Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 275
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante el escrito electrónico n° 19394062 del 21 de mayo de 2019, con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las firmas codemandadas Burg S.A. y Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, con costas (art. 68 del CPCCBA);
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); IV)
REGISTRADA BAJO EL Nº 275-S Fo. 1465/73 Expte. Nº 168581 Juzgado Civil y Comercial N°14 En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días del mes de octubre de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CIANCHIELI, ARIANA C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez, en atención a la excusación del Dr. Roberto J. Loustaunau a fs. 477 que se acepta en este acto.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Corresponde declarar desierto el recurso de la parte actora?
2ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 10 de mayo de 2019? 3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Adelanto una respuesta afirmativa al interrogante que abre el acuerdo. Este Tribunal tiene dicho que si bien el primer juicio de admisibilidad del recurso es realizado por el juez a quo, esa sola circunstancia no produce la apertura de la segunda instancia: la Alzada es quién efectúa una nueva revisión sobre su admisibilidad, que de ningún modo resulta condicionada por aquella decisión anterior (Sala II, causas Nº 103.335, RSI 1031/97 del 28/8/1997; 105.704, RSI 165/98 del 12/3/1998; 106.354, RSD 204/98 del 25/6/1998; 110.964, RSD 497/99 del 9/11/99, entre otras).
El 21 de mayo de 2019 -mediante escrito electrónico n° 19394062- el actor apeló la sentencia definitiva dictada el 10 de mayo de 2019. El juez concedió el recurso el 28 de mayo de 2019 con cita expresa del art. 496 inc. 4° del CPCCBA que regula el sistema recursivo de los trámites sumarísimos.
Tal decisión era conteste con el despacho del 3 de noviembre de 2017 (fs. 182/5) en el que el colega imprimió al pleito el trámite del juicio sumarísimo (art. 496 del CPCCBA) y como es sabido, en este tipo de procesos pondera la celeridad del trámite no solo para el régimen de apelación -que se encuentra restringido- sino también para los plazos, que son mucho más acotados. En función de lo expuesto, si el magistrado concedió el recurso de la parte actora y ordenó la presentación del correspondiente memorial el 28 de mayo de 2019, el plazo de dos días que tenía la recurrente para presentar el memorial vencía el 4 de junio de 2019 (habida cuenta la notificación por nota producida el viernes 31/05/2019), pudiendo presentarse válidamente hasta el mediodía del día siguiente, 5 de junio de 2019 (art. 124 in fine del CPCCBA).
La actora presentó su memorial el 6 de junio de 2019 a las 8:51 pm, encontrándose ya vencido el plazo perentorio que tenía para hacerlo. Sobre el particular ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que "de la interpretación armónica y funcional de los artículos 244 y 496 inc. 2 del Código de Procesal Civil y Comercial, surge que en el proceso sumarísimo rige esta última norma ya que la primera tiene operatividad cuando no hay regla específica" (S.C.B.A., Ac. 84.543 del 26/10/2005).
Por todo lo dicho, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante la presentación electrónica n° 19394062 del 21/052019 (art. 246 primer párrafo y 261 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia definitiva del 10 de mayo de 2019 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la firma Burg S.A. [escrito electrónico n°19844225 del 03/06/2019] y por Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados [escrito electrónico n° 19901642 del 04/06/2019].
En lo que aquí interesa destacar, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Arianna Cianchelli contra las firmas Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Burgwagen Burg S.A. y condenó a estas últimas en forma solidaria a abonar a la actora $117.329,41 más intereses y costas.
Para así decidirlo, y luego de efectuar un extenso introito conceptual vinculado a los contratos de ahorro, de adhesión y de consumo, explicó que ha sido acreditada la relación comercial que vinculó a las partes: la actora suscribió con Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados la solicitud de adhesión N° 00694866 vinculándose al grupo 0332 orden 040 bajo la modalidad de contrato 60/40. El plan -agregó- tiene 72 cuotas pagas y 12 bonificadas para un Volkswagen Gol 1.6 N de tres puertas, base.
Seguidamente, señaló que Burg S.A. no puede pretender desentenderse de la contratación en la que se generó el diferendo. Los contratos implicados son conexos y la firma, como parte de esa estructura negocial, está legitimada para resistir la demanda.
Agregó que el vehículo por el cual la actora celebró el contrato le fue adjudicado en agosto de 2014 y que pretende el reintegro de los $9.983,99.- con más intereses así como también la cancelación de las cuotas del plan de ahorro, la bonificación del seguro, la reparación el daño moral y el daño punitivo. Describió el acuerdo conciliatorio celebrado en la instancia administrativa ante la Dirección General de Protección al Consumidor en la que la demandada ofreció restablecer las 12 cuotas del plan bonificadas, no obstante luego dicho compromiso -al decir de la actora- no fue cumplido.
Si bien en el sistema informático de la demandada surge la cancelación y bonificación de las doce cuotas, no se reintegró el valor de las últimas seis de conformidad con el compromiso asumido.
Expuso que de la totalidad delas cuotas abonadas por la actora solo hubo un retraso en una de ellas, correspondiente a la n°44 y que contractualmente esa circunstancia generaba la pérdida de los beneficios pactados.
El magistrado sopesó el caudal de denuncias administrativas, extrajudiciales y judiciales que tiene la demandada y calificó de público y notorio la gran cantidad de casos en los que las concesionarias, fábricas y comercializadoras de planes de ahorro incumplen largamente con lo pactado en los contratos, como son las fechas programadas para las entregas de las unidades comercializadas.
En tal contexto el retraso de horas en el pago de una única cuota no justifica la pérdida automática de los beneficios contemplados en el contrato. Consideró abusiva la cláusula que impone esa penalidad (art. 1119 del Código Civil y Comercial).
Por ello, consideró acreditado que la demandada incumplió el acuerdo establecido en la Oficina de Defensa del Consumidor y dispuso que sea reintegrado el importe de las últimas seis cuotas abonadas (la 73 a la 78) por un total de $9.893,99.- con más un interés moratorio a calcularse de conformidad con la tasa activa del BNA previsto en el punto 2.4 del art. 16 del contrato. Por la misma razón, dispuso que la accionada reintegre $7.435,42 correspondiente al vencimiento de los importes detallados a fs. 166 y que tienen correspondencia con los períodos 15/09/2017 a 15/02/2018. Agregó que si bien la documental que respalda ese valor fue desconocida por las demandadas, ninguna de ellas ofreció elementos de convicción para desvirtuar sus alcances incumpliendo el art. 53 de la LDC.
En cuanto a los rubros resarcitorios, hizo lugar únicamente al reclamo por daño moral, que estimó en $100.000 a valores actuales.
II. Los recursos.
II.a. La firma Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados fundó su recurso mediante la presentación electrónica N° 21572034 del 30/07/2019. Plantea los siguientes puntos de disconformidad:
i) Expone la importancia de la seguridad jurídica y la posibilidad que tienen las partes de auto regular sus intereses mediante un contrato. Destaca que no fue controvertido que la actora incumplió el negocio y -dice- es intrascendente su magnitud en tanto la consecuencia ha sido prevista por las partes. Alega que la actora no puede exigir que se cumplan beneficios a su favor si no ha cumplido con las pautas contractuales convenidas.
ii) Dice que el magistrado no explica en qué medida o término la cláusula que calificó de abusiva generaría un desequilibrio, presupuesto necesario para tornarla ineficaz.
iii) Cuestiona que el juez haya considerado un hecho notorio a las denuncias administrativas, extrajudiciales y judiciales que la firma tiene con relación al cumplimiento de los contratos. Destaca que el incumplimiento que motivó el diferendo entre las partes ha sido el de la actora. Refiere que la premisa de hecho del juez no se encuentra ni verificada ni justificada. La conclusión a la que arriba es, por ese motivo, discrecional e inepta para dar fundamentación a la decisión.
iv) Considera errada la recepción del daño moral. Pone de relieve los recaudos que tornan procedente la indemnización y afirma que no hay elementos de prueba que permitan presumir una afección moral. Agrega que en el ámbito contractual la recepción del parcial es más restrictiva y exige una afectación íntima que trascienda los inconvenientes propios de una contratación. Cuestiona el monto por entenderlo excesivo y arbitrario. II.b. La firma Burg S.A. fundó su recurso mediante la presentación electrónica n°21695524 del 06/08/2019. Expone dos agravios:
i) Entiende errónea la decisión del juez de condenar a su parte a pagar las últimas doce cuotas del plan y el seguro de los últimos seis meses de contratación. Entiende que no puede restituir un dinero que jamás percibió y que fue la codemandada la que ofreció en instancia administrativa los beneficios que no le fueron dados a la actora y que motivaron el pleito. Eso significa que fue la firma Volkswagen SA. la que reconoció ser responsable por esos beneficios. No entiende el motivo de la condena solidaria. Cita un fragmento del fallo y dice: “si el propio contrato establece las bonificaciones y sus requisitos de aplicabilidad, y por otro lado también establece los intereses que generarán el pago de aquellos incumplimientos de la administradora, y si el propio Juez de Origen expresa que es aplicable lo previsto en dicho acuerdo de voluntades, por qué se aparta de lo allí establecido y condena a mi mandante al pago de algo que está estipulado en un contrato del que no es parte y del cual su responsable surge expresamente? Evidentemente no encontramos una respuesta lógica a tales preguntas” (últ. párr. del punto III.a. del memorial).
ii) Cuestiona la procedencia y cuantía de la indemnización por daño moral. Argumenta que en la órbita contractual este rubro exige prueba concreta que en el caso no se ha producido. Agrega que el monto estimado por el juez es excesivo, arbitrario y carente de razonamiento lógico.
III. Tratamiento de los recursos.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por las partes, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2da ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso». [v. mi voto en causas n° 137518 -"Santecchia..."- del 14/2/2018, n° 163802 -"Morales..."- del 27/09/2017, n° 162854 -"Argaña..."- del 22/06/2017, 162070 -"Leguizamón..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“Lagos...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186].
Analizaré en primer lugar las quejas que postula Volkswagen S.A. sobre su responsabilidad contractual. Luego, me detendré en la admisibilidad del recurso de la codemandada Burg S.A. Sobre el final, daré tratamiento a los agravios que una y otra recurrente formulan sobre la recepción y la cuantía del daño moral (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.1. Sobre el incumplimiento de la administradora del plan de ahorro La accionada expuso, en su primer agravio, que la demora de la actora en el pago de la cuota n°44 es idónea para hacer caer los beneficios previstos en la contratación; argumentó que es intrascendente analizar la magnitud de ese incumplimiento y la cláusula cuestionada no es abusiva.
No le asiste razón.
El juez ha entendido acreditada una reprochable desproporción entre la entidad del incumplimiento que se le adjudica a la accionante —demorar unas horas el pago de una de las setenta y ocho cuotas abonadas— y la consecuencia contractual que la proveedora pretende imponerle, consistente en la pérdida de un importante beneficio comercial que importa la bonificación de doce cuotas y el pago del seguro durante un período de tiempo.
Este argumento es central en la decisión que le fue adversa al apelante y no puede ser derrotado con la sola invocación de principios generales aplicables a las relaciones mercantiles o civiles paritarias, tales como el apego estricto a la letra del contrato o la regla del pacta sunt servanda como pretenso mecanismo para lograr seguridad jurídica.
El enfoque que subyace al planteo de la recurrente se desentiende por completo de las características de la contratación de consumo, de la normativa tuitiva que rige ese vínculo comercial y las facultades que la ley otorga a los jueces para evaluar la abusividad tanto de las cláusulas predispuestas como de las prácticas negociales en las que incurre la proveedora.
No solo luce correcta la decisión del magistrado al censurar la referida discordancia entre la entidad del incumplimiento de Cianchelli y la grave consecuencia contractual impuesta por la administradora del plan de ahorro (sumado al ulterior destrato verificado en una infructuosa conciliación administrativa), sino que es la propia ley la que fomenta ese tipo escrutinios, tanto a la luz de las normas que rigen la ineficacia de las cláusulas abusivas (arts. 37 y 38 LDC, y 1122 del CCyC), como aquellas que contemplan las prácticas abusivas (art. 8 bis LDC, 1096 a 1099 del CCyC).
En otras palabras, evaluar la magnitud del incumplimiento del consumidor en el ámbito de la ejecución de un contrato de consumo es tan importante como necesario para dirimir la existencia de un incumplimiento negocial o de una práctica abusiva de la proveedora como es aquella que planteó la actora como fundamento de su demanda resarcitoria (art. 8 bis, 37 y 38 del LDC). La coaccionada también cuestionó que el juez haya calificado como un hecho público y notorio que las concesionarias, fábricas y comercializadoras de planes de ahorro suelen demorar la entrega de las unidades comercializadas. La objeción no es fundada.
El colega detalló un amplio repertorio jurisprudencial en la que la firma demandada incumplió con obligaciones contenidas en el contrato que ella misma predispuso (v. fs. 451/vta, párrafo segundo). De ello se sigue que: 1) contrariamente a lo dicho por la recurrente, la premisa esbozada por el juez tiene fundamento empírico y jurisprudencial preciso, de fecha reciente y también pretérita; y 2) ninguno de esos fallos fueron analizados —o mencionados siquiera— por la administradora del plan en su recurso. Esta omisión genera que la premisa cuestionada quede virtualmente reconocida.
Pero aun así, y más allá del caso puntual de Volkswagen S.A., creo que el sentenciador acierta en poner de relieve una problemática estructural de los contratos de consumo y, en particular, de los contratos de adhesión de tipo plan de ahorro para la adquisición de un automóvil.
La relación de consumo es, por definición, una relación asimétrica dado que el mercado coloca al consumidor y al proveedor en una situación de amplia desigualdad. Ello se refleja en todas las etapas de la relación contractual: en la aptitud de una parte por sobre la otra de imponer cláusulas o condiciones negociales que la otra está virtualmente obligado a aceptar, en la información con la que se cuenta sobre el producto o servicio comercializado, en el modo en que se ejecuta el contrato una vez que ha sido celebrado, en la situación económica que se encuentra una y otra para formular un reproche a la contraria, etcétera.
Esa misma asimetría de la contratación consumeril —que, reitero, es sistémica y estructural— termina por distorsionar las posibilidades reales y concretas que el consumidor tiene al momento de impugnar y reprochar los incumplimientos de la proveedora. El consumidor se encuentra virtualmente compelido a “tolerar” incumplimientos del proveedor, sean pequeños o de magnitud, y no lo hace por voluntad propia sino porque en la mayoría de los casos le resulta inconveniente articular remedios administrativos o judiciales de resultados inciertos o cuyos costos, monetarios o morales, no puede o no desea asumir. En este esquema, el consumidor termina por absorber los costos de la ilicitud de su contraria (v.gr., la entrega tardía del automóvil a la que hizo referencia el magistrado) porque no tiene incentivos adecuados para ejercer sus derechos Esta tolerancia forzada del consumidor contrasta notablemente con la situación de la proveedora del producto o servicio que, tomando provecho de las ventajas que subyacen a su posición negocial de predominio, le exige a sus clientes un apego absoluto e infranqueable a la letra del contrato como mecanismo para censurar demoras que —como ocurre en el caso— son jurídica y económicamente insignificantes. Todo ello bajo el dudoso pretexto de la seguridad jurídica y el respeto por la palabra empeñada.
Es allí donde el juez de la instancia previa, con sólidos motivos, ha entendido injusto que la demandada —que se desempeña en un sector del comercio en el que se verifican constantes incumplimientos, muchos de ellos reprochados en una infinidad de instancias jurisdiccionales— sancione tan severamente a la Sra. Cianchelli privándola de beneficios económicos significantes ante una minúscula demora en el pago de una de las setenta y ocho cuotas que fueron abonadas en tiempo y forma.
El apelante pierde de vista además que el reproche que motiva la condena no solo se focaliza en el comportamiento de la codemandada en el ejercicio abusivo de una facultad negocial prevista en un contrato predispuesto, sino también en ostensible destrato que “Volkswagen S.A....” ha tenido para con el cliente una vez que se iniciaron las actuaciones administrativas ante la oficina local de Defensa del Consumidor, promoviendo una oferta conciliatoria que ella misma decidió incumplir.
Es llamativo que el apelante invoque el valor de la palabra empeñada, el deber de los jueces de asignar eficacia a las obligaciones y la importancia de la seguridad jurídica cuando este pleito muy probablemente no hubiera existido (o el diferendo hubiera tenido una entidad mucho menor y más sencillamente transable) si la administradora del plan de ahorro hubiese cumplido en tiempo y forma las prestaciones a que ella misma se comprometió en la audiencia del 5 de mayo de 2017 en la Dirección General de Protección al Consumidor (v. fs. 337).
Por lo demás, los cuestionamientos sobre el modo en que fue considerada abusiva la cláusula negocial invocada por la firma demandada resultan estériles en la medida en que la decisión apelada se sostiene en un reproche que comprende no solo a la disposición contractual impugnada sino el modo en que fue aplicada. Es decir, la abusividad no solo de la facultad de la empresa de hacer cesar los beneficios económicos sino de la práctica concreta de ejercer esa prerrogativa frente a un incumplimiento baladí y minúsculo al que —reitero— le siguió un destrato innecesario y evitable en sede administrativa en la que asumió compromisos que solo parcialmente satisfizo, generando mayores perjuicios y pérdida de tiempo para su cliente.
En definitiva, los argumentos que ha brindado la firma Volkswagen S.A. son inidóneos para demostrar un error de hecho o de derecho en las premisas que dan soporte a la decisión que le ha sido adversa. El recurso -en este puntodebe ser desestimado (arts. 8 bis, 37, 38 y cctes. de la Ley 24.240).
III.2. La legitimación pasiva de Burg S.A.
El agravio de la firma codemandada que versa sobre su responsabilidad civil no abastece las exigencias técnicas y argumentales contenidas en el art. 260 del CPCCBA motivo por el cual considero que debe ser declarado desierto. El juez de primera instancia consideró que Burg S.A. debía responder solidariamente por el incumplimiento negocial de la administradora del plan de ahorro. Esa decisión estuvo motivada en tres premisas fundamentales: 1) Burg S.A. reconoció su participación en el negocio, en el asesoramiento de la actora, en la información sobre las condiciones del contrato y en el contenido de la solicitud de adhesión, haciendo expresa referencia a los párrafos de fs. 214/vta de la contestación de demanda; 2) fue también Burg S.A. la que participó de las actuaciones administrativas en las que se arribó a una solución homologada en la que se asumieron compromisos que no fueron cumplidos en debida forma; y 3) la contratación de un plan de ahorro debe ser estudiada bajo la óptica de los contratos conexos, enfoque a partir del cual corresponde hacer responsable a una empresa que si bien no es un contratante directo y no ha negociado formalmente con el consumidor (ello sin perjuicio del ya mencionado reconocimiento de fs. 214/vta) participa de la actividad y comparte un interés económico. El magistrado brindó una exhaustiva explicación teórica sobre este punto que además fue sustentada en normativa vigente y abundante doctrina judicial y autoral (v. fallo, considerando III, apartados a, b y c).
Ahora bien, frente a este sólido esquema argumental la recurrente en lugar de demostrar los errores de hecho o de derecho que contiene la decisión que le ha sido adversa, o abocarse a derrotar alguna de las premisas basilares en las que se asienta la decisión cuestionada, se ha limitado reiterar el argumento que ya invocó al plantear su defensa de falta de legitimación pasiva a fs. 212/vta; esto es, que no fue parte del contrato y que ha sido “Volkswagen S.A....” —y no la concesionaria— la que ha asumido las obligaciones que la actora alega incumplidas.
La deficiencia técnica del recurso se hace evidente a poco que se repara en que la codemandada no se ha hecho cargo de ninguna de las razones que el magistrado expuso en su resolución al desestimar su defensa, incluyendo el reconocimiento que emerge de los últimos dos párrafos de fs. 214/vta, su participación en la instancia administrativa y -sobre todo- la conexidad contractual como justificativo para extender la responsabilidad de la administradora del plan a la concesionaria que comercializa el vehículo. No es posible hallar la «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas» que regula el art. 260 del ritual si el apelante no cuestiona —o menciona siquiera— la sentencia que le ha sido adversa o los argumentos que el juez brindó para rechazar la defensa que ahora replica en su memorial.
He dicho en otra oportunidad y creo necesario reiterar ahora que «el recurso de apelación no puede considerarse fundado si la parte se ha limitado a reiterar la posición asumida en el escrito postulatorio sin brindar las razones y los motivos por los cuales considera que la resolución —que de alguna forma no atendió sus planteos, o lo hizo en una manera distinta a la pretendida— es equivocada o injusta. El objeto de crítica en el recurso de apelación es siempre la decisión impugnada y sus fundamentos; es allí donde el apelante debe hacer foco» (mi voto en causa 161.088, en autos "Banco Superville S.A. c/ Ferrandino, Néstor Horacio s/ Cobro ejecutivo", del 30/05/2016, RSD-129 F-665/67).
En similar sentido, la Sala Segunda de la Cámara Primera de La Plata tiene dicho que la razón por la que las reiteraciones y argumentaciones expuestas en presentaciones anteriores no son configurativas de fundamentaciones adecuadas responde a una lógica fácilmente comprensible: si el interesado ha ya planteado el tema y ha sido considerado o resuelto por el magistrado sentenciador de manera diversa a lo postulado, lo que debe hacerse no es repetir los mismos argumentos, sino encarar la crítica de los que expusiera el juez de primera instancia para, de esta manera, brindar a la Cámara la oportunidad de verificar la injusticia o irrazonabilidad de esos motivos (Cám.1ra Civ.Com. de La Plata, Sala Segunda, autos "Fisco de la Provincia v. DESTEC s/cobro ordinario", del 30/3/1999).
La propia Suprema Corte bonaerense ha resuelto sobre este punto que “[l]as exigencias que impone el art. 260 del Código adjetivo local, respecto de la crítica "concreta" se debe a que la misma tiene que referirse específicamente al error de la resolución por el cual se reclama ante la alzada -obviamente que haga al eje de la decisión-, debiendo contener una indicación de los supuestos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento. Y que sea "razonada" significa que debe presentar fundamentos y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión” (SCBA, C.116953, in re "Perazo Construcciones S.A...", del 14/08/2013).
Por ello -agregó la Casación- «[n]o cumple acabadamente con la exigencia contenida en el art. 260 del Código adjetivo, que alude a una "crítica concreta y razonada" de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas, la impugnación que soslaya hacer alusión al fundamento principal de la resolución cuestionada, el que resulta -entonces- virtualmente firme» (fallo cit.) Por todo lo dicho, frente a la carencia de crítica debo tener por no fundado el agravio en estudio, debiendo la firma codemandada soportar las consecuencias previstas en el art. 261 del CPCCBA (esta Sala, causas 100.439, RSI 259-97 del 15/4/97; 138.858, RSD 197-08 del 15/5/08; entre muchos otros).
III.3. Sobre el daño moral.
Ambas codemandadas cuestionaron la recepción y la cuantía del daño moral. Adelanto que, a mi modo de ver, no les asiste razón.
Esta Sala ha dicho en otras oportunidades que la doctrina y la jurisprudencia se ha dividido entre quienes sostienen que el daño moral contractual debe ser acreditado mediante prueba directa y quienes -por el contrario- aceptan que pueda inferírselo de las circunstancias del caso (v. causas 143.753 S. 23-3-2010 Reg. 55-S; 145.930 S. 16-5-2011 Reg. 52-S; 151.842 S. 29-11-12 Reg. 323-S; 154320 S. 3-12-2013 Reg. 313-S).
Así, según una postura, en el ámbito de la responsabilidad contractual el acaecimiento de esta clase de perjuicios debe ser suficientemente acreditado por el reclamante, pues, a diferencia de lo que ocurre en la órbita extracontractual -en principio- no cabe presumirlos in re ipsa; abundante jurisprudencia así lo establece (CNCom., Sala C, 22/6/93, ED 157-164; Sala E, 20/12/96, ED 175-303; CNCiv., Sala K, 15/8/94, LL 1995-D-778; Cám. Civ. y Com. Santa Fe, Sala I, 26/2/93, JA, 1997-III, síntesis, entre otros). En tal sentido, la Cámara de Apelaciones San Isidro, Sala I, ha señalado que “...el resarcimiento del daño moral en materia de daño contractual (art. 522 del Cód. Civil), debe ser interpretado con criterio restrictivo (Caivano, Roque J. "La ruptura intempestiva del contrato de distribución y la obligación de indemnizar", en La Ley 1994-D-111), ello para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que alega haber sufrido (SCBA, Ac. n° 56.328, de 5/8/97; esta Sala causas n° 76.639, 74.022, 102.061, entre muchas otras). Quien invoque tal daño debe acreditar, no sólo su existencia, sino también que ha excedido las simples molestias propias de todo incumplimiento contractual (Borda, Guillermo, "La reforma de 1968 al Código Civil", Bs. As., Perrot, 1971; "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, T. II, pág. 194, Bs. As., Perrot, 1966)..." (v. causa n° 108.784, RSD 34-10 del 1/3/10).
Por el contrario, refiriéndose a la carga probatoria, Matilde Zavala de González entiende que no es esencial la índole del deber incumplido (previamente asumido o el genérico de no dañar), ni el consiguiente encuadramiento de la responsabilidad como contractual o aquiliana, sino las características del perjuicio mismo en confrontación con el suceso lesivo que lo produce (“Resarcimiento de daños”, 5ª, “Cuánto por daño moral”, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 158 y ss.).
La autora, luego de citar un fallo de esta Sala, concluye que es equivocado requerir siempre prueba específica sobre el daño moral contractual, o sea, descartando apriorísticamente la posibilidad de que sea presumido por el magistrado sobre la base de elementos objetivos aportados a la causa (ob.cit. pág. 160).
Puntualiza no obstante que, aunque no se exija una prueba exhaustiva de la afección espiritual padecida, las circunstancias del caso deben posibilitar al juez que -en ejercicio de sus facultades propias y aplicando las reglas de la experiencia- juzgue si de acuerdo al normal acontecer, el hecho alegado tiene aptitud para provocar el perjuicio cuya indemnización se solicita (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento del daño moral”, Ed. Astrea, 2009, págs.189 y sgtes.).
Adhiero a esta última tesis y a mi modo de ver la decisión del juez ha sido correcta.
Las circunstancias adversas por las que tuvo que atravesar la Sra. Cianchelli arrojan material de convicción suficiente como para considerar demostrada la afección moral cuya reparación se reclama.
En este punto no debe perderse de vista que la pretensión de la actora ha sido precedida no solo del incumplimiento contractual que dio origen al diferendo entre las partes, sino también a una infructuosa tramitación de una instancia administrativa de conciliación en la que la demandada siquiera cumplió aquello a lo que ella misma se había comprometido (v. acta de fs. 337, homologación de fs. 342, denuncia de incumplimiento de fs. 343 e intimación de fs. 344). Reitero: encuentro razones suficientes para inferir la sensación de enojo, sinsabor y frustración en el ánimo de la actora como consecuencia de la conducta de la demandada y que exceden con creces las vicisitudes propias del mundo de los negocios. Por ello, entiendo que el rubro ha sido correctamente receptado por una suma que, además, luce razonable y adecuada a las circunstancias del caso (arts. 522 del Código Civil -Ley 340-, 7 y 1741 del Código Civil y Comercial, 384 del Código de Procedimientos).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante el escrito electrónico n° 19394062 del 21 de mayo de 2019, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las firmas codemandadas Burg S.A. y Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante el escrito electrónico n° 19394062 del 21 de mayo de 2019, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las firmas codemandadas Burg S.A. y Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); IV) Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del CPC). Cumplido, devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ALFREDO E. MÉNDEZ JUEZ JUEZ LUCAS M. TROBO AUXILIAR LETRADO
Fin de la sentencia