Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 17519080-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar parcialmente la sentencia del TFN en cuanto declaró conformidad con el art. 56 de la ley 11.683 y
2Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y revocar la sentencia del TFN, en lo que respecta a la distribución de las costas, las que se imponen, en ambas instancias, a cargo de la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
25.511/2023 CHUBB SEGUROS ARGENTINA SA (TF 17519080-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de noviembre de 2023.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento del 13/07/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, revocó parcialmente el art. 2 de la Resolución 34/2020 (AD LAPL) de fecha 06/03/2020 en relación al IVA de importación y las percepciones de IVA y el Impuesto a las Ganancias, correspondientes a la importación irregular derivada de la DIT 10 033 IT11 001356A. Declaró que la actora Chubb Seguros Argentina S.A. adeuda a la AFIP-DGA la suma de U$S 926,71, en concepto de tributos (derechos de importación y tasa de estadística) en su carácter de garante de la importación irregular de autos, conforme la Póliza Nº 719053, según el límite de responsabilidad asumido y con los intereses del art 794 del CA. 3.Impuso las costas por su orden.
Para así resolver -en cuanto aquí interesa- sostuvo que, no existía duda alguna de que la legislación de fondo que regulaba el IVA que debe tributar una operación de importación es la vigente ley federal del impuesto (t.o. conf. decreto 280/97) y que por lo tanto, respecto del régimen de prescripción, tampoco existían dudas sobre la ley aplicable.
Puntualizó que, el art. 112 de la ley 11.683 (BO: 12.01.1933) y el art. 51 de la ley del IVA establecían que es el régimen de procedimiento de la ley 11.683 el que regula la cuestión, sin perjuicio de los preceptos especiales que puedan estar contenidos en la ley del gravamen.
En consecuencia, manifestó que, las normas que regían la prescripción de las acciones del Fisco para reclamar el impuesto al valor agregado en las importaciones -regulares e irregulares- eran las de la ley federal de procedimiento fiscal 11.683 (t.o. 1998), con exclusión de cualquier otro cuerpo normativo. En tales condiciones, afirmó que, el IVA, incluido el que se devengaba con la importación de mercaderías, era un impuesto o tributo que, integralmente y conforme las normas expresas antes referidas, se encontraba regido por las leyes del IVA, 20.631 (t.o. decreto 280/97) y por la ley 11.683 (t.o. 1998), no por el CA, ni por la legislación aduanera.
En esa línea, apuntó que, las propias normas de prescripción del CA disponían que ellas no regulaban la prescripción del IVA; sus arts. 803, 804, 805 y 806 -que son las normas que regían la prescripción de tributos en el CA. Adujo que, frente a los sostenido por la demandada, correspondía señalar que las normas de la ley 11.683 que regían la prescripción del IVA eran aplicables aun cuando: (i) la acción de reclamo del tributo la llevaba adelante la Aduana en el marco del régimen infraccional del art. 970 del CA y que, en tal procedimiento, se determinan los tributos que gravan la importación definitiva, incluido el IVA; (ii) existía un control y procedimiento aduanero específico para esos procedimientos infraccionales del CA; (iii) el IVA de importación se devengaría al incumplirse la destinación suspensiva temporaria, siendo la Aduana el órgano estatal competente para determinarlo.
Aseveró que, ninguna de tales circunstancias, referidas a: a) el órgano administrativo competente –la Aduana-; b) el marco infraccional del sumario (conf. normas aplicables CA) y; c) que involucra tributos aduaneros con régimen de prescripción propia (arts. 803 a 808 del CA), tenían fuerza legal ni autorizaban a tornar inaplicable el art. 112 de la ley 11.683 ni el art. 51 de la ley del IVA. Precisó que, ambas normas, de modo claro, establecían que era la ley 11.683 la que se aplicaba al procedimiento relativo a la determinación, liquidación y cobro del IVA, ordenamiento que contenía las normas de prescripción de las acciones del Fisco para reclamar el impuesto.
Destacó que el modo en que la Aduana determinaba el IVA en el marco del régimen infraccional del art. 970 del CA (prescindiendo del formal procedimiento de determinación de oficio del art. 17 y concordantes de la ley 11.683) tenía su fundamento en los arts. 9, 27 cuarto y quinto párrafos y 51 de la misma ley del IVA, y era también en dichas normas legales donde encontraba, en definitiva, su fundamento legitimante la Resolución General 3431/91 sobre el régimen de percepción del IVA en cabeza de la Aduana. Ninguna previsión legal excluía a las normas de prescripción de la ley 11.683 para regular la exigencia del IVA que gravaba las importaciones; por el contrario, positiva y expresamente las normas aplicables, el art. 51 de la ley del IVA y el 112 de la ley 11.683, establecían que era esta última ley la que gobernaba los aspectos procedimentales del impuesto. Manifestó que, tampoco alteraba lo anterior que la actora se haya allanado a la pretensión de la multa del art. 970 del CA y los derechos de importación y tasa de estadística concomitantes con la importación, pues tales tributos sí se encontraban -indudablemente- gobernados por las normas de prescripción del Código Aduanero.
Indicó que, tampoco podía considerarse inaplicable la ley 11.683 en materia de prescripción del IVA -que era de orden público- por la existencia de un contrato indistintamente todos los tributos que eventualmente se devenguen por la importación irregular, más cuando se encontraba prohibida la renuncia anticipada a la prescripción o su regulación contractual (arts. 116 de la ley 11.683 y 808 del CA, y art. 2533 del Código Civil y Comercial) pudiendo renunciarse solamente a la prescripción ganada (arts. 116 de la ley 11.683 y 808 del CA, y art. 2535 del Código Civil y Comercial). Tampoco el hecho de que la póliza cubra todos los tributos devengados con la importación, incluido el IVA -conforme los arts. 453 inc. c) y 255 del CA- podía provocar que se desplace -o derogue de facto- el régimen de prescripción especial, de orden público, establecido por la ley 11.683 para el referido impuesto, pues la aplicación de tal régimen de prescripción para el IVA no afectaba la cobertura integral dispuesta en la póliza.
En consecuencia, entendió que, asistía razón a la actora de que el régimen de prescripción aplicable al IVA de importación era el de la ley 11.683 (t.o.1998), no el contenido en el Código Aduanero que regía para los tributos aduaneros. Sentado ello, precisó que, las normas de prescripción de la ley 11.683 que aplicaban al IVA eran las contenidas en el Capítulo VIII del Título I de dicha ley, arts. 56 a 69.
En dicho contexto, alegó que, debía repasarse el íter temporal referido a la DIT10033IT11001356A. El vencimiento del plazo para reexportar tuvo lugar el 26/12/12.
En consecuencia, en esa fecha, se produjo el devengamiento del IVA que gravaba la importación a consumo, conforme lo establecido por los arts. 274.1. inc. a) y 274.2 del CA y los arts. 1 inc. c), 4 inc. c), 5 inc. f), 25 y 27 cuarto y quinto párrafo de la ley del IVA (t.o. conf. decreto 280/97). Siendo ello así, el plazo de 5 años con que contaba la Aduana para reclamar el IVA de importación -art. 56 inc. a) de la ley 11.683- empezó a correr el 01/01/13 - art. 57 de la ley 11.683- atento a que el IVA devengado en la importación de septiembre de 2012, debía declararse en la posición correspondiente a dicho mes del año 2012. En consecuencia, la acción del Fisco para reclamar el IVA de importación, correspondiente a la DIT de autos, expiraba el 01/01/18.
Destacó que, en las actuaciones administrativas no se dio intervención a la actora sino hasta la instrucción del sumario de fs. 10, de fecha 20.03.15, por la que se le corrió vista de la diferencia impositiva en su carácter de garante de los tributos eventualmente adeudados. Dicho acto carecía de efecto suspensivo (art. 65 inc. a) de la ley 11.683) en tanto no constituía una “intimación administrativa de pago” del IVA devengado en la importación irregular, conforme lo requería el art. 65 inc. a) de la ley 11.683. Tampoco resultaba aplicable al caso el art. agregado a continuación del art. 65 de la ley 11.683, por no haberse corrido la vista de fs. 10 (apertura del sumario aduanero) dentro de los 180 días previos al 01.01.18. Por demás, la Aduana notificó ese acto recién el 29/03/19, casi dos años después de vencido el plazo de prescripción del Fisco para reclamar el impuesto, que operó el 01/01/18.
Concluyó que, como consecuencia de todo lo expuesto correspondía, sin más, declarar prescripta la acción de la Aduana para reclamar el IVA de importación desde el 01/01/18, acogiendo favorablemente la pretensión de la parte actora.
Esgrimió que, decidido lo anterior, correspondía también expedirse sobre la no exigibilidad de las percepciones del IVA y del impuesto a las ganancias opuesta por la actora.
Al respecto, señaló que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema en la causa “Cladd”, al vencer el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos contra las que son computables las percepciones del IVA y el impuesto a las ganancias, se extinguía la facultad del organismo recaudador para exigir su pago. Habiendo acaecido la importación el 26/09/12, los vencimientos de las declaraciones juradas del IVA y el impuesto a las ganancias vinculadas a tal importación irregular operaron hace años (en octubre de 2012 la del IVA, en los ejercicios impositivos del año 2013 la del impuesto a las ganancias) y, por ende, caducó la facultad de la Aduana a practicar las percepciones sobre dicha importación irregular, que hubieran sido computables contra las determinaciones de los impuestos respectivos -IVA y el impuesto a las ganancias-.
Añadió que, sin perjuicio de lo anterior, conceptualmente, siempre resultaban exigibles los intereses devengados sobre las percepciones no ingresadas, bajo las previsiones de devengamiento y anatocismo del art. 37 de la ley 11.683 (t.o. 1998). Tales intereses, a su vez, si no se cancelaron hasta el momento de la presentación de las declaraciones juradas, por imperio del art. 37 quinto párrafo de la ley 11.683 - conforme texto agregado por el art. 18, punto 2), de la ley 25.239 (B.O. 31.12.1999)- se capitalizaban y empezaban a generar nuevos intereses hasta el momento de su efectivo pago. Ahora bien, al igual que sucedía con el IVA de importación, tales intereses se encontraban gobernados, en cuanto al régimen de prescripción que los rige, por la ley 11.683 y, en el caso de autos, estarían también prescriptos.
Finalmente, expuso que, debía hacerse lugar a la pretensión de la actora y declarar prescripta la pretensión de la DGA respecto del IVA de importación devengado como consecuencia de la importación irregular vinculada a la DIT10033IT11001356A. Asimismo, declarar inexigibles la pretensión respecto de consumo. Conforme el aforo de fs. 29 de las act. adm. debía revocarse pues el IVA de importación (U$S 1536,74) y las percepciones de IVA y el impuesto a las ganancias ($ 4460,70), quedando como tributos remanentes a pagar, los que fueron consentidos por la actora (ver RE-2020-17518430-APN-SGASAD#TFN, pág. 2, IV. 1 segundo párrafo): los derechos de importación (U$S 894,75) y la tasa de estadística (U$S 31,96) que suman un total de U$S 926,71.
En relación a las costas, atento el carácter relativamente novedoso de la cuestión, las se impuso por su orden (art. 1163 primer párrafo del CA).
II. Que, contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación, la actora el 19/07/2022 y la demandada el 8/09/2022, expresando agravios el 19/07/2022 y el 29/09/2022, respectivamente.
Asimismo, el fisco nacional y la actora contestaron los traslados corridos el 29/09/2022 y 19/10/2022, respectivamente.
III. Apelación de la actora:
Se agravia porque la sentencia de fecha 13 de julio de 2022 hizo lugar totalmente a la apelación de su parte, revocando la Resolución N° 34/2020 (AD LAPL) en cuanto exigía el IVA y las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, únicos rubros que cuestionó en el recurso de apelación; sin embargo, decidió distribuir las costas en el orden causado.
Aduce que, el pretendido argumento esbozado por el a quo para no imponer las costas al vencido, "el supuesto carácter relativamente novedoso de la cuestión", se contradice con los propios argumentos de la sentencia y no se ajusta a la realidad. Pues, no existe ningún motivo para eximir de costas al vencido, conforme establece el principio contenido en el art. 1163 del Código Aduanero. En concreto, manifiesta que, la improcedencia de reclamar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, ya había sido declarada por la Corte en el año 2019 en el precedente “Cladd ITA SA”, por lo que su parte se vio obligada a recurrir la resolución que incluía tales percepciones cuando existía doctrina del Máximo Tribunal al respecto.
En cuanto a la prescripción del IVA, refiere que, su parte citó las normas aplicables y la jurisprudencia de tres Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Dicha cuestión, conforme el propio sentenciante lo sostiene expresamente, no ofreció dificultad en su resolución, por lo que no se advierte por qué sería "novedosa" al imponer las costas por su orden, pero "...no ofrece mayor dificultad..." al resolver el fondo de la cuestión.
Agrega que, la demandada en su contestación de recurso, se opone firmemente a las pretensiones de su parte, incluso respecto de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, sobre las cuales la Corte ya se había pronunciado y dicho pronunciamiento había sido invocado expresamente en el recurso de apelación. Apunta que, la demandada reconoce que su parte se vio obligada a apelar la resolución ante el Tribunal Fiscal, pese a haber ofrecido las defensas sobre la improcedencia de los conceptos apelados ya en sede administrativa.
Manifiesta que, en función de lo que se ha relatado, no puede validarse la distribución de costas de este proceso, pues no existen motivos suficientes para ello ni han sido en modo alguno expresados por el sentenciante, en cumplimiento del requisito legal que el nuevo art. 1163 establece en cuanto menciona que la Sala interviniente podrá "...eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición”.
Afirma que, en efecto, conforme se relató, el Tribunal sólo expresa como motivo de la eximición de las costas del proceso a la demandada vencida un supuesto carácter novedoso de la cuestión, habiéndose demostrado ya que la cuestión llevada a conocimiento del Tribunal no era novedosa ni compleja e, incluso, existía jurisprudencia de Corte antes de la apelación referente a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias.
IV. Apelación de la demandada:
Se agravia por cuanto en la sentencia recurrida se decide aplicar en materia de prescripción lo normado en la Ley 11.683 en relación a la exigencia tributaria del IVA y los intereses devengados como consecuencia del perjuicio fiscal generado al fisco.
Puntualiza que la ley 11.683 rige la prescripción de las acciones de la Dirección General Impositiva para exigir el pago de tributos en el ámbito de su competencia, mientras que la prescripción de las acciones que detenta la Dirección General de Aduanas para reclamar y percibir tributos de conformidad con lo expuesto anteriormente se rige por lo que establece la normativa específica en materia aduanera.
Afirma que, el hecho jurídico generador de la obligación tributaria del IVA es la importación para consumo que, en el caso en concreto, se perfeccionó al incumplir la destinación suspensiva temporaria, razón por la cual es acertado afirmar que el IVA es un tributo que grava la importación definitiva, operación que se encuentra fiscalizada por el servicio aduanero -único órgano estatal competente al efecto-.
Apunta que, la Póliza de autos n° 719053, en su art. 7° reza: "La prescripción de las acciones contra el Asegurador se producirá cuando prescriban contra el Tomador, de acuerdo con las disposiciones específicas del Código Aduanero".
Considera que, en esos términos se encuentra reconocido por la actora la aplicación de las disposiciones del C.A en materia de prescripción, con lo cual, resulta de aplicación lo pactado por las partes contratantes en el sentido que el asegurador debe responder “con los mismos alcances y en la misma medida en que resulte obligado el Tomador o Proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro” (ver condiciones particulares de la póliza 719053).
Argumenta que, en consonancia con lo expuesto, las condiciones generales de la póliza contratada indican que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las acciones de la Aduana contra el tomador "de acuerdo con las disposiciones legales aplicables”, expresión que no puede sino referirse a la normativa específica aduanera que es causa eficiente del seguro, según lo indican también las condiciones particulares del convenio. Señala que, es evidente que el elemento que permite la vinculación entre el Servicio Aduanero y la Compañía es la Póliza, por lo que no puede soslayarse que la responsabilidad tributaria de la Aseguradora tiene básicamente un origen contractual: sus obligaciones no provienen directamente de la ley, sino de la Póliza de Seguro de Caución emitida y suscripta en forma voluntaria por la Aseguradora, cuyo origen reposa en la operación de importación temporaria, formalizada en una Destinación de Importación Temporal.
Destaca que, no es un dato menor el hecho de que la Destinación de Importación Temporal contenga la liquidación tributaria. Es por ello que, en atención a las condiciones generales y particulares de la póliza en cuestión, la Aseguradora se obligó ante el asegurado por una suma que surge como consecuencia de una liquidación tributaria, vinculada inexorablemente con una operación aduanera (Régimen de Importación Temporal) formalizada a través de las Destinaciones de Importación.
Asevera que, por ende, la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe por el transcurso de cinco años (art. 803 del Código Aduanero) y ese término comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (art. 804 del mismo ordenamiento). Por su parte, el artículo 805, inciso a), del código dispone que se suspende el plazo de prescripción desde la apertura del sumario, en la causa que se investigare la existencia de ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; y el artículo 806, inciso a), del mismo cuerpo legal, dispone que dicho plazo también se interrumpe por la notificación de la liquidación tributaria aduanera.
En el caso, el vencimiento del DIT 10 033 IT11 001356A tuvo lugar el 26/09/2012, por lo que el plazo de prescripción de la acción del Fisco para reclamar los tributos correspondientes comenzó a correr el 01/01/2013, y se interrumpió con el dictado del acto de apertura del sumario del 20/03/2015 (fs.10, act. adm.12591-131-2012). Precisa que, en tales condiciones, en la especie, el curso de la prescripción se interrumpió con el dictado del acto de apertura del sumario, de forma tal que, al dictarse la resolución 34/2020 (AD LAPL) con fecha 06/03/2020, la acción de la Aduana aún no había prescripto.
Por otro lado, aclara que el servicio aduanero es “agente de percepción” del IVA, en virtud de lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 11.683, los artículos 27 y 51 de la ley del IVA, el decreto 2394/91, el decreto 1076/92, y las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92, con sus modificaciones.
Finalmente, puntualiza que, atento la vigencia de las acciones de su parte para el cobro del IVA, con respecto a la fecha de inicio de cómputo de los intereses del artículo 794 del Código Aduanero, los mismos corren desde el vencimiento del plazo de diez (10) días desde la notificación de la vista que resulta de fs. 15 de las actuaciones administrativas (esto es, el 29/03/2019), y hasta la fecha de efectivo pago (conf. causas nº 8.103/2018 Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo” y nº 87.357/17, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 22302-A) c/ DGA”, sent. del 15/5/18 y 12/4/18, y sus citas).
En virtud de todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en lo que es materia de agravios. Con costas.
V. Que, de manera inicial debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que sentado ello, cabe señalar ante todo que arriba consentida a esta instancia, la decisión concerniente a la no exigibilidad de las percepciones de IVA e impuesto a las ganancias, declarada en el fallo del TFN, en tanto no fue objeto de agravios por parte del fisco; de modo que por razones metodológicas y de orden, en primer lugar, corresponde tratar la apelación de la demandada (que cuestiona la aplicación de la ley 11.683 en lo concerniente a la prescripción del IVA devengado por la importación irregular) y posteriormente la de la actora en tanto sólo se agravia de la distribución de las costas-.
VII. Que, conforme lo señalado por el TFN, con carácter liminar resulta necesario diferenciar la situación de los tributos “aduaneros”, respecto de aquéllas gabelas que pueden ser calificadas o identificadas como “no aduaneras”. Sobre el particular cabe recordar que en numerosas oportunidades se ha sostenido que “…ni el Impuesto a las Ganancias ni el Impuesto al Valor Agregado han sido concebidos como impuestos destinados a financiar directamente el funcionamiento del servicio aduanero, por lo que no revisten el carácter de tributos con afectación especial que exige la norma en comentario [art. 761 del Código Aduanero], debiendo destacarse, además, que las leyes de creación de los referidos impuestos nacionales son explícitas al señalar que ellos se rigen por las disposiciones de la Ley de Procedimiento Tributario nº 11.683 (cfr. Ley de Impuesto a las Ganancias […], art. 103 y Ley del Impuesto al Valor Agregado […], art. 51), régimen cuya aplicación no es susceptible de intercambio por el aduanero por la sola circunstancia de que en virtud de razones de eficiencia administrativa se haya encomendado a la Aduana actuar como agente de percepción de los mismos”.
“Toda vez que los impuestos en cuestión no constituyen obligaciones tributarias aduaneras ni se rigen por su legislación resultan inaplicables las disposiciones del Código Aduanero en materia de prescripción (arts. 787, 803, 804, 805, 806, 807 y 808) siendo de aplicación las normas correspondientes de la Ley nº 11.683” (confr. CNCont. Adm., Sala I in re: “Acetatos Argentinos S.A. c/EN- AFIP DGA resol 2691/04 s/Dirección General de Aduanas”, del 21/11/2013 y en el mismo sentido idem, Sala III in re: “Aseguradora de Créditos y Garantías SA TF 30547-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/04/2017). Por último, cabe señalar, a mayor abundamiento, que en la citada causa fallada por la Sala I, el Alto Tribunal desestimó el recurso extraordinario de conformidad con el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con fecha 4/11/2014.
En igual sentido se ha expedido esta Sala en autos en el Expte. N* 6066/2022 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 26/8/2022.
De conformidad con lo expuesto, y dado que -al margen de los planteos referidos al régimen normativo aplicable- el fisco no cuestionó el cómputo del plazo liberatorio llevado a cabo en el decisorio apelado, por aplicación precisamente de las normas contenidas en la ley 11.683 (v. esp. Consid.VII.2, antepenúltimo y penúltimo parágrafos), ningún pronunciamiento corresponde emitir sobre el punto. Debe añadirse por último que la apelante pasa por alto que no se encuentra aquí controvertido el hecho de que tanto el importador, como así también la aseguradora –conforme la obligación asumida en la póliza de seguro-, responden por todos los tributos vinculados a la importación irregular (aduaneros e impuestos federales), sino que la cuestión fina en el lapso durante el cual la Aduana tiene potestad para reclamar cada uno de esos impuestos, que poseen regímenes legales diferenciados de prescripción.
Finalmente, cabe añadir que, la ley 11.683, resulta ser de orden público, por lo cual tampoco podría considerarse inaplicable la misma en virtud de la existencia de un contrato privado entre partes que cubra indistintamente todos los tributos que eventualmente se devenguen por la importación irregular.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar parcialmente la sentencia del TFN en cuanto declaró prescripta la acción del Fisco Nacional para perseguir el cobro de IVA, de conformidad con el art. 56 de la ley 11.683.
VIII. Que, en punto a las costas, desde ya se adelante que cabe hacer lugar al recurso de la actora.
En efecto, mediante la sentencia de fecha 13/07/2022, el Excmo. Tribunal Fiscal resolvió revocar la resolución aduanera en cuanto fue materia de apelación por parte de Chubb Argentina SA. En relación al planteo sobre el IVA, el a quo, declaró la prescripción de la acción del Fisco para su reclamo, señalando expresamente al inicio de su decisión que "La cuestión a resolver no ofrece mayor dificultad". En relación a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, hizo lugar al planteo de acuerdo a la doctrina de la Corte en el precedente "Cladd ITA SA". En este contexto, conviene recordar que la actora expresamente consintió el importe liquidado en concepto de derechos de importación y tasa de estadística. A lo expuesto, cabe añadir que la demandada en su contestación de recurso ante el TFN, se opuso a las pretensiones de la actora, incluso respecto de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, sobre las cuales la Corte ya se había pronunciado y dicho pronunciamiento había sido invocado expresamente en el recurso de apelación.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de la actora y modificar la distribución de las costas impuestas por el a quo, imponiéndose, en ambas instancias, a cargo de la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar parcialmente la sentencia del TFN en cuanto declaró conformidad con el art. 56 de la ley 11.683 y 2°) hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y revocar la sentencia del TFN, en lo que respecta a la distribución de las costas, las que se imponen, en ambas instancias, a cargo de la demandada vencida (arts. 279 y 68, 1° parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-
JOSE LUIS M. LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia