Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25685-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada.
2Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (cfr. Considerando VII, segundo párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 41773/2023/CA1; CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA
(TF 25865-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2024.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Por sentencia de fs. 275/277 el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante, “TFN”– resolvió revocar la resolución DE PRLA N° 3273, imponiendo las costas por su orden.
Expuso que la materia en debate versó sobre la operación de importación temporaria efectuada por la firma Diamant Boart Argentina SACIFIMyS, a cuyo respecto la DGA consideró incumplida, intimando a la importadora a que ingresara la suma de $ 10.778,80 en concepto de multa y $ 30.720,26 en el de tributos. Asimismo, intimó a la aseguradora al pago de $ 30.720,26, como responsable solidaria. En todos los casos, con más los intereses correspondientes.
Destacó que la operación alcanzó a la mercadería amparada mediante la DIT 02073IT16000169, que habría sido reexportada a través de los permisos de embarque 02073EC03011976R y 02073EC03013507J. Por otro lado, describió el Certificado de Tipificación y Clasificación –“CTC”– 5708, el cual, a criterio de la demandada, no tipificó la totalidad de la mercadería exportada –muelas de acero–, ya que únicamente habría incluido el código de artículo 1WPF0300007, cuando debió incluir también al código lWP170300004.
Expuso que la DGA objetó que el CTC no mencionara el código lWP170300004.
Aseveró que el quid del asunto versó la reexportación de 1966 unidades de mercaderías no amparadas en el CTC 5708.
Luego de referir a las presentaciones que en la causa efectuaron la importadora, la aseguradora y la DGA, explicó los alcances del régimen de importación temporaria (Cód. Aduanero, art. 970 y concs.), declarando que la carga de la prueba que acredite el cabal cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término –como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas–, recae sobre los beneficiarios de los regímenes preferenciales.
En el Considerando VII de su sentencia, el tribunal a quo sostuvo que recién al ventilarse el proceso en su seno fue acreditado que el CTC 1886 anuló y reemplazó al CTC 5708, amparando así la exportación de las muelas de acero correspondientes a los códigos de artículos lWP170300007 y 1WPF0300004. Es decir, en la instancia administrativa no se había aportado toda la información para tener por cumplido el régimen especial.
En tal orden de cosas, el sentenciante aseveró que el incumplimiento evidenciado en la instancia administrativa resultaría suficiente para confirmar la condena impuesta en sede aduanera, ya que, al invertirse la carga de la prueba, correspondía atribuirle la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Cód. Aduanero.
No obstante, en el Considerando VIII de su pronunciamiento, tuvo en consideración la prueba documental ofrecida y la informativa producida en instancia de ese tribunal, la cual –destacó– demostró que el despacho involucrado fue oportunamente cancelado Analizados que fueron dichos medios de prueba – especificado con sumo grado de detalle en el Considerando IX del decisorio–, le condujo al a quo a comprender que la importadora había cumplido con los requisitos exigidos por la normativa aduanera a los efectos de tener por acreditada la reexportación de la totalidad de la mercadería importada. Afirmó que: “Si bien, como se puede advertir, no toda la documentación fue acompañada en sede aduanera, por los argumentos anteriormente expuestos no puede ignorarse que la mercadería importada temporariamente fue efectivamente reexportada como consecuencia de un proceso de perfeccionamiento, siendo que lo importante aquí es acreditar el cumplimiento del régimen, independientemente del momento en el cual se presente la totalidad de la prueba que permita refutar el pronunciamiento en contra dictado por la administración”; razón por la cual resolvió revocar la resolución apelada.
En cuanto a las costas, las impuso en el orden causado, ya que la documentación que acreditó la reexportación en tiempo y forma de la mercadería importada, recién fue aportada en instancias del proceso ventilado ante el TFN, pudiendo el servicio aduanero considerarse con derecho a resolver como lo hizo.
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(TF 25865-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO II. Contra dicha sentencia se alza la parte demandada a fs. 282/284 –ocasión en la cual también expresó agravios–, cuyo recurso fue concedido a fs. 285 y contestado por Diamant Boart Argentina SACIFIMyS a fs. 289/294 vta., y por Chubb Argentina de Seguros SA a fs. 296/298. En su memorial, la DGA expresa que le causa agravio que el tribunal de grado tuviera por cumplido el régimen de importación temporaria en trato.
Sostiene que el a quo efectuó una errónea y arbitraria valoración de las pruebas aportadas, acusando que la firma importadora, al contestar la vista, no probó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Acusa de arbitrario el camino transitado por el Tribunal Fiscal, distinguiendo la mención de las pruebas por parte de la actora, de su efectivo aporte.
Afirma que se violentó el principio procesal de preclusión.
Asevera que las pruebas de autos no pueden ser tenidas en cuenta para hacer caer la infracción cometida en el particular. Cita jurisprudencia y doctrina, mantiene la reserva del caso federal, y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
IV. Asimismo, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela (TF 26455-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22, entre muchos otros).
V. Sentado lo que antecede, se desprende de la lectura de las actuaciones –lo que incluye las actuaciones administrativas, que se tienen a la vista–, que la cuestión medular sobre la cual se sienta el debate de autos radica en la evaluación que el TFN efectuó de la prueba obrante en la causa. En términos precisos, la adopción del CTC 1886 –que anuló y reemplazó al CTC 5708–, como instrumento idóneo para tener por acreditada la reexportación de la mercadería en cuestión.
Ello así, toda vez que el CTC 1886 recién fue incorporado a la litis, al radicarse el debate en la órbita del Tribunal Fiscal; circunstancia que, de suyo, había impedido a la DGA llevar a cabo una completa evaluación del cuadro.
VI. Sin desconocer la regla contenida en el artículo 1145 del Cód. Aduanero, que en su parte pertinente establece que: “… El recurso de apelación contra la resolución definitiva del administrador recaída en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, se interpondrá ante el Tribunal Fiscal. En el recurso el apelante deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA III CAF 41773/2023/CA1; CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 25865-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO acompañar la instrumental que haga a su derecho. Salvo en materia de sanciones y sin perjuicio de las facultades establecidas en los artículos 1143 y 1156, no se podrá ofrecer prueba que no hubiera sido ofrecida en el correspondiente procedimiento ante el servicio aduanero, con excepción de la prueba sobre hechos nuevos o la necesaria para refutar el resultado de medidas para mejor proveer dispuestas en sede administrativa…” (subrayado aquí agregado), se considera que los fundamentos empleados por el tribunal de grado en los Considerandos VIII y IX de su sentencia, para admitir la probanza en cuestión, son correctos.
En efecto, a más de considerar la prueba instrumental agregada a fs. 18 y 24 –donde obran las copias del CTC 1886–, el sentenciante tuvo en cuenta la prueba de informes producida a fs. 173/241 – informe de la Secretaría de Comercio–, para tener por acreditada la cancelación del despacho involucrado.
Al respecto, de la compulsa de estas últimas piezas, en especial la información contenida en la pieza de fs. 240, se desprende que efectivamente el CTC 1886 sustituyó al CTC 5708, adquiriendo sustento la tesis defendida por la importadora, en el sentido de que se cumplió con el régimen especial de importación temporaria.
Entre los fundamentos empleados por el a quo, que aquí se comparten, se afirmó que: “La admisión de dicha prueba en esta instancia de apelación resulta ser compatible y adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto por los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN)”.
En definitiva, a partir de todo lo expuesto, cabe concluir que la sentencia apelada merece su confirmación en esta instancia de revisión, en tanto el examen fáctico y jurídico realizado se presenta como una razonada derivación del derecho vigente.
VII. En cuanto a las costas, al no haber sido materia de agravios, nada corresponde aquí decir.
Por lo demás, al compartirse el criterio sentado por el a quo para distribuir las costas en el orden causado, y en el entendimiento de que resulta extensivo a esta instancia revisora, se imponen las costas de Alzada del mismo modo, esto es, en el orden causado (CPCCN, art. 68, segundo párrafo).
En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. 2°) Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (cfr. Considerando VII, segundo párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia