del C.A.
Que por lo tanto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/07/1999 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2000, en los términos de los arts. 935 y 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2004, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 17/09/2004, por las razones ya expresadas precedentemente.
Que, teniendo en cuenta que la liquidación de tributos tuvo lugar entre el 31/01/2005 y el 02/02/2005 (fs. 7vta. y fs. 8vta), cabe advertir que la referida liquidación de tributos fue practicada una vez operada la prescripción.
Que, a mayor abundamiento, la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 5 de las act. adm., atento a que ella se dispuso en fecha 04/05/2005 (ver a fs. 14 de las act. adm.), una vez operada la prescripción. Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM.
c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señaló que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. Sostuvo que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C.A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”.
Dicho criterio fue mantenido en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/04/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15/03/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayo acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada)”.
Que a mayor abundamiento, en recientes precedentes, la Cámara antes citada ha reafirmado la importancia del auto de apertura de sumario y la necesidad de que éste cumpla con todos los requisitos del régimen legal. (Sala I, "Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. –TF 33562-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo, 3/11/2022", Sala I, Federal Express Corporation (TF 30584-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo, 11/10/2022).
Que también ha puntualizado que “…las exigencias normativas no comportan…una mera referencia o arbitrio susceptible de ser soslayado a voluntad por el operador; por el contrario, los recaudos contenidos en el precepto analizado deben ser cumplidos como requisitos de validez de la apertura sumarial, pues una interpretación contraria importaría lisa y llanamente vaciar de contenido a la norma, temperamento que resulta claramente inadmisible.” (CNCAF, Sala II, “SA Marítima y Comercial JR Williams (TF 27.600-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 12/03/2024.
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de instrucción de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 004419 R, con costas a la DGA.
IX. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por las coactoras.
Por ello, VOTO POR:
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VIII.- de la presente.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 004419 R, en la Actuación N° 12039-1667-2007 – ADGA N° 603.091/2004 conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en el voto de la Dra. Sarquis, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADO- RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, de las constancias de autos se desprende que el vencimiento de la destinación suspensiva de importación temporaria denunciada por el servicio aduanero tuvo lugar el 17.07.1999. Sin embargo, recién el 17.09.2004, es decir, luego de un lapso cercano a cinco años caracterizado por una absoluta e injustificada inactividad administrativa, se dictó el auto de apertura del sumario y, con fecha 04.05.2005, se confirió la correspondiente corrida de vista. A su vez, la resolución que puso fin al procedimiento en sede administrativa fue emitida el 08.07.2009, esto es, a casi diez años del vencimiento de la destinación temporaria.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Por lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución DE PRLA N°5784/2009, dictada en la Actuación N°12039-1667-2007.
2. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
1. DECLARAR LA NULIDAD del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el Considerando VIII.- del voto de la Dra. Sarquis.
2. DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 98 001 IT14 004419 R, en la Actuación N° 12039-1667-2007 – ADGA N° 603.091/2004 conf. arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2026.08.31 14:35:10 ART Date: 2026.08.31 17:28:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.31 20:23:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.31 20:23:37 -03:00
Fin de la sentencia