Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121284
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto III.2.b del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.284, "Bernardo, Viviana Beatriz contra Ciampi, Carmen Rafaela. Despido por embarazo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 233/248).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 275/286), el que denegado por el citado órgano a fs. 287, fue concedido por esta Corte (v. fs. 339/340) al hacer lugar a la queja interpuesta a fs. 330/334.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por Viviana Beatriz Bernardo contra Carmen Rafaela Ciampi en cuanto procuraba el cobro de salarios adeudados, las indemnizaciones derivadas del despido y el agravamiento contemplado en el art. 2 de la ley 25.323. En cambio, admitió la procedencia del reclamo del resarcimiento establecido en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, asimismo, condenó a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo contemplado en la citada norma bajo apercibimiento de aplicar astreintes (v. fs. 233/248).
En lo que interesa, el a quo ponderó que las partes coincidieron en que en su oportunidad celebraron un acuerdo ante la Delegación Quilmes del Ministerio de Trabajo por el cual la demandada abonaba a la accionante determinado importe en concepto de liquidación final y entregaba los certificados que prescribe el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered., fs. 236 vta.).
Señaló que en la demanda la actora cuestionó la validez formal de esos certificados por considerar que no reflejaban correctamente los haberes y aportes efectivamente percibidos y realizados, pero que a través de la detallada explicación brindada en la contestación de la demanda y verificada en los recibos de haberes agregados a la causa, se comprobaba que no existían tales diferencias y que los certificados adjuntados por la propia trabajadora a fs. 34/35 y 36/38 resultaban formalmente correctos (v. vered., fs. cit.).
Sin embargo, juzgó que el principal no cumplió con la obligación contenida en el citado art. 80, ya que no se había acreditado que le hubiera proporcionado a la dependiente el certificado que indica el tiempo de prestación de servicios y la índole de éstos (v. vered., fs. 236 vta./237).
Según sostuvo, habiéndose efectuado la intimación pertinente y no constatándose la entrega del certificado donde debían consignarse los datos de ingreso, egreso, labor y categoría de la accionante, el a quo condenó a la demandada a pagar la indemnización contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y a entregar el certificado de trabajo omitido (v. sent., fs. 243 vta./244 vta.).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 26 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que invoca (v. fs. 275/286).
Alega que el pronunciamiento viola el principio de congruencia en tanto se pronuncia sobre cuestiones no introducidas por las partes, sostiene concretamente que del escrito de demanda no surge que la actora haya reclamado el pago de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, independientemente de la estimación patrimonial que figura en la liquidación. Explica que en dicha ocasión sólo se reclamó la entrega de nuevos certificados "adecuados a la realidad de las sumas que resulten de los presentes actuados, bajo apercibimiento de imposición de sanciones conminatorias", ello, en virtud de la -alegada- falta de coincidencia entre los salarios reflejados en el certificado de trabajo y los asentados en el de servicios y remuneraciones entregados con anterioridad al inicio de las actuaciones y la no inclusión del período agosto de 2015 omitido por un error involuntario del empleador, que -aclara- fue subsanado.
Por otro lado, agrega que la trabajadora no mencionó ni mucho menos efectuó un reclamo con sustento en que en los certificados entregados no constaran los datos relativos a la fecha de ingreso y egreso, la categoría profesional y el tipo de tareas, que fueron aquellos que a juicio del sentenciante fueron omitidos por el empleador (v. fs. 281).
Señala que al contestar la demanda se formuló una defensa ajustándose estrictamente a lo peticionado, evaluando la pretensión de la contraria y la documentación acompañada.
Por ello, argumenta que lo resuelto por el tribunal de origen al ponderar que la demandada omitió entregar un certificado en el que indicara el tiempo de prestación de servicios y la índole de éstos, cumpliendo de ese modo sólo parcialmente con la exigencia contemplada en la ley, implica introducir una observación que no fue formulada por la propia reclamante, ignorando además la prueba producida al respecto.
Denuncia que el juzgador transgredió el principio de congruencia y además omitió valorar el material probatorio íntegramente, analizándolo sin la prudencia que la ley exige y desatendiendo las constancias de la causa, que lo condujo a una conclusión absurda (v. fs. 282/283 vta.).
Sostiene que, contrariamente a lo decidido en la instancia de origen, en el certificado de trabajo cuyos ejemplares obran agregados a fs. 36/38 y 96/98 se encuentra declarada la categoría profesional de la trabajadora (ayudante en gestión de farmacia) y el puesto desempeñado (vendedores y demostradores de tiendas y almacenes), así como los salarios percibidos desde el ingreso hasta el egreso y el tipo de tareas (comunes), todo ello en concordancia con el certificado PS. 6.2 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) agregado a fs. 34/35 donde también se encuentran volcados esos datos.
III. El recurso prospera.
III.1. Dable es recordar que, habiendo el tribunal de origen denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de la insuficiencia del valor del litigio y la falta de idoneidad de la doctrina invocada por el impugnante (v. fs. 287), éste luego fue concedido por esta Corte habilitándose la instancia revisora sin las restricciones consideradas por el a quo (v. fs. 339/340).
Corresponde entonces en ese marco evaluar la impugnación a la decisión de origen que consideró incumplida la obligación establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y, consecuentemente, admitió la sanción prevista en la citada norma.
III.2. Lógicamente, cabe abordar en primer lugar el agravio en el que se denuncia la violación del principio de congruencia bajo la afirmación que indica que en el escrito de la demanda no se reclamó la entrega de un certificado de trabajo -y en su caso, una condena de contenido patrimonial- con motivo de las omisiones de los datos tenidos en consideración por el tribunal de la instancia en el pronunciamiento.
III.2.a. Anticipo que le asiste razón al impugnante.
Al objetarse en el escrito de inicio el contenido de la documentación entregada por el empleador en el marco de lo establecido en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, concretamente se denunciaron "errores y contradicciones" respecto a la información que consta en la certificación de servicios y remuneraciones y la contenida en el certificado de trabajo, alegándose que no le permitía a la trabajadora saber cuáles fueron los importes realmente aportados a los organismos de la seguridad social y sindical; a su vez, se alegó en dicha ocasión que el certificado lucía incompleto atento la fecha de extinción del contrato de trabajo (que la demandante situó en el día 2 de septiembre de 2015); que se efectuaron indebidamente descuentos; y finalmente denuncia que carecían de validez los documentos porque no reflejaban la realidad de los sueldos que debía percibir la trabajadora (v. fs. 64 vta. y 65). Ello fue objeto de negativa por parte de la patronal al contestar la demanda (v. fs. 118/119).
Como se reseñó inicialmente, el a quo juzgó que no existían las irregularidades denunciadas por la trabajadora y que los certificados entregados resultaban "formalmente correctos" (v. vered., fs. 236 vta.). A pesar de tal definición, señaló luego que no se había cumplido íntegramente con la obligación impuesta por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que no se acreditó la entrega del certificado que indica el tiempo de prestación de servicios y la índole de éstos (v. vered., fs. 236 vta. y 237), con ello, condenó a la demandada al pago de la indemnización establecida en el mentado precepto legal y ordenó la entrega del certificado omitido (v. sent., fs. 243 vta./244 vta.).
De lo expuesto, surge con claridad que los motivos que llevaron al tribunal de grado a condenar a la accionada no formaron parte de la controversia habida entre los litigantes, se quebrantó así el principio de congruencia (arts. 47, ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
No es ocioso recordar que esta Corte reiteradamente ha señalado que el referido postulado procesal se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (causas L. 117.223, "Santore", sent. de 19-II-2015; L. 119.668, "Díaz", sent. de 21-X-2016 y L. 118.803, "D., J. R.", sent. de 13-XII-2017).
También ha expresado que transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en demanda y contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial (causas L. 118.117, "Reynoso", sent. de 14-X-2015 y L. 118.644, "Maguna", sent. de 11-II-2016).
III.2.b. Con todo, corresponde revocar la sentencia atacada en cuanto juzgó incumplida la obligación establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y en consecuencia condenó a la demandada al pago de la indemnización establecida en el precepto citado y a emitir un nuevo certificado.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, con nueva integración, se pronuncie acerca de la procedencia de la pretensión actoral fundada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, atendiendo a lo que aquí se ha resuelto y las alegaciones de las partes.
III.3. La solución propuesta me exime de analizar las restantes argumentaciones traídas por el interesado.
IV. En virtud de lo expresado, cabe hacer lugar al recurso con el alcance indicado en el punto III.2.b. de la presente. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto III.2.b del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:39:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 11:42:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia