Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 33.929-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 dictada en la Actuación nº Nro. 12210-152- 2005, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.739,72), con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 07/04/2006 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
2Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-72789922-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Julio de 2025 apelación”, Expte. Nro. 33.929-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “Chubb Argentina de Seguros S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, Expte. Nro. 33.929-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 9/13 la actora, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 164/2011 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Act. Nro. 12210- 152-2005 en cuanto la intima, en su calidad de garante, al pago de la suma de $ 20.461,07 con más intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 00 073 IT14 2670G.
Hace referencia a los antecedentes del caso, y funda su recurso invocando el cumplimiento del régimen, de acuerdo a una presentación realizada por la firma importadora ante la aduana. Argumenta que el Servicio Aduanero no tomó en cuenta las exportaciones realizadas por “Autopack SRL”, por no contar con el CTC que la Secretaría de Industria debió haber emitido en el marco de la solicitud registrada bajo el Expte. nº 061- 016398/2000. Expresa que la mercadería ha sido reexportada en tiempo y forma, por lo cual no se ha configurado el hecho imponible y no corresponde pago de tributo alguno. Por otro lado, se agravia en cuanto a la falta de agregación de la póliza, siendo este el instrumento válido que acredite su responsabilidad. Expresa que la impresión de pantalla agregada no es suficiente. Por último, cuestiona la liquidación tributaria, en cuanto a la inclusión del derecho adicional. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución administrativa apelada, en cuanto ha sido objeto de recurso, con costas.
II. A fs. 30/39 la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido, niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Destaca que con relación a la garantía de la obligación tributaria, la póliza otorgada se extendió por aplicación del Régimen de Garantías normado por el CA, y que según se desprende del sumario contencioso, se cumplió con la obligación de informar a la aseguradora, a los efectos de garantizar su derecho de defensa. Expresa que la aquí actora no puede excusarse de su responsabilidad invocando actos, declaraciones u omisiones del tomador o del asegurado, ya que estas no afectan los derechos del asegurado frente al asegurador. Se refiere a las características del contrato de fianza. Cita jurisprudencia. Invoca el art. 274 del CA y aclara que en virtud de lo previsto por dicha norma, se formuló el cargo por los tributos correspondientes a la importación para consumo. Entiende que la contraria conocía al tiempo de garantizar el régimen vigente para la operación, por lo que debe responder con los mismos alcances y en la misma medida de la obligación tributaria del tomador del seguro. Destaca que según las constancias del sumario contencioso, el importador no cumplió con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen, habiéndose así, configurado el siniestro que autoriza a reclamarle el pago pertinente a la Aseguradora. Finalmente, ofrece prueba y solicita que se rechace en su totalidad el planteo formulado por la contraria confirmándose íntegramente la Resolución DE PRLA Nº 164/2011, con expresa imposición de costas.
III. A fs. 1 del expediente administrativo Nro. 12210-152-2005 obra la denuncia formulada por la presunta comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación al D.I.T Nro. 00 073 IT14 002670G. A fs. 3 se agrega la carpeta del despacho de importación involucrado. A fs. 7 obra liquidación de tributos. A fs. 12 obra determinación de base de tributos y multa A fs. 13 con fecha 02/03/2006, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista a la firma Autopack SA y se cita a la firma Chubb de Fianzas y Garantías SA Cia. de Seguros (póliza nº 259434) quedando notificada la importadora el 23/03/2006. A fs. 24 contesta vista la firma importadora. A fs. 25/36 obra documentación con la cual se cancelaría la DIT involucrada. A fs. 37 luce cedula de notificación dirigida a la aseguradora, del auto de fecha 02/03/2006, que fuera notificado el 06/04/2006. A fs. 38/42 la Aseguradora contesta vista. A fs. 44 mediante la Nota 013324/06 (SE PTEZ) se informa que “no es posible efectuar la descarga con respecto a la destinación 00 073 IT14 002670G”. A fs. 53/54 se dicta la Resolución apelada en la causa.
IV. A fs. 40 se abre la causa a prueba. A fs. 178 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”, y a fs. 184 se pasan para alegar. A fs. 187/190 se glosa el alegato de la actora y a fs. 194/195 el del fisco nacional. A fs. 197 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT Nro. 00 073 IT14 002670G, registrado por la firma importadora AUTOPACK S.A. ante la Aduana de Ezeiza, el 20/12/2000, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 15/12/2001.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SOC Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 00 073 IT14 002670 G, oficializado el 20/12/2000 y con vencimiento de plazo de permanencia el 15/12/2001, la actora importó la siguiente mercadería: 16.000 metros cuadrados de mercadería amparada bajo la PA 3919.10.00.190W “Los demás De polietileno – en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS.
Que el servicio aduanero formuló denuncia por falta de CTC, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución 72/92.
Que al contestar la vista del art. 1101 del CA, la importadora manifestó haber cancelado la destinación denunciada mediante la documentación que luce agregada a fs. 26/36 de las actuaciones administrativas (copias de DDJJ, copia de un CTC, PE 01 07EC03 001387L y 01 07 EC03 00433C).
Asimismo, la aquí actora (aseguradora) al contestar la vista solicitó que el servicio aduanero agregue copia certificada de la póliza en virtud de la cual se le notifica la vista conferida, y señaló que la mercadería involucrada habría sido reexportada en su totalidad mediante los PE 01 07EC03 001387L y 01 07 EC03 00433C.
Que sin embargo, a través de la Nota N° 013324/06 (SE PTEZ) obrante a fs. 44 de las act. adm., la Aduana informó que “… no resulta posible efectuar la descarga con respecto a la destinación 00 073 IT14 002670G, debiendo contarse necesariamente con el certificado de tipificación correspondiente”.
Que de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de la totalidad de la mercadería amparado por la DIT N° 00 073 IT14 002670 G.
Que al interponer recurso ante esta instancia, la aseguradora solicitó se libre oficio a la Secretaría de Industria a fin de que remita el CTC emitido en el marco del expte 061-016398/00.
Que producida la prueba en autos, tras una exhaustiva búsqueda de la Solicitud de CTC nº 061-016398/00, la Dirección de Exportaciones finalmente informó “que esta repartición no cuenta con información por usted requerida. Se le hace saber que han transcurridos los plazos mínimos de conservación y guarda conforme la Resolución E 44/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa”.
IX. En el marco de lo expuesto, corresponde analizar los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis. Cabe aclarar que para el análisis de la documentación, se cuenta con el original del DIT involucrado en autos (fs. 3 de las Act. Adm), DDJJ (fs. 26 de las Act Adm), copia de los PE 01 073 EC03 00433C y 01 073 EC03 001387L (fs. 29/36 de las Act. Adm.), Solicitud de CTC incompleta – (fs. 27 de las Act. Adm).
Que del análisis de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y sin perjuicio de la prueba producida en esta instancia, no luce agregado el CTC definitivo, ni obra copia completa de la solicitud de CTC - no se ha acompañado su Anexo-, siendo dichos elementos fundamentales para acreditar la relación Insumo - Producto de la mercadería importada temporalmente y la exportada. Como consecuencia de ello, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legales previstos al respecto (arts. 274 y 970 del CA). Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
X. Que sentado lo precedente procede revisar la determinación de la deuda tributaria reclamada en autos. Que, corresponde expedirse respecto de la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual resultó motivo de agravio por parte de la actora aseguradora en su recurso de apelación.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
XI. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”. Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos de la mercadería en infracción, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 12 de las actuaciones administrativas.
Liquidación de Tributos DIT nº IT14 2670-G/2000 RUBROS % VALOR EN ADUANA 19.839,53 DER. IMPORTACION 18.5% 3.670,31 TASA DE ESTADISTICA 0.5% 99,20 FACTOR DE CONV 0.0513% 10,18 BASE IMPONIBLE IVA 23.619,22 IVA 21% 4.960,03 TOTAL $ 8.739,72 XIII.- Que corresponde ahora expedirse sobre la responsabilidad de la compañía aseguradora.
Cabe destacar que el cuestionamiento de la actora relativo al hecho de que la Aduana no hubiere glosado la póliza de caución por la que se le intima el pago de tributos, carece de sustento al obrar dentro del sobre de la DIT – ver fs. 3 del las Act. Adm – una copia de la Póliza nº 259.434, y de la que resulta que fue emitida por la firma “Chubb de Fianzas y Garantías SA Compañía de Seguros” con fecha 13/12/2000 para garantizar las obligaciones emergentes del DIT Nro. IT14 002670-G hasta la suma de U$S 22.000, en concordancia con lo que surge de la impresión de pantalla de fs. 50 de las Act. Adm., de la cual surge el estado “AFECTADA” de la póliza y con vencimiento al 15/12/2001.
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la Aduana asegurada) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XIV. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza nº 259.343, esto es U$S 22.000, en la relación $1 = U$S 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1= $1, en los términos del art. 8 del Dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art 4 dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, póliza emitida el 13/12/2000).
XV. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la aseguradora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite, los accesorios que correspondan. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Por ende, respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que el importe nominal de los tributos queda ampliamente comprendido dentro de los U$S 22.000 (en la relación $1 = U$S 1, con más el CER) dados en garantía por la aseguradora; por lo que es por ese importe de $ 8.739,72 que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicional los correspondientes accesorios.
XVI. Que en lo referente a los intereses, la jurisprudencia es pacífica respecto de que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal (cfr. art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), y también, por los intereses de su propia mora, cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal. En el caso de autos, la importadora se notificó el 23/03/2006 y la aseguradora fue citada el 06/04/2016 (fs. 37 de las act. adm). Por lo tanto los intereses corren, desde el 07/04/2006, vencido del plazo de diez (10) días computados a partir de la fecha de la notificación de la corrida de vista (art.794 del C.A.).
Que sobre los tributos que se confirman corresponde el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del C.A., aclarando que la aseguradora responde por la mora de la tomadora, hasta la fecha de efectivo pago.
XVII. Que en relación a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos. Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 dictada en la Actuación nº Nro. 12210-152- 2005, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.739,72), con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 07/04/2006 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a la imposición de costas dispuesta en el punto 3 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación al Derecho Adicional, las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (03/02/2011).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 dictada en la Actuación nº Nro. 12210-152- 2005, en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.739,72), con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 07/04/2006 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
2. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 164/2011 apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden. Regístrese, notifíquese a la actora “Chubb Argentina de Seguros SA” en el CUIT 20-18110621-3, y al fisco nacional en el CUIT 27-27648097-4, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.07.04 14:53:46 ART Date: 2025.07.04 18:02:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.04 21:08:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.04 21:08:58 -03:00
Fin de la sentencia