Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-66531362-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del cargo 1413/05 formulado en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-1518-2005 contra la firma Chubb Seguros Argentina S.A. y de todo el procedimiento seguido con posterioridad, como así también, de la resolución 2021-3156-E-AFIP-DEPRLA.
2Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de los tributos garantizados mediante póliza 114572, respecto de la firma Chubb Seguros Argentina S.A.
3Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-60290197-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 4 de Junio de 2025 SGASAD#TFN.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación, expediente EX-2021-
66531362- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Mediante RE-2021-66529106-APN-SGASAD#TFN se presenta por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resolución 2021-3156-E-AFIP-DEPRLA dictada el 5/7/21 en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-1518-2005 por la que se rechazó la impugnación y se confirmó el Cargo tributario 1413/05 formulado en su contra. Ello en relación a la póliza N° 114572 que garantizó el pago de los tributos exigidos a la firma importadora — y cuestionados por ésta— para el libramiento de la mercadería correspondiente a la destinación de importación 27308-3/97, oficializada por la firma Alpargatas Calzados S.A., al amparo del Programa de Especialización Industrial creado por el Decreto 2641/92. Plantea la nulidad de las actuaciones administrativas y de la resolución apelada y consecuentemente la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos. Invoca la doctrina del plazo razonable. Sostiene que el reclamo original fue realizado hace más de 24 años contra la importadora, quien impugnó oportunamente el cargo y apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación la resolución que rechaza dicha impugnación. Afirma que la aseguradora nunca fue notificada del reclamo tributario ni de la sentencia del Tribunal Fiscal que lo confirma parcialmente. Por el contrario luego de transcurridos más de 5 años desde que quedó firme la sentencia referida, el servicio aduanero formuló un nuevo Cargo N° 1413/05 contra la recurrente. Realiza consideraciones en torno a las normas del CA que regulan los plazos de prescripción y la Ley 24522. Sostiene que la importadora abonó oportunamente los tributos correspondientes a la destinación en trato, es decir el 2%, conforme lo establecido en el Decreto 2641/92. Afirma que el incumplimiento por parte del Estado de los compromisos asumidos en los términos del Programa de Especialización Industrial vulnera la buena de las partes. Asimismo expresa que la Resolución del Ministerio de Economía N° 1257/98 resulta arbitraria y vulnera su derecho de propiedad. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Solicita se declare la nulidad del procedimiento y consecuente la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos o bien se revoque la resolución aduanera apelada, con costas. Subsidiariamente solicita se disponga la no aplicación de intereses durante el lapso de inacción del servicio aduanero.
II. Mediante IF-2023-17899180-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Realiza un breve resumen de los hechos. Niega genéricamente todas y cada una de las afirmaciones, derecho y documentación invocadas por la actora, no reconocidas expresamente. Afirma que el 22/10/03 se dictó sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en relación a la liquidación de los intereses del cargo tributario confirmado parcialmente por la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación el 19/05/00 y una vez re liquidado en sede administrativa, el 31/03/06 se notificó a la actora el Cargo 1413/05. Sostiene que el plazo de prescripción quinquenal del art. 803 del CA se encontraba suspendido por la impugnación interpuesta por la firma importadora en el año 1997 y se reanudó en la fecha en que quedó firme la sentencia liquidatoria conforme lo establecido en el art. 1172, ap. 2 del CA. Por ello al momento en que se notificó el Cargo 1413/05 las facultades del fisco para reclamar el pago se encontraban vigentes. En atención a la impugnación deducida por la actora en sede administrativa y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación interpuesto contra la resolución que rechaza dicha impugnación, el plazo prescriptivo ha quedado suspendido. Expresa que no se verifica una conculcación al derecho de defensa de la actora ni resulta aplicable la doctrina del plazo razonable dado que el caso de autos se trata de un reclamo estrictamente tributario y no infraccional. Realiza consideraciones en relación a la responsabilidad de la aseguradora y los intereses devengados y la tasa aplicada. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Mediante IF-2023-17896057-APN-DTD#JGM la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-1518-2005 en formato digital.
Por PV-2023-19805511-APN-VOCXVII#TFN se declaró la causa como de puro derecho y mediante PV- 2024-115005722-APN-VOCXVII#TFN se elevaron las actuaciones al conocimiento e intervención de la Sala F y por IF-2025-12866916-APN-VOCXVII#TFN quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-1518-2005 surge que a fs. 101- 102 (253 digital), el 21/03/06, se notificó a la aquí actora el Cargo Tributario N° 1413/05 formulado en relación al DI 27.308-3/97 mediante el cual la firma Alpargatas Calzados S.A. importó mercadería clasificada en la Posición Arancelaria (P.A.) 6403.91.00 al amparo del régimen especial de Reconversión y Especialización Industrial establecido por Decreto 2641/92 y Resoluciones de la ex Secretaría de Industria y Comercio (SIC) Nros. 14 y 80 de 1993. Mediante el régimen mencionado se otorgó una licencia de importación con aranceles diferenciales, bajo ciertas condiciones que debía cumplimentar la firma importadora beneficiaria.
Como consecuencia del cuestionamiento efectuado respecto de la determinación tributaria exigida a la importadora y a fin de obtener la entrega de la mercadería importada, mediante póliza 114572, cuya copia obra fs. 95 de las actuaciones (fs. 237 digital), otorgada por la actora en autos, se garantizó el pago de los tributos reclamados.
A fs. 103-109 vta. (fs. 255-268 digital), el 3/4/06, la firma aseguradora impugnó el cargo notificado. A fs. 124 (fs. 297 digital), el 23/04/09, el servicio aduanero tuvo por deducido el recurso de impugnación, rechazó la prueba ofrecida y a fs. 128 y vta. (305-306 digital), mediante Resolución 2021-3156-E-AFIP- DEPRLA, rechazó el recurso de impugnación interpuesto. Dicha resolución fue apelada por la recurrente.
V. Ahora bien, surge de la compulsa de las mismas actuaciones en análisis, que el cargo objeto de autos tiene su origen en la determinación tributaria efectuada por el servicio aduanero mediante expediente 406.341/97, en el cual, por Resolución del Departamento de Fiscalización Documental de la Aduana de Buenos Aires (DEFIDO) N° 211/98, obrante a fs. 47 de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043- 1517-2005 (fs. 483 digital), se rechazó el recurso de impugnación deducido oportunamente por la firma importadora Alpargatas Calzados S.A. Dicha resolución —que no fue notificada a la actora en autos— fue apelada por la importadora ante este Tribunal Fiscal de la Nación, mediante expediente N° 10.096-A caratulado “ALPARGATAS CALZADOS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ APELACIÓN”.
La sentencia dictada en el expediente referido el 19/05/2000 por la Sala G del Tribunal Fiscal, cuya copia obra a fs. 73-78 vta. de las actuaciones SIGEA 12043-1518-2005 (fs. 193-204 digital), resolvió revocar parcialmente la Resolución DEFIDO N° 211/98.
Apelada la sentencia en relación al cálculo de los intereses efectuado en la liquidación practicada, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante resolución del 3/04/03, cuya copia obra a fs. 81 y vta. de las actuaciones 12043-1518-2005 (fs. 209-210 digital) determinó que correspondía revocar la liquidación por cuanto resultó incorrecta la tasa de interés aplicada por el Tribunal Fiscal durante el período 6/3/97 al 2/4/98. Así también afirmó que para el cálculo de los intereses debían computarse 5 meses y 28 días desde el 3/4/98 al 30/9/98 y no 5 meses y 27 días como lo había efectuado este Tribunal Fiscal.
En virtud de la resolución referida, mediante sentencia del 22/10/03, el Tribunal Fiscal practicó nueva liquidación del cargo originariamente formulado contra la firma importadora, cuya copia obra a fs. 83 y vta. de las actuaciones SIGEA N° 12043-1518-2005 (fs. 213-214 digital). A fs. 101 y 102 de dichas actuaciones (fs. 251 y 253 digital), el 21/03/06 el servicio aduanero notificó a la firma aseguradora el cargo N° 1413/05, en relación a la destinación de importación objeto de autos, cuya liquidación fue practicada conforme lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en el expediente referido en el cual la aseguradora, como ya se expresó, no fue parte.
De lo expuesto se colige que en el caso en análisis se produjo la novación de una exigencia tributaria originariamente formulada contra la firma importadora, la cual fue cuestionada por ésta en el marco de un proceso de impugnación cuya resolución de rechazo —y consecuente confirmación del cargo— debió notificarse a la aseguradora —en su carácter de garante del pago de los tributos—, a fin de exigirle su pago, mediante la ejecución de la póliza otorgada por aquella, como así también posibilitarle el ejercicio de las defensas que hubiere estimado convenientes.
Por el contrario, el servicio aduanero intentó, mediante la formulación del Cargo 1413/05 a la actora, suplir la omisión de notificación de la resolución que rechazó la impugnación de la exigencia tributaria originariamente reclamada a la importadora, siendo que, con el dictado de dicha resolución devino exigible, contra la aseguradora, el crédito tributario garantizado por ésta.
El cargo notificado a la aseguradora en estas condiciones resultó ser una exigencia tributaria distinta de la original garantizada y confirmada por el servicio aduanero mediante Resolución DEFIDO N° 211/98.
VI. Sentado ello, corresponde determinar si es ajustada a derecho la resolución aquí apelada. Dadas las particularidades del caso en análisis, considero necesario evaluar si ha sido procedente el accionar del servicio aduanero en cuanto a la notificación de un cargo tributario a la aquí recurrente distinto del originario, formulado contra la importadora, el cual había sido confirmado por Resolución DEFIDO N° 211/98 y su pago se encontraba garantizado mediante el otorgamiento de la póliza de caución 114572.
El cargo original, impugnado por la firma importadora y cuya resolución de rechazo fue apelada ante este Tribunal, quedó firme PARA LA IMPORTADORA allí recurrente (sentencia del 19/05/2000 y resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal del 22/10/2003). La liquidación final fue practicada en sede del Tribunal Fiscal y resultaba oponible solo respecto de la firma importadora.
Ahora bien, es dable destacar que, el servicio aduanero marró al obviar notificar a la aseguradora la Resolución DEFIDO N° 211/98 que rechazó la impugnación oportunamente opuesta por la importadora respecto del cargo originario.
El Fisco, -advirtiendo el concurso preventivo de la importadora- SEIS años vista de la resolución de mención, intentó hacer efectivo el cobro de lo garantizado, generando el Cargo N° 1413/05 a la aseguradora.
Entendamos, hasta este “nuevo” Cargo, ha de advertirse que el servicio aduanero promovió una notable ajenidad de la aseguradora en el marco de la impugnación impetrada por la importadora, pues recién la impone de lo acaecido con el Cargo N°1413/05.
Empero, este cargo, poco tiene que ver cuantitativamente con aquél que conformó la impugnación de la importadora. El Fisco decidió unilateralmente novar el cargo originario, constituyendo como objeto de la pretensión tributaria el monto que resultó determinado tras la discusión judicial devenida a la impugnación de la importadora (es decir una vez firme la liquidación practicada por el Tribunal Fiscal, conforme los parámetros de la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero) proceso en el que nunca fue parte la Aseguradora (ver fs. 101 y 102 de las actuaciones SIGEA N° 12043-1518-2005 o fs. 251 y 253 digital).-
Los tributos que resultaban exigibles a la aseguradora desde el dictado de la Resolución DEFIDO N° 211/98 —que rechazó la impugnación de la firma importadora—, (art. 462 del CA) novaron cuantitativamente en seis años tras una decisión alquímica del Fisco sólo para la aseguradora que jamás fue impuesta del cargo originario.
Puede presumirse –y sólo así encontraríase sentido a lo sucedido- que con un criterio teleológico que permita sortear un riesgo prescriptivo de la acción para exigir el pago del cargo tributario por parte del fisco, frente a la omisión de notificación de la resolución administrativa que lo confirmó, el servicio aduanero generó y notificó a Chubb Seguros Argentina S.A. el Cargo 1413/05 cuyo monto es producto de una novación del cargo originario tras haber sido impugnado por la importadora, resuelto por la Excma. Cámara del fuero y re liquidado por esta instancia.
En definitiva, el CARGO 1413/05 no suple ni sanea la omisión primigenia del Fisco: imponer a la aseguradora de la Resolución DEFIDO N°211/98, en cuyo marco se constituyó como garante de la importadora.
Lo que debió suceder no pasó y lo que acaeció no puede ser admitido.
VII. Por lo expuesto hasta aquí considero que el Cargo tributario N° 1413/05 dispuesto contra la actora deviene nulo de nulidad absoluta, en tanto constituye una novación inaudita y arbitraria de la determinación tributaria primigenia, de la que la Aseguradora jamás pudo defenderse.
Asimismo, resulta nulo todo lo actuado en sede administrativa con posterioridad a la notificación del cargo en cuestión en tanto recepta la ponzoña del acto espurio que se reputa como tal en este pronunciamiento, no siendo ajena la resolución apelada, por cuanto carece – en definitiva- de causa válida y motivación suficiente, conforme lo establecido por el art. 7, incs. b) y d) de la Ley 19549.
VIII. No obstante lo expresado hasta aquí, que podría conformar el colofón de la discusión traída a debate, a la luz de lo acontecido y con especial celo en los plazos que se verifican del derrotero administrativo que conforma el plexo fáctico de autos parar determinar la suerte de la pretensión tributaria del Fisco, cabe realizar el siguiente razonamiento.
El único acto válido que contenga la obligación de la aseguradora y vigente para su potencial exigencia, es la Resolución DEFIDO N°211/98, como lo dije, a la postre impugnada solamente por la única “parte” notificada, la importadora.
El cargo originario formulado a la importadora (211/98 DEFIDO) fue impugnado administrativamente y recurrido jurisdiccionalmente el 19/05/2000, cuando recayó sentencia del TFN revocándolo parcialmente, tal como lo reconoce la demandada, quien a la postre recurre ante la CNCAF “en lo que respecta al cálculo de los intereses”. La alzada, con fecha 03/04/03 ordena al TFN que re liquide los alcances de su sentencia, lo que es resuelto recién el 22/10/03 (Notificado el 06/11/03).
La demandada sostiene que “una vez que adquirió firmeza la sentencia liquidatoria del TFN, y una vez habilitada la vía de ejecución, se giraron las actuaciones al área administrativa a los fines de perseguir el cobro de los importes reclamados mediante la Resolución Aduanera…Así, habiéndose re liquidado y actualizado los importes adeudados por los responsables, en fecha 21/03/06 se notificó a la aquí actora del Cargo 1413/05” que conforma la resolución en crisis.
Es central para verificar la viabilidad de la acción del fisco para exigir los tributos, remitirse a la letra del código de fondo.
Claro está que, en los procedimientos para las impugnaciones, la referida acción: a) Comienza a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha del registro del despacho de importación (art.804 del C.A.), b) se extingue por el transcurso del plazo de cinco años (art.803 del CA), c) Se interrumpe con la notificación de la liquidación tributaria suplementaria (art.806 del CA) y d) Se suspende con la interposición de un recurso con tales efectos, en los términos de lo dispuesto en el art.805 inc. c) hasta que recayere decisión que habilitara su ejecución.
Vale destacar –y estimo ventral para el caso- traer a colación lo normado en el art. 807 del corpus normativo de referencia, en cuanto reza “La suspensión y la interrupción de la prescripción respecto del deudor principal también surten efectos en relación con los deudores solidarios y los deudores subsidiarios” como así también lo reglado en el art.1172 del CA en tanto estipula que “La apelación de las sentencias del Tribunal Fiscal en el orden aduanero que condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, se otorgará al sólo efecto devolutivo” sin obviar lo prescripto en el art.1053 a) del código de fondo en tanto habilita esta instancia jurisdiccional para dirimir la legitimidad de la exigencia tributaria del Fisco.
Entonces, la pregunta central para expedirme sobre la viabilidad de aquélla, contiene dos interrogantes: desde y hasta cuándo puede exigírsele a la aseguradora Chubb lo que le correspondería en razón de la obligación onerosamente asumida frente al servicio aduanero.
La primera, al no haber sido siquiera notificada del cargo originario a la postre exigido a la importadora (211/98 DEFIDO), se remonta al 28/02/1997 con la notificación de la liquidación tributaria que INTERRUMPIO el computo prescriptivo (El 06/03/97 transcurrieron los diez días previstos en el 794 del CA) y se SUSPENDIO con la impugnación de la importadora de la liquidación tributaria el 06/03/97, ambos plazos tenidos en cuenta por el TF al sentenciar primigeniamente tal como luce de la documental acollarada, (no como los insertos por el DEPRLA en la RESO 1413 aquí recurrida que sindicó como fecha de impugnación el 20/02/97).
Esos plazos son, por imperio del 807 del CA. los que determinarán la suerte de la acción del fisco respeto de la aseguradora para exigirles los tributos que conforman el objeto de su pretensión.
Entonces, la interrogante que resta develar para dar la respuesta a la que me refería será ¿Hasta cuándo se extendió el efecto suspensivo del 806 del CA?
La norma remite para ello al 805 inc. c): Hasta que recayere decisión que habilite su ejecución. Cabrá pregustarse ¿cuándo hay una decisión que habilita su ejecución?
En principio cuando la resolución aduanera deviene en firme (no es recurrida tempestivamente o es consentida) y el otro estamento será cuando el Tribunal Fiscal se expida sobre la suerte de ésta. ¿Es necesario que lo decidido por el TFN haya sido notificado o, más aún, adquirido firmeza? El art.1172 del CA –como bien refiere la actora- en aquellos casos –como lo es el de autos- adonde sólo se discute la procedencia de una exigencia tributaria, con la decisión del TFN, el Fisco Nacional puede iniciar los actos ejecutorios que le son propios.
La suspensión del principio solvet et repete ha cesado, el Fisco puede cobrarse lo que el TFN le reconoce, prescindiendo de lo que en definitiva diga la Alzada al respecto. (A modo de ejemplo: una firma es ejecutada y abona lo que le reconoció el TFN tendrá derecho a repetir un eventual pago sin causa sobreviniente a la ulterior revocación de la sentencia por parte de la Excma. CNCAF)
Ergo, es cuándo decide el TFN –en este caso el 19/05/2000- el día en que reanudó el computo del plazo para determinar la prescripción de la acción del Fisco que se encontraba suspendida desde la impugnación de la importadora (el 6/3/97) por lo que, por imperio de lo dispuesto en el 807 CA, el plazo quinquenal para ir tras la aseguradora –que no fue parte de la impugnación de la importadora- se encontraba vencido al notificarse el cargo 1413/2005 (21/03/2006) y por ello, al no colegirse acto interruptivo o suspensivo que permita sostener legítimamente su vigencia, cabe DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para percibir tributos respecto a la aquí actora en el marco del DI 27308-3/97 garantidos mediante la póliza 114572.
IX. En cuanto a las costas del proceso, no advierto razones que ameriten apartarme del principio general de la derrota, por lo que estimo ajustado a derecho imponerlas a la demandada vencida, conforme lo establece el art. 1163 del CA X. En virtud de la forma en que se resuelve la presente, resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por lo expuesto voto por:
1. Declarar la nulidad del cargo 1413/05 formulado en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043- 1518-2005 contra la firma Chubb Seguros Argentina S.A. y de todo el procedimiento seguido con posterioridad, como así también, de la resolución 2021-3156-E-AFIP-DEPRLA.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de los tributos garantizados mediante póliza 114572, respecto de la firma Chubb Seguros Argentina S.A.
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, solamente al modo en que decide el voto del Vocal preopinante, a los fines de formar mayoría de votos concurrentes. ASÍ LO VOTO.
II. Que sin embargo, considero apropiado efectuar ciertas precisiones, que no modifican la referida decisión, en relación a la interpretación que se hace respecto al artículo 805, inciso c), del CÓDIGO Aduanero, en tanto no se comparten —todo lo contrario— los sofismas —sí la solución definitiva— esgrimidos en el Considerando VIII in fine del voto que antecede.
III. Que, bajo tales premisas, corresponde recordar que el artículo 11720, de la ley 22.415 señala que “1.- La apelación de las sentencias del Tribunal Fiscal en el orden aduanero que condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, se otorgará al solo efecto devolutivo En los demás supuestos el recurso se concederá en ambos efectos y será aplicable en su caso lo previsto en el artículo 1135”; 2. En el supuesto de condena al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, si no se acreditare el pago de lo adeudado dentro de los TREINTA (30) días de la notificación de la sentencia o desde la notificación de la resolución que aprueba la liquidación practicada, ante el servicio aduanero, éste expedirá de oficio un certificado de deuda fundado en la sentencia o liquidación, según correspondiere, a los fines de su ejecución”.
Asimismo, el artículo 18 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación (RESOL- 2023-91-APN-TFN#MEC), textualmente ordena: “Se notificarán de manera fehaciente a través de los medios indicados en el artículo precedente los siguientes actos procesales:…9) las sentencias, pongan o no fin al litigio”.
III. Que, en virtud de ello, resulta ajustado a derecho dejar sentando que la exigencia de notificar las sentencias no es un simple ritual y del ordenamiento normativo que rige la actuación de este Tribunal surge, sin hesitación, su vinculación con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional y convencional.
En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “la correcta notificación de las distintas etapas fundamentales del juicio tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige la garantía del debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio (Fallos: 313:848; 315:1370; 315:1936; 315:2420; 317:930; 319:741 y 319:978; entre muchos otros), siendo que, entre dichas etapas procedimentales, no procede excluir a la sentencia, acto que esencialmente manifiesta en modo pleno el resultado final de un proceso jurisdiccional.
Por lo tanto, no advierto en el ordenamiento legal ni tampoco en el reglamento ninguna norma que autorice al Fisco Nacional a ejecutar sus acreencias sin que exista notificación de la sentencia de grado, sino todo lo contrario, ya que el acápite 2.- del propio texto aduanero señalado por la Vocalía preopinante, como así también los artículos 1170 1171 del CÓDIGO Aduanero, 192 y 194 de la Ley de Procedimiento Tributario y 18 del RPTFN, expresamente coligen la imperiosa obligación jurídica de notificar las sentencias de este Tribunal jurisdiccional-judicial.
Por ende, soy de la firme opinión, a expresa diferencia de le expresado en el voto antecesor, que bajo ninguna circunstancia se puede promover el correspondiente juicio de ejecución de una sentencia de este Tribunal que no haya sido fehacientemente notificada.
En consecuencia, no corresponde por vía interpretativa autorizar a la DGA a iniciar los actos ejecutorios que le son propios sin que hayan transcurridos 30 días desde la NOTIFICACIÓN fehaciente de la sentencia de este Tribunal Fiscal.
IV. Que, en efecto, exigir que toda sentencia sea fehacientemente notificada constituye la forma adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
Ello es así en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
V. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión —SUBLIME— de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros). ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo.
Visto lo precedente, POR MAYORÍA SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del cargo 1413/05 formulado en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-1518-2005 contra la firma Chubb Seguros Argentina S.A. y de todo el procedimiento seguido con posterioridad, como así también, de la resolución 2021-3156-E-AFIP-DEPRLA.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de los tributos garantizados mediante póliza 114572, respecto de la firma Chubb Seguros Argentina S.A.
3. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura —Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación—.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, envíese a la guarda temporal.
Date: 2025.05.30 16:15:50 -03:00 Date: 2025.06.03 13:25:51 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.04 16:09:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.04 16:09:42 -03:00
Fin de la sentencia