Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34636-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(a) acoger los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos—Dirección General de Aduanas y revocar la sentencia apelada; (b) remitir la causa al Tribunal Fiscal de la Nación de acuerdo al punto III del voto de la jueza Liliana María Heiland; (c) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) dejar sin efecto la regulación de honorarios del 16 de agosto de 2023, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos.
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2918/2024 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 34636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 34636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación: 1. declaró la nulidad del auto de apertura del sumario, 2. declaró “prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT Nº 00 001 IT14 001825V, en la Actuación Nº 608514-504-2005”, y 3. impuso las costas a la Dirección General de Aduanas.
Para decidir de ese modo afirmó:
i. “[L]a importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares”.
ii. “[S]iendo nulo el acto de apertura de sumario de fecha 28/12/06, el mismo carece de aptitud para suspender la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805, inc. a), de CA”.
iii. “[E]l vencimiento del DIT operó en fecha 28/03/02 [...] por lo que el plazo de la prescripción tributaria comenzó a correr a partir del 01/01 /2003, y no mediando causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria, la misma opera el 31/12/2007”.
iv. “[S]i bien la clasificación y valoración de la mercadería fue efectuada con posterioridad de la apertura de sumario pero antes de que opere la prescripción tributaria [...]; lo cierto es que la liquidación tributaria fue efectuada con posterioridad a que opere la prescripción de los tributos [...] y la vista conferida se dispuso el 13/08/09 [...] por lo que no se pudo subsanar las irregularidades” del auto de apertura del sumario.
II. La Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) apeló y expresó los siguientes agravios que fueron replicados:
i. “Para que el acto de apertura de sumario sea válido no requiere cumplir inexorablemente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 1094 de C.A., si existe en las actuaciones administrativas una descripción clara de los hechos que se le imputan a la contraria -cosa que en autos ha ocurrido- el acto es válido y producirá sus efectos suspensivos e interruptivos”.
ii. “[E]l auto de apertura de sumario será válido y por ende producirá sus efectos interruptivos y suspensivos de la prescripción si el mismo determina los hechos que hacen a la infracción y ordena las medidas allí establecidas, lo que justamente ocurrió en estos actuados”.
iii. “[E]stamos [...] ante un excesivo rigorismo formal, demostrado por la interpretación exegeta de una norma cuya aplicación literal implicaría dispendio jurisdiccional y toma de medidas inconducentes”.
iv. “[A]l momento de llevarse a cabo el procedimiento aún no había operado el plazo de 5 años de prescripción opuesto [y] el mismo había sido suspendido y luego interrumpido”.
III. El Tribunal Fiscal reguló los honorarios del letrado de la firma actora (fs. 170) que fueron apelados por “bajos” (fs. 189/194) y por “altos” (fs. 199/201 y fs. 215).
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IV. La cuestión capital consiste en determinar si el auto de apertura del sumario resultó hábil o no para suspender o interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para requerir el pago de tributos, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Dicho artículo establece que “[e]n la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objetos del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder [...]; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
V. Esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener cabal conocimiento de las conductas investigadas —lo que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3)—, sino que, además, implica la primera intervención del administrador aduanero, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por entender que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas “Henkel Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Nestlé Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “AIT SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “ Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Manufactura de Fibras Sinteticas SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 14 de octubre de 2021, del 2 de junio, 23 de agosto, 22 de septiembre, 3 de noviembre de 2022 y del 21 de diciembre de 2023, respectivamente).
Si se repara, entonces, en la finalidad del auto de apertura, aparece en juego con mayor fuerza de convicción la necesidad de que éste exhiba de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causas “ Henkel”, “Nestlé”, “Ait SA”, “Aseguradora de Cauciones SA”, “ Aseguradora de Créditos y Garantías SA” y “Manufactura de Fibras Sinteticas SA”, citadas).
VI. Para que el auto de apertura del sumario tenga, pues, la aptitud de interrumpir el cómputo de la prescripción, debe comportar un acto válido y para ello es necesario que reúna los requisitos formales y materiales contemplados en el Código Aduanero (esta sala, causas “Henkel ”, “Nestlé”, “Ait SA”, “Aseguradora de Cauciones SA” y “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, citadas).
VII. Con apoyo en esas consideraciones, puede afirmarse que el acto de apertura del sumario, del 28 de diciembre de 2006, en tanto el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros expresó: “Visto la denuncia efectuada por la ‘Comisión Causa 21.149’ [...] por lo que se da cuenta que la firma ‘Samuel Leon Wasserman’ [...] no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal Nº 00 001 IT14 001825-V [...] lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, dispónese la instruccion de sumario, en los términos del art. 1090 inc. ‘c’” no reúne, ni siquiera mínimamente, los requisitos contemplados en el artículo 1094 del Código Aduanero.
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VIII. La infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, fundada en la violación al régimen de importación temporaria, puede configurarse por diversas causas —falta de regularización de la mercadería ingresada temporariamente, o regularización fuera de término, o someter la mercadería a una finalidad distinta a la que fue denunciada, entre otros supuestos—.
Con esa mirada, se advierte que al momento del dictado del auto de apertura del sumario no se encontraban determinados con claridad los hechos constitutivos de la infracción imputada (esta sala, causas “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Kimberly Clark Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “ Pellital SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Chubb Seguros Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo, 4 de junio y 13 de agosto de 2019 y del 6 de febrero de 2024, y “Nestlé”, “Aseguradora de Cauciones SA” y “ Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, citadas).
IX. Dadas las razones apuntadas, el auto de apertura del sumario carece de la aptitud para suspender la prescripción de las acciones con que cuenta la AFIP-DGA para percibir tributos e imponer multas.
X. Corresponde, pues, desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado que declaró la prescripción de las acciones para percibir tributos e imponer multas.
XI. Resta expedirse acerca de los recursos de apelación interpuestos y fundados por el doctor Enrique Benítez Cruz (por derecho propio) “por bajos” y por la parte demandada “por altos” contra la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal.
XII. En este punto, en relación con los agravios del doctor Enrique Benítez Cruz en lo referente a la aplicación de la ley 27.423, corresponde señalar que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, pronunciamiento del 4 de septiembre de 2018 (Fallos: 341:1063), en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Por ello, la ley 27.423 no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 o que hubieran tenido principio de ejecución.
En consecuencia, y a fin de regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el presente proceso, corresponde que: i) las dos primeras etapas del proceso sean reguladas de conformidad con la ley 21.839; y ii) la tercera etapa sea examinada según las previsiones de la ley 27.423, tal como expresaron los beneficiarios, pues el alegato de la parte actora fue presentado durante la vigencia temporal de esa norma.
XIII. De conformidad con las consideraciones realizadas por esta sala en la causa “Grupo Milenio SA (TF 30964-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 6 de agosto de 2024, a fin de arribar a una remuneración justa y razonable, corresponde regular los honorarios de los trabajos realizados en las primeras dos etapas del proceso conforme a la importancia, al mérito, a la novedad, a la complejidad y a las demás pautas legales establecidas en la ley 21.839, sin sujeción a los máximos legales allí establecidos.
XIV. En función de la naturaleza del proceso, de las tres etapas procesales cumplidas, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional a la luz del resultado obtenido, SE FIJA los honorarios en favor del doctor Enrique Benítez Cruz por la dirección letrada y la representación procesal de la firma actora en la instancia anterior en la suma de $532.000 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 2918/2024 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 34636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
por las tareas realizadas en la primera y la segunda etapa (artículos 6, 7, 9, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839); y 4,66 UMA —equivalentes a la suma de $265.694, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 1772/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, por las tareas realizadas en la tercera etapa del proceso (artículos 16, 20, 21, 29, 58, inc. a), y demás concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas corresponde establecer en 4,2 UMA —equivalente a la suma de $239.467, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 1772/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios en favor del doctor Enrique Benítez Cruz por su labor en esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
XV. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte demandada que resulta vencida (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial, y 1163 del Código Aduanero).
En mérito de las razones expuestas propongo al acuerdo: 1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas, y 2. Establecer los honorarios en favor del doctor Enrique Benítez Cruz de acuerdo con el punto XIV. La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Adhiero a los considerandos I a III del voto del Dr. Rodolfo Eduardo Facio.
II. Disiento, empero, con la solución propuesta en torno a la validez del auto de apertura de sumario. Ello es así, en tanto:
A) La Sección XIV, Capítulo III del Código Aduanero (CA) regla el procedimiento infraccional — al que corresponde estar, desde que no ha sido motivo de objeción—.
i) El art. 1090 del referido CA, da cuenta de los actos procesales a cumplir, por el Administrador, al recibir las actuaciones administrativas. Por su parte, el art. 1091 detalla el objeto del sumario; así como los pasos a seguir una vez abierto: i) comprobar la existencia de una infracción aduanera; ii) determinar los responsables; iii) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal, con graduación de las penas aplicables; y iv) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder.
Esto es, el Administrador que recibió la denuncia y consideró ajustada la apertura del sumario contencioso, presume que existen elementos suficientes para aperturar la causa. Atento lo cual, cumplidas las medidas dispuestas en el art. 1094 del CA, correrá vista de lo actuado al presunto responsable para que presente sus defensas (art. 1101 del CA).
ii) Del juego de los arts. 1094 y 1101 del CA resulta que, con carácter previo a correr vista de lo actuado, el agente aduanero determina los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, y liquidación del tributo.
B) De cara, entonces, a dicho plexo normativo se impone revisar lo actuado ante la Aduana.
i) La actuación 608514-504-2005 se originó con el Acta Denuncia 2258/05 (fs. 1 de las actuaciones reservadas).
Se formuló, por infracción al art. 970 del CA con relación al “DIT 00001IT14001825V” con vencimiento “28/3/02”.
A fs. 4 obra el sobre contenedor del DIT involucrado.
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ii) El 28/12/06 el Jefe de Procedimientos Legales dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090[1], inc. c) del CA (fs. 6). Lo hizo, en función de que la firma “SAMUEL LEON WASSERMAN (CUIT Nº 20-040802027-3) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal Nº 00001IT14001825-V, con vencimiento el 28 /03/2002 lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero”.
Asimismo, ordenó la remisión de las actuaciones a la División Verificación, a los fines de informar el valor en aduana de la mercadería, posición arancelaria y demás tributos que graven su importación.
iii) Atento todo lo cual, se determinó la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería en infracción (fs. 8). Asimismo, se practicó la liquidación de los tributos y de la multa (fs. 11).
iv) En punto a la garantía, se agregó la constancia de la consulta con constancia de su estado: afectada, fecha, importe afectado a la DIT en trato; nombre y código del garante (la aseguradora aquí actora) (fs. 12).
v) El 13/08/09 y de todo ello la Aduana, corrió vista a la firma así como a su aseguradora Chubb Argentina SA para que en 10 días comparezca, presente defensas y ofrezca pruebas (fs. 13).
vi) Finalmente, por res. DE PRLA 5089/10 del 8/7/10 se intimó a la aseguradora al pago de los tributos adeudados, en su calidad de garante (fs. 35/36).
C) En tales condiciones, corresponde admitir los agravios del Fisco y revocar el pronunciamiento recurrido. Es que:
a) A diferencia de lo decidido por el TFN, el auto de apertura del sumario contiene una descripción suficiente de la conducta imputada a la 1.
Art. 1090:“Recibidas las actuaciones, el administrador: a) ordenará ampliar la investigación en aquellos aspectos que considerare necesarios; b) desestimará la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera; o c) dispondrá la apertura del sumario”. importadora, ordenando además, el cumplimiento de pases internos para que se valore la mercadería en Aduana y se practique la liquidación de los tributos adeudados. Todo lo cual así se hizo, previo a concederse la Vista. De tal modo, no se observa incumplimiento alguno respecto de los requisitos impuestos por el art. 1094 del CA (conf. ya lo sostuvo esta Sala, por mayoría: “ABB SA”, del 2/9/17; “Heil Trailer Internacional SA”, del 9/5 /19; “Kimberly Clark Argentina SA”, del 4/6/19; “Nestlé Argentina SA”, del 2/6/22; “Aseguradores de Cauciones SA”, del 22/9/22; “Manufactura de Fibras Sintéticas SA”, del 22/9/22; y “Aseguradora de Caución SA”, del 5/5/23).
b) Más allá de que esta causal de nulidad, no fue opuesta por la importadora ni por Chubb SA, en la oportunidad dispuesta por el art. 1104 del CA (fs. 22/23); varias razones robustecen lo anterior: (i) Conforme al art. 1103 del CA, la Vista contemplada en el art. 1101 tiene también los efectos de notificación de la liquidación de los tributos a que alude el inc. d) del art. 1094 del CA.
(ii) A fin de determinar la aptitud del acto de apertura de sumario, para interferir el curso de la prescripción en trato (para percibir tributos), como aquí se discute, es indispensable traer a primer plano el objeto y fin de las nulidades procesales. Las que, deben ponderarse con criterio restrictivo.
Objeto y fin, que consiste en el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada situación debe acreditarse el perjuicio (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1404; 339:480; 342:624; esta Sala, “Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero”, del 3/2/12, “ Banco de Valores SA y otros c/ CNV”, del 28/8/2018, “Kimberly Clark Argentina SA”, del 4/6/19, “Pernord Ricard Argentina SRL (TF 32644-A) ”, citada, “Vidriería Argentina SA”, del 17/10/23; Sala III “Garriga Marcelo”, del 27/2/18 y “Aseguradora de Créditos y Garantías”, del 26/6 /23; Sala IV “Garnero, Víctor Hugo”, del 30/7/09, entre muchos otros). Lo cual, -y como también lo viene señalando esta Sala-, aplicado al procedimiento administrativo, llevó a la CSJN a sostener que cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre, en el procedimiento que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 2918/2024 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 34636-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:134; 273:134; 305:831; 331:2769; esta Sala “Catardo Emmanuel”, del 4/7/19, “Moncho Vicente”, citada, entre otras; y Sala III, “ Aseguradora de Créditos y Garantías”, citada).
Por ello, y en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (esta Sala, causas “Catardo Emmanuel”, “Aseguradores de Cauciones SA” y “Manufactura de Fibras”, citadas, entre muchas otras).
(iii) En el caso, la aseguradora tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir pruebas. Como se vio, lo hizo tanto ante el servicio aduanero, como luego ante el TFN.
Por lo que, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (CSJ, Fallos: 320 :1611; 325:1649; 322:507, entre otros; en el mismo sentido esta sala “ Catardo, Emmanuel”, “Moncho, Vicente Rafael”, y “Aseguradora de Caución”, citadas, entre otros).
III. De todo ello resulta que, el acto de apertura del sumario —del 28 /12/06— tuvo aptitud suficiente para suspender el plazo de prescripción que se encontraba en curso (conf. art. 805, inc. a), del CA). A lo que suma, la notificación de la liquidación del cargo del 22/10/09 (fs. 18 de las actuaciones adm.), que interrumpió el plazo (conf. art. 806, inc. a) del CA). Asimismo, y toda vez que el TFN no se ha expedido en relación a las demás cuestiones planteadas, se impone disponer la devolución de la causa a dicho tribunal de origen, a efectos de que dicte nuevo pronunciamiento, que los trate y decida.
IV. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas en el orden causado en atención al modo en que se resuelve (art. 68, segunda parte, y 279 del CPCCN). Asimismo, de acuerdo con la solución que aquí se propicia corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada el 16/8/23 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos contra ella deducidos.
V. En mérito de las razones expuestas, propongo al Acuerdo: (a) acoger los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada; (b) remitir la causa al Tribunal Fiscal con arreglo al punto III; (c) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) dejar sin efecto la regulación de honorarios del 16/8/23, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos. ASÍ VOTO. La jueza Clara María do Pico adhiere al voto de la jueza Liliana María Heiland.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: (a) acoger los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos—Dirección General de Aduanas y revocar la sentencia apelada; (b) remitir la causa al Tribunal Fiscal de la Nación de acuerdo al punto III del voto de la jueza Liliana María Heiland; (c) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) dejar sin efecto la regulación de honorarios del 16 de agosto de 2023, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
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Fin de la sentencia