Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41368
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
“CONWAY PATRICIO C/ AHUMADA PATRICIA ESTHER Y OTRO/A S(N7)/ COBRO POR PRIVACION DE USUFRUCTO Y DAÑOS Y PERJUICIOS"”
Causa Nº MO-41368-2017 R.S.263/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 12 de Noviembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CONWAY PATRICIO C/ AHUMADA PATRICIA ESTHER Y OTRO/A S(N7)/ COBRO POR PRIVACION DE USUFRUCTO Y DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº MO-41368-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a fs. 172/181 dictó sentencia mediante la cual resolvió rechazar tanto la demanda como la reconvención.-
Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 184 el actor, interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido libremente a fs. 185 y se fundó con la expresión de agravios de fs. 190/6vta.-
En esencia, el apelante plantea que la sentencia ha violado el principio de congruencia, argumentando en pos del acogimiento de su demanda.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.-
2. A fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas, efectuaré alguna precisión liminar.-
Es bien sabido que el principio de congruencia implica, en esencia, la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto (esta Sala en causan nro. 57.441 R.S. 123/14).-
Con todo también es necesario remarcar que desde esta Sala se ha sostenido que sea que hubiere mediado, o no, denuncia de parte, tratándose la capacidad o legitimación para obrar de un requisito esencial del derecho de acción -o de la pretensión-, el juez debe examinar de oficio el tema, que constituye una típica cuestión de derecho (causa nro. 44317 R.S. 73/01, entre otras).-
A la luz de lo expuesto, leemos expresamente en la sentencia apelada lo siguiente
" Destaco al respecto que la legitimatio ad causam hace a la titularidad del interés que es materia del litigio y constituye un presupuesto o requisito esencial para la admisión de la acción o petición de que se trate, de modo que el órgano jurisdiccional puede y "debe" pronunciarse acerca de la falta de legitimación para obrar del sujeto requirente, incluso de oficio si es que tal carencia no fue articulada como excepción perentoria previa o como defensa de fondo, o si lo fue con invocación de motivos o circunstancias distintas a los que justifican una declaración en ese sentido, nada de lo cual infringe el principio procesal de congruencia -dtr. art. 345, inc. 3º CPCC- (cfr. Cám.Civ.Com., Sala 1, Quilmes, c. 12187 RSI-195-9 I, fallo del 05/11/2009 Juba) " (el resaltado me pertenece).-
Pues bien, dicha consideración no ha sido objeto de crítica suficiente (art. 260 del CPCC).-
De este modo, el discurso del apelante, vinculado con la infracción al principio de congruencia, soslaya completamente aquella postulación del Sr. Juez de Grado, en la cual señaló que analizaría el tema dentro del ámbito de la legitimación, y que por ello podía hacerlo de oficio, sin menoscabo al principio de congruencia.-
Lo que le correspondía al apelante era demostrar o bien que era erróneo el postulado vinculado a que las cuestiones atinentes a la legitimación podían analizarse de oficio, o bien que la analizada no era una cuestión atinente a la legitimación, cosa que no hace .-
Por lo demás, coincido con el Sr. Juez de Grado en su conclusión.-
Desde este Tribunal, como Sala de feria, hemos entendido -si bien en el ámbito de una medida cautelar- que si determinado acto se llevaba a cabo para sustraer bienes de la sociedad conyugal porque ello no le era conveniente, sin expresar (de ningún modo) el conocimiento, consentimiento o conformidad de su cónyuge respecto de esta situación, ello teñiría de ilicitud el acto (art. 953 C. Civil) circunstancias que, dijimos allí también, deberían dilucidarse en la sentencia definitiva (causa 37530 R.S. 6/12 fallo del 10-1-2012).-
Ahora, tal como lo remarca la sentencia, el actor ha sido explícito al señalar que la forma en que se adquirió el bien se relacionaba con su situación conyugal (ver fs. 28).-
En la causa civil dice, directamente, que " opté por poner la vivienda a su nombre " (en relación a la demandada).-
En sede penal, mientras tanto, afirmó que la casa había sido comprada con dinero suyo " y que fue escriturada a nombre de ella y no a nombre mio porque yo estaba casado, no tenía la separación legal y si iba a nombre mio entraba como bienes gananciales con lo anterior " (ver fs. 133vta./ 134).-
De este modo, ha sido bien explícito su reconocimiento en relación a la intención subyacente en aquel momento.-
Con lo cual no puede, desde mi punto de vista, venir recién en sede de agravios a sostener que no existió fraude alguno y que el inmueble no ingresaría a la sociedad conyugal, porque contraría la doctrina de los actos propios, lo cual torna inadmisible su postulación (esta Sala en causa nro. 44.755 R.S. 215/01, entre otras).-
Amén de lo cual, para poner en juego la regla del último párrafo del art. 1306 del Código Civil, debería analizarse la cuestión de la culpabilidad en la separación, cosa que no surge de ninguna de las constancias de autos.-
Es mas, la conducta (reconocida por el propio actor) demuestra, indiciariamente (art. 163 inc. 5°) que no se daría al supuesto pues, en caso contrario, perfectamente podría haber adquirido el inmueble a su nombre, si era cierto que el dinero de la adquisición le pertenecía.-
De este modo, y como bien lo señaló el Sr. Juez de Grado, ha quedado aclarada la ilicitud subyacente al acto de adquisición del inmueble, en la forma en que se lo hizo.-
El art. 953 del Código Civil decía que " el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto" .-
Luego, y por lo que llevo dicho, coincido con la conclusión del Sr. Juez a quo en el sentido de que, reconocida como ha sido la ilicitud de la forma en que se adquirió el inmueble (violentando las reglas de la sociedad conyugal), ello se erige como un obstáculo insalvable a la pretensión del actor en cuanto procura obtener de ello, ahora, un beneficio económico.-
Porque el hecho de haberse reservado el usufructo respecto de un bien que, de procederse como hubiera correspondido, hubiera ingresado a la sociedad conyugal, implicó una forma para, elípticamente, violentar las normas legales imperativas aplicables a la materia (art. 1272 C. Civil).-
A ello se agrega una circunstancia mas: porque el acogimiento de la demanda implicaría, desde mi punto de vista, infringir el principio del art. 959 del Código Civil, que veda a los simuladores ejercer acciones recíprocas en relación al negocio simulado, salvo cuando fuera para dejarlo sin efecto.-
Coincido, entonces, con la decisión que adopta el Sr. Juez de Grado en cuanto considera tal circunstancia (en relación a la adquisición del bien y la constitución del usufructo) como un valladar insalvable para el progreso de la pretensión.-
De este modo, y por las razones ya dadas, he de proponer se confirme la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas al recurrente (art. 68 del CPCC).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia