Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38027-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso interpuesto por el Fisco Nacional con el alcance aquí indicado y declarar inoficiosa e improcedente la exclusión de las percepciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado de la liquidación practicada en autos, y 2) rechazar el recurso de la actora; imponer las costas de ambas instancias a la actora.
Chubb Argentina de Seguros SA (TF 38027-A) c/ DGA s /Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 23 de agosto de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha del 24/08/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IV.A. adeudada, que ascendía a la suma de U$S 22.237,75, con más los intereses del art. 794 del C.A. que debían calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 30/06/2011, hasta la fecha de su efectivo pago.
Declaró que el importe que podrá exigirse a Chubb Argentina de Seguros S.A. sería de $ 298.000, sin perjuicio de los intereses devengados sobre los rubros confirmados, hasta la fecha de su efectivo pago. Impuso las costas por su orden en relación a los rubros del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Con respecto a los rubros Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., costas a la actora vencida.
Para así decidir, en primer término, precisó que, mediante el D.I.T. N° 10 008 IT14 000190A la firma Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I.C. documentó la importación temporaria para transformación de 100.060 kg. de ácido fórmico correspondiente a la P.A. 2915.11.00.000Q “-Acido fórmico -Acido fórmico, sus sales y sus ésteres: ACIDOS MONOCARBOXILICOS ACICLICOS SATURADOS Y SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROXIACIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O NITROSADOS”.
Indicó que, mediante la Póliza n° 718703, la actora aseguró a la A.F.I.P.- D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 298.000), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A. a que resulte obligada la firma importadora Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I.C., como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. cuestionado. En tales condiciones, puntualizó que, la cuestión en autos radicaba en determinar si, en el caso, se había configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 10 008 IT 14 000190 A, de la firma Curtarsa Curtiembre Argentina S.A., registrada el 15/11/2010, al amparo del régimen del Decreto 1330/04, con vencimiento del plazo de permanencia el 16/12/2011 y, en su consecuencia, determinar la responsabilidad de la recurrente en su carácter de garante.
Sentado ello, afirmó que, surgía de lo actuado en sede aduanera y en esa instancia, que no se habían acompañado documentos que certifiquen el cumplimiento del régimen aducido, por lo que había quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
En ese estado de cosas, observó que, correspondía señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. N° 10 008 IT 14 000190A que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidaciones obrantes a fs. 9 de las act. adm.). Al respecto, recordó que el art. 453 inc c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, agregó que el art. 255 del C.A. indicaba que la garantía debía otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consistían en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
En dicho contexto, ponderó que, en cuanto allí era de estricto interés, cabía consignar en relación al Derecho Adicional, que correspondía aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remitía en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.F.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N° 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicitaba la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A.
Por consiguiente, entendió que, en el caso de autos, no correspondía el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 20 del Decreto 1330/04, atento a que no se había configurado el presupuesto de hecho que daba lugar a su aplicación, por lo que correspondía revocarlo modificando la exigencia tributaria.
En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, recordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. n 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A), sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos”.
Advirtió que, esas percepciones constituían obligaciones legales que encontraban fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trataba de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluyó que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carecía de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, señaló que mediante la Póliza n° 718703, la actora, aseguró a la AFIP- DGA hasta la suma máxima de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($298.000), al que deberían adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT allí involucrado.
Puso de resalto que respecto del pago de accesorios no regía limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad (ver cláusulas particulares de la póliza y art. 4o de las condiciones generales). Por último, indicó que, según la reliquidación efectuada por ese Tribunal, en la sentencia, el monto debido en concepto de tributos ascendía a U$S 22.237,75, en concepto de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 4/09/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la parte actora, los que no fueron contestados por la contraria.
Asimismo, con fecha 10/10/2023 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios el 1/11/2023, los que fueron contestados por la contraria el 28/12/2023.
III. Apelación de la actora:
A título preliminar, indica que, se agravia de la sentencia del TFN, mediante la cual se le impusieron las costas del proceso en relación a los rubros del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Sostiene que la realidad es que la sentencia apelada resuelve limitar la responsabilidad de la Compañía por el monto efectivamente garantizado -y consentido- imponiendo las costas a cargo de mi mandante, cuando la perdidosa debió hacerse cargo de la totalidad de los gastos del proceso. Ello por cuanto la pretensión aduanera no prosperó y el Decreto N° 1684/93 (B.O. 17/8/93), dispuso claramente que la parte vencida deberá hacerse cargo de las costas, sin excepción alguna (mod. art. 1163 del Código Aduanero).
Asimismo, interpreta que no hay fundamento alguno para considerar la imposición de costas dispuesta.
Afirma que, su parte ha resultado claramente vencedora en el pleito. Ello se desprende del formulario F4, en el cual se consignó el monto consentido y el concepto que reflejaba dicho monto.
Afirma que cuestionó la suma que excediera de la suma máxima garantizada y la Aduana pretendió que la compañía pague el importe de los tributos como si fuera la principal responsable, es decir, en la misma medida que la firma importadora.
Indica que es claro que el Excmo. Tribunal, al momento de imponer las costas tuvo en cuenta el importe total de los tributos reclamados, pero sin considerar el monto consentido por su parte y la oposición de la Aduana. Expone que el Tribunal Fiscal pretende apartarse del principio de la derrota, sin fundamento alguno.
Aduce que, el Código Aduanero, en su artículo 1163 -a partir de la reforma prevista por el Decreto N° 1684/93- establece la imposición de costas al vencido, sin excepción alguna. En consecuencia, en las salas del Tribunal Fiscal con competencia aduanera, las costas siempre deben estar a cargo del vencido.
En el presente caso, destaca que, su parte no resultó vencida ya que se allanó desde el inicio al pago de la suma máxima afianzada.
Refiere que, el artículo 1163 del Código Aduanero, conforme Dto. 1684/93 (B.O. 17.08.93), terminantemente expresa: "La parte vencida en el juicio deberá, sin excepción alguna, pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones que rijan en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes de las partes y sus patrocinantes, así como las arancelarias respectivas para los peritos intervinientes."
Pondera que, en la sentencia en trato, el Tribunal nada ha dicho al respecto, por lo tanto postula que resulta nula la resolución en cuestión en cuanto se aparta del principio rector, sin justificación alguna.
No existe en el caso de autos ningún fundamento válido para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo que el fundamento de este pronunciamiento es dogmático e inconsecuente, y desconoce lo dispuesto por el propio Código Aduanero.
En síntesis, argumenta que, frente a la falta de fundamentación y de motivos suficientes para apartarse del principio de derrota, corresponde revocar la sentencia en cuanto los agravios aquí expresados y hacer lugar al presente recurso, atento que el artículo 1163 del Código Aduanero expresamente dispone la imposición de costas al vencido, sin excepciones. Pues, su parte se vio obligada a incurrir en gastos causídicos por exclusiva responsabilidad de la demandada. Asevera que resulta evidente, entonces, que el accionar incongruente de la demandada le ha provocado perjuicios, por lo que las costas le deben ser impuestas a la contraria.
IV. Apelación del Fisco Nacional:
Se agravia por el hecho de que el Tribunal Fiscal de la Nación resuelve extra petita, al indicar que la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, lo cual no fue materia de agravios en el presente.
Indica que, el Tribunal Fiscal de la Nación se ha pronunciado sobre pretensiones y defensas que no han sido articuladas por la actora, en clara contradicción con las normas básicas del derecho procesal y del Código Aduanero.
Destaca que, conforme surge del recurso de apelación interpuesto por la actora como del F4 presentado por ésta, la Compañía únicamente se agravia en cuanto a que el IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias no son tributos que graven la importación para consumo de la mercadería en trato, no resultando de aplicación el artículo 20 de la Ley N° 23.905.
Por ello la contraria sostiene que los conceptos de percepciones de IVA Adicional y Ganancias deberían haber sido reclamado en moneda nacional y pretende la aplicación del precedente “Volkswagen Argentina S.A.” dictado por la CSJN.
Alega que, sin perjuicio del precedente mencionado, la realidad es que la actora no se agravió concretamente de la exigencia de tales impuestos, por lo tanto no puede El Tribunal Fiscal de la Nación intentar introducir argumentos no mantenidos en la instancia.
Advierte que, si se analiza la sentencia recurrida, en ningún momento el a quo refiere a los argumentos ahora sostenidos por la apelante, es que justamente sus agravios iban por otra lado. Es decir, no se trató la cuestión planteada en el fallo “Cladd ITA S.A.”.
Resalta que, la actora al apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución aduanera, se refirió solo a la supuesta improcedencia de su exigencia dólares estadounidenses cuando debería haberse liquidado en pesos, al tipo de cambio vigente a la fecha en que se generó el hecho gravado. No obstante ello, en ningún momento el TFN fundamenta por qué corresponde tratar un tema que no fue planteado por ninguna de las partes del litigio.
Manifiesta que, sin embargo, su parte analizará los posibles argumentos -erróneos- que el TFN podría haber considerado a los efectos de intentar justificar su accionar y fallar conforme lo hizo en la sentencia. En dicho contexto, alude que, el “iura novit curia" consiste en que los jueces letrados aplican el derecho que se adapta a las peticiones efectuadas por las partes, aunque éstas denominen o califiquen mal el derecho. Se funda, entonces, en la presunción lógica sobre el conocimiento del derecho por parte del juez a quien corresponde calificar la esencia del pleito y aplicar la norma jurídica pertinente.
Hace hincapié en que, ese principio no habilita al juez a resolver pretensiones no formuladas por las partes, sino que lo habilita a aplicar, a las pretensiones formuladas, el derecho que corresponda por más que las partes hayan mal interpretado o mal calificado el derecho fundante.
A modo de ejemplo, indica que, imaginando que la actora se hubiera agraviado respecto de la exigencia de concepto de IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias más no lo hubiera incluido en el F4, el a quo, por el principio “iura novit curia” correctamente debería adaptar la pretensión de la actora y tratar el tema en cuestión.
Alega que, totalmente distinto es el caso en estudio, en que jamás la actora se refirió a la exigencia de concepto de IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias y mucho menos objetó la misma. Sucede que el principio invocado no otorga al juez el deber de pronunciarse sobre pretensiones no introducidas por las partes, sino que lo obliga a adaptar las mismas (pretensiones invocadas) al derecho aplicable vigente.
Resalta que, en el caso en examen, jamás la actora mencionó algo relativo a la exigencia del IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias, es decir que no ha sido un hecho determinado por las partes sobre el cual el a quo pueda hacer uso de sus “amplias facultades”.
Simplemente, y sin que la recurrente mencione algo al respecto, el a quo considera incorrecta la exigencia del IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias y procede a modificar la exigencia tributaria de manera unilateral y a su propio criterio. Inadmisible conclusión.
Argumenta que la jurisprudencia ha resuelto que la atribución que le otorga el art. 1143 del C.A. al Tribunal Fiscal, en cuanto puede establecer la verdad de los hechos y resolver el caso con independencia de lo alegado por las partes, no le permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda y las pretensiones de las partes (CAF, sala II, sentencia del 3/10/1996 “Abad, Carlos R. c/ANA s/rec. de apelación”).
Refiere que, esto último, no es otra cosa que el principio de congruencia, el cual se ve afectado en casos como el presente, en que el juez decide resolver pretensiones o defensas que no han sido articuladas por las partes.
Considera que, en autos el Tribunal Fiscal de la Nación ha violentado el principio de congruencia, lisa y llanamente, lo cual afecta incluso al derecho de defensa de su parte y al debido proceso.
Postula que, el a quo fue más allá de lo peticionado al resolver de la forma en que lo hizo, amparándose de un principio que no justifica la sentencia dictada, como el “iura novit curia”. Los sentenciantes no pueden avocarse a resolver una cuestión que no fue oportunamente planteada por la recurrente (extra petita), y el art. 1143 .C.A, no les permite ello, ya que deben siempre tratarse de hechos determinados por las partes, y a partir de allí es que tienen amplias facultades para esclarecer la verdad de los mismos. En autos, la actora no trajo a debate ni ha cuestionado la exigencia del IVA Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias por su parte, ni mucho menos se ha agraviado respecto de ello.
Alega que, en definitiva, el Tribunal Fiscal de la Nación ha resuelto extra petita al modificar el pago de tributos en desmedro de su parte al considerar que la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Esta pretensión y defensa jamás fue articulada por la parte contraria. Sin embargo, el TFN, al malinterpretar el principio "iura novit curia" y el artículo 1143 del Código Aduanero, decidió resolver como lo hizo, lo que afectó el derecho de defensa de la recurrente y el debido proceso.
En conclusión, solicita que se revoque la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravios y se confirme en su totalidad la resolución Aduanera, con costas a la actora.
V-. Que previo al tratamiento de los agravios, debo advertir inicialmente que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
VI. Que mediante la Resolución AD CAMP N° 146/2017, dictada en la actuación SIGEA Nº 12577-27-2012 el 7/04/2017, el Sr. Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, condenó a la firma Curtarsa Curtiembre Argentina SAIC y a los síndicos del concurso preventivo de la compañía, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., al pago de una multa equivalente a una vez y media del monto de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en trato, graduada en ($9 179.064,32. Asimismo, intimó a la firma Curtarsa Curtiembre Argentina SAIC y a los síndicos del concurso preventivo de la compañía al pago de los tributos adeudados en forma conjunta con la aseguradora, con más los intereses del art. 794 del C.A, establecidos en U$S 73.873,09 (arts. 2° y 3°).
Contra dicha resolución, la importadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En los fundamentos limitó su apelación a: (i) reclamo del derecho adicional con fundamento en el precedente de C.S.J.N. “Frisher” del 14/08/2013 donde se sostuvo que aquél no resulta exigible en las denominadas “importaciones irregulares”. Expresamente manifestó “A modo de anticipo, señalo que el reclamo, sin la inclusión de derecho adicional (…), debería ascender a la suma de U$$ 42.217,85, según el siguiente detalle: Derechos: 1857,71; Estadística: 400; IVA: 19.980,07; IVA Adic.: 9.514,32; Ganancias: 10.465,75; Total: 42.217,85”; (ii) el cálculo de los anticipos IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias debía realizarse en pesos: no son tributos que graven la importación para consumo de la mercadería, no les resulta de aplicación la disposición contenida en el art. 20 de la ley 23.905. Invocó lo resuelto por la C.S.J.N. en el precedente ”Volkswagen Argentina“ del 23/08/2011. Puntualizó que “con este argumento, entonces el reclamo debería quedar determinado en la suma de U$S 22.237,75 y $ 85.594,50” y (iii) el límite de la garantía: $298.000 (ver fs. 11/17 vta. del expte. papel). Al completar el Formulario F4, con carácter de declaración jurada, manifestó “Monto Total: U$S 73.873,09; Monto Cuestionado: U$S 55.624,47 (TC 16,33); Monto Consentido: $298.000”.
El Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó parcialmente la deuda tributaria en concepto Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IV.A., indicando que ascendía a la suma de U$S 22.237,75, con más los intereses del art. 794 del C.A. que debían calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 30/06/2011, hasta la fecha de su efectivo pago.
Declaró que el importe que podrá exigirse a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. sería de $ 298.000, sin perjuicio de los intereses devengados sobre los rubros confirmados, hasta la fecha de su efectivo pago.
VII. Que, ahora bien, de la lectura de la sentencia apelada surge que el Tribunal Fiscal de la Nación abordó cuestiones que no habían sido propuestas por las partes. Pues, sin mediar petición de parte, declaró que la DGA carecía de facultades para exigir los importes en concepto de las percepciones de IVA adicional y del Impuesto a las Ganancias y los excluyó de la liquidación tributaria.
En efecto, no surge del recurso que abrió la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, descripto más arriba, que la aseguradora hubiera cuestionado la procedencia de los ítems correspondientes a las percepciones del Impuesto a las Ganancias e IVA adicional, sino que, al respecto indicó que dichas sumas debían liquidarse en pesos por aplicación del fallo del Máximo Tribunal “Volkswagen”, antes citado.
VIII. Que en función de los agravios esgrimidos por el Fisco Nacional la cuestión que debe resolver esta Sala ha quedado circunscripta a determinar si corresponde aplicar, de oficio, a una liquidación de los tributos que gravan una importación temporal, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Cladd” y excluir de ese cálculo la exigencia tributaria referida a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, cuando su procedencia no fue cuestionada por la actora.
IX. Que esta Sala ha expresado, aunque respecto del derecho adicional que:
“Que, cabe adelantar, que le asiste razón al apelante parcialmente, habida cuenta que es cierto que el derecho adicional no ha sido siquiera impugnado en sede aduanera ni sometido a consideración del Tribunal Fiscal de la Nación (v. descargos de fs.78/81vta., fs.24/28 y fs.37/40 de las actuaciones nros. 12350-469-2006, 12353-79-2007 y 12350-471-2006 y presentación recursiva ante el T.F.N. de fs. 18/23), por manera que la cuestión ha sido consentida y su tratamiento de oficio por el tribunal revisor importa una flagrante vulneración del principio de congruencia y del derecho de defensa de la demandada”.
“En efecto, de ningún modo puede ser introducido de oficio con sustento en la potestad conferida por el art.1.143 del C.A. o del principio iura novit curia, pues la citada norma que otorga la atribución para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes no opera hasta el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de parte, porque dicha atribución no permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda, ni suplir las negligencias o deficiencias que acusen las partes en sus planteos ni en las pruebas que proponen” (esta Sala, in re: “International Pine Products S.A. (TF 24449-A) c/ DGA”, Expte Nº 46.096/15, sentencia el 11/2/16 y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA”, expte. n° 61.468/2016, del 3/08/2017, entre muchos otros.-). Ello sentado, deben ser admitidas las quejas que expone el Fisco Nacional en sustento de su recurso, respecto de la improcedente inclusión de oficio por parte del Tribunal Fiscal de una cuestión no alegada por la firma importadora, revolcándose lo decidido en este aspecto.
X. Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal limitó la responsabilidad de la actora a la suma máxima garantizada ($298.000) y más allá del cuestionamiento originario puntual de los tributos reclamados, la realidad es que el importe de la suma máxima asegurada no cubre, ni siquiera, el importe correspondiente al Derecho de Importación, la Tasa de Estadística y el IVA.
Sobre esta cuestión no hay agravio alguno por parte de la Aduana. La apelante no se agravia del hecho que el sentenciante resolvió que la responsabilidad de la actora alcanza a la suma máxima asegurada, más allá de los detalles en cuanto a los tributos.
El organismo jurisdiccional administrativo, puntualmente resolvió “Declarar que el importe que podrá exigirse a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. será de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 298.000), sin perjuicio de los intereses .... ”.
En tales condiciones, la apelación interpuesta, en nada modifica el monto por el que procede la condena. De este modo, además de extra petita, la inclusión de la doctrina “Cladd” en la sentencia impugnada, resulta inoficiosa, si se pondera que se limitó la responsabilidad de la actora al monto de la póliza.
XI. Que lo aquí decidido es, sin perjuicio, de lo resuelto por esta Sala en autos 38.336/2017 “Iveco Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 17/9/2019 y en autos 3.424/2022 “Sila Argentina SA - TF 39393-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/06/2022, en los cuales se aplicó mutatis mutandi la doctrina del precedente de la C.S.J.N. “Codorniu Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 26/12/2017”, toda vez que en dichos casos, la resolución aduanera fue cuestionada in totum (sin exclusión ni salvedad alguna), lo cual se correspondía, asimismo, con lo declarado y consignado en el formulario F. 4, circunstancia que no se verifica en el sub examine.
XII. Que en atención al modo en que se deciden las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada por parte de los recurrentes y resultado final del pleito -en el cual la actora resultó sustancialmente vencida en sus postulaciones impugnatorias-, corresponde que las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por la parte actora (arts 68 y 279 CPCC).
Estas mismas circunstancias y análogos fundamentos, determinan naturalmente el rechazo del agravio de la actora en lo que al punto refiere. Por el ello, el Tribunal RESUELVE: 1) admitir el recurso interpuesto por el Fisco Nacional con el alcance aquí indicado y declarar inoficiosa e improcedente la exclusión de las percepciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado de la liquidación practicada en autos, y 2) rechazar el recurso de la actora; imponer las costas de ambas instancias a la actora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia