Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 17572985-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) desestimar los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada; (ii) imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y (iii) fijar los honorarios de acuerdo a los considerandos IX y siguientes del voto del juez Facio.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), declaró la nulidad del auto de apertura del sumario y, consecuentemente, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Con costas. Ello así, en relación a la operación de importación temporaria documentada mediante DIT nº 06 001 IT14 002550 A (v. págs. 242/248 del expediente digital EX-2020-17572985- -APN- SGASAD#TFN).
Para así decidir, sostuvo que:
(a) El auto de apertura de sumario no cumple con todos los requisitos legales exigidos por el art. 1094 del CA, porque se dictó sin la determinación, clasificación, valoración de la mercadería, y la liquidación de los tributos. Cumpliendo el servicio aduanero con tales exigencias, con posterioridad al dictado del acto.
Además, porque se produjo sin la agregación del original del despacho de importación.
(b) El vencimiento del DIT involucrado operó el 7/04/07, siendo el plazo de prescripción de 5 años para perseguir el cobro de tributos (conf. art. 803 del CA). Dicho plazo comenzó a correr el 1/01/08, y sin mediar causales suspensivas ni interruptivas, la prescripción operó el 31/12/12.
II. La AFIP apeló y expresó agravios (págs. 257/267 del expediente digital EX-2020-17572985- -APN-SGASAD#TFN). Los que fueron replicados.
Esgrimió las siguientes críticas:
(a) El auto de apertura del sumario es válido por cumplir los requisitos formales y materiales del art. 1094 del CA.
(b) Las nulidades procesales deben ponderarse con criterio restrictivo y sin vulnerar el principio según el cual no hay nulidad sin perjuicio. Asimismo, debe ponderarse si el acto logró su finalidad (art.
1050 CA).
(c) El plazo quinquenal comenzó a correr el 1/01/08 por lo que prescribiría el 31/12/12, habiéndose instruido el sumario en plazo suficiente para suspender su curso.
III. Así las cosas, el problema gira en torno a la validez del acto de apertura de sumario y, en su caso, si resulta hábil, o no, para interferir el curso de la prescripción.
Por ser así, en primer lugar, se impone revisar lo normado en la Sección XIV, Capítulo III del Código Aduanero, que regla el procedimiento infraccional. A lo que corresponde estar, desde que no ha sido motivo de objeción.
A) El art. 1090 determina los actos procesales a cumplir por el Administrador cuando recibe las actuaciones administrativas. Por su parte, el art. 1091 detalla el objeto del sumario; los pasos a seguir una vez abierto: a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal, con graduación de las penas aplicables; y d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder. Esto es, el Administrador que ha recibido la denuncia y consideró ajustada la apertura del sumario contencioso, presume que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
existen elementos suficientes para aperturar la causa y cumplidas las medidas dispuestas en el art. 1094 del CA, correrá vista de lo actuado al presunto responsable para que presente sus defensas (art. 1101 del CA).
B) Del juego de los arts. 1094 y 1101 del CA resulta pues que, con carácter previo a correr vista de lo actuado, el agente aduanero determina los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, y la liquidación del tributo.
Al respecto, claramente el art. 1101 prevé “cumplidas las medidas dispuestas” en el art. 1094, se correrá vista de las actuaciones a los presuntos responsables a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder.
Línea que mantienen también, varios artículos del CA. Entre ellos:
a) El art. 1103 prescribe que la vista también tiene los efectos de notificación de la liquidación de los tributos, a los que alude el inc. d) del art. 1094.
Tal como consideró la Comisión Redactora de la ley 22.415 “(…) dicha vista surte también efectos a los fines de la notificación de la liquidación de los tributos (…)”. Lo cual conlleva a la interrupción de la prescripción de los tributos anudados a la operación (art. 806, inc. a)1).
Concordantemente, y ahora ya con relación a los “hechos investigados”, la Comisión Redactora aclara, asimismo, que la determinación “de los hechos constitutivos de la infracción” no significa que “se cristalice la investigación (…) a determinado 1 El que prevé: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera (…)”.
encuadre infraccional pues se permite que las medidas preliminares puedan hacerse extensivas a la investigación de otros hechos que pudieren constituir infracciones aduaneras, en cuyo caso deberá correrse nueva vista (…)”.
b) Por su parte, el art. 1104 siguiente prescribe que “[D]entro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo”.
A su vez, el art. 1050 impide anular actos del procedimiento aduanero, si hubiera logrado su finalidad.
Expresamente prescribe que “[n]o se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado”.
La Exposición de Motivos fue precisa al señalar que el CA reguló el instituto receptando el principio: no aceptación de la nulidad por la nulidad misma, siguiendo el criterio del art. 169 del CPCCN (Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo X. Basaldúa, Juan P. Cotter M., Héctor G. Vidal A., Código Aduanero Comentado, Edit. Abeledo Perrot, Tomo III, pág. 570).
IV. De cara, entonces, a dicho plexo normativo se impone revisar lo actuado ante la Aduana, a cuyas constancias debe estarse, dado que no se aportó prueba en contrario (esta Sala, causas “Luis M. Pagliara S.A.”, del 6/11/2018; “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22; “Pernord Ricard Argentina SRL (TF 32644-A)”; del 16/8/22, entre otras).
(a) La actuación 12197-7039-2012 se originó con el Acta denuncia nº 2518/12.
La que se realizó de oficio por la autoridad aduanera:
“División Registro de Importación” y la “Sección Procedimientos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Técnicos” (fs. 1/6 de las actuaciones digitalizadas, DEO nº 10813501).
Se formuló, por infracción “prima facie tipificada en el art. 970 del CA2 para la destinación nº 06 001 IT14 002550 A, por la cantidad de mercadería que se detalla en la nota adjunta”. Se indicó la persona jurídica que la documentó (ANCONA INVERSIONES SA); fijándose la “base de la mercadería denunciada en la oficialización” y “el valor estimativo de la multa” en usd 180.334,04 y $54.099,6 respectivamente.
A continuación, obran las impresiones de pantalla SIM —“CONSULTA DECLARACIÓN DETALLADA”, “CONSULTA PRESUPUESTO GENERAL”, “CONSULTA DE ITEM”, “CONSULTA GARANTÍA”— (fs. 2/6).
De ellas, resultan los detalles de la importación temporaria en trato: fecha del vencimiento del DIT -el 07/04/07-, destinación, despachante, vendedor, bandera, impuestos, aranceles, montos del flete, del seguro, “beneficios liquidados a la exportación”, presupuesto general, nº de garantía y el monto asegurado por “Chubb Seguros”. (b) Por nota 6857/12, la Sección de Procedimientos Técnicos, previo control operativo, informó que “no habiendo constancia del cumplimiento del régimen conforme la normativa vigente, se estima que estaríamos, prima facie, en presencia de una trasgresión al régimen de destinación suspensiva, penado por el art. 970 (…)”. Atento lo cual, se “procede a formular la denuncia de la importación 2 Art. 970: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada (…)”.
temporaria, importador, cantidad de mercadería en presunta infracción y fecha de vencimiento que se detalla al pie (…)” (fs. 7/8). Añadiendo que: (i) la referida denuncia “(…) se formula por la totalidad de la mercadería importada temporalmente por no haber acreditado debidamente el cumplimiento de (…) lo normado mediante Resolución nº 479/95”; (ii) aun cuando, la DIT no pudo ser localizada, “los elementos elevados” se pueden sustanciar adecuadamente con las “impresiones SIM” del DIT; y (iii) tratándose de un beneficio de excepción, la prueba recae en cabeza del beneficiario.
(c) El 20/12/12 el Jefe de Procedimientos Legales dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 10903, inc. c) del CA (fs. 9).
Lo hizo, en función de “(…) la denuncia efectuada por la SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES, por la que se da cuenta que la firma ANCONA Inversiones SA (…) no habría regularizado la situación de la TOTALIDAD de la mercadería importada mediante destinación Nº 06 001 IT14 002550 A con vencimiento en fecha 07/04/07 lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero (…)”.
(d) Asimismo, el 13/9/17, “atento el riesgo prescriptivo de los actuados”, con carácter urgente, se requirió a la División de Control y Fiscalización que informe “el valor en aduana de la mercadería (…), la posición arancelaria, demás tributos que correspondieran a su importación y si la mercadería resulta ser de importación prohibida (…)”. Todo ello, claro está, respecto a la destinación en trato (fs. 11). 3 Art. 1090: “Recibidas las actuaciones, el administrador: a) ordenará ampliar la investigación en aquellos aspectos que considerare necesarios; b) desestimará la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera; o c) dispondrá la apertura del sumario”.
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Lo que fue informado por la dependencia requerida, el 10/10/17. Dándose detalle de la posición arancelaria, la valoración de la mercadería a la fecha de vencimiento del régimen temporario (USD149.231,29), los gravámenes y alícuotas correspondientes, con expresa aclaración de que se trataba de “importación permitida en el régimen general” (fs. 12). También obra, print de pantalla SIM, y la liquidación de la exigencia tributaria y multa (fs. 13/14). (e) El 25/10/17 y de todo ello, la Aduana corrió Vista a Ancona Inversiones SA, para que en 10 días comparezca, presente defensas y ofrezca pruebas, manteniendose la imputación por infracción al art. 970 del CA en relación con la mercadería introducida al amparo de la destinación 06 001 IT14 002550 A (fs. 15).
Entre otras cosas, hizo saber a la firma imputada que: a) si acreditaba la regularización de la situación (destinaciones aduaneras, declaraciones juradas, certificados de tipificación y clasificación, debía acompañar original o copia certificada; b) las consecuencias de efectuar el pago voluntario de $138.785,10, identificando y precisando los montos de los tributos adeudados; y c) citando a Chubb Argentina de Seguros SA, en su carácter de garante de la obligación tributaria en los términos de la póliza nº 525542.
(f) La aseguradora, aquí actora, contestó la Vista planteando, para lo que ahora importa, la nulidad de lo actuado y su consecuente prescripción (fs. 27/30).
Por el contrario, la encartada, fue declarada rebelde (fs. 35). (g) Finalmente, el 18/12/17, por res. DE PRLA 10084/17 cuestionada ante el TFN por la aseguradora, se condenó a Ancona Inversiones SA por la infracción al art. 970 del CA e intimó a la aseguradora, aquí actora, al pago de los tributos adeudados, en su calidad de garante (fs. 40/42).
V. En tales condiciones, corresponde admitir los agravios del Fisco.
Ello así, aun más allá de que, es cierto, la Aduana omitió agregar a las actuaciones el DIT original.
En esencia, porque las normas de aplicación -en particular el art. 1094 del CA-, tienen un alcance diferente al que se le pretende otorgar (ver en especial, considerando III de este voto). Es que: A) Tal como desgaja de lo hasta ahora expuesto, a fin de determinar la aptitud del acto de apertura de sumario, para interferir el curso de la prescripción en trato (para percibir tributos), como aquí se discute, es indispensable traer a primer plano el objeto y fin de las nulidades procesales. Las que, como bien lo indica el Fisco recurrente, deben ponderarse con criterio restrictivo.
Objeto y fin, que consiste en el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada situación debe acreditarse el perjuicio (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1404; 339:480; 342:624; esta Sala, “Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero”, del 3/2/12, “Banco de Valores SA y otros c/ CNV”, del 28/8/2018, “Kimberly Clark Argentina SA”, del 4/6/19, “Pernord Ricard Argentina SRL (TF 32644-A)”, citada, “Vidriería Argentina SA”, del 17/10/23; Sala III “Garriga Marcelo”, del 27/2/18 y “Aseguradora de Créditos y Garantías”, del 26/6/23; Sala IV “Garnero, Víctor Hugo”, del 30/7/09, entre muchos otros).
Lo cual, -y como también lo viene señalando esta Sala-, aplicado al procedimiento administrativo, llevó a la CSJN a sostener que cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre, en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:134; 273:134; 305:831; 331:2769; esta Sala “Catardo Emmanuel”, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
4/7/19, “Moncho Vicente”, citada, entre otras; y Sala III, “Aseguradora de Créditos y Garantías”, citada).
Por ello, y en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (esta Sala, causas “Catardo Emmanuel”, “Aseguradores de Cauciones SA” y “Manufactura de Fibras”, citadas, entre muchas otras).
B) En el caso, la aseguradora tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir pruebas. Como se vio, lo hizo tanto ante el servicio aduanero, como luego ante el TFN.
Ante ambas sedes planteó la nulidad del acto de apertura de sumario y la consecuente prescripción a ella atada.
Lo hizo, en esencia, porque “la falta de agregación del sobre original del DIT acarrea indudablemente la nulidad”, sin dar razón de tan contundente afirmación, ni mucho menos, aportar alguna prueba de semejante afirmación. Esto es, omitió dar razón de sus dichos ante la imputación de la Aduana (fs. 27/28 de las act. adm.).
Imputación infraccional que, como se vio, se sustentó en el Acta de denuncia, informes y dictámenes de las Secciones Técnicas intervinientes, así como en las impresiones de consultas informáticas. Es más, la aseguradora, no obstante reconocer expresamente la “confiabilidad y seriedad” del sistema, insiste en plantear la nulidad del acto de apertura de sumario, sin contrarrestar los detalles de las impresiones de pantalla obtenidas del sistema informático de la Aduana (v. págs. 4 y 7 del escrito digital de apelación).
C) En suma y, aun cuando no se haya anexado el original del DIT, lo cierto es que lo actuado en sede administrativa hasta antes de correrse la vista de ley, es suficiente para tener por válido el acto de apertura del sumario.
Ello es así, pues -con carácter previo a la presentación de la defensa- la firma imputada y su aseguradora, aquí recurrente, pudieron conocer “los hechos investigados”, la verificación, clasificación y valoración de la mercadería en trato, y la liquidación de tributos (Mario A. Alsina, y otros, “Código Aduanero Comentado”, cit., pág. 620).
D) El acto de apertura del sumario –del 20/12/12 — suspendió el plazo de prescripción, que se encontraba en curso (arts. 805, inc. a), del CA)4.
Aún sin dejar de advertir que el actuar aduanero actuó al límite de la prescripción (tal como se advirtió a fs. 11 del exp. adm.), lo cierto es que, al momento del dictado de la resolución DE PRLA nº 10084/17 —el 18/12/17—, no llegó a configurarse la pérdida de su derecho a perseguir el cobro en trato.
VI. Así las cosas, corresponde admitir el recurso interpuesto por el Fisco y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado. Asimismo, corresponde devolver las actuaciones al TFN a fin de que, por quien corresponda, se expida sobre los planteos de fondo formulados por la firma recurrente.
VII. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas en el orden causado en atención al modo en que se resuelve (art. 68, segunda parte, y 279 del CPCCN).
Consecuentemente, y de acuerdo a la solución que aquí propicio, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios del 3/10/22 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos contra ella deducidos.
4 La norma dispone: “[l]a prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende (…) a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (…)”.
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VIII. En mérito de las razones expuestas, propongo al Acuerdo: hacer lugar al recurso de apelación presentado por la AFIP y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento cuestionado y devolver las presentes actuaciones al TFN a los fines señalados en el Considerando VI. Con costas en el orden causado atento la forma en que se decide (art. 68, segunda parte, del CPCCN).
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. Comparto la reseña de los antecedentes del caso que se expone en los puntos I y II del voto de la jueza Liliana María Heiland.
II. La cuestión capital consiste en determinar si el auto de apertura del sumario resultó hábil, o no, para suspender o interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y para requerir el pago de tributos, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero. Dicho artículo establece que “[e]n la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objetos del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
III. Esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputa constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener cabal conocimiento de las conductas investigadas —dato que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la exposición de motivos)—, sino que, además, implica la primera intervención de la administración aduanera, que frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar la ampliación de la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por considerar que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas “Enod SA c/ DGA”, “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “ABB SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013, del 14 de julio de 2016 y del 26 de septiembre de 2017, respectivamente, entre otros).
Si se repara, entonces, en la finalidad del auto de apertura, aparece en juego con mayor fuerza de convicción la necesidad de que éste exhiba de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputa constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causas “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Nestlé Argentina SA (TF 37302-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2019 y del 2 de junio de 2022, respectivamente, entre otros).
IV. Para que el auto de apertura del sumario tenga, pues, la aptitud de interrumpir el cómputo de la prescripción, debe comportar un acto válido y para ello es necesario que reúna los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
requisitos formales y materiales contemplados en el Código Aduanero (esta sala, causas “Federal Express Corporation c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de julio de 2020, y “Arcángel Maggio”, citada).
V. Con apoyo en esas consideraciones, puede afirmarse que el acto de apertura del sumario, del 20 de diciembre de 2012, en tanto el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros expresó: “VISTO la denuncia efectuada por la SECCIÓN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES, por la que se da cuenta que la firma ANCONA INVERSIONES SA […], no habría regularizado la situación de la TOTALIDAD de la mercadería importada mediante Destinación N° 06001IT14002550A con vencimiento en fecha 07/04/2007 lo cual configuraría la infracción tipificada en el ARTICULO 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCION DE SUMARIO, en los términos del artículo 1090, inciso c) del citado texto legal”, no reúne los requisitos contemplados en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Nótese que sólo el 13 de septiembre de 2017 se ordenó remitir las actuaciones a la “División Control y Fiscalización Simultánea” a fin de que informe “el valor en aduana de la mercadería en presunta infracción, la posición arancelaria demás tributos que correspondieran a su importación y si la mercadería resulta ser de importación prohibida respecto a la destinación 06001IT14002550A, todo ello a la fecha de la infracción 07/04/2007”, cuando ya se encontraba vencido el plazo de prescripción previsto en los artículos 803 y 934 del Código Aduanero referente a los tributos y a las multas, respectivamente (mi voto en las causas “Kimberly Clark Argentina SA (TF 32664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Pellital SA (TF 33147-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 39019-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Henkel Argentina SA (TF 35406-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 4 de junio, 13 de agosto y 12 de septiembre de 2019, del 19 de junio de 2020 y del 14 de octubre de 202, respectivamente, y “Nestlé Argentina”, citada).
VI. La infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, que encuentra su fundamento en la violación al régimen de importación temporaria, puede configurarse por diversas causas — falta de regularización de la mercadería ingresada temporariamente, o regularización fuera de término, o someter la mercadería a una finalidad distinta a la que fue denunciada, entre otros supuestos—. Con esa mirada, se advierte que al momento del dictado del auto de apertura del sumario no se encontraban determinados con claridad los hechos constitutivos de la infracción imputada (esta sala, causas “Ferrero Argentina” y “Nestlé Argentina”, citadas, entre otras).
VII. Dadas las razones apuntadas, el auto de apertura del sumario carece de la aptitud para suspender la prescripción de las acciones con que cuenta el Fisco Nacional para percibir tributos e imponer multas.
VIII. Por tanto, debe desestimarse los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y confirmarse la sentencia apelada, con costas a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
cargo de la parte demandada (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 1163 del Código Aduanero).
IX. Resta expedirse acerca de los recursos de apelación interpuestos por el Dr. Enrique Benítez Cruz (por derecho propio) “por bajos” y por la parte demandada “por altos” contra la regulación de los honorarios efectuada por el Tribunal Fiscal.
X. Debe desestimarse la inclusión de los intereses en la base regulatoria que pretende el letrado de la parte actora en su recurso, ya que no está sustentada en una liquidación aprobada (esta sala, causa “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F (TF 28347-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 24 de octubre de 2023).
XI. Habida cuenta de la naturaleza del proceso, de su monto —que surge de la suma abonada en concepto de tasa de actuación—, de la única etapa procesal cumplida, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 18 UMA — equivalentes a la suma de $ 618.876 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA nº 12/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, los honorarios a favor del Dr. Enrique Benítez Cruz, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte actora en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423). Sobre pautas análogas a las precedentemente enunciadas, corresponde FIJAR en 6 UMA —equivalentes a la suma de $ 206.292 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 12/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios a favor del Dr. Enrique Benítez Cruz, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte actora en esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
ASÍ VOTO.
La jueza Clara María do Pico dijo:
Adhiero a la solución que propone mi colega en el voto que antecede, toda vez que el auto que dispuso la instrucción del sumario —como sostuvo el Tribunal Fiscal de la Nación— no tuvo aptitud suficiente para interrumpir o suspender el curso de la prescripción de las acciones del fisco para imponer multas y percibir tributos, respectivamente.
Es que, en el sumario, se omitió acompañar la documentación original en que se funda la imputación, circunstancia que fue puesta de manifiesto por el propio servicio aduanero. Esta sala, en particular, tuvo oportunidad de resolver esta cuestión en la causa nro. 62.944/2019 “Federal Express Corporation c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de junio de 2020, —a la que cabe remitirse por razones de brevedad, especialmente al consid. V—; circunstancia que demuestra que con la instrucción del sumario no se contó con la totalidad de los elementos fácticos y jurídicos que permitan adoptar aquel temperamento.
Consecuentemente, la apertura del sumario realizada por el servicio aduanero en el caso, para investigar lo acontecido con la DIT nro. 06 001 IT14 002550 A, en los términos del art. 970 del C.A., luce infundado. Así voto.
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Causa n° 33051/2023 “Chubb Seguros Argentina SA (TF 17572985-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: (i) desestimar los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada; (ii) imponer las costas de esta instancia a la parte demandada; y (iii) fijar los honorarios de acuerdo a los considerandos IX y siguientes del voto del juez Facio.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia