Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31691-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 19/10/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas de esta instancia judicial a cargo de la recurrente; y
2Tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada por la resolución del 18/11/2021 y regular los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XIII).
Buenos Aires, 2 de junio de 2023.-
VISTOS estos autos 51.077/2022 caratulados “Chubb Argentina de Seguros SA - TF 31.691-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
I. Por resolución del 19/10/2021, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por voto mayoritario conformado por el doctor Segura y la doctora Sarquis, declaró:
-la nulidad del auto de instrucción del sumario instruido contra Arcángel Maggio SAIC en el marco de las actuaciones SIGEA 12039-1513-2007 y de la resolución DE PRLA 6494/2011; y -prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos y sus accesorios por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero respecto de la mercadería ingresada temporariamente al territorio nacional mediante el despacho de importación temporaria (DIT) “99 001 IT14 006097 W”.
Impuso las costas del proceso a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, los nombrados vocales, tras reseñar los antecedentes del caso, precisaron que Arcángel Maggio SA había desistido parcialmente de la acción y del derecho con relación a la multa y a los tributos reclamados por la resolución atacada en los términos del régimen instaurado por resolución general AFIP 3451/2013, sin comprender ello el cuestionamiento relativo a la aplicación en autos del CER.
Sentado ello, consideraron que, previo a todo correspondía expedirse respecto del planteo de nulidad formulado por la aseguradora respecto del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia y, con asiento en tal declaración, que se declarara la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos; pretensión que, tal como se adelantara, fue admitida. Al efecto, en sustancial síntesis, los mencionados vocales de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación consideraron que el auto de apertura del sumario no dio cumplimiento al artículo 1094 del Código Aduanero, cuyo seguimiento resultaba necesario a los efectos de considerarlo como un acto válido y que surtiera los efectos que la legislación le atribuye (entre éstos, en lo que hace a la suspensión e interrupción del curso de la prescripción, según se tratase de la percepción de tributos o bien de la imposición de multas).
Resaltaron que, conforme lo normado por el artículo 1094 del Código Aduanero, el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, que en autos databa del 2/10/2006, se encontraba obligado a determinar, clasificar y valorar la mercadería, así como a liquidar los tributos que correspondieran; lo que, en la especie, fue materializado recién el 23/10/2007.
Apuntaron que la obligatoriedad de valorar y clasificar la mercadería, así como efectuar la liquidación tributaria, fue requerida por el legislador al disponer que el administrador “determinará” y “dispondrá”, términos que no podían ser interpretados sino como un imperativo para el servicio aduanero al tiempo de formular el auto de apertura de sumario. Explicaron que, al resultar nulo el auto de instrucción de sumario por carecer de los requisitos esenciales exigidos normativamente, en el caso, se verificaba la prescripción de la acción de la Aduana para percibir el cobro de tributos por haber sido dictado el acto una vez transcurridos más de cinco años de verificados los hechos fiscalizados, así como por haberse cumplido las medidas ordenadas (el informe de la División Verificación, del 23/10/2007), reuniéndose los requisitos fundamentales para el normal desarrollo del procedimiento aduanero; y que, al correrse vista de lo actuado a la sumariada en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, Arcángel Maggio SA y Chubb Argentina de Seguros SA, no se encontraban en condiciones de producir la prueba que hacía a su derecho por haber transcurrido más de diez años desde los hechos y por haber vencido el plazo de conservación de la documentación necesaria para acreditar la importación temporal. Con asiento en estas consideraciones, los nombrados vocales explicaron que el vencimiento de la destinación temporal en trato operó el 6/11/2001, que el plazo de prescripción de cinco años para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco Nacional (conf. artículo 803 del Código Aduanero) comenzó a correr a partir del 1/1/2002 (conf. artículo 804 del Código Aduanero), que no mediaron causales suspensivas e interruptivas de su curso, por lo que habría operado el 1/1/2007; careciendo de aptitud a los fines de incidir en cuanto a su cómputo el auto de apertura de sumario del 2/10/2006.
Agregaron que la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura de sumario atento a que la misma fue dispuesta el 6/4/2011, es decir, una vez operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional; y que mal podía afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituyera una declaración de nulidad por la nulidad misma puesto que existía agravio concreto para los particulares, como lo era la prescripción de la acción seguida por el servicio aduanero. Al fin de otorgar mayor fundamento al decisorio, hicieron alusión a distintos precedentes tanto del propio Tribunal Fiscal de la Nación como de esta Cámara en sentido coincidente con el criterio seguido.
Resta señalar que el doctor Licht, en su voto, se limitó a declarar prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería temporariamente ingresada al territorio nacional mediante la DIT “99 001 IT14 006097 W” por parte de Arcángel Maggio SA en los términos de los artículos 803, 934 y concordantes, todos del Código Aduanero, con costas a cargo de la AFIP - DGA; sin declarar expresamente la nulidad del auto de apertura de sumario.
II. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, expresando agravios en ese mismo acto.
Sostuvo que, contrariamente a lo decidido, carecía de asidero pretender que el auto de apertura de instrucción sumarial contuviera todos y cada uno de los elementos estipulados por la normativa vigente, máxime cuando la liquidación tributaria se encontraba agregada a las actuaciones administrativas previo a que fuera corrida la vista.
Recordó que las nulidades procedimentales resultaban inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que el particular se vio privado, no resultando procedente la declaración de nulidad por la nulidad misma.
Explicó que el artículo 1094 del Código Aduanero no especificaba cómo ni cuándo debían ser agregados los elementos que lo componen el auto de apertura de sumario, así como tampoco prevé su nulidad en caso de no contar con todos los elementos allí descriptos. Recalcó que el solo dictado del auto de apertura de sumario resultaba suficiente para la suspensión del plazo de prescripción, sin necesidad de ser puesto en conocimiento del sumariado (conf. artículos 805 y 937, ambos del Código Aduanero).
Consideró que lo decidido importaba un excesivo rigor formal.
Concluyó parcialmente que, en la especie, el plazo de prescripción se encontraba suspendido e interrumpido, según el caso, por el dictado del auto de apertura de sumario, que cumplió con todos los requisitos para considerarlo un acto válido; no siendo necesario que contara con todos y cada uno de los recaudos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero en la medida en que existiera una descripción clara de los hechos imputados, tal como aconteció en la especie. Así las cosas, continuó el Fisco Nacional en su razonamiento, siendo que el auto de apertura de sumario resultaba válido, no se verificó la prescripción de la acción seguida por su parte en autos. Al respecto, explicó que el término en cuestión se encontraba suspendido e interrumpido con el dictado del auto de apertura de sumario.
Sin perjuicio de ello, consideró que, en todo caso, la decisión adoptada en lo que respecta a la importadora debió alcanzar únicamente al CER, accesorio del tributo principal, puesto que fue el único concepto por el cual no manifestó su allanamiento.
En este sentido, refirió que la determinación tributaria con relación a la multa y a los tributos fue consentida por la importadora conforme las constancias de autos y lo manifestado en el punto X del decisorio recurrido.
Finalmente, cuestionó el voto del doctor Licht con asiento en precedentes jurisprudenciales en lo referente a los efectos del dictado del auto de apertura de sumario y su notificación; considerando al efecto que su virtualidad para suspender y/o interrumpir el curso de la prescripción no exigía de su notificación al imputado, lo que daba cuenta que no había fenecido la acción que siguiera en autos.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se diera validez a lo actuado administrativamente, con costas a cargo de sus contrarias. Dicha presentación mereció réplica únicamente de Chubb Argentina de Seguros SA (conf. esp. fs. 21/31 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. A pedido de parte, por resolución del 18/11/2021, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en defensa de Arcángel Maggio SA y de Chubb Argentina de Seguros SA, así como del Fisco Nacional; siendo apelados por considerarlos bajos y elevados, según el caso (conf. esp. fs. 11/13, 15, 17/20 y 35/41 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
IV. En primer término, refiérase que la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, en lo que respecta al cobro de tributos, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero) y, en cuanto a la imposición de penas, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en que se hubiera constatado su comisión (conf. artículo 935 del Código Aduanero). Se suspende su cómputo en lo que hace a la percepción de tributos, entre otros motivos, con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero);
Y, en lo que hace a la potestad sancionatoria, se interrumpe su cómputo, entre otras razones, por el dictado del auto por el cual se ordenara la apertura del sumario (conf. artículo 937, inciso a), del Código Aduanero).
V. En todos los supuestos, para que el auto de apertura del sumario tenga aptitud para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, es decir ha de reunir los requisitos formales y materiales que determina al efecto la normativa vigente.
En este sentido, el artículo 1094 del Código Aduanero identifica los enunciados obligatorios con que debe contar dicha resolución, disponiendo que la Administración determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y, asimismo, dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieran en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario;
b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado, así como su clasificación arancelaria y su valoración;
c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieran tener conocimiento de lo acontecido, cuando lo considerare necesario;
d) la liquidación de los tributos que pudieran corresponder; y e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
De ello se sigue que para considerar al auto de apertura de sumario como un acto válido resulta necesario que se haya dado cumplimiento a los recaudos que se acaban de referir; incluyendo una clara identificación de los hechos constitutivos de la infracción para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado al pago ejercer correctamente su derecho de defensa. La falta de alguno de los elementos referidos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (conf. esta Sala, en autos 40.306/2013 “Agencia Marítima TAGSA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/3/2014).
VI. En la especie, de las actuaciones administrativas AFIP 12039-1513-2007 que se tienen a la vista, se desprende que:
i) con motivo en la denuncia de oficio 1355/2004 efectuada por la “Comisión causa 21.149”, creada por disposición DGA 93/2003, del 9/9/2004, por supuesta infracción al artículo 970 del Código Aduanero con relación al DIT “99 001 IT14 006097 W” (fs. 1), mediante resolución del 2/10/2006, el Jefe Interino del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la AFIP - DGA dispuso la instrucción de sumario a Arcángel Maggio SA, en los términos del artículo 1090, inciso c), del Código Aduanero (fs. 9).
Por dicho auto, asimismo, en cuanto aquí estrictamente importa, se dispuso la remisión de las actuaciones a la División Verificación Ramo C a fin de que informara el valor en aduana de la mercadería en presunta infracción, su posición arancelaria y demás tributos que correspondieran por su importación y, además, si la aquella resultaba ser de importación prohibida.
ii) el 23/10/2007 la División Verificación dio cuenta de la información solicitada, efectuando el cálculo de los tributos que la sumariada adeudaría con motivo de la infracción por la que se iniciara el sumario en cuestión (fs. 11 y 12);
iii) el 29/10/2010, el contador público del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros efectuó la liquidación de tributos y multa presuntamente adeudados con motivo de la infracción bajo investigación (fs. 14/19);
iv) por resolución del 6/4/2011 (fs. 20), se corrió vista de las actuaciones a Arcángel Maggio SA, siendo citada y emplazada para que en el término de diez días de notificada, compareciera a efectos de ejercer su derecho de defensa, imputándole la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero; así como también, acompañara copia de la documentación que acreditara la cancelación del DIT involucrado en autos, con su cumplido por personal aduanero, declaración jurada de descarga y Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) y toda otra documentación necesaria para acreditar la regularización de la mercadería bajo trato; otorgándole la posibilidad de efectuar el pago voluntario de la multa mínima pretendida en autos -que ascendía a la suma de $32.763,27-, en cuyo caso se declararía la extinción de la acción penal y no se registraría el antecedente del caso; y haciéndole saber que las sumas debidas en concepto de obligaciones aduaneras ascendían a un total de $92.480,19, correspondiendo a su vez, por tratarse de una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 8° del decreto 214/2002 al momento del efectivo pago y por el artículo 4° de igual dispositivo, por lo que se ajustaría la suma a abonar mediante el CER.
Por ese mismo auto también se dispuso la citación de HSBC La Buenos Aires Seguros SA, Chubb Argentina de Seguros SA y Cosena Seguros SA, en los términos del artículo 1092 del Código Aduanero, a efectos de que ejercieran las defensas que correspondiera según lo dispuesto en los artículos 2020 a 2023 del Código Civil.
v) el 25/7/2011 Cosena Seguros SA contestó la vista que le fuera corrida.
Ese mismo día, Arcángel Maggio SA presentó su contestación, acompañando cierta documentación que daría cuenta del cumplimiento de las obligaciones resultantes del régimen de importación temporario asignado a la mercadería involucrada en el DIT “99 001 IT14 006097 W” (fs. 64/75).
El 3/8/2011 presentó su respuesta Chubb Argentina de Seguros SA (fs. 94 y vuelta).
El 10/8/2011 hizo lo propio HSBC La Buenos Aires Seguro SA (fs. 80/82).
vi) previo desarrollo de la etapa probatoria y la reliquidación de las sumas presuntamente debidas por lo investigado, por resolución DE PRLA 6494/2011, del 28/9/2011 (fs. 138/142), el responsable del Departamento de Procedimiento Legales Aduaneros: -absolvió a Arcángel Maggio SA por la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero respecto de 32087,20 kilogramos de la mercadería amparada por el DIT “99 001 IT14 006097 W” conforme lo previsto en el artículo 1112 del Código Aduanero (conf. su artículo 1°);
-condenó a Arcángel Maggio SA al pago de una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de 27490.94 kilogramos de la mercadería amparada por el DIT “99 001 IT14 006097 W”, equivalente a $15.117,88, por entenderla incursa en la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero (conf. su artículo 3°);
-formuló cargo a Arcángel Maggio SA por el monto de la sanción impuesta (conf. su artículo 4°); y -formuló cargo a Arcángel Maggio SA y a las aseguradoras, HSBC La Buenos Aires SA, Cosena Seguros SA y Chubb Argentina de Seguros SA por la suma total de $42.672,91 por los tributos adeudados, con sujeción a los límites máximos estipulados según cada póliza e intimó a su pago, con más la aplicación de lo dispuesto por el artículo 8° del decreto 214/2022 al momento de su efectivo pago y lo dispuesto por el artículo 4° de mismo precepto, por lo la suma adeudada sería ajustada mediante el CER, rigiendo en lo demás lo establecido por el artículo 794 del Código Aduanero; todo ello bajo apercibimiento de aplicar lo normado por el artículo 1122 y concordantes del Codigo Aduanero (conf. su artículo 5°).
VII. Lo reseñado da cuenta que tal como fuera decidido por el pronunciamiento recurrido, el auto de apertura de sumario por el que se imputó a la importadora la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, no cumplió con los recaudos consagrados en el artículo 1094 del Código Aduanero, en particular, no incluyó la determinación, clasificación y valoración de la mercadería involucrada en el DIT fiscalizado, ni la liquidación de los tributos que a consideración de la autoridad de aplicación en la materia correspondería que la importadora abonara; recaudos que, tal como surge de la reseña efectuada en el considerando que precede, fueron completados recién con posterioridad a dicho acto.
Así las cosas, se advierte que el auto de apertura del sumario obrante a fs. 9 de las actuaciones administrativas, no cumplió con los extremos legales exigidos por el artículo 1094 del Código Aduanero para que se constituyera válidamente y surtiera los efectos que la legislación aduanera atribuye al acto de inicio de la facultad investigativa (y que en cuanto aquí interesa, resultaren susceptibles de incidir en el curso de la prescripción).
De este modo, dicha resolución debe reputarse nula, de nulidad absoluta en tanto violatorio de la ley aplicable y carece, por ende, de aptitud para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para percibir los tributos e imponer multa, respectivamente (conf. Sala IV, en autos 77.450/2016 “YPF SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/4/2017 y su cita). En igual sentido se pronunció esta Sala, en autos 62.947/2019 “Henkel Argentina SA c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/2/2020 y en autos 21.906/2017 “Denso Manufacturing Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/7/2017; entre otros.
VII. Confirmada la declaración de nulidad de la resolución de apertura del sumario, no habiéndose verificado alguna de las causales suspensivas y/o interruptivas del término liberatorio quinquenal (rector en la especie tanto en lo relativo a la acción para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero; conf. artículos 803 y 934, ambos del Código Aduanero), que en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante DIT “99 001 IT14 006097 W” comenzó a correr desde el 1/1/2002 (conf. artículo 935 del Código Aduanero), se concluye que la prescripción efectivamente operó el 1/1/2007; lo que da cuenta del acierto en la decisión adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
IX. A mayor abundamiento, en consonancia con lo decidido por el pronunciamiento recurrido, añádase que la valoración y clasificación de la mercadería involucrada en autos, así como la liquidación de los tributos presuntamente adeudados, dando así cumplimiento con lo normado por el artículo 1094 del Código Aduanero, fueron incorporadas al sumario el 23/10/2007, es decir, una vez dictado el auto de apertura, del 2/10/2006, y una vez operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional, el 1/1/2007; todo lo cual imposibilita considerar la posibilidad de tener por subsanadas las deficiencias apuntadas con lo actuado con posterioridad al suceso examinado.
X. Luego, en orden a lo manifestado por el recurrente en punto al alcance de la resolución recurrida, cuadra precisar que, habiendo la importadora desistido de la acción y del derecho al fin de acogerse al régimen de facilidades de pago normado por la resolución general AFIP 3451/2013, manteniendo su pretensión recursiva únicamente en lo que respecta al reclamo por CER, necesariamente la decisión adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación de declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de lo actuado en consecuencia y, con asiento en ello, la prescripción de la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de los conceptos resultantes de dicho acto, solamente puede alcanzar y tener repercusión en lo que respecta a Arcángel Maggio SA, con relación al pretendido pago del mencionado coeficiente.
Lo dicho da cuenta de la inexistencia de un agravio concreto para el recurrente producto de lo decidido por el pronunciamiento sujeto a revisión.
XI. Por lo expuesto, se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, se confirma, lo decidido por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación el 19/10/2021.
XII. Las costas de instancia judicial se imponen a cargo del Fisco Nacional, por no advertirse motivos que justifiquen apartarse del principio general de la derrota, rector en la materia (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XIII. Decidido ello, a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada el 18/11/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Más recientemente, al pronunciarse en la causa “Establecimiento Las Marías SACIFA c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sent. del 4/9/2018 (registrado en Fallos: 341:1063), el Alto Tribunal sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/2017 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no resulta aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (conf. esp. Considerandos 3° y 4° del voto mayoritario).
Contempladas estas directivas, en atención a la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados (conf. expediente TF 31.833-A, fs. 24 (F4) y lo resuelto con fecha 18/7/2014); dado el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la etapa del pleito cumplida, corresponde confirmar los honorarios regulados con fecha 18/11/2021, punto 1°), en favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional, que se encuentran a cargo de la firma Arcángel Maggio SA (conf. artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Asimismo, en atención a los trabajos cumplidos por la dirección letrada y representación de Chubb Argentina de Seguros SA; y dado el mérito, calidad y eficacia de la labor realizada durante las etapas del pleito cumplida y el monto involucrado (conf. expediente TF 31.691-A, fs. 1 (F4), con más CER e intereses hasta la interposición del recurso y lo resuelto con fecha 19/10/2021), corresponde elevar a la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) los emolumentos fijados en la resolución de fecha 18/11/2021, punto 2°), en favor del doctor Enrique Benítez Cruz, letrado apoderado de la aseguradora, los que se encuentran a cargo del Fisco Nacional (conf. artículos 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 22, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Luego, respecto de los trabajos cumplidos por la dirección letrada y representación de Arcángel Maggio SA, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto involucrado (conf. expediente TF 31.833-A, fs. 24 (F4), lo resuelto con fecha 18/07/2014 y 19/10/2021); y, atento al mérito, calidad y eficacia de la labor realizada durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde confirmar, en lo que fue materia de recurso, los honorarios regulados en la resolución de fecha 18/11/2021, puntos 3° y 4°, en favor de los doctores Ariel Serantes y Jorge Osvaldo López, respectivamente, los que se encuentran a cargo del Fisco Nacional (conf. artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, así como lo dispuesto por el artículo 15, inciso b), de la RG 3920/2016).
Finalmente, por las tareas efectuadas ante esta instancia judicial, atento el resultado obtenido y lo resuelto por la CSJN en la causa “Establecimiento Las Marías” (op. cit.), corresponde regular en la suma de veintinueve mil ochocientos sesenta y seis pesos ($29.866; equivalentes a 2 UMA) los emolumentos del doctor Enrique Benítez Cruz, letrado apoderado, actuante en defensa de la actora (conf. artículos 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y concordantes de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA)
integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.”, resol. del 16/7/1996).
Para el caso de que el profesional no hubiera denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo hiciera.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar el recurso interpuesto por la AFIP - DGA y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 19/10/2021 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas de esta instancia judicial a cargo de la recurrente; y 2°) tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada por la resolución del 18/11/2021 y regular los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XIII).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen, encomendando al Tribunal Fiscal de la Nación que arbitre los medios necesarios al efecto de notificar lo aquí resuelto al doctor López, actuante en defensa del Arcángel Maggio SA.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia