Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución nº 8413/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 12041-571-2004 respecto de la aquí actora, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT 01 001 IT15 000905 V asciende al importe de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($19.701,4), con más los intereses devengados desde el 18/11/2011 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CUARENTA U UN MIL DOLARES O PESOS (u$s o $41.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago -monto asegurado mediante la póliza n° 278022- o el importe de los tributos, si este último resultare menor, siendo que en el caso no cabe duda que la deuda tributaria queda comprendida dentro del monto asegurado mediante la póliza en trato. Ello con más los intereses devengados sobre dichos rubros desde el 18/11/2011, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3En relación a los rubros de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, costas conforme los respectivos vencimientos las que resultan en un 12% a cargo de la actora y en un 88% a cargo al fisco.
4Denunciado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T y la posición que reviste frente al I.V.A., se regularán sus honorarios.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11817251-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 En Buenos Aires se reúnen los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A c/ DGA s/ recurso de apelación”; expte.
Nº 31.521-A”
El Dr. Licht dijo:
I. En el caso se trata de resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 8413/2011, dictada en el Expte. SIGEA Nro. 12041-571-2004, en cuanto, por su artículo 3° condena a la quí actora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., al pago de la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($164.804,54) en concepto de tributos adeudados.
II. A fs. 9/14 y vta., la actora se presenta, formula una síntesis de los antecedentes del hecho en cuestión y manifiesta que la mercadería fue reexportada mediante los permisos N° 01 008 EC03 3686 N, 3872 K, 3768 Y, 3498 Y y 3738 L. Aduce que la aduana no realizó todas las diligencias necesarias para investigar los hechos ni comprobó la existencia de una infracción aduanera. Sostiene que los permisos de embarque detallados se encuentran en poder del servicio aduanero y manifiesta que ésta no realizó acto alguno para que los mismos fueran agregados. Alega que como consecuencia de lo expuesto, es nula la resolución dictada por el servicio aduanero y solicita que se exima de costas ya que de haberse cumplido debidamente con el trámite del sumario, se hubiera evitado el presente recurso. Menciona que la Aduana- lejos de dictar la resolución condenatoria- debió ultimar los medios para obtener los permisos o los registros informáticos de los mismos y así poder determinar con certeza si la mercadería había sido reexportada o no. Aduce que no actuó de dicha manera por el simple motivo de actuar al filo de la prescripción. Argumenta que la misma es contraria a derecho puesto que la Aduana no ha explicitado los motivos ni puede sostener en autos que se ha configurado el hecho imponible. Sostiene que la falta de agregación, por parte del servicio aduanero, del original o copia certificada de la póliza -por ella emitida- impide a la DGA reclamarle el pago de los tributos que se le exigen. Alega error en la liquidación tributaria. Sostiene que dado que la mercadería era originaria y procedente del Brasil, no se garantizaron los derechos de importación ni la tasa de estadística y que ello ha sido debidamente acreditado con el instrumento previsto para ello correspondiendo que se reliquide el importe reclamado. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
III. A fs. 27/31, la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora. Manifiesta que la finalidad del Seguro de Caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Afirma que el Asegurador se obliga en virtud de las pólizas como un fiador solidario. Sostiene que según surge de las constancias del expediente, el importador no habría cumplido total y acabadamente con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria amparado por la solicitud de Importación Temporaria en trato, habiéndose configurado, en consecuencia, el siniestro que autoriza a su representada a reclamar el pago pertinente por parte de la Aseguradora. Sostiene que debería dejarse de lado el planteo efectuado en cuanto a que la “supuesta falta de presentación de la póliza” le permite eximirse de la responsabilidad que le compete. Manifiesta que la garantía esta activa y en estado afectada. Sostiene que la carga de la prueba recae sobre la importadora. Manifiesta que el Código Aduanero establece en su articulado que corresponderá aplicar el derecho de importación establecido por la norma vigente en la fecha del vencimiento del plazo para reexportar o cualquier otra violación de una obligación que se hubiere impuesto como condición esencial para el otorgamiento del régimen de importación temporaria. Arguye que el decreto 1439/96 regula el régimen legal de las importaciones temporarias determinando las condiciones que deberán cumplirse a fin de importarse temporariamente la mercadería al país para recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarla para consumo a otro país bajo la nueva forma resultante, dentro del plazo autorizado. Ofrece como prueba el Expte. Administrativo SIGEA 1241-571-2004 y solicita que sea confirmado el fallo aduanero apelado, con expresa imposición de costas.
IV. La actuación SIGEA N° 1204-571-2004 se inició el 12.10.04, con la denuncia realizada en la Aduana de Bs. As. por la presunta infracción tipificada y penada en el artículo 970 del C.A., en relación a las mercaderías documentadas mediante la DIT 01 001 IT15 000905 V cuya fecha de vencimiento fue el día 12/05/2002. A fs. 4/6 obran consultas de ITEM. A fs. 7 obra consulta de garantía global. A fs. 8, se agregó ensobrado el original del mencionado DIT y su documentación complementaria. A fs. 10, con fecha 27 de noviembre de 2006, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 12/15 luce la determinación de base de tributos y multa. A fs. 18 con fecha 13/8/2009, se corre vista de lo actuado a la firma importadora y se cita como garante a la aseguradora que queda notificada el 26/10/2009 conforme a fs. 22 de las actuaciones y el 28/10/2011 (ver fs. 58 y vta. de las aa), respectivamente. A 23/34 la firma importadora contesta vista y acompaña copia de un certificado de tipificación y clasificación. A fs. 50/54 acompaña la solicitud de certificado de tipificación y clasificación de la mercadería “CUEROS ENTEROS WET BLUE, SIN DIVIDIR”. A fs. 68/71 luce agregada la resolución 8413/2011 de fecha 21 de noviembre de 2011, aquí apelada.
V. A fs. 158 se elevan los autos a la Sala “F" y se ponen autos para alegar. Posteriormente pasan a sentencia. Primera cuestión Corresponde examinar el agravio esgrimido por la actora respecto a la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario. Ello así, como sostuve in re: “EX2019-91486944-APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-
97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras y máxime que no se trata de un acto de mero trámite, sino que es un acto administrativo interlocutorio, tanto es así que mis distinguidos colegas de sala han propiciado en otros precedentes la declaración de invalidez cuando su dictado no resultó precedido del cumplimiento de los requisitos esenciales (En tal sentido, "Vicente Luciano e Hijos SRL", expte N° 35.700-A, del 19/9/19; "Henkel Argentina S.A.", expte N° 35.406-A, del 10/10/19; "Algodonera Avellaneda S.A.", expte N° 35.593-A, del 2/10/19, Sala "F", entre otras).
La circunstancia de que el artículo 805 inc. a)- aplicable al caso- establezca que el curso de la prescripción se interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma - como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación con el caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 27/11/2006 (ver fs. 10 del expte. adm.) debe reputarse incompleto, en tanto no se advierte, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de la notificación del mismo a la actora en tanto esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento afecta la validez misma del acto.
En virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2003 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 12/5/2002, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2007 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 8413/11, aquí apelada, dictada el 21/11/11 (ver fs. 68/71 de las act.). En virtud de ello, corresponde a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos respecto al DIT n° 01 001 IT15 000905 V.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que de acuerdo a la posición sustentada por el suscripto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 35.294-A; al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.363-A, caratulado “DANCAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse en toda su extensión, considero que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que la DGA haya dictado el correspondiente auto de apertura del sumario, en tanto surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del “dictado” del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
II. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. ASI LO VOTO.-
El Dr. Gonzalez Palazzo dijo:
A la primera cuestión planteada por mi distinguido colega de grado, en tanto entiende que es menester la notificación del auto que dispone la apertura del sumario para dotarlo así de los efectos previstos en el art. 937 y 805 inc .a) del código de fondo, considero que nuestro Tribunal cimero –como bien lo destaca el Dr. Garbarino en “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario” finiquitó la prístina discusión introducida. Su académica introducción en el debate sólo puede generar un innecesario dispendio jurisdiccional que afecta al ya demorado objetivo de arribar a lo pretendido: la sentencia definitiva.
Por ello, y ciñéndome al thema decidendum, adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino en tanto entiende que corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 01 001 IT15 000905 V.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT 01 001 IT15 000905 V.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y, en lo que hace al caso en cuestión, si resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria respecto de la aquí actora.
II. No se encuentra controvertido en autos que mediante el referido D.I.T., se documentó por el ítem 1 la importación temporaria de 872 unidades de: “Enteros o medios, sin dividir Simplemente curtidos al cromo, en estado húmedo (“Wet-blue”)- Cueros y pieles de bovino, precurtidos de otro modo- Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos: CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS N°41.08 O 41.09.” y por el ítem 2, se importaron 43 unidades de “Enteros o medios, divididos con la flor Simplemente curtidos al cromo, en estado húmedo (“Wet-blue”)- Cueros y pieles de bovino, precurtidos de otro modo-Los demás cueros y pieles, de bovino o de equino, curtidos o recurtidos, pero sin preparación posterior, incluso divididos: CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE EQUINO, DEPILADOS, PREPARADOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDS N° 41.08 O 41.09.” al amparo del Decreto 1439/96.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería y dispuso la instrucción de sumario administrativo, cuyo trámite concluyó con el dictado del fallo aquí apelado, por el que se condenó al importador al pago de una multa y le formuló cargo por los tributos adeudados, los que también son reclamados a la firma aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria. Dicho pronunciamiento sólo fue recurrido por la aseguradora, a través del recurso que nos ocupa.
Cabe señalar que la no regularización en término de la mercadería ingresada temporariamente configura, prima facie, el ilícito previsto y penado por el art. 970 del C.A.
Se destaca así, que no se trata de una interpretación aduanera, sino que el requisito de reexportación en término está expresamente previsto en la norma y ello por cuanto el legislador, al regular el instituto de la importación temporaria, expresamente consideró que se trataba de un régimen en el que la mercadería quedaba sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla con anterioridad al vencimiento del plazo acordado (art. 250 del C.A.).
A fs. 47 y 68 lucen contestaciones de oficio de la aduna, la cual acompaña en dos sobres copias de los print de pantalla correspondientes a los permisos de embarque 01 008 EC03 003686 N, 01 008 EC03 003872 K, 01 008 EC03 003768 Y, 01 008 EC03 003498 Y, 01 008 EC03 003738 L y manifiesta que no agrega copias de los Permisos de Embarque debido a que han sido destruidos.
En atención a ellos y toda vez que de la compulsa de los presentes actuados y de las actuaciones administrativas traídas a despacho, no surge documental agregada o incluso adicional que acredite la reexportación en término de la mercadería importada por el DIT en cuestión, se concluye que resulta ajustada a derecho la resolución apelada en autos, en cuanto a la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
III. Sentado ello, corresponde señalar que además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a), y ap. 2, siendo responsables de su pago el importador y la aquí recurrente, en su carácter de garante.
En efecto, el importador de la mercadería bajo el régimen de importación temporaria garantizó el pago de tributos, exigibles como consecuencia de su eventual incumplimiento, conforme lo previsto en el art. 453, inc. c), del C.A., que prevé que el seguro debe cubrir los “eventuales” tributos que correspondieren para la importación para consumo y utilizó a ese fin el “seguro de caución” contemplado en el art. 455 del C.A.
El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado). Así, lo que se busca con este tipo de seguro es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549).
En definitiva, la Aduana ha determinado e intimado al pago de los tributos adeudados como consecuencia de que, al vencimiento del plazo de la destinación suspensiva de importación temporaria venida en cuestión, no se probó la regularización de la mercadería involucrada. La responsabilidad de la aseguradora por el pago de los tributos adeudados es consecuencia inmediata del incumplimiento del tomador del seguro y la falta de pago por parte del mismo, tal como ha sido expresamente asumido a través de la garantía o seguro de caución oportunamente otorgado.
Además, tratándose el seguro de caución de un contrato consensual, y en atención a la calidad profesional del asegurador, que lo obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden desconocer las consecuencias de las obligaciones libremente asumidas al otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios. Resulta adecuado recordar que uno de los supuestos típicos de aplicabilidad de esta doctrina, y quizás el más frecuente, lo constituye la pretensión dirigida a obtener la ineficacia de los actos jurídicos previamente respetados o convalidados.
IV. La actora sostiene que dado que la mercadería era originaria y procedente de Brasil, no se garantizaron los derechos de importación ni la tasa de estadística.
Atento a lo establecido ut supra y sumado a que la actora no acompañó ningún tipo de certificado que acredite dicho beneficio, este agravio debe ser rechazado.
V. Por la resolución aquí apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT de marras que incluyó entre otros, los concepto de Derecho Adicional decreto 1439/96, IVA, IVA adicional y Ganancias. Sobre el tema, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Consecuentemente, deben reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 35/38 de las actuaciones administrativas.
VI. No escapa a mi vista que la aduana reclama el importe de los tributos en moneda nacional y que al efectuar la liquidación tributaria a fs. 13/15 de las actuaciones administrativas pesificó los tributos al tipo de cambio vigente al vencimiento al D.I.T. (u$s 1=$3,25).
VII. Por todo lo expuesto se procede a efectuar la liquidación pertinente:
Liquidación de Tributos:
DIT 01 001 IT15 000905 V ITEM 1
Base imponible............................................................................. ... $50.788,15.- D. de importación 12.5%.........................................................$ 6.348,52.-
Tasa de Estadística 0,50%..................................................................$ 253,94.- Base imponible IVA....................................................................... $57.390,61.- IVA 21%................................................................................... .......... $12.052,02.- TOTAL TRIBUTOS RECLAMADOS: $18.654,48 por derechos de importación, tasa de estadística e IVA, ITEM 2 Base imponible............................................................................. ... $2.849,15.- D.de Importación 12.5%....................................................................$ 356.20.- Tasa de Estadística 0,50%..................................................................$ 14,25.- Base imponible IVA....................................................................... $3.219,60.- IVA 21%................................................................................... .......... $ 676,11.- TOTAL TRIBUTOS RECLAMADOS: $1.046,56 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA VIII.- En cuanto a la responsabilidad de la aquí actora, cabe señalar que mediante la póliza n° 278022, aseguró a la importadora hasta la suma de CUARENTA Y UN MIL DÓLARES (U$S 41.000) -ver fs. 135 y vta. de autos-, mientras que el monto debido en concepto de tributos asciende a DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($19.701,4), en ambos casos sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A. De ello se desprende que el importe reclamado en concepto de tributos queda comprendido dentro del monto asegurado por la póliza en cuestión.
IX. Por haber sido constituida en dólares la garantía aludida, con anterioridad a la sanción de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma al Régimen Cambiario, -ver fs. 135-, la misma resulta alcanzada por las prescripciones de dicha ley así como por las del decreto 214/02 del 3/2/2002, en particular sus arts. 4° y 8°, a efectos de la determinación de la equivalencia en moneda nacional, de las sumas expresadas en la respectiva póliza en dólares estadounidenses. Siendo así, el monto de la póliza expresado en dólares estadounidenses quedó convertido a pesos en relación $ 1 = u$s 1, con más la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (C.E.R.), establecido en la ley 25.713, aplicable a la fecha en que se efectúe el pago.
En virtud de lo expuesto, se advierte que el monto máximo que se le podrá exigir a la aseguradora es el que resulte al momento de pago, y se conformará de convertir el importe máximo de la póliza n° 278022 (u$s 41.000) en la relación $ 1 = u$s 1, con más el C.E.R. que corresponda aplicar el día de pago, o en su caso, el monto que aquí se confirma en concepto de tributos, que asciende a DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($19.701,4), siendo que en el caso no cabe duda que queda comprendido dentro del monto asegurado.
X. Por su parte, en el caso de autos, los accesorios comprometidos en la póliza son los intereses resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez días, contados desde 28/10/2011, vale decir, desde el 18/11/2011, siendo aquella la fecha en que la aseguradora se notificó de la corrida de vista del sumario a fs. 58 vta. de los antecedentes administrativos, conforme surge de aplicar lo dispuesto por el art. 794 del C.A. Por lo expuesto, voto por:
1. Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución nº 8413/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 12041-571-2004 respecto de la aquí actora, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT 01 001 IT15 000905 V asciende al importe de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($19.701,4), con más los intereses devengados desde el 18/11/2011 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CUARENTA U UN MIL DOLARES O PESOS (u$s o $41.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago -monto asegurado mediante la póliza n° 278022- o el importe de los tributos, si este último resultare menor, siendo que en el caso no cabe duda que la deuda tributaria queda comprendida dentro del monto asegurado mediante la póliza en trato. Ello con más los intereses devengados sobre dichos rubros desde el 18/11/2011, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3. En relación a los rubros de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, costas conforme los respectivos vencimientos las que resultan en un 12% a cargo de la actora y en un 88% a cargo al fisco.
4. Denunciado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T y la posición que reviste frente al I.V.A., se regularán sus honorarios.
El Dr. Pablo Adrián Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del juez preopinante.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero a lo propuesto por el Dr. Licht.
De conformidad con el acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución nº 8413/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación N° 12041-571-2004 respecto de la aquí actora, declarando que la obligación tributaria emergente del DIT 01 001 IT15 000905 V asciende al importe de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($19.701,4), con más los intereses devengados desde el 18/11/2011 hasta la fecha de su efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la actora es el de CUARENTA U UN MIL DOLARES O PESOS (u$s o $41.000), con más el CER aplicable a la fecha en que se efectúe el pago -monto asegurado mediante la póliza n° 278022- o el importe de los tributos, si este último resultare menor, siendo que en el caso no cabe duda que la deuda tributaria queda comprendida dentro del monto asegurado mediante la póliza en trato. Ello con más los intereses devengados sobre dichos rubros desde el 18/11/2011, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
2. Costas por su orden respecto a los rubros IVA adicional y adelanto de ganancias.
3. En relación a los rubros de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, costas conforme los respectivos vencimientos las que resultan en un 12% a cargo de la actora y en un 88% a cargo al fisco.
4. Denunciado que sea por el letrado de la actora su número de C.U.I.T y la posición que reviste frente al I.V.A., se regularán sus honorarios.
Regístrese, notifíquese, oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:09:15 -03:00 Date: 2022.02.07 15:29:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:52:27 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:52:28 -03:00
Fin de la sentencia