Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31544-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide, modificando las costas atinentes a los rubros excluidos, imponiéndolas sólo en esa proporción a la demandada. Las costas de alzada se imponen a la aseguradora sustancialmente vencida por no existir mérito para dispensa (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).
2Establecer honorarios de conformidad con lo determinado en el Considerando XI.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 1° de abril de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por la firma Chubb Argentina de seguros SA a fs. 215, contra la sentencia de fs. 203/209, fundado por la expresión de agravios de fs. 216/224, cuyo traslado fuera contestado por el Fisco Nacional (ex AFIP -DGA) a fs. 244/252. Asimismo, los recursos interpuestos a fs. 235/236 y fs. 241 contra la regulación de honorarios de fs. 230 y vta.; y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La importadora Curtarsa Curtiembre Argentina SAIC, el 29/11/2001 oficializó la importación temporaria de ácido fórmico correspondiente a la PA 2915.11.00.000Q, para su transformación al amparo del régimen previsto en el decreto 1439/1996, mediante el DIT 01 001 IT14 006334W (v. fs. 4 de la actuación 12197-1518-2005), cuyo vencimiento operó el 1/12/2002. La operación fue garantizada por la póliza nº 301951, extendida por Chubb Argentina de Seguros SA, cuya copia certificada fue agregada a fs. 16 de las actuaciones administrativas. En el año 2005, la Aduana inició un sumario infraccional a raíz de la denuncia del 17/02/2005 por la infracción prevista en el art. 970 del CA (v. acta de denuncia de denuncia, folio 1 de las act. adm.). De la compulsa de dichas actuaciones surge que el 20/04/2007 se dispuso la apertura del sumario y que el 15/06/2011 corrió la vista prevista en el art. 1101 del CA, citando a la garante, aquí parte actora (v. folios 9 y 18 de las act. adm.). En dicha oportunidad, se le hizo saber que la notificación produciría los efectos del art. 794 del CA. Sólo la aseguradora contestó y solicitó al servicio aduanero que agregue la póliza en virtud de la cual se le notifica la vista corrida a la firma importadora motivada en que eventualmente podría ser responsable del pago de los tributos liquidados, por la infracción denunciada. (cfr. fo. 21/22 de las actuaciones administrativas). Asimismo, expuso que conforme surge de la documentación agregada al despacho, la mercadería fue reexportada en legal tiempo y forma, tal como surge de la relación insumo/producto de la que da cuenta el CTC 4539/8. En cuanto aquí resulta de interés, cabe dejar sentado que en esa oportunidad, el 29/07/2011, no planteó la nulidad del auto de apertura del sumario ni la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos.
A fs. 27 del sumario se decretó la rebeldía de la firma importadora.
El procedimiento concluyó con la resolución (DE PRLA)
9542/2011, del 20/12/2011, en la cual el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros condenó a la importadora al pago de una multa, graduada en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de conformidad con lo previsto en el art. 970 del CA (ver art. 1°) y, al mismo tiempo, formuló cargo por los tributos a la importadora y a la aseguradora, como garante de las obligaciones tributarias, intimando a su pago, por la suma de $84.938,22 en concepto de los tributos adeudados, “dentro de los límites y por los rubros afianzados conforme la póliza nro. 301951” (ver fo. 29/30, art. 3°). Contra dicha resolución, a fs. 7/13 la aseguradora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que planteó el incumplimiento de las disposiciones del CA en materia procedimental, solicitó que se declare de todo lo actuado y, en especial, del acto por el cual se dispuso la apertura del sumario. En subsidio, reiteró que régimen de transformación había sido cumplido por la importadora, de manera que el siniestro garantizado que deriva del hecho imponible por la importación irregular, no había ocurrido.
Por la sentencia del 5/05/2017 el TFN dictó sentencia analizando todos los hechos ocurridos en otras actuaciones administrativas y sin relación con lo debatido en el caso (cfr.118/121vta.), lo cual fue objetado por la actora en la expresión de fs. 134/146.
Esta Sala, en la primera intervención del 7/02/2019, declaró la nulidad de ese decisorio, descalificándolo como acto jurisdiccional válido, por no encontrar sustento en los antecedentes de la contienda y ordenó la devolución del expediente al organismo de origen, para que, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento (cfr. fs. 184/185vta.)
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación Que por la sentencia del 10 de agosto de 2023, la Sala “G”
del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó parcialmente la resolución (DE PRLA) 9542/2011 manteniendo la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, por la suma $25.626 ,53, con más los intereses del art. 794 del CA, disponiendo su cálculo desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 30/06/2011, hasta la fecha del efectivo pago y revocándola parcialmente en relación con el derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias. Asimismo, declaró que el importe que podrá exigírsele a Chubb Argentina de Seguros SA será el que resulte de convertir el monto máximo garantizado en la póliza de USD34.000, en relación a $1 =1USD, con mas el CER que corresponda aplicar al día anterior a la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de los tributos adeudados, si este ultimo resultar inferior.
En los fundamentos de la sentencia surge que el vocal preopinante, al que adhirieron sus colegas de Sala, remitió al criterio expuesto al resolver los expedientes causas EX-2019-97789030- APN -SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019 -72410244-APNSGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, en los que sostuvo que a la luz de lo dispuesto por el art. 1012, inc. b), del CA, la DGA tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937, inc. a) y 805, inc. a) del CA, no se producen sino a partir de dicha notificación.
Y bajos tales premisas, a la primera cuestión votó por declarar que la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos reclamados se hallaba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada, pues el auto de apertura del sumario (al no haber sido notificado) carecía de la entidad suficiente para producir la suspensión prevista en el art. 805 del CA.
En seguida, dejó sentado que, sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala "G", correspondía analizar el fondo de la causa En lo que atañe a la segunda cuestión, definió que la resolución aduanera que condenó a la importadora al pago de una multa (art. 970 CA) y formuló la exigencia tributaria de conformidad con lo previsto en el art. 274 del CA resulta ajustada a derecho, toda vez que la primera no cumplió con el régimen aduanero.
En este sentido, expuso que el listado de descarga presentado el 21/05/2002, que se encuentra agregado en el sobre contenedor del DIT- indica un numero de solicitud de certificado de tipificación que no coincide con el numero de solicitud del CTC acompañado para solicitar la cancelación del DIT en sede aduanera. A lo antedicho, añadió que siendo esta la única documentación aportada al efecto, se desprende que el CTC definitivo relativo a la destinación en trato nunca fue emitido. Por consiguiente, toda vez que la importadora no cumplió las obligaciones sustanciales del régimen aprobado por la resolución ME 72/1992, corresponde considerar configurada la infracción endilgada. En cuanto a la tercera cuestión, modificó la exigencia tributaria del siguiente modo.
(i) por aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ““IEF Latinoamericana SA (TF 16.912 -A) c/DGA” y “Fisher SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, ambas sentencias del 14 de agosto de 2013, declaró la improcedencia de incluir en el cálculo de los tributos aduaneros al derecho adicional previsto en el art. 23 del decreto 1439/96;
(ii) en cuanto al IVA adicional y la percepción del Impuesto a las Ganancias, declaró que la DGA carece de facultades para exigirlos, a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, siguiendo el criterio que emana del precedente del Alto Tribunal, “Cladd ITA SA (TF 22.343 -A) c/ EN – DGA – resol 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, causa nº 22.930/2009/CA1-CS1, sentencia del 26 de noviembre de 2019.
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87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Impuso las costas por su orden respecto de los rubros derecho adicional, IVA adicional y la percepción del impuesto a las ganancias. Y condenó en costas a la actora respecto de los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA.
III. Los agravios de Chubb Argentina de Seguros SA.
Que la parte actora, en sustento de su recurso, plantea el incumplimiento de las disposiciones del Código Aduanero en materia procedimental, la nulidad de todo lo actuado y del acto por el cual se dispuso la apertura del sumario.
En este sentido, sostiene que previo a que opere el plazo de permanencia, el 21/05/2002 la importadora se presentó ante la Sección Procedimientos Técnicos e indicó que la mercadería había sido reexportada por los permisos de embarque que individualizó y acompañó la copia del CTC utilizado. Tres años después, el área formuló denuncia sin siquiera haber agregado el despacho en función del cual formulaba la imputación y dos años después instruyó el sumario. Transcurridos otros cuatro años sin tramitación, dispuso correr la vista del art. 1011 del CA. De ello, interpreta que la Aduana estuvo diez años sin intentar, aunque sea en menor medida, analizar la presentación efectuada por la importadora.
En caso el auto de apertura del sumario es nulo porque se emitió sin que se encuentren agregados los permisos de embarque que fueron objeto de la denuncia, de modo que resulta de aplicación lo resuelto en diversos precedentes que cita. En este orden de ideas, alega que la acción del fisco para percibir los tributos ha prescripto. Peticiona que se dicte un fallo ejemplar, prescindiendo de la doctrina de la subsanación y que se apliquen los lineamientos jurisprudenciales que emanan del caso “Bossi y García”, luego receptados en “Losicer”.
En subsidio, argumenta que se encuentra prescripta la acción del Fisco para efectuar el reclamo del IVA, toda vez que éste no se encuentra sujeto a las disposiciones del CA, en tanto como lo dispone el art. 51 de la ley del IVA (t.o. 1997), le resultan aplicables las disposiciones de la ley 11.683. Desde esta perspectiva, razona que el auto de apertura del sumario no tuvo ninguna entidad como para suspender o interrumpir el plazo quinquenal, computado desde el hecho imponible del año 2002, bajo las normas del procedimiento tributario. Finalmente, se queja de la imposición de las costas y solicita que, a todo evento, por aplicación del principio rector en esa materia, se condene a la demandada vencida en relación con los rubros Derecho Adicional, IVA Adicional, e impuesto a las ganancias, dado que su distribución en el orden causado no ha sido justificada en la sentencia, apartándose de lo dispuesto en el art. 1163 del CA.
IV. La contestación del Fisco Nacional ex AFIP-DGA.
Que, la parte demandada responde que el procedimiento no ha tenido una duración irrazonable, que la Aduana ha ejercido adecuadamente el control ex post y que el auto de apertura del sumario es válido y suficiente para interrumpir la prescripción acusada. Al planteo de prescripción del IVA responde que debe ser rechazado ya que el art. 1112 del CA en el incido b) obliga al servicio aduanero a pronunciarse sobre los tributos que resultaren adeudar los responsables. Advierte que la acreditación de que la mercadería importada temporalmente no ha sido regularizada es una condición sin la cual la Aduana no puede reclamar el IVA. De esto modo, explica que resulta contradictorio el planteo de la actora cuando impone selectivamente los arts. 56 a 65 de la ley 11.683, mientras que avala que sean reclamados en un procedimiento regido por la legislación aduanera, la cual resulta indudablemente aplicable al caso. En cuanto a las costas, indica que al momento del inicio de las actuaciones la jurisprudencia aplicada para excluir ciertos rubros de la liquidación no había sido dictada, siendo este punto suficiente justificativo para mantenerlas por su orden.
Solicita que se rechacen los agravios de la recurrente y se confirme la sentencia del Tribunal Fiscal. Con costas.
V. Alcances del pronunciamiento.
Que es importante recordar que es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III -11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; causa nro. 15567/2021 “Pioneer Argentina SRL -TF 39782-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/12/2024, entre otros).
VI. Rechazo de la nulidad del auto de apertura del sumario.
Que, en cuanto a la oportunidad procesal para introducir esta clase de argumentos, ha quedado explicitado que el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario esbozado en los agravios es producto de una reflexión tardía, pues no se introdujo en oportunidad de contestar la vista en sede aduanera (v. fs. 21/22 de la actuación 12197-1518-2005; arg. art. 1051, CA); circunstancia que impide su consideración a esta altura del proceso (Fallos: 312:103, entre otros); es pertinente señalar, además, que ello pone en evidencia que las supuestas falencias denunciadas no impidieron al ahora recurrente conocer los términos de la imputación, ni esgrimir las defensas que hacían a su derecho (en este sentido, v. Sala IV de esta Cámara, causas “Federal Express Corporation y otro c/ DGA”, expte. nro. 36848/2016, del 15/112016; “Vesuvio SACIFI (TF 27513-A) y otros c/ DGA”, expte. nro. 2544/2018, del 11/8/2022; “Henkel Argentina SA (TF 32665-A) c/ DGA”, expte. nro. 41265/2023 , del 2/11/2023; “Aseguradora De Créditos Y Garantías S.A. c/ EN – DGA – RESOL 2099/10 SIGEA - (EXPTE 2433/08) y otro s/ Dirección General De Aduanas”, expte. nro. 23231/2010, del 16/3/2021, entre otras; y esta Sala causa 36.790/2016 in re “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, del 8/09/2017 y, en su actual integración, expte. nro. 32407/12, in re, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA s/Dirección General de Aduanas”, del 17/09/2024).
Aun cuando fuere posible prescindir de lo expuesto, cabe recordar que para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender el cómputo de la prescripción, debe tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina el art. 1094 del CA. (cfr. esta Sala, expte. nro. 25382/2023, in re “SA Marítima y Comercial J R Williams (TF 36157 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25/10/2024 y sus citas, en especial, Considerando IV, primero y segundo párrafo). Al respecto, no es superfluo puntualizar que del expediente administrativo nro. 12197-1518-2005, que se tiene a la vista, se observa que a fs. 6 intervino la División Verificación de la Aduana e informó el valor y aforo de la mercadería al 1/12/2002, mientras que el 27/05/2005, se liquidaron los tributos que gravaban la importación. De este modo, el auto de fs. 9 de las actuaciones administrativas tiene aptitud para producir los efectos previstos sobre el plazo de prescripción, en tanto que, de acuerdo a la denuncia y a la valoración que lo precedieron, determinó con claridad los hechos constitutivos de la infracción y ordenó el pase para la liquidación de tributos pertinente, que fue cumplida a fs. 7, previo a ordenarse la vista a fs. 18.
VII. Rechazo de la prescripción de la acción para percibir tributos.
Que, con relación a la alegada prescripción de la acción del Fisco Nacional AFIP-DGA para percibir los tributos, corresponde poner de relieve que la acción prescribe por el transcurso de un plazo quinquenal (arts. 803 CA), que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (arts. 804 de la ley 22.415).
En el caso, al tratarse del incumplimiento de una importación temporaria, que torna operativa la presunción de importación para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consumo, el plazo se debe computar desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha del vencimiento de la operación (ello es, 1/01/2003).
Por su parte, el art. 805, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que se suspende el plazo de prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera desde la apertura del sumario en la causa que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Esta causal de suspensión prevista en el citado artículo 805, inc. a), fue ideada en consideración a que la acción del Fisco para percibir el tributo no se halla expedita, debiendo esperarse hasta la finalización de la causa abierta para investigar la existencia de un ilícito aduanero.
En el caso, la instrucción del sumario en los términos de los arts. 1090 inc. c) y 1094 del CA, dispuesta el 20/04/2007, suspendió el cómputo de la acción para percibir los tributos aduaneros, de manera que al momento del dictado de la resolución DE PRLA 9542/2011 no se hallaba prescripta, debiendo interpretarse que esta detención del tiempo se mantiene toda vez que, hasta la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; esta Sala, expte. nro. 36790/16, in re, “Citricola Ayui SAAICC –TF 25929 -A- c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 8/09/2017, Considerando X; Sala IV, expte. nro. 24779/15 in re “Scania Argentina SA c/ DGAs/ recurso directo de organismo externo”, del 24/11/2015; expte. 15461/2024 in re “Sesin SA (TF 29901-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del3/10/2024; entre muchos otros).
VIII. Improcedencia de aplicar la doctrina del plazo razonable a cuestiones netamente tributarias.
Que con relación a la postura mantenida por la apelante en el sentido de que, ha operado la extinción de la acción por haber transcurrido un plazo razonable en la tramitación del procedimiento administrativo, invocando la doctrina que emana de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Bossi y García c/DGA” y “Losicer Jorge Alberto C/BCRA”, sentencias del 8/11/2011 y del 26/06/2012, respectivamente, cabe señalar que ello no es así en razón de que la invocada doctrina resultaría, a todo evento, aplicable en la materia infraccional más nunca en el aspecto tributario.
En este orden de ideas, se observa que el accionante parece confundir dos institutos que sólo cabe vincular en situaciones puntuales, ya que resultan diferentes en cuanto a su naturaleza y alcances (conf. Morán, Marcos, “Derecho administrativo sancionador: Prescripción y plazo razonable”, LL, 2012-E, 389; esta Sala, expte. nro. 42.279/2012, in re, “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, del 6/06/2013; expte. nro. 46431/2013, in re, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 28/08/2014, expte. nro. 61529/2016 “Iveco Argentina SA TF 26168-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 5/10/2017, entre muchos otros).
En consonancia con este criterio se ha expedido la Sala IV, al dejar sentado que si bien la Corte ha señalado en numerosas oportunidades que el instituto de la prescripción constituye un instrumento jurídico adecuado para salvaguardar la garantía a ser juzgado dentro de un “plazo razonable” (Fallos: 322:360; 323:982; entre otros), tal doctrina no puede extenderse a la acción que tiene el Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, porque en este último supuesto no está involucrada la potestad punitiva estatal (Sala IV, expte. nro. 56632/15, in re “Iveco Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 14/04/2016 y sus citas; expte. nro. 23397/2016 in re “Ital Vinil San Luis SAIC c/ DGA”, del 22/9/2016; expte. nro. 70880/2017, “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN – AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 15/12/2020; expte. nro. 14530/2022 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, del 27/9/2022 y expte. nro. 23987/2015 “New Press Grupo Impresor SA c/ EN DGA s/ Dirección General De Aduanas”, y acumulado expte. nro nro. 21898/2019 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 27/02/2024, entre otros).
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87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En el caso, la aplicación de dicha doctrina queda excluida dado que la controversia, únicamente, consiste en un reclamo vinculado a la garantía de los tributos que gravan una operación de importación irregular, pues como consecuencia del incumplimiento del plazo de permanencia acordado para la mercadería documentada en el DIT 01 001 IT14 006334W, se la ha considerado importada para consumo (cfme. art. 274, inc., 1 a) del CA), debiendo la aseguradora responder en virtud de lo establecido por el art. 453 inc. c) del Código Aduanero y de la póliza 301951.
IX. Rechazo de la prescripción del IVA que grava la importación irregular (art. 1, inc. c) de la ley 23.349)
Que respecto a la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), corresponde remitirse a los fundamentos expresados por la Sala IV de esta Cámara con fecha 13/09/2022 en la causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, expte. nro. 44289/2015 y su acumulado “Acetatos Argentinos SA c/ EN DGA Resol 3791/11 (expte 12035-121/11) s/ Dirección General de Aduanas”, expte. nro. 8483/2012 (cfr. en igual sentido, esta Sala, expte. nro. 32407/12 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA s/Dirección General de Aduanas”, del 17/09/2024). Allí quedó establecido que, a diferencia de los tributos referidos en el punto precedente, el Impuesto al Valor Agregado recae efectivamente sobre las operaciones de importación. En efecto, tal como lo remarcó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 312/2009 (45-V)/CS1 “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A)
c/DGA”, del 23/08/2011 -por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal-, mientras que el IVA adicional constituye un adelanto del impuesto que deberá tributar oportunamente el importador de bienes muebles por mercaderías objeto de posterior comercialización en el mercado interno (cfr. resolución general AFIP 3431/91) y la percepción del Impuesto a las Ganancias comporta una forma de anticipar la futura -y eventual- gabela a ingresar por las rentas obtenidas y sujetas al referido gravamen (cfr. resolución general AFIP 3431/91), “sólo el IVA es un tributo que ‘grava’ las operaciones involucradas, puesto que así está establecido en el art. 1°, inc. c), de la ley 23.349” (v. cap. v, del dictamen).
En ese contexto, tampoco puede soslayarse que, conforme lo dispuesto por el decreto 618/97, de Organización y Competencia de la AFIP, se reconoció en cabeza de la DGA las atribuciones para “determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras a cargo del organismo: interpretar las normas o resolver las dudas, que a ellos se refieren” (cfr. art. 9°, ap. 2, inc. a).
Así pues, tratándose de un tributo cuyo hecho imponible recae sobre las operaciones de importación y que, además, por mandato legal, tiene como autoridad de aplicación al organismo aduanero, resulta lógico concluir que la prescripción de las acciones del Fisco tendientes a exigir su cobro se encuentre regida por lo que específicamente establece el ordenamiento aduanero en la materia (cfr. mutatis mutandis, Sala IV de esta Cámara, causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA”, expte. nro. 3.868/2019 y “SA San Miguel AGICIF y otro c/ DGA”, nro. 63.902/2017, sentencias del 23/05/2019 y 11/10/2018; entre otras).
En estas condiciones, no corresponde admitir la prescripción de la acción para percibir los tributos aduaneros ni el IVA, ya que desde la apertura del sumario el plazo que comenzó a correr el 1/1/2003 (art. 804 CA) se encuentra suspendido (arts. 803, 804, 805, inc. a) y c) del código aduanero).
X. Costas Que las costas correspondientes a la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, fueron impuestas en el orden causado respecto de los rubros Derecho Adicional, las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias, los cuales resultaron excluidos de la resolución (DE PRLA) 9542/2011 -por la suma de $59.311,69-, y, en cambio, se condenó a la aseguradora respecto de la procedencia de incluir en lo que adeuda la garante los derechos de exportación, tasa de estadística e IVA, quedando fijada su obligación en la suma de $25.626,53, más los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO intereses con el límite de la garantía convertida a pesos, más el CER el día anterior al del efectivo pago.
De modo, le asiste razón a la accionante cuando plantea en sus agravios que la parte demandada resultó vencida respecto de estas pretensiones que no deben integrar la liquidación del crédito que ha garantizado. Al respecto, cabe tener presente que en los precedentes “Frisher SRL (TF 16236-A) c/ ANA” (CSJN Fallos 336:1182) y “Cladd ITA SA (TF 22343-A) c/DGA” (CSJN expte .CAF 22930/2009/CA1 -051), aplicados de oficio por el Tribunal Fiscal, las costas fueron impuestas a la Aduana.
Por ello, corresponde modificar la imposición de las costas decidida en la instancia de origen y declarar que respecto de los rubros Derecho Adicional, las percepciones del IVA y del Impuesto a las Ganancias las costas deberán ser soportadas por el Fisco Nacional. En cuanto a las costas de Alzada, no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, de modo que corresponde imponerlas a la parte actora vencida por los ítems Derechos de Importación, tasa de estadística e IVA que se confirman, quien ha resultado sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que “el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho y las excepciones a la regla de la norma citada deben admitirse restrictivamente” (cfr. CSJN Fallos 343:1758 y 347:2177) .
XI. Honorarios a) A favor de la representación del Fisco Nacional (ex AFIP -DGA).
Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las tres etapas procesales cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional a fs. 230 (arts. 6, 7, 9, 13, 37 y 38 de la ley 21.839 y su modificatoria, ley 24.432).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación de honorarios. Por lo cual, el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 ––y su modificatoria ley 24.432––, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.I”, sentencia del 04/09/18; en especial considerando 3° del voto mayoritario).
Según esta doctrina judicial a los fines de regular honorarios resulta de aplicación el arancel que se encontraba vigente en el momento en que efectivamente se practicó la tarea profesional en cada etapa (cfr. esta Sala expte nro. 17647/2010/CA1–CA2, in re “Charadia Oscar y otros c/EN–M Defensa–FAA–Dto 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 25/08/2023).
En el caso, toda vez que el escrito de fs. 244/252 fue presentado durante la vigencia de la ley 27.423, por remontarse al 23/01/2024, en cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por parte actora SE REGULAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (ex AFIP-DGA), en conjunto, en la suma de 0,75 UMA, que según la resolución CSJN 237/2025, equivalen al momento del dictado de la presente a $ 50.724 (cfr. art. 30 de la ley 27.423).
b) A favor del letrado que intervino por la parte actora.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del CNPCCN, y en atención a lo decidido en la presente, corresponde practicar la regulación de los honorarios del profesional que actuó en el doble carácter por la parte actora.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
87438/2017 CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA TF31544-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En orden a ello, cabe En primer término, es apropiado poner de resalto que esta Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que se deben fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir –aun en los juicios de monto exiguo e, inclusive, sin monto– una justa retribución de las tareas desplegadas, compatible con la dignidad en el ejercicio profesional (art. 14 bis de la Constitución Nacional; esta Sala, in re: “Rosales Edin Fabio y Otros c/ EN–M Seguridad–GN DTO 1082/73 s/ Personal Militar y Civil de las FAA y de Seg”, Causa 534/2011, sentencia del 9/12/2020; “Bodega Piedra Negra SA c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa 38415/2019, sentencia del 15/11/2022; “López Ismael Atilio y Otros c/ EN– M Defensa Armada–DTOS. 1104/05 751/09 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, Causa 20214/11, sentencia del 09/03/2023, entre muchos otros).
Sentado ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto -el cual ha quedado circunscripto a los rubros que fueron excluidos de la liquidación aduanera-, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las tres etapas procesales cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE ESTABLECEN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz en PESOS DOSCIENTOS MIL $200.000 (arts. 6, 7, 9, 13, 37 y 38 de la ley 21.839 y su modificatoria, ley 24.432).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide, modificando las costas atinentes a los rubros excluidos, imponiéndolas sólo en esa proporción a la demandada. Las costas de alzada se imponen a la aseguradora sustancialmente vencida por no existir mérito para dispensa (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).
2. Establecer honorarios de conformidad con lo determinado en el Considerando XI.
Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/ A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia