Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 38240-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte recurrente y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del acto de apertura del sumario y la consecuente prescripción de la acción de la parte demandada para imponer la multa y exigir los tributos;
2Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida; y 3. Establecer los honorarios de conformidad con el considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 19.882/2024 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 38240 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” - TFN sala "G"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre del 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 38240-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal resolvió declarar la nulidad del auto de apertura de sumario dictado el 18 de diciembre de 2007 en el marco de las actuaciones SIGEA n° 608514-762-2005, así como la prescripción de las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos por la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la DIT n° 00 001 IT14 000262 P, con costas.
Para declarar la prescripción de las acciones, el Tribunal sostuvo que, si bien la instrucción del sumario se dictó dentro del plazo prescriptivo, su notificación al recurrente se efectuó aproximadamente cinco años después, sin que en el expediente administrativo constaran razones que justificaran tal demora por parte del servicio aduanero. En consecuencia, entendió que el acto de apertura del sumario carecía de entidad suficiente para suspender la prescripción tanto de la acción para imponer sanciones (art. 937 inc. a del C.A.) como de la acción para perseguir el cobro de tributos (art. 805 inc. a del C.A.).
En cuanto a la nulidad del auto de apertura del sumario, el Tribunal advirtió que dicho acto se limitó a disponer la instrucción sin incluir información esencial, como el valor en aduana de la mercadería, la posición arancelaria y la liquidación de los tributos presuntamente adeudados, postergando tales determinaciones hasta cinco años después, cuando finalmente se practicó la liquidación el 18 de mayo de 2012. En este sentido, concluyó que la actuación del servicio aduanero resultó contraria a lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., que exige que la determinación y liquidación de los tributos se efectúe en el mismo acto de apertura del sumario. Por lo tanto, declaró la nulidad absoluta del acto administrativo conforme a lo establecido en los arts. 14 y 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
II. Disconforme, el fisco apeló y expresó agravios que fueron replicados por su contraria.
Invoca que el auto de apertura del sumario cumplió con el art. 1094 del C.A. y produjo sus efectos legales, en particular la suspensión de la prescripción de la acción fiscal para percibir tributos.
Sostiene que lo resuelto desconoce los principios de validez y convalidación de los actos administrativos, ya que no todo defecto formal acarrea nulidad si el acto cumplió con su finalidad.
Afirma que no puede haber “nulidad por la nulidad misma” y que, al presumirse legítimos los actos administrativos, la actora no acreditó un perjuicio concreto ni defensas frustradas. Invoca lo dispuesto en el art. 1051 del C.A. y defiende que la apertura del sumario tuvo virtualidad para interrumpir los plazos de prescripción tanto respecto de tributos como de sanciones.
Por todo ello, considera que el Tribunal valoró erróneamente los hechos y las pruebas de la causa.
III. Atento el contenido de las críticas formuladas por la demandada, corresponde examinar si el auto de apertura del sumario cumplió con los presupuestos establecidos en el art. 1094 del Código Aduanero.
De las actuaciones SIGEA n° 608514-762-2005 surge que, el 15 de febrero de 2005, el servicio aduanero labró el acta de denuncia n° 2318/05 por infracción a los arts. 970 y 972 del C.A., en relación con la DIT n° 00 001 IT14 000262-P, cuyo vencimiento había operado el 6 de enero de 2002 (fs. 1).
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En ese marco, se incorporó la carpeta original de la DIT, de la cual consta que el 14 de enero de 2000 se oficializó la destinación de importación temporaria para la mercadería “vidrio templado: vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado”, por un total de 1.316 unidades (fs. 4). El 8 de enero de 2007 se agregaron a las actuaciones SIGEA los siguientes antecedentes (fs. 5 vta.):
(i) Actuación n.° 608514-1744-2005: contiene un pedido de rectificación presentado por el importador el 6 de abril de 2000 respecto del Permiso de Embarque (PE) n.° 00 001 EC03 002657-C, oficializado el 7 de febrero de 2000. En dicha presentación, el importador señaló que, por un error involuntario, documentó una descarga de mercaderías importadas temporalmente, entre las cuales se encontraba la DIT involucrada en autos (fs. 1/12). (ii) Actuación ADGA 422040/01: el servicio aduanero ordenó la remisión de antecedentes a la Sección Procedimientos Técnicos, a fin de controlar la descarga de las DIT en el permiso de embarque (fs. 13). Asimismo, dispuso solicitar al Juzgado en lo Penal Económico n° 2, Secretaría n° 3, la Caja n° 239 secuestrada en la causa n° 21.149/02 (fs. 14). Dicho pedido fue contestado el 12 de mayo de 2003 por el Tribunal, que ordenó la desintervención de la caja que contenía la DIT a fin de analizarla (fs. 15). Posteriormente, la Comisión Desinterventora de la causa n° 21.149 remitió el expediente para su agregación junto con el acta de denuncia n° 2318/05 (fs. 16/17).
El 18 de diciembre de 2007, el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en los siguientes términos: “VISTO la denuncia efectuada por la COMISIÓN CAUSA N.° 21.149, por la que se da cuenta que la firma JORGE SEQUENSA S.A. (…) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal n° 00 001 IT14 000262 P (vto. 06/01/2002), lo cual configuraría la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. DISPÓNESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO, en los términos del art. 1090 inc. c) del citado texto legal. DÉSE INTERVENCIÓN a la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Buenos Aires para que, teniendo en cuenta la documental adjunta en la actuación n° 608514-1744-2005 (…), se sirva informar de manera discriminada la mercadería en infracción” (fs. 7).
En esa oportunidad, se informó que no fue posible acreditar la cancelación de la DIT, por no encontrarse agregado el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) correspondiente. En consecuencia, se determinó el valor de la mercadería y se incorporaron las liquidaciones pertinentes (fs. 8/15). El 10 de octubre de 2012 se realizó una consulta sobre el estado de la garantía y los montos afectados (fs. 14/15). Al día siguiente, el servicio aduanero ordenó correr vista a la firma importadora y a la aseguradora en su carácter de garante de la obligación tributaria, conforme al art. 1101 del C.A. (fs. 16).
IV. Las circunstancias descriptas me llevan a concluir que el pronunciamiento apelado debe ser mantenido en cuanto declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y, consecuentemente, de los actos cumplidos con posterioridad.
Ello es así, toda vez que de dichas actuaciones no surge de manera concluyente la indicación de las circunstancias que pudieran conducir a la comprobación de los hechos denunciados y, específicamente, de la mercadería en infracción según su calificación legal. Estos aspectos cobran especial relevancia por tratarse de una materia de carácter represivo, en la que se ve afectado el derecho de defensa de la encartada. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta la ambigüedad con la que procedió el servicio aduanero, lo que refuerza la necesidad de garantizar un debido proceso.
En definitiva, no se cumplió con la finalidad del procedimiento sumario previsto en el CA (arts. 1091, 1094 y cc).
V. Sobre este punto, esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener un cabal conocimiento de las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 19.882/2024 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 38240 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” - TFN sala "G"
conductas investigadas —aspecto que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)—, sino que, además, implica la primera intervención de la administración aduanera, que frente a la posibilidad de desestimar la denuncia o ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por considerar que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas nro. 29/2013 “Enod SA c/ DGA” y nro. 62.944/2019 “Federal Express Corporation, c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013 y del 17 de julio de 2020 , respectivamente, entre otras).
Por su finalidad, el auto de apertura debe exhibir de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causa nro. 30.455/2018 “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12 de marzo de 2019).
El art. 1090 del CA dispone que “[r]ecibidas las actuaciones, el administrador: a) [o]rdenará ampliar la investigación en aquellos aspectos que considerare necesarios; b) [d]esestimará la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera; o c) [d]ispondrá la apertura del sumario”.
Con ello en claro, se advierte de manera inequívoca que, en el acto de apertura del sumario, el servicio aduanero no determinó con precisión los hechos constitutivos de la conducta reprochada. Por el contrario, lo hizo en términos amplios y ambiguos, sin individualizar específicamente la mercadería en infracción, a pesar de encontrarse agregado el PE n° 00 001 EC03 002657-C, oficializado el 7 de febrero de 2000 y el pedido de corrección formulado por el propio importador, todo ello con anterioridad al acta de denuncia n° 2318/05. Así, la apertura del sumario realizada por el servicio aduanero en el caso, en los términos del art. 1090 del C.A., luce infundada.
Lo hasta aquí expuesto resulta definitivo para desestimar el recurso de la parte demandada y confirmar la nulidad del auto de apertura del sumario, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.).
VI. Finalmente, corresponde examinar los recursos de apelación interpuestos "por altos" —por la demandada a fs. 126— y "por bajos" —por el letrado beneficiario a fs. 128/9 —, contra la regulación de honorarios realizada por el TFN a fs. 108.
A tal fin, cabe tener en cuenta la naturaleza del proceso, su monto, la etapa procesal cumplida bajo la vigencia de la ley 21.839, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, por lo que corresponde ELEVAR a la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($310.000) los honorarios de la dirección letrada y la representación procesal de la parte actora, doctor Enrique Benítez Cruz, por su actuación en la instancia anterior (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839; y esta sala, causa "Grupo Milenio SA (TF 30964-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", expediente n° 47.142/2023, pronunciamiento del 6 de agosto de 2024).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, atendiendo al momento en el que las tareas fueron efectivamente realizadas (Fallos 341:1063), corresponde ESTABLECER en 2,1 UMA —equivalente a la suma de $159.156,9 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 1860/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios del doctor Enrique Benítez Cruz por su actuación (fs. 149/57) en ejercicio de la dirección letrada y la representación procesal ante esta instancia (arts. 16, 19, 20, 30 y demás concordantes de la ley 27.423). La regulación precedente no incluye el impuesto al valor agregado, monto que —en su caso— deberá ser adicionado conforme a la situación subjetiva de los profesionales beneficiarios frente a dicho tributo. Por las razones expuestas VOTO por: 1) desestimar los agravios de la parte demandada y confirmar la nulidad del auto de apertura del sumario, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.); y 2) establecer los honorarios de conformidad con el considerando VII.
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La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la parte recurrente y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad del acto de apertura del sumario y la consecuente prescripción de la acción de la parte demandada para imponer la multa y exigir los tributos; 2. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida; y 3. Establecer los honorarios de conformidad con el considerando VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia