Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 24010-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco y confirmar la decisión del 20.10.2023 en todo cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2Confirmar las regulaciones de honorarios de fs. 116/117 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del doctor Benítez Cruz del modo en que surge del considerando 5º, sexto párrafo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 12.974/2024/CA1 “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24010-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 97/98vta., la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso que interpuso Chubb de Finanzas y Garantías SA Compañía de Seguros. En consecuencia, revocó la resolución DEPRLA 8535/07 del 27.11.2007, por la que se había condenado a la empresa Alpargatas Calzados SA al pago de una multa de $11.249 por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero y, asimismo, formulado un cargo por tributos adeudados a la imputada y a la aseguradora por la suma de $12.580,08, con más sus intereses (v. fs. 5/6vta.).
Para decidir de esa forma, tras efectuar un pormenorizado relato de los hechos que dieron origen a la causa, señaló que la empresa aseguradora había planteado que la pretensión del Fisco Nacional carecía de sustento por no haberse acompañado la respectiva póliza de seguro de caución Nº 133076, mediante la cual se garantizaron los tributos de la importación para consumo de la mercadería importada temporalmente mediante la DIT Nº 3317-2/97.
Refirió que, como dicho documento no se encontraba agregado a las actuaciones administrativas, a fs. 31 se había ordenado librar un oficio al servicio aduanero para que acompañara la póliza o una copia certificada; y que, mediante la contestación de oficio de la Sección Garantías de dicho organismo, comunicó que ella había sido desafectada y destruida, de acuerdo a la establecido por la disposición AFIP 455/98 y el decreto 1571/81, con autorización del Archivo General de la Nación, dado que había vencido el plazo para su conservación (v. fs. 42).
Por otra, parte destacó que del print de pantalla de consultas de garantías obrante a fs. 38 no surgía su estado y se informaba error en cuanto al importador y al despachante.
Teniendo en cuenta lo antedicho, puso de resalto que atento a que la obligación contraída por la aseguradora provenía de un vínculo convencional y no directamente de una norma legal, “…ante la carencia por parte del Fisco (acreedor) del título en que se documenta la existencia y alcance de dicha obligación (póliza de caución), mal puede exigir el cumplimiento de la misma…” (v. cons. VII, primer párrafo). Sostuvo que si el 02.10.2008 el servicio aduanero había destruido la póliza 133076, no podía posteriormente ir en contra de sus propios actos, como ocurrió en el caso. Y añadió que la demandada no había solicitado la póliza al área correspondiente y que la vista del sumario había sido corrida el 29.03.2007, es decir antes de la destrucción del documento (v. cons. VII, segundo párrafo).
En resumen, concluyó que, dada la falta de conservación de tal documento, por el cual se podían invocar derechos contra la aseguradora, el cumplimiento de la obligación de garantía respecto de ésta no podía ser exigido.
A su vez, por resolución del 29.12.2023, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló en $182.362 (con más $38.508 en concepto de IVA), los honorarios profesionales del doctor Enrique Benítez Cruz, por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso como letrado apoderado y patrocinante de la actora, en los términos de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 (v. fs. 116/116vta.).
Reguló también los emolumentos del citado profesional por su trabajo en la tercera etapa del proceso, en 3 UMA (equivalentes a $91.686), con más la suma de $19.254 en concepto de IVA, en los términos de los arts. 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 51 y 52 de la ley 27.423.
2. Que, disconforme con el resultado del fondo de la cuestión, el Fisco Nacional interpuso y fundó su apelación el 06.12.2023 y el 28.12.2023, respectivamente (v. fs. 1111 y 113/114), que fue replicada por la actora a fs. 128/133.
Por su parte, el doctor Benítez Cruz –letrado de Chubb Argentina de Seguros SA– dedujo recurso apelación a fs. 122 contra la regulación de honorarios de fs. 116/116vta., por considerarlos bajos.
3. Que, en sustancia, el demandado sostiene que el TFN no fundó su sentencia de manera congruente, toda vez que revocó la resolución administrativa en su totalidad e introdujo argumentos de forma, concernientes a la exigibilidad de la póliza de la aseguradora “… sin referir en ninguna de sus motivaciones a las cuestiones de fondo (cargo tributario e infracción) cuyo responsable principal es la firma importadora…” (v. fs. 113vta., primer párrafo). En suma, dice que la decisión es arbitraria e infundada y debe ser dejada sin efecto.
Además, respecto a la admisión del recurso de la actora por falta de agregación del original o copia de la póliza de caución, menciona que se debe dejar sin efecto lo resuelto porque, a partir de la ley 27.446 (v. arts. 7º y ccdtes., así como sus antecedentes leyes 25.506, 26.685 y sus respectivas reglamentaciones), las constancias informáticas emitidas por la Administración Pública Nacional hacen plena fe por sí mismas. Más aún, cuando se está haciendo referencia en el caso a impresiones extraídas del Sistema Informático María (actual Sistema Informático Malvina, v. fs. 38 de las actuaciones administrativas) por el que se rige toda la operatoria aduanera del comercio internacional.
4. Que, en forma preliminar, corresponde tratar el agravio del Fisco Nacional atinente a que el tribunal administrativo revocó la totalidad de la resolución DEPRLA 8535/07 sin examinar la cuestión de fondo y tener en cuenta las obligaciones que pesan sobre la deudora principal, Alpargatas Calzados SA.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
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En este punto, de la lectura de la sentencia obrante a fs. 97/98 surge claro que aquel acto fue dejado sin efecto únicamente en cuanto exigió a la aseguradora el pago de una suma de dinero en concepto de tributos aduaneros en su calidad de garante de la empresa importadora, en razón de no haber sido agregada a las actuaciones la póliza en cuestión. Ello es coherente, además, con las constancias de la causa porque fue la aseguradora la única que cuestionó la resolución, de manera que es evidente que la decisión del Tribunal Fiscal solamente proyecta efectos en su esfera individual.
Por otra parte, la sentencia recurrida aclaró que en tanto la obligación del pago de tributos no era exigible a la actora, resultaba innecesario el tratamiento de los demás fundamentos de fondo esgrimidos por aquella en su escrito de fs. 7/12.
Aclarado ello, toda vez que no se observa que lo decidido por la sentencia apelada sea incongruente o arbitrario, se deben desestimar los cuestionamientos concernientes a este aspecto de la cuestión.
5. Que, a continuación, corresponde tratar las críticas del demandado relativas a la falta de incorporación a la causa de la póliza de seguro de caución Nº 133076 y al argumento de que la constancia de pantalla del Sistema María (actual sistema Malvina) incorporada en autos, dio plena fe de la existencia de tal documentación.
Ante todo, es necesario señalar que del examen de las actuaciones administrativas 12040-379-2007 no surge que se encuentre agregada la póliza de seguro de caución mencionada. Asimismo, se desprende de fs. 38, subfoja 1, que ante la ausencia de la póliza, el TFN libró un oficio a la parte demandada a fin de que remitiera, en el plazo de diez días, el original o copia certificada del referido documento correspondiente al DIT 3317- 2/97; y que, posteriormente, se acompañó una impresión de pantalla del sistema Malvina de “Consulta de garantías”, de la que surgía la palabra “Error” en la consigna del importador y del respectivo despachante.
A fs. 42/45, el propio Fisco informó que la póliza requerida se encontraba comprendida en la documentación que fue desafectada, y consiguientemente destruida, conforme la disposición AFIP 455/98 y el decreto 1571/81.
6. Que, ello sentado, la cuestión planteada remite a la valoración de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta Alzada (arg. art. 1180, ap. b, CA); y se adelanta que no surge de las actuaciones que el Tribunal Fiscal de la Nación haya incurrido en arbitrariedad o en un error de magnitud suficiente en el ejercicio de sus facultades para apreciar los hechos, que justifique apartarse del señalado principio general (doctr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. del 26/6/12, 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29.8.19, y sus citas, entre otras).
En ese sentido, es necesario destacar que asiste razón al tribunal administrativo cuando concluye, sobre la base de la prueba documental e informativa producida en autos, que no se puede considerar a la actora como deudora del cargo tributario apelado.
Ello es así, puesto que, como lo señala la sentencia recurrida, no se ha agregada a la causa copia íntegra de la póliza comprometida de la que resulten sus condiciones generales y particulares —elemento probatorio por excelencia del contrato de seguro—, y las demás constancias de las actuaciones tampoco permiten tener por acreditado el alcance y las cláusulas de dicho convenio, cuestiones que resultan elementales a los fines de considerar exigible la obligación tributaria respecto de la aseguradora.
Máxime, si el propio demandado reconoce haber destruido la póliza el 26.02.2008 (v. fs. 42) en virtud de lo previsto por disposición AFIP 455/98, luego de haber instruido el pertinente auto de apertura de sumario del 29.03.2007.
Se debe añadir a mayor abundamiento que, más allá de que las constancias informáticas emitidas por la Administración Pública Nacional hacen plena fe por sí mismas (cfr. art. 7º y ccdtes. de la ley 27.446), lo cierto es que del contenido del print de pantalla agregado a fs. 38 –sub foja 3– no surgen datos suficientes o relevantes a los de fines de resolver acerca de la presunta exigibilidad de la obligación tributaria respecto de Chubb Argentina de Seguros SA.
Por lo expuesto, se deben desestimar las críticas del Fisco Nacional referidos a ésta especial cuestión y confirmar la sentencia de fs. 97/98 en todo cuanto fue materia de agravios por dicha parte.
7. Que resta tratar la apelación deducida por el doctor Enrique Benítez Cruz a fs. 122 contra la regulación de honorarios del 29.12.2023 (v. fs. 116/116vta.), por considerarlos bajos.
Teniendo en cuenta ello, en cuanto a la base regulatoria, cabe aquí recordar que, en el marco del régimen de la ley 21.839, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció, como regla general, que no corresponde incluir a la base regulatoria los intereses devengados durante el transcurso del pleito, ni la actualización monetarias (cfr. CSJN in re “Autolatina Argentina S.A. (TF 11.358-I) - incidente – c/s Dirección General Impositiva”, pronunciamiento del 13/003/17; Fallos 330:704, 325:242, 327:5982; 340:207; 341:1063; ver, asimismo, esta Cámara, en pleno, in re “Pitchon Gabriel”, sentencia del 12/07/07; arg. artículo 7º de la ley 23.898, modif. por el artículo 4º de la ley 25.561, énfasis añadido).
Por ende, con arreglo a lo decidido por la Corte ante situaciones sustancialmente análogas, para los trabajos realizados durante la vigencia de la ley 21.839 no corresponde acumular los accesorios al capital, sino que deben regularse exclusivamente sobre el quantum de este último.
Ahora bien, distinto es el supuesto en que las labores profesionales se efectuaron bajo la vigencia de la ley 27.423, en tanto el art. 24 de dicho plexo normativo estable- CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV CAF 12.974/2024/CA1 “CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 24010-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
ce que “[a] los efectos de la regulación de honorarios, se tendrá en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad”.
Por ello, en atención a lo también resuelto por el Alto Tribunal –por mayoría– en Fallos: 341:1063 y 345:220; y ponderando la naturaleza del proceso, su monto -tomando como tal las sumas cuestionadas en la resolución impugnada-, la importancia de la cuestión debatida, la forma en que fueron impuestas las costas y la calidad y eficacia de las labores desarrolladas en las dos primeras etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal (v. fs. 7/12 y 35 y siguientes), corresponde CONFIRMAR –desde que solo fueron apelados por bajos– los honorarios regulados a favor del doctor Enrique Benítez Cruz, quien se desempeñó como letrado apoderado de la defensa de la parte actora, por la primera y segunda etapa del proceso (cfr. arts. 6º, 7º, 9º, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839).
Por otro lado, corresponde CONFIRMAR los emolumentos del mencionado profesional, por los trabajos efectuados durante tercera etapa del juicio (v. alegato de fs. 87/89vta.) (arts. 16, 19, 21, 29, inc. a y b, 51 y cdtes., de la ley 27.423; resol. SGA nº 2375/24).
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 y concordantes de la ley 27.423, la importancia de los asuntos discutidos –fondo– y las tareas desempeñadas ante esta alzada (v. fs. 128/133), corresponde REGULAR en la suma de $127.635,90 –equivalentes a la cantidad de 2,10 UMA– los emolumentos del doctor Enrique Benítez Cruz (arts. 16, 19, 21, 30 y 51 y cdtes., de la ley del arancel; resol. SGA nº 2375/24). Se deja constancia que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación de cada uno del profesional interviniente frente al citado tributo.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco y confirmar la decisión del 20.10.2023 en todo cuanto fue materia de agravios; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
2. Confirmar las regulaciones de honorarios de fs. 116/117 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta Cámara del doctor Benítez Cruz del modo en que surge del considerando 5º, sexto párrafo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia