Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-53586045-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al planteo de nulidad formulado por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y, en consecuencia, revocar la RESOL-2023-1440-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en las actuaciones SIGEA 18036-1969-2016, en cuanto exige tributos a la citada aseguradora en su carácter de garante de la obligación derivada de la DIT 10 001 IT14 004927 F, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-93405179-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Septiembre de 2026 DGA s/ Recurso de Apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, el Dr. Juan Manuel Soria y el Dr. Horacio Joaquín Segura, Vocal subrogante -por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación- y, con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “CHUBB SEGUROS ARGENTINA S A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, EX-2023-53586045- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que mediante presentación RE-2023-53583302-APN-SGASAD#TFN, la firma CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2023-1440-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 18 de abril de 2023 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en el sumario SIGEA N° 18036-1969-2016, notificada el 20 de abril de 2023.
Que mediante dicho acto se condenó a la firma CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C. al pago de una multa de $ 81.696,61, por considerarla incursa en la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, con relación a la mercadería documentada mediante la destinación de importación temporaria DIT N° 10 001 IT14 004927 F, cuyo vencimiento habría operado el 13 de agosto de 2012. Asimismo, se formuló cargo por tributos por la suma de U$S 17.740,85, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, intimándose a su pago a la importadora y a CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A., esta última en su carácter de garante de la obligación tributaria, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 706730.
Que la recurrente solicita la revocación de la resolución apelada o, subsidiariamente, la declaración de nulidad del sumario, con costas.
En sustancia, plantea la nulidad del procedimiento por falta de incorporación al sumario del despacho de importación temporaria que dio origen a la imputación y de las constancias que permitirían verificar la eventual cancelación de la destinación suspensiva. Sostiene que la sola impresión de pantalla del SIM no resulta suficiente para tener por acreditada la existencia de la destinación, su plazo de permanencia, la mercadería involucrada, la liquidación tributaria, la existencia de prórrogas, eventuales destinaciones cancelatorias o la ausencia de otro sumario por los mismos hechos.
Asimismo, invoca la nulidad del procedimiento por falta de notificación fehaciente de la vista al síndico de la quiebra de CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C. y por falta de notificación de la declaración de rebeldía de la importadora, lo que -según afirma- afectó su derecho de defensa en tanto garante. También sostiene que el auto de apertura del sumario resulta nulo por no cumplir los recaudos del art. 1094 del Código Aduanero y por haber sido dictado al solo efecto de interrumpir o suspender el curso de la prescripción. En consecuencia, afirma que se encontraría prescripta la acción del Fisco para reclamar los tributos. Finalmente, en subsidio, plantea la prescripción de la acción del Fisco para reclamar el IVA, por entender que dicho tributo no se rige por las normas de prescripción del Código Aduanero sino por la Ley 11.683, conforme lo dispuesto por el art. 51 de la ley del impuesto al valor agregado. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que oportunamente se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a través del IF-2023-99478126-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento.
Respecto a la falta de presentación del DIT y de la póliza, contesta dicho agravio aclarando, en primer lugar, que del cotejo de las actuaciones administrativas se desprende que la póliza se encuentra agregada a fs. 34/35 de las mismas.
Por otro lado señala, que la resolución administrativa puesta en crisis, refiere que corresponde a la garante la exigencia de la incorporación del sobre original del despacho objeto de denuncia y de la póliza otorgada en formato papel.
Recalca, que a partir de la sanción de la Ley 27.446, y sus antecedentes 25.506 y 26.685 y normas concordantes, las constancias informáticas emitidas por la Administración Pública Nacional, hacen plena fe por sí mismas, máxime si se trata -como en el supuesto en análisis- de una constancia extraída del Sistema Informático Malvina por el cual se rige toda la operatoria aduanera tornándose anacrónica la exigencia de su presentación en formato papel. Consecuencia de lo narrado peticiona el rechazo de este agravio.
En lo relativo al planteo de prescripción sostiene, que no resulta procedente la aplicación de la normativa prevista en la Ley 11.683, respecto de deudas tributarias aduaneras, ya que a los fines de la determinación tributaria y de la aplicación de sanciones lo que corresponde computar son los plazos de prescripción previstos en el C.A., pues están regidos por la ley aduanera, que siendo normativa específica, resulta aplicable y debe prevalecer por sobre otras de carácter general.
Insiste en que tampoco podría considerarse operada la prescripción de la acción para percibir tributos para el caso de considerar el acto de notificación de la corrida de vista, con los alcances previstos en el art. 806 del C.A. que reza “... la prescripción se interrumpe por la …notificación de la liquidación tributaria aduanera;.. “ …. la vista fue notificada con fecha 12/09/2022, por tanto sostiene que al momento del dictado del presente acto resolutorio no habían pasado cinco años contados desde la fecha mencionada.
Agrega que le plazo prescriptivo de cinco años establecido en el C.A. resulta coincidente con el plazo previsto por la Ley 11.683, respecto de aquellos sujetos que se encuentren inscriptos y comienza a correr a partir del día primero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado, conforme a su vez lo dispone el art. 804 primera parte del C.A., coincidente también con el plazo para imponer penas para la infracciones aduaneras según lo establece el art. 935 de dicho cuerpo legal.
Repasa que el hecho grabado/infracción se configuró al vencimiento del plazo otorgado para la permanencia en el país de la mercería ingresada temporariamente, sin que se hubiera acreditado su reexportación o la importación para consumo de la misma, habilitando al Fisco a incoar la acción para aplicar penas y percibir los tributos a cargo de la importadora.
Destaca que el vencimiento de la importación temporal operó el 13/08/2012 y que la apertura del sumario interrumpió el curso de la prescripción el 08/11/2017 para interponer penas en los términos del art. 937 inc. s) del C.A. y suspendió el curso dela prescripción para percibir tributos, incluso el IVA, conforme lo dispuesto en el art. 805. Del C.A. Cita jurisprudencia.
Cita, además, la sanción de las Leyes 27.562, que en el marco de la pandemia COVID-19, en especial en su art. 17, -junto con otras normas que regularon este tema- suspendió, con carácter general, por el término de un (1) año el curso de la prescripción, la acción para determinar o exigir el pago de tributos.
Concluye que la póliza otorgada en la operatoria en trato, se encuentra pendiente de cancelación y activa, siendo por ello perfectamente exigible por el monto de los tributos garantizados, de conformidad con los alcances de dicho contrato y con los límites numéricos afianzados. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas a cargo de la contraria.
III. Que se inician las actuaciones con la cédula de notificación SICNEA 16001NOTI005791V, dirigida al Despachante de Aduana CLAUDIO ALFREDO MACCHIA, a fin de presentarse a estar en la Sección Operativa y Registral Aduanera munido de la documentación que acreditara la cancelación de numerosos DIT, entre los cuales se encontraba el Despacho de Importación correspondiente a la causa en análisis. A fs. 2/3, lucen impresiones de pantalla de consulta de Declaración Detallada del DIT N° 10 001 IT14 004927 F e Item 01. A fs. 4 consta la Denuncia N° 443/2016 que se formula por presunta infracción al art. 970 del CA respecto de la destinación de importación N° 10 001 IT14 004927 F. A fs. 9, la determinación de la base de tributos y multa. A fs. 10 se instruye sumario conforme lo normado en el art. 1090 inc. “c” del C.A. y se procede a correr vista a la imputada. A fs. 13 y a fs. 14 constan las notificaciones mediante SICNEA a la importadora CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA SAIC y a la garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A., respectivamente, notificadas, en ambos casos el día 12/09/2022. La garante comparece a fs. 15/17. Que a la firma CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA SAIC, atento a estar en quiebra, conforme constancias de 24/25, se notificó al Síndico, según constancias de fs. 26/28 con fecha 06/11/2022. A fs. 29 consta providencia de rebeldía de la importadora fallida, la que fue notificada, luciendo dicha constancia notificatoria agregada a fs. 39. A fs. 31/32, lucen agregados consultas antecedentes infraccionales A fs. 33 se provee la presentación de la firma garante y se dispuso que pasaran las actuaciones a resolver. A fs. 34/35 consta incorporada a las actuaciones administrativas la Póliza N° 706730. A fs. 36/39 obra la Resolución 1440/2023 y a fs. 40 la cédula de notificación de fecha 20/04/2023, dirigida a la garante del fallo aduanero. Y, finalmente a fs. 42, luce agregado escrito del apoderado de la firma afianzadora de fecha 12/05/2023 que acredita la interposición de recurso ante el TFN. IV.-. Que mediante PV-2026-88651982-APN-VOCXV#TFN de fecha 11/09/2026 se elevan los autos a la Sala E y el mismo día, a través del IF-2026-88778028-APN-VOCXV#TFN, se dispone que pasen los autos a dictar sentencia.
V. Que corresponde resolver, en primer término, el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario de fecha 08/11/2017, obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas, articulado por la firma recurrente con fundamento en la falta de agregación del original del DIT N° 10 001 IT14 004927 F.
La actora sostiene, en sustancia, que la ausencia del sobre original de la destinación impide tener por acreditados extremos esenciales de la imputación, tales como la existencia misma del despacho, su titularidad, el vencimiento del plazo de permanencia, la eventual concesión de prórrogas, la mercadería involucrada, su valoración, clasificación y la liquidación de tributos y multa. A partir de ello, postula la nulidad absoluta del auto de apertura del sumario y, como derivación necesaria, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos.
Que, en el particular caso de autos, no comparto dicha conclusión, por los fundamentos que a continuación expongo.
Que el art. 1094 del Código Aduanero dispone que la resolución que ordenare la apertura del sumario determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá, según corresponda, las medidas cautelares, la verificación de la mercadería en infracción, su clasificación arancelaria y valoración, la recepción de declaraciones, la liquidación de los tributos que pudieren corresponder y las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que, como puede apreciarse, la norma no exige, como requisito autónomo de validez del auto de apertura, la agregación material del original de la destinación aduanera involucrada. Lo que impone es que el acto cuente con causa suficiente, determine los hechos reputados infraccionales y permita el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Que, en autos, las actuaciones administrativas no se sustentan en una mera afirmación dogmática o en una denuncia huérfana de respaldo documental, sino en constancias extraídas del sistema informático oficial de la Aduana -el Sistema Informático Malvina (ex MARIA)-, correspondientes a la Destinación de Importación Temporaria N° 10 001 IT14 004927 F , cuyo vencimiento habría operado el 13/08/2012, así como en actuaciones posteriores en las que se dio intervención a las áreas competentes para verificar la eventual cancelación de la destinación.
Que, en este sentido, debe tenerse presente que las constancias del Sistema Informático Malvina constituyen registros oficiales de la operatoria aduanera, erigido como Registro Único y Oficial de la Dirección General de Aduanas. Cuando tales impresiones se encuentran agregadas a las actuaciones y certificadas por funcionario competente no cabe privarlas, sin más, de valor probatorio documental. Exigir indefectiblemente el soporte papel original, aun frente a registros informáticos oficiales certificados, importaría desconocer la realidad actual del sistema de registración aduanera y condicionar la validez del procedimiento a una exigencia formal que el art. 1094 del CA no establece de modo expreso. Ello equivaldría, en la práctica, a poner en tela de juicio toda la operatoria informática aduanera del comercio internacional, requiriendo que todo se realice en soporte papel. Que ya he sostenido, en casos sustancialmente análogos, que la destinación extraída del Sistema Informático Malvina y debidamente certificada por funcionario del servicio aduanero posee valor probatorio documental suficiente a los fines de la instrucción del sumario, toda vez que se trata de información oficial obrante en el sistema de registración informático de la Aduana Argentina. Ese criterio resulta plenamente aplicable al presente caso y no hace más que reconocer una realidad que el ordenamiento no puede ignorar: el SIM es el registro primario, auténtico y oficial de la operatoria aduanera, de modo que sus constancias certificadas no son un sucedáneo del soporte papel sino la fuente misma de la que ese soporte eventualmente emana.
Que debe recordarse que las nulidades no proceden en abstracto ni por la sola invocación de defectos formales, sino cuando se acredita un perjuicio concreto y actual. En autos, CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. fue citada al procedimiento, tomó intervención, contestó la vista, opuso defensas, cuestionó la liquidación y accedió a esta instancia jurisdiccional plena, sin demostrar de qué modo la falta del sobre original de la destinación le impidió ejercer una defensa eficaz.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario fundado en la falta de agregación del original de la destinación aduanera involucrada.
VI. Que, a mayor abundamiento, corresponde señalar que la tesis de la recurrente -en cuanto imputa al servicio aduanero la responsabilidad por la falta del soporte papel original- no se compadece con el régimen normativo vigente al momento de la oficialización de la destinación involucrada en autos.
Que, en efecto, mediante la Resolución General AFIP N° 2573/2009, dictada con anterioridad al registro de la DIT N° 10 001 IT14 004927 F -oficializada el 20/08/2010- se instauró el régimen de Depositario Fiel de la documentación aduanera, con la consecuente obligación de archivar, resguardar y aportar dicha documentación a requerimiento del organismo. A su vez, la Resolución General AFIP N° 2721/2009 precisó que el declarante, en su carácter de depositario fiel, en forma directa o mediante un Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización (PSAD), debe conservar la documentación aduanera por un plazo que se extiende hasta cinco años después de operada la prescripción de la acción del Fisco correspondiente a la destinación u operación aduanera de que se trate.
Que, en consecuencia, a partir de la vigencia de dicho régimen, la obligación de guarda y conservación de la documentación aduanera respecto de destinaciones oficializadas con posterioridad al 03/08/2009 quedó en cabeza del declarante/depositario fiel -en el caso, la importadora CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C. -, sin que pueda trasladarse automáticamente al servicio aduanero la falta de disponibilidad del soporte papel original.
Que, siendo que la destinación temporaria involucrada fue oficializada en el año 2010, la eventual ausencia del soporte papel original no basta, por sí sola, para invalidar el procedimiento, máxime cuando obran en las actuaciones constancias informáticas oficiales suficientes para individualizar la operación, la mercadería involucrada, el vencimiento del plazo de permanencia y la liquidación tributaria practicada.
Admitir la nulidad en tales condiciones importaría beneficiar al obligado con la invocación de una omisión vinculada con la guarda de documentación cuya conservación le era legalmente exigible.
Que, en el mismo sentido, no puede soslayarse que la importadora, al tomar intervención en sede aduanera, no acompañó documentación tendiente a acreditar la regular cancelación de la destinación temporaria ni aportó constancias que desvirtuaran la imputación formulada. Esa circunstancia refuerza que la falta del soporte papel original no tuvo, en el caso, entidad suficiente para impedir el conocimiento del objeto del sumario ni el ejercicio de una defensa útil.
Que tampoco se advierte que la firma recurrente haya sufrido una afectación concreta y efectiva de su derecho de defensa como consecuencia de la ausencia del soporte papel original. La aseguradora fue citada al procedimiento, contestó la vista conferida en los términos del art. 1101 del Código Aduanero y formuló defensas sustanciales y procesales. En esta instancia, además, pudo controvertir la liquidación practicada, plantear la nulidad del procedimiento y oponer la prescripción de las acciones del Fisco.
Que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se configura en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos: 205:549; 247:52; 267:393, entre otros).
Que, por lo tanto, declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en estas condiciones implicaría incurrir en una nulidad por la nulidad misma, solución que debe ser evitada cuando el acto ha cumplido su finalidad y no se acredita perjuicio concreto, real y actual al derecho de defensa, conforme el principio que informa el art. 1050 del Código Aduanero y la doctrina de Fallos: 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario.
VII. Que corresponde tratar el planteo de prescripción deducido por la recurrente.
Que, según surge de las actuaciones administrativas, la destinación de importación temporaria DIT N° 10 001 IT14 004927 F fue oficializada el 20/08/2010 y su vencimiento operó el 13/08/2012. En consecuencia, el plazo de prescripción de la acción para imponer pena comenzó a correr el 1° de enero de 2013, conforme lo dispuesto por los arts. 934 y 935 del Código Aduanero.
Que, con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, el servicio aduanero dictó el auto de apertura del sumario el 08/11/2017, obrante a fs. 10 de las actuaciones administrativas. Dicho acto, cuya nulidad fue rechazada en los considerandos precedentes, interrumpió el curso de la prescripción de la acción para imponer penas, en los términos del art. 937, inc. a), del Código Aduanero.
Que, producido dicho efecto interruptivo, comenzó a correr un nuevo plazo de prescripción. Aun computado éste desde el año siguiente al dictado del auto de apertura, la acción no se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada, de fecha 18/04/2023, toda vez que durante su curso operó la suspensión general de los plazos de prescripción dispuesta por la Ley N° 27.562.
Que, por lo tanto, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción para imponer pena. Que igual solución corresponde adoptar respecto de la acción del Fisco para percibir los tributos reclamados. Que el art. 805, inc. a), del Código Aduanero dispone que la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos regidos por la legislación aduanera se suspende desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción respectiva.
Que, en el caso, el auto de apertura del sumario fue dictado el 08/11/2017, esto es, antes del vencimiento del plazo de prescripción iniciado el 1° de enero de 2013. En consecuencia, desde esa fecha quedó suspendido el curso de la prescripción de la acción para percibir los tributos vinculados con la destinación temporaria involucrada.
Que la posterior tramitación del sumario y el dictado de la resolución apelada no permiten tener por agotado dicho efecto suspensivo en perjuicio del Fisco, máxime cuando el acto administrativo fue impugnado ante este Tribunal y la cuestión se encuentra sometida a revisión jurisdiccional.
Que, por ello, tampoco se encuentra prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro del cargo tributario formulado a la importadora y a la aseguradora, esta última en su carácter de garante y dentro del alcance de la póliza respectiva.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar los planteos de prescripción articulados por CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A.
VIII. Que, rechazados los planteos de nulidad y prescripción, corresponde ingresar al análisis de fondo, esto es, determinar si se encuentra acreditado el incumplimiento del régimen de importación temporaria respecto de la mercadería documentada mediante la DIT N° 10 001 IT14 004927 F, en cuanto constituye presupuesto del cargo tributario formulado a la aseguradora recurrente.
Que por la DIT N° 10 001 IT14 004927 F, oficializada el 20/08/2010, la firma CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C. importó temporariamente mercadería de origen Alemania y procedencia Brasil, clasificada en la posición arancelaria 3403.91.20.00R, conforme surge de las constancias agregadas a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas.
Que mediante la póliza de seguro de caución N° 706730, obrante a fs. 34/35 del sumario aduanero, la aquí recurrente garantizó ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General de Aduanas- el pago de los tributos que pudieren resultar exigibles como consecuencia de la operación de importación temporaria involucrada, dentro del límite y por los rubros allí afianzados.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona a quien no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o de exportación temporaria, según el caso.
Que, por su parte, el art. 274 del mismo cuerpo legal establece que la mercadería sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, cuando hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportarla. Asimismo, dispone que quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren.
Que, conforme el art. 250 del Código Aduanero, la mercadería importada temporariamente queda sometida, desde su libramiento, a la obligación de ser reexportada con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia otorgado. Asimismo, el régimen prevé la posibilidad de solicitar su importación para consumo dentro de los plazos y condiciones previstos por la normativa aplicable.
Que el incumplimiento del plazo de permanencia, sin que se acredite la reexportación, importación para consumo o cancelación regular de la destinación suspensiva, configura el presupuesto previsto por el art. 970, apartado 1, del Código Aduanero y determina, a su vez, la exigibilidad de las obligaciones tributarias correspondientes, conforme lo dispuesto por los arts. 274, 638, inc. e), y 639 del mismo cuerpo legal.
Que del cotejo de los antecedentes administrativos no surge documentación agregada por la importadora, ni por la garante, que acredite la cancelación regular de la destinación temporaria. En particular, no obran constancias idóneas de reexportación, importación para consumo o cualquier otro evento cancelatorio que permita tener por cumplidas las obligaciones asumidas al amparo del régimen suspensivo.
Que, conforme surge de la denuncia formulada y de la liquidación practicada por el servicio aduanero, el vencimiento de la destinación operó el 13/08/2012, sin que se hubiera acreditado la regularización de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, tratándose de un régimen suspensivo y de excepción, la carga de acreditar el cumplimiento regular y oportuno de las obligaciones asumidas pesa sobre quien se acogió voluntariamente a sus beneficios. Ello exige demostrar, mediante documentación idónea, la reexportación, la importación para consumo o la cancelación regular de la mercadería dentro del plazo conferido por el servicio aduanero.
Que la actora no aportó en sede administrativa ni en esta instancia elementos probatorios que desvirtúen las conclusiones del servicio aduanero ni que acrediten la cancelación total o parcial de la destinación temporaria involucrada.
Que, por lo tanto, corresponde tener por acreditado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la importadora en el marco del régimen de importación temporaria correspondiente a la DIT N° 10 001 IT14 004927 F, en cuanto constituye el presupuesto fáctico y jurídico del cargo tributario formulado a CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. en su carácter de garante, dentro del alcance de la póliza respectiva.
IX. Que, respecto del cargo tributario, la resolución apelada formuló cargo por la suma de U$S 17.740,85, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, excluyendo el derecho adicional, el IVA adicional y las percepciones del impuesto a las ganancias, conforme los criterios administrativos aplicables y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “CLADD I.T.A. S.A.” -Fallos: 342:2017-. Que la actora planteó subsidiariamente la prescripción de la acción del Fisco para reclamar el IVA de importación, con fundamento en que dicho tributo se regiría, a los efectos prescriptivos, por la Ley 11.683 y no por el Código Aduanero.
Que, sobre este punto, he sostenido una posición diferente en reiteradas oportunidades. En efecto, el IVA que grava la importación definitiva -incluido el que se devenga por efecto del art. 274 del Código Aduanero ante el incumplimiento de una importación temporaria- es percibido por el servicio aduanero en ejercicio de la atribución conferida por el art. 51 de la Ley de IVA, en el marco de un procedimiento regido por el Código Aduanero. Que, en ese contexto, la prescripción de la acción para percibir dicho tributo se rige por las normas del Código Aduanero y no por la Ley 11.683, cuya aplicación resulta propia del ámbito competencial de la Dirección General Impositiva. Que, en tales condiciones, el plazo de prescripción aplicable al IVA reclamado en autos es el previsto por el art. 803 del Código Aduanero, cuyo curso quedó suspendido desde la apertura del sumario, conforme lo dispuesto por el art. 805, inc. a), del mismo cuerpo legal, por las razones ya expuestas en el considerando VII. Corresponde, en consecuencia, rechazar el planteo de prescripción del IVA.
Que, no habiendo la actora demostrado error concreto en la liquidación del cargo tributario practicada sobre la mercadería en infracción, corresponde confirmar el cargo por la suma de U$S 17.740,85, con el alcance de la garantía otorgada por CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. mediante la póliza correspondiente.
X. Que, atento la forma en que se resuelve, y habiendo sido tratados los agravios conducentes para decidir la procedencia del cargo tributario formulado a la aseguradora recurrente, no corresponde expedirse sobre las restantes manifestaciones de las partes, por resultar insustanciales para modificar la solución adoptada.
XI. Que las costas deben imponerse a la actora vencida, en atención al modo en que se resuelve el recurso y de conformidad con el principio objetivo de la derrota previsto en el art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad del auto de apertura de sumario de fecha 08/11/2017, con costas (art. 1163 del CA).
2. Rechazar los planteos de prescripción deducidos por CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. respecto de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados, incluido el IVA de importación, con costas (art. 1163 del C.A.).
3. Confirmar la Resolución RESOL-2023-1440-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 18 de abril de 2023 en el sumario SIGEA N° 18036-1969-2016, en cuanto formuló cargo tributario a CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. en su carácter de garante, por la suma de U$S 17.740,85, con el alcance de la póliza correspondiente, con costas (art. 1163 del C.A.)
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, me remito al relato de los hechos que resultan de los Considerandos I a IV del voto del Dr. Juárez.
II. Que, difiero de lo resuelto por el vocal preopinante respecto del planteo de la nulidad efectuado por la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. con relación a la falta de incorporación al expediente de la carpeta correspondiente a la DIT N° 10 001 IT14 004927 F, en la que sustenta el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario Que cabe destacar, en primer lugar, que no se encuentra controvertida en autos la autenticidad de las impresiones de pantalla del SIM correspondientes a la destinación obrantes a fs. 2/3 de las actuaciones, sino si dicho registro informático resulta suficiente para sustentar la imputación del art. 970 del CA y, por consiguiente, la exigibilidad de la obligación tributaria de la aseguradora.
Que a la fecha de oficialización de la destinación (20.08.10) se encontraba vigente el régimen de Depositario Fiel establecido por la RG AFIP 2573/2009 (B.O. 4.03.09) que, con la finalidad de simplificar los procedimientos aduaneros, implementó la ratificación electrónica de la autoría de la declaración aduanera. Este régimen implica la aceptación de la designación del declarante como depositario fiel de la declaración y de su documentación complementaria.
Que, a su vez, la RG AFIP 2721/2009 (B.O. 9.12.09) reglamentó el procedimiento operativo aplicable a la documentación aduanera, estableciendo que el legajo de la declaración comprende el sobre contenedor, la declaración aduanera y la documentación complementaria, debidamente intervenida por el servicio aduanero. En efecto, en el art. 2° dispone que “1. A partir de los procesos y herramientas implementados por este Organismo y los que se incorporan por la presente, toda declaración aduanera y las intervenciones que sobre ella efectúen los declarantes o el servicio aduanero sirven como prueba de su autoría e integridad, en los términos de los Artículos 234, 332 y concordantes del Código Aduanero. 2. La intervención del servicio aduanero —firma, sello, fecha e identificador de la declaración — en la documentación complementaria, al momento de la presentación del legajo de la declaración aduanera, es el acto que da fe de que esa documentación fue aportada por el declarante en la fecha consignada en ella. Dicha condición será la que deberá verificar el declarante, en su carácter de depositario fiel, cuando retira el legajo para su conservación”, pudiendo el declarante utilizar los servicios de un tercer sujeto, habilitado por este Organismo como "Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización" (PSAD) (art. 3°).
Que luego, el art. 5° señala que “El declarante en su carácter de depositario fiel, en forma directa (auto-archivo) o mediante un "Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización" (PSAD), deberá conservar la documentación aduanera por un plazo que se extenderá hasta CINCO (5) años después de operada la prescripción de la acción del Fisco correspondiente a la destinación u operación aduanera a que la misma se refiera.” Asimismo, el art. 6° dispone que “1. Los procesos que se habilitan por la presente permitirán consultar electrónicamente las declaraciones aduaneras y su documentación complementaria, ambas digitalizadas. 2. En los trámites posteriores al libramiento de la mercadería se observará el procedimiento de acceso telemático a la documentación aduanera digitalizada, el cual reemplazará a lo previsto en la normativa vigente respecto de su traslado y presentación en soporte papel. 3. No obstante ello, este Organismo podrá solicitar la presentación de la documentación aduanera en soporte papel, cuando resulte necesario.”
Que, en particular, el anexo IV de la RG 2721/2009, en sus apartados III a VI, establece que, una vez finalizado el trámite de desaduanamiento, el legajo pasará al estado de “Disponibilidad de Entrega” (en el caso de autos, tratándose de una importación temporaria, a partir de la salida de zona primaria -anexo V, apartado 1, a-). Al hacer entrega del legajo al declarante, el servicio aduanero debe dejar constancia mediante la transacción “Entrega de la Documentación”; emitiendo un recibo electrónico con la aceptación del receptor. A partir de ello, el declarante asume de pleno derecho la guarda de la documentación en carácter de Depositario Fiel debiendo proceder a su digitalización en caso de haber optado por el autoarchivo, o entregarlo al Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización (PSAD).
III. Que de lo expuesto resulta que el régimen de Depositario Fiel instaurado por las mencionadas resoluciones generales no se limitó a trasladar al declarante la obligación genérica de conservar documentación, sino que estableció un procedimiento destinado a asegurar la identificación, entrega, custodia y disponibilidad electrónica del legajo, sin perjuicio de la facultad de la aduana de acceder a la documentación a solicitud del personal autorizado de la AFIP o de la justicia (anexo II, apartado 1 inciso 2).
Que de la normativa referida surge que la documentación debía quedar bajo la guarda del declarante en carácter de depositario fiel, una vez cumplido el procedimiento de entrega previsto por la reglamentación. Sin embargo, de la compulsa de las actuaciones administrativas no obra constancia alguna de la entrega del legajo, del recibo electrónico de aceptación por parte del receptor, ni de su posterior digitalización o incorporación al sistema de documentación electrónica.
Que esta circunstancia adquiere especial relevancia por cuanto en la nota 1731/2016 (SE OREI) in fine de fs. 5 de las actuaciones, como consecuencia de la denuncia en los términos del art. 970 del CA, la Sección Operativa y Registral de Importación de la División Control Ex Ante (DI ABSA) dejó constancia que “En caso de requerir la carpeta original de las destinaciones objeto de denuncia, deberá procederse de acuerdo a lo normado en la Resolución General N° 2721/2009”. A pesar de esta observación, que remitió expresamente al procedimiento previsto por la RG 2721/2009 para la obtención de la carpeta original, y de la nulidad planteada por la aseguradora al contestar la vista, no se incorporó la DIT durante la sustanciación del sumario aduanero ni se agregaron las constancias derivadas del procedimiento de Depositario Fiel que permitieran acreditar su cumplimiento.
Que, en tales condiciones, no resulta suficiente afirmar que, por encontrarse vigente el régimen de Depositario Fiel a la fecha de oficialización de la destinación, la documentación debía encontrarse bajo custodia de la importadora, puesto que no se encuentra acreditado en autos el efectivo cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa.
Que esta omisión no puede ser suplida con las impresiones de pantalla del SIM de fs. 2/3, pues, si bien no se cuestiona la autenticidad de los datos que surgen de aquellas, no permiten suplir la ausencia del legajo de la declaración ni de las constancias correspondientes al procedimiento de Depositario Fiel.
Que, ello así, pues la ausencia de la carpeta de la destinación y, en su caso, de las constancias del procedimiento de Depositario Fiel, afecta el derecho de defensa de la recurrente, pues le impide controlar adecuadamente los elementos de la operación sobre los cuales se pretende sustentar la exigencia tributaria y determinar si la destinación fue cancelada, dado que tampoco obran en autos las constancias del Sistema de Seguimiento de Destinaciones a fin de establecer si hubo o no eventos cancelatorios de la destinación.
Que, por ello, no considero que el planteo de la actora se trate de una nulidad por la nulidad misma, en tanto la falta de documentación afecta el ejercicio del derecho de defensa de la garante y no permite determinar en forma fehaciente la exigibilidad de la obligación tributaria en los términos de la garantía otorgada. Que, en consecuencia, la ausencia de los elementos necesarios para acreditar los hechos que sustentan la imputación y la exigibilidad de la garantía determina que la resolución condenatoria carece de sustento documental suficiente, por lo que corresponde hacer lugar a la nulidad del procedimiento aduanero planteada por la actora y revocar la resolución apelada, con costas a cargo de la DGA.
Que, por ello, VOTO POR:
Hacer lugar al planteo de nulidad formulado por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y, en consecuencia, revocar la RESOL-2023-1440-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en las actuaciones SIGEA 18036-1969-2016, en cuanto exige tributos a la citada aseguradora en su carácter de garante de la obligación derivada de la DIT 10 001 IT14 004927 F, con costas a la DGA.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juan Manuel Soria En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Hacer lugar al planteo de nulidad formulado por CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y, en consecuencia, revocar la RESOL-2023-1440-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en las actuaciones SIGEA 18036-1969-2016, en cuanto exige tributos a la citada aseguradora en su carácter de garante de la obligación derivada de la DIT 10 001 IT14 004927 F, con costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez, el Dr. Juan Manuel Soria y el Dr. Horacio Joaquín Segura –en el carácter de Vocal subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación por encontrarse la misma vacante– cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero.
Date: 2026.09.22 21:04:00 ART Date: 2026.09.23 15:05:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.24 14:48:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.24 14:49:30 -03:00
Fin de la sentencia