Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 85827996-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 19/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN); y
2Confirmar los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación y fija los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando IX .
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
12990/2024 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA (TF 85827996-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 24 de abril de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, con fecha 19/02/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A., en el sumario que ha tramitado como expediente n° 13289-25185-2014, a continuación de la liquidación efectuada a fs. 33 -último acto procesal útil-, comprendiendo por tanto la Resolución RESOL-2021-1192-E- AFIPDEPRLA#SDGTLA; 2) Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con relación al DIT n° 12 001 IT15 00847 F, en las actuaciones administrativas SIGEA n° 13289-25185-2014; e 3) Imponer las costas al fisco (fs. 228/232 del hipervínculo incluido en el presente párrafo). Para así decidir, en cuanto aquí interesa, luego de relatar las posiciones de las partes, precisó que las actuaciones administrativas se iniciaron con el acta de denuncia n° 523/2015, por la comisión prima facie de la infracción a los arts. 970/972 del C.A. respecto del DIT n° 12 001 IT15 00847 F, con vencimiento en 30/09/2014; y señaló la foliatura de las diversas liquidaciones de tributos y multas realizadas, así como la resolución por la que finalmente se sancionara una infracción al art. 970 del C.A.
En ese contexto, señaló que la actora cuestionó no haber sido citada dentro del sumario que labró el servicio aduanero contra la firma importadora Berries del Plata, lo que afectó su derecho de defensa. Respecto de lo que resaltó que del análisis de las actuaciones administrativas se advertía que el servicio aduanero no CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II aperturó sumario ni corrió vista a la aquí actora de lo actuado en el sumario infraccional.
Reseñó el art. 1101 del CA e indicó que la aquí actora recién tomó conocimiento del sumario administrativo al notificársele la Resolución RESOL- 2021-1192-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del C.A.
En función de ello, concluyó que no cabía duda que la omisión mencionada desnaturalizaba el procedimiento, sumado a que no podían considerarse cumplidos con la notificación de la resolución definitiva, vulnerándose así el derecho de defensa de la recurrente (art. 18 de la C.N.).
En función de ello, declaró la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como expediente n° 13289-25185-2014, en relación a la aseguradora recurrente, a continuación del último acto procesa útil, es decir la liquidación de fs. 33, siendo -en definitiva- nula la Resolución RESOL-2021-1192-E-AFIPDEPRLA#SDGTLA.
A continuación, trató el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora, para lo cual reseñó el art. 803 del C.A. y 805, inc. a), y precisó que en función de que el servicio aduanero omitió la apertura de sumario en el caso en autos, no existía causal suspensiva alguna de la prescripción tributaria. Señaló que el vencimiento del DIT operó el 30/09/2014; y conforme al artículo 803 del C.A., el plazo de prescripción de 5 años comenzó a correr el 01/01/2015. Por lo que, al no mediar causales suspensivas del curso de la prescripción tributaria -ya que no se aperturó sumario-, la misma operó el 31/12/2019, mientras que la resolución aquí apelada es de fecha 25/3/2021. En función de ello declaró la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, en relación a la operación n° 12 001 IT15 00847 F, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II ya que, al dictarse la resolución definitiva, la acción del Fisco se encontraba prescripta.
Finalmente señaló que en función de la forma en que se resolvía no correspondía analizar los demás planteos de la actora.
II. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 22/4/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios con fecha 14/5/2024, los que fueron replicados por la contraria con fecha 16/5/2024 (ver fs. 256/257, 259/262 y fs. 265/280, del hipervínculo incluido en el presente párrafo). El recurrente señaló, sintéticamente, que “lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación ha sido fruto de una interpretación arbitraria de los hechos y el derecho invocado en la causa, omitiendo considerar factores claves, motivo que lo ha llevado a cometer un error de tal magnitud que requiere de V.E. el apartamiento de lo normado por el artículo 1180 del C.A”.
A continuación, refirió que “el punto que el TFN omitió al decidir el presente pleito, es que la contraparte se había acogido voluntariamente al régimen de facilidades de pago reglado por el art. 53 de la Ley 27.260 N° de plan J461853. Ello con las consecuencias que trae aparejado dicho acogimiento, es decir allanarse a la pretensión aduanera de autos. De acuerdo a las constancias de fs. 24 vta. (de las actuaciones administrativas) ha podido acreditarse que la encartada incumplió con el pago del plan indicado en el párrafo anterior, por lo que, producida ya la suspensión por incumplimiento al régimen, correspondía continuar con lo prescripto en la normativa aplicable a dicho plan de facilidades y por ende condenarla por la infracción al artículo 970 del CA”.
Por otra parte, comentó que el Tribunal Fiscal expresó que: “la aquí actora recién toma conocimiento del sumario administrativo al notificársele la Resolución RESOL-2021-1192-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada en autos”, lo que afirmó que no era cierto, conforme las constancias de fs. 7, 16, 17, 21, 22 de las actuaciones administrativas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
A lo que añadió, finalmente, que los supuestos vicios denunciados por el TFN, además de haber podido ser subsanados, no le han impedido a la actora el ejercicio de su derecho de defensa.
Por lo que, bajo la consideración de que las nulidades serían -a su entender- siempre subsanables y que las mismas deben ser ponderadas con carácter restrictivo, la declaración de nulidad constituyó una nulidad por la nulidad misma, afectándose el principio que vela por la búsqueda de la verdad material y configurándose un incumplimiento por parte del TFN, en perjuicio de los derechos de su parte.
III. Que mediante el pronunciamiento del 11/3/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios del Dr. Benítez Cruz y del perito contador de autos (fs. 239/240 del hipervínculo del presente párrafo).
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el letrado de la parte actora por considerarlos bajos a fs. 243/246.
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
V. Que en el sub examine, el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución RESOL-2021-1192-E-AFIPDEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 13289-251852014, se sustentó en que se advertía que el servicio aduanero no aperturó sumario ni corrió vista a la aquí actora de lo actuado en el sumario infraccional.
En ese contexto, las manifestaciones y valoraciones efectuadas por el recurrente no pueden ser consideradas como un agravio concreto contra lo decidido, toda vez que sus planteos parecieran indicar que su contraria es la firma Berries del Plata SA, cuando en el caso la parte actora se trata de la aseguradora Chubb S.A., conforme lo que se explicará a continuación.
Así las cosas, respecto de lo referido en cuanto al allanamiento a la pretensión que traería aparejado el acogimiento a un plan de facilidades y los posteriores efectos de la caducidad de dicho plan con fecha 18/12/2020, cabe señalar que conforme se desprende de las actuaciones administrativas, el mismo habría involucrado a la firma Berries del Plata S.A., por tanto no se explica -y la parte demandada no fundamenta-, de qué manera y con qué alcances, podría tener aquella cuestión influencia respecto de la situación de la parte aquí actora (ver fs. 155/156 del pdf de las actuaciones digitalizadas).
Teniendo ello en consideración, lo referido respecto de que “la contraparte se había acogido voluntariamente al régimen de facilidades de pago reglado por el art. 53 de la Ley 27.260 N° de plan J461853. Ello con las consecuencias que trae aparejado dicho acogimiento, es decir allanarse a la pretensión aduanera de autos”, resulta ajeno al ámbito subjetivo de las presentes actuaciones que se ventilan entre el fisco y la aseguradora de caución (mientras quien se acogió al régimen de facilidades es el importador) y luce por lo mismo carente de toda CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II fundamentación respecto de los alcances que la parte demandada intenta consignarle a dicha cuestión.
Por otra parte, en lo atinente a que la aquí actora tomó conocimiento del sumario administrativo previamente a lo señalado por el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia, ello conforme surgiría de las constancias de fs. 7, 16, 17, 21, 22 de las actuaciones administrativas, del simple cotejo de aquellas se desprende que el sujeto interviniente en todas ellas es la firma Berries del Plata S.A., advirtiendo una inconsecuencia similar a la señalada anteriormente respecto de quien sería la contraria en las presentes actuaciones, es decir, Chubb SA (ver fs. 103, 121, 123, 131 y 133 del pdf de las actuaciones administrativas digitalizadas).
A ello se puede agregar que es correcto lo señalado por el Tribunal Fiscal respecto de la falta de notificación a la aquí actora hasta el dictado de la resolución sancionatoria, primer acto que le fue efectivamente notificado, según consta del expediente administrativo acompañado.
Finalmente, en cuanto a que los vicios podrían haber sido subsanados y no le impidieron ejercer el derecho de defensa, en línea con lo antes señalado, advirtiendo la falta de notificación a la aseguradora -sumado a la carencia argumentativa del planteo-, cabe rechazar de plano el argumento o manifestación sintéticamente expuesta al respecto.
VI. Que, a todo evento, recuérdese que conforme la normativa imperante, la ponderación que el Tribunal Fiscal de la Nación haga de los hechos, constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever en esta instancia en atención a la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (conf. artículo 1180 del Código Aduanero).
Por tanto, en la medida en que no se advierta un error de magnitud suficiente, no corresponderá examinar la ponderación que de las cuestiones de hecho se haya efectuado, toda vez que resultan del ejercicio por ese organismo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II jurisdiccional de sus facultades propias a fin de apreciar las pruebas (conf. CSJN, Fallos, 300:985; y esta Sala, en autos 7867/2024 “Spina, Fabián Oscar - TF 27.382-A y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/11/2024; entre otros); lo que, conforme se acaba de explicar, con asiento en las postulaciones recursivas traídas a conocimiento del Tribunal, no se verificaría en la especie.
VII. Que, en línea con lo hasta aquí expuesto, frente a la explicita y sólida argumentación, no se advierte en el recurso en examen una crítica o cuestionamiento al derecho aplicable o a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal, pues los desarrollos contenidos en el escrito recursivo no se corresponden ni abordan el núcleo de lo decidido en el pronunciamiento impugnado.
El Tribunal Fiscal, en su pronunciamiento, relató las circunstancias por las cuales concluyó que el servicio aduanero no aperturó sumario ni corrió vista a la aquí actora (aseguradora de caución) de lo actuado en el sumario infraccional. Por lo que, las manifestaciones de la apelante refieren a notificaciones, presentaciones o cuestiones vinculadas a la firma Berries del Plata S.A. (importador) que no resultan útiles para cuestionar las conclusiones del Tribunal Administrativo con facultades jurisdiccionales, pues no rebaten, ni se hacen cargo del verdadero fundamento de la sentencia impugnada y, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos.
VIII. Que, por último, en atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen también a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II
IX. Que a fin de tratar el recurso interpuesto; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol. 1192/2021 (F4), convertido a pesos; lo resuelto con fecha 19/02/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S. Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II puro derecho, corresponde confirmar- en lo que fue materia de recurso- los honorarios regulados en el punto 1°) de la regulación de fecha 11/03/2024; en favor del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ, letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($277.446) – equivalente a 3 UMA-; los emolumentos del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29 , 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 19/02/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN); y 2°) confirmar los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación y fija los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando IX .
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia