Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmar la sentencia apelada de fecha 23/6/2021, con imposición de las costas a la demandada que ha resultado vencida en el juicio (art.68 del Cód. Proc.).
2Imponer las costas de alzada a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967).
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Ciccimarra Mauricio Javier c/ Ganadera Camoatí S.A. s/ Daños y Perjuicios” (causa n°68.045), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 23/6/2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Mauricio Javier Ciccimarra promovió demanda por resolución contractual y daños y perjuicios contra Ganadera Camoatí S.A., por la suma de $ 6.000.000, o lo que en más o en menos se determine al tiempo de dictar sentencia, con más intereses y costas (fs.65/81vta.).
En el relato de los hechos que antecedieron a su demanda, hizo referencia el actor a dos negocios de compraventa que se celebraron en el mismo día 24 de noviembre de 2017, y que son los siguientes: 1) Dijo el actor que en esa fecha celebró con la demandada Ganadera Camoatí S.A. -representada por el presidente de su directorio Eduardo Andrés Girado- un boleto de compraventa por el cual le adquirió a esa sociedad un tractor marca John Deere, modelo 2011 -cuyos datos se indican en la demanda-, en la suma de u$s 190.000, pagadera de la siguiente forma: En el acto de suscribirse el boleto entregó a Eduardo Andrés Girado la suma de u$s 63.330, en cheques de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda. El día 20/1/2019 entregaría la suma de u$s 63.330, y el día 20/1/2020 entregaría la suma de u$s 63.330 (ver boleto de compraventa con firmas certificadas por notario a fs.15/16vta.). 2) Con relación al otro negocio dijo el actor que, en esa misma fecha, celebró con Rosolpe S.A. -representada por su apoderado Eduardo Andrés Girado- un boleto de compraventa por el cual le adquirió a esa sociedad una sembradora marca Agrometal TX Mega 16x52 neumática, modelo 2013, en la suma de u$s 60.000, pagadera de la siguiente forma: En el acto de suscribirse el boleto entregó a Eduardo Andrés Girado la suma de u$s 20.000, por el mismo medio de pago indicado en el punto anterior. El día 20/1/2019 entregaría la suma de u$s 20.000, y el día 20/1/2020 entregaría la suma de u$s 20.000 (ver boleto de compraventa con firmas certificadas por notario a fs.13/14). 3) Sostuvo el actor que en cumplimiento de dichas operaciones suscribió dos pagarés en dólares estadounidenses: el primero de u$s 85.000 con vencimiento el día 20/1/2019, y el segundo de u$s 80.000 con vencimiento el día 20/1/2020, habiendo sido llenados de puño y letra por Eduardo Andrés Girado (ver estas aserciones del actor a fs.66/66vta. de la demanda de autos).
Prosiguió expresando el actor en su demanda que “habiendo tomado conocimiento de que el tractor adquirido no iba a poder ser transferido, atento a que sobre Ganadera Camoatí S.A. pesaban innumerables inhibiciones registrables y gravámenes sobre el bien, tal como surge del informe de dominio que se adjunta, esta parte envió carta documento CD 981435013 el día 6 de febrero de 2019, intimando a cancelar la totalidad de las deudas a las que se hace mención, bajo apercibimiento de rescindir la operación por incumplimiento” (ver fs.67/68 del escrito de demanda, y carta documento de fecha 6/2/2019 agregada a fs.18/19). En la parte final de este envío postal, hizo mención el actor a los pagarés que dijo haber suscripto en el momento de las operaciones, afirmando lo siguiente: “Adviértoles que los pagarés, que en garantía del pago de saldo pendientes, me hicieran firmar y maliciosamente no lo incluyeron en el texto del boleto, no podrán ser cedidos a terceros ya que, de hacerlo, importaría un nuevo delito, sobre el que, el o los responsables, deberán responder y para lo cual, también, radicaré la denuncia penal en la Fiscalía en Turno” (ver el mencionado envío postal de fs.18/19; lo destacado me pertenece).
Seguidamente, aludió a la respuesta que le dio Eduardo Andrés Girado -en su carácter de presidente de Ganadera Camoatí S.A.-, por carta documento del día 12/2/2019, donde le señaló que “se realizó una operación, con pleno conocimiento del estado jurídico de la cosa a punto tal que solo media una entrega parcial de dinero”. Adujo el actor que, en esa misma carta documento, Girado le respondió que: “El bien fue utilizado por Ud. desde la entrega de la cosa hasta su voluntaria restitución operada días pasados y frente a su presencia luego de haber decidido la rescisión de la operación comercial habida, y sin perjuicio de que el uso de la cosa hecho por Ud. económicamente entraña una cantidad muy superior a la que hubo entregado”. Y expresó que en otra parcela de esa carta documento, Girado le respondió lo siguiente: “Reitero que el tractor se retiró del campo con su anuencia y frente al hecho de haber rescindido la operación de venta ‘transformando el pago parcial recibido en compensación -parcial- por el uso de la cosa’. Reitero el pleno conocimiento que Ud. tenía del estado jurídico de la misma y que es frente a su imposibilidad de pagar (dinero que se destinaría al pago de las obligaciones emergentes del dominio) es que se ‘decidió’ la mutación del contrato originario” (ver fs.68/68vta. del escrito de demanda, y carta documento de fecha 12/2/2019 agregada a fs.21). Siguió relatando que, ante la notificación sobre la resolución contractual y la restitución de los pagarés que le cursó a Ganadera Camoatí S.A., recibió una intimación de Julio César Ceide de fecha 6/2/2019, donde éste le hizo saber que era tenedor legítimo del cartular suscripto con fecha 24/11/2017 y con vencimiento operado el día 20/1/2019, por la suma de u$s 85.000; por lo que hallándose el mismo insatisfecho al vencimiento pactado y operada la mora, le reclamaba el pago total del capital, con más los correspondientes intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones en dólares, y los gastos y honorarios por la intervención del estudio jurídico que lo representaba. Dijo el actor que contestó este envío mediante carta documento de fecha 14/2/2019 (ver fs.69/70 de la demanda y cartas documento de fs.20 y 22). Agregó el accionante que Julio César Ceide hizo caso omiso de la referida carta documento, y le inició acciones legales, embargándole sus cuentas corrientes de los Bancos Credicoop y Santander Río (ver fs.70 vta. de la demanda de autos).
Señaló el actor, además, que el tractor que le vendió la empresa demandada, al tiempo de celebrarse la operación de compraventa, tenía varias inhibiciones de su titular desde el 6 de mayo de 2015, ordenadas en los diferentes procesos que se detallan a fs.71/71vta., así como también una orden de secuestro en los autos caratulados “Banco Industrial S.A. c/Ganadera Camoatí S.A. s/cobro ejecutivo”, expediente n° 48.130. Y así puntualizó que, ante la imposibilidad de continuar con la operación de compraventa, atento a las numerosas medidas cautelares que afectan al bien, arribó al siguiente acuerdo con Eduardo Andrés Girado: Imputar el pago efectuado de u$s 85.000, a la cancelación total del precio de la sembradora marca Agrometal, modelo año 2013, que ascendía a la suma de u$s 60.000 -según consta en el boleto de compraventa de fs.13/14-, y la restante suma de u$s 25.000, en concepto de compensación por el uso del tractor (fs.71vta.). A continuación, hizo constar el actor que, de este modo, la operación de compraventa se habría resuelto de manera verbal, pero Eduardo Andrés Girado hizo caso omiso de ello, pues no le restituyó el pagaré y le entregó este cartular para su ejecución a Julio César Ceide, con quien no ha tenido trato comercial. Así expresó el actor en su demanda: “Por supuesto que el Sr. Eduardo Andrés Girado no me restituyó el pagaré y hoy me lo quiere cobrar por intermedio de un tercero con quien reitero no he tenido trato comercial” (ver escrito de demanda a fs.71vta./72). Se desprende, entonces, de los términos de la demanda, que esa falta de devolución del pagaré suscripto como garantía del extinguido negocio de compraventa, en que incurrió Eduardo Andrés Girado, se erigió en un perjuicio concreto para el actor, al haber tenido que afrontar el pago de ese cartular en el juicio ejecutivo que en su contra promovió Julio César Ceide (este proceso ejecutivo caratulado “Ceide Julio César c/Ciccimarra Mauricio Javier s/cobro ejecutivo”, expediente n° 50.032, se ofreció como prueba en la demanda a fs.80).
Luego, continuó alegando que se está ante la resolución contractual prevista en los arts.1077 y concordantes del C.C.C.N., y manifestó que: “el tractor marca John Deere, que Ganadera Camoatí S.A me vendiera era imposible de transferir y ante el emplazamiento de esta parte, el hoy demandado no levantó las medidas cautelares, por lo que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución” (fs.72). Dicho esto, formuló su reclamación de daños y perjuicios, solicitando la reparación de los siguientes conceptos: daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño punitivo (ver demanda a fs.75/78).
II. La referida demanda fue contestada por Ganadera Camoatí S.A., quien negó haber realizado las operaciones comerciales señaladas por el actor en su demanda; negó toda vinculación jurídica con la firma Rosolpe S.A.; negó haberle vendido al Sr. Ciccimarra el tractor indicado en la demanda; negó que el Sr. Girado hubiera recibido dinero para Ganadera Camoatí S.A. y/o que fuera imputable a operación alguna que corresponda a esta sociedad. En este mismo sentido, negó “que el boleto de compraventa agregado por el actor corresponda al tractor enunciado en el objeto. Del citado instrumento no resulta el dominio del bien ni su número de motor chasis patente etc., solo se limita a indicar la marca del mismo y el año de su patentamiento. Por ello enfáticamente desconozco que la operación que dice haber celebrado con Ganadera Camoatí S.A. se refiera a la cosa denunciada en la demanda, ni que exista correspondencia alguna entre el boleto acompañado y la operación endilgada” (lo destacado es propio). Asimismo, negó que el actor suscribiera dos pagarés de u$s 85.000 y de u$s 80.000, con vencimientos en los días 20/1/2019 y 20/1/2020 a favor del Sr. Girado, por resultar una cuestión inoponible a su parte y no haber participado de la misma, “ya que en nada tiene que ver con la operación del boleto de compraventa adjunta a esta demanda”.
Dando su propia versión de los hechos delineó la demandada su postura defensiva, haciendo referencia a otra operación comercial que dijo haber realizado con el Sr. Ciccimarra -y que fue rescindida por acuerdo verbal de ambas partes-, pero que -en su decir- no se corresponde con el tractor que se indica en la demanda como objeto del presente juicio. Dicho de otro modo: la operación que según la demandada habría celebrado con el aquí accionante Mauricio Javier Ciccimarra, tuvo por objeto otro tractor que no es el individualizado por éste en la demanda que dio inicio al presente juicio. Así puntualizó textualmente su letrada apoderada en la contestación de demanda en análisis: “Que como surge del intercambio epistolar habido, mi mandante (Ganadera Camoatí S.A.) y el Sr. Ciccimarra rescindieron la operación comercial de base sobre un tractor Marca John Deere 2011 cuyo dominio no está individualizado en el boleto, pero que no se corresponde con el denunciado por el actor como el del objeto del litigio. Esa rescisión fue acordada verbalmente y tanto ello así que frente al mismo Ciccimarra se generó la restitución del tractor”.
Y ahondando en detalles sobre este otro negocio que la demandada dijo haber realizado sobre un tractor diferente al indicado por el actor, hizo alusión al “boleto de marras”, con lo que estaría reconociendo la autenticidad del boleto de compraventa agregado a fs.15/16vta., claro que, según su versión de los hechos, este instrumento habría tenido por objeto un tractor distinto al señalado por el actor en su demanda. Tal es así que la demandada apuntó seguidamente: “el día 20/01/2019 el Sr. Ciccimarra tenía que abonar a Ganadera Camoatí SA la suma de dólares billetes sesenta y tres mil (u$s 63.330,00)”; lo que resulta perfectamente coincidente con las condiciones de venta estipuladas en el referido boleto de compraventa de fs.15/16vta.
A continuación, sostuvo la accionada que, en la fecha indicada en el boleto, o sea el día 20/1/2019, “el Sr. Ciccimarra no pagó, y no ofreció pagar. Quedando en consecuencia subsistente las obligaciones que debía mi mandante saldar con dichos fondos antes de proceder a la transferencia. Queda claro entonces que ese hecho determinante de la fractura del negocio, es el que dio origen a la restitución voluntaria de la cosa, quedando pendiente entre las partes la liquidación de la suma asignada al uso del tractor por el término de 13 meses”. Se refirió también a los rubros indemnizatorios reclamados por el actor, y solicitó, en suma, el oportuno rechazo de la demanda en todos sus términos, con costas.
III. Tramitado el proceso se arribó al dictado de la sentencia de la anterior instancia de fecha 23/6/2021, en la que se hizo lugar a la demanda incoada y, en consecuencia, se condenó a la demandada Ganadera Camoatí S.A. a abonarle al actor la suma resultante de la liquidación a practicarse, de acuerdo a las pautas establecidas en dicho decisorio. Las costas del juicio se impusieron a la demandada que resultó vencida en el juicio.
En el considerando segundo del pronunciamiento del Juez de grado, se enmarcó la cuestión que se entendió medular en el presente proceso, señalándose que “lo más relevante resulta del hecho que la parte actora denuncia que en función de un negocio celebrado con la demandada, al momento de su perfeccionamiento, se respaldó el pago de dos cuotas con sendos pagarés que documentaron la deuda. Extinto el contrato con la demandada, uno de esos pagarés que nacieron de la causa jurídica negocio de venta de tractor, habría sido entregado (circulado) de manos de la demandada hacia un tercero (Señor Julio César Ceide) que paralelamente lo ejecutó (y lo cobró en su totalidad según constancias de la causa 50032 de trámite por ante éste Juzgado donde el Sr. Ceide percibió más de cien mil dólares). El actor considera que sufrió ese daño. Que pagó una suma de dinero ‘sin causa jurídica que lo sostenga’. Por su parte la demandada niega” (lo destacado es propio).
Y luego de valorar -detenidamente- la prueba testimonial e informativa allegada a los autos -especialmente la declaración de Eduardo Andrés Girado-, el juzgador vinculó los dos negocios de compraventa celebrados por el actor Mauricio Javier Ciccimarra -en el carácter de comprador- el mismo día 24 de noviembre de 2017, actuando en uno de ellos como vendedora de una sembradora la firma Rosolpe S.A., mientras que en el otro negocio actuó como vendedora de un tractor la firma Ganadera Camoatí S.A. Así destacó que ambas sociedades eran administradas por Eduardo Andrés Girado, quien ejercía sobre las mismas un “manejo discrecional y personal”. Dijo el sentenciante, además, que el tractor vendido por Ganadera Camoatí S.A. presentaba trabas para su disposición, pues lo gravaban inhibiciones, embargos y pedidos de secuestro; razón por la cual las partes decidieron rescindir -de común acuerdo- el vínculo contractual referido a dicho tractor. Agregó que, en virtud de esa administración discrecional que ejercía sobre ambas sociedades, Eduardo Andrés Girado procedió a imputar al pago total de la sembradora, los montos recibidos por cada uno de los bienes -como entregas parciales- al momento de suscribirse los boletos de compraventa. Y concluyó expresando el Juez que: “Así, quedó pago el 100% de la sembradora y el 0% del tractor” (ver considerando tercero del pronunciamiento motivo de apelación).
Tras ello apuntó el magistrado que, como efecto propio de dicha rescisión contractual, “es que Girado con Arana (también testigo) concurren a buscar el tractor y se lo llevan”. No obstante, advierte el Juzgador que los efectos de la rescisión contractual no se cumplieron debidamente, pues no se devolvieron los pagarés que se habían entregado como garantía de la operación -ver párrafo segundo de este apartado III-. De esta manera, concluyó el Juez señalando: “Pero Girado (en este caso Ganadera Camoatí S.A.) no devuelve el documento que luego entrega a Ceide para su ejecución. Por lo que procede la acción de daños y perjuicios en función de haber quedado dilucidada la situación y expuesta la ilegitimidad del accionar de Ganadera Camoatí SA de no cumplir con la retroacción de las prestaciones recibidas o las garantías documentadas por un negocio rescindido”. Establecida la responsabilidad de Ganadera Camoatí S.A., en la sentencia apelada se cuantificaron los daños y perjuicios causados al accionante. En cuanto al daño emergente se dijo que “el daño que efectivamente sufrió el actor radica en la suma que efectivamente debió pagar en el juicio ejecutivo” (expediente n° 50.032 iniciado por Julio César Ceide que mencioné en el anteúltimo párrafo del apartado I de este voto), y se lo cuantificó en la suma de $ 11.130.458, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, el daño moral reclamado por el actor se fijó en la suma de $ 1.100.000, mientras que se rechazaron los rubros lucro cesante y daño punitivo.
Tal como ya lo indiqué, en la parte dispositiva del fallo apelado se hizo lugar a la demanda y se condenó a la demandada Ganadera Camoatí S.A. a pagarle al actor la suma resultante de la liquidación a practicarse, con imposición de costas. Asimismo, se ordenó el pase de actuaciones a la Justicia Penal a fin de que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por Eduardo Andrés Girado, en cuanto afirmó -en la audiencia- que no se suscribieron pagarés que garantizaran el saldo de las operaciones de venta, lo que el Juzgador -en principio- consideró falso (ver punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia).
IV. La mencionada sentencia fue apelada por la parte demandada, quien expresó agravios en esta instancia por conducto del escrito electrónico de fecha 15/11/2021.
Al sintetizar sus agravios, sostiene la demandada apelante que “solo suscribió una operación comercial, por ende no puede resultar responsable por los hechos realizados por otras personas (físicas o jurídicas) ni imponerse responsabilidad por ello”. Dice que se agravia de lo decidido por el primer sentenciante, en cuanto sostuvo que el actor (persona de negocios) tuvo una duda razonable que lo impulsó a rescindir de común acuerdo el contrato. Expresa que “la sentencia causa agravio en cuanto afirma que Ganadera Camoatí no devolvió un documento (que de ninguna manera recibió) y que lo entregó a un tercero para su ejecución”. Asimismo, se agravió la apelante porque en la sentencia se la condenó a pagar la suma de $ 11.130.458, que surgiría del juicio ejecutivo en el que no fue parte; porque también se la condenó a pagar daño moral, que se cuantificó en el diez por ciento del daño emergente decidido; y porque se le impusieron las costas del juicio.
Admitió que Ganadera Camoatí S.A. suscribió una operación comercial por la venta de una unidad rural, la que fue realizada por el representante legal de la sociedad. Pero adujo que esa operatoria se celebró en ciertas condiciones de “precariedad jurídica”, al no haberse indicado el número de dominio ni ningún otro dato del bien que se disponía. Dijo que “es altamente sospechoso que el negocio no se encuentre plasmado en ningún acta societaria, ni que se haya otorgado autorización alguna para concretar su venta (máxime si se tiene en cuenta el monto de la operación y la naturaleza del bien). Tampoco consta ni surge de ninguna documentación acompañada ni ofrecida como prueba que existiera una relación comercial entre Ganadera Camoatí S.A. y el Sr. Mauricio Javier Ciccimarra, lo que nos autoriza a adelantar que las irregularidades que rodearon a la operación y su falta de registración faculta a mi cliente a sostener la eventual connivencia entre los partícipes del negocio con perjuicio para mi cliente”. Las demás alegaciones vertidas por la apelante se analizarán en el decurso del presente voto.
La parte actora contestó esta expresión de agravios mediante la presentación de fecha 9/12/2021. Seguidamente, se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el pertinente sorteo, habiendo quedado estos actuados en condiciones para el dictado de sentencia.
V. Corresponde puntualizar, desde el inicio, que las motivaciones dadas por el Juez de la anterior instancia se corresponden con las constancias probatorias de la causa y se encuentran ajustadas a derecho, por lo que propiciaré la confirmación de la sentencia que ha llegado apelada a esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada Ganadera Camoatí S.A.
1. En este sentido, son acertadas las conclusiones sentadas por el juzgador, cuando después de valorar -detenidamente- la prueba testimonial e informativa allegada a los autos, vinculó los dos negocios de compraventa celebrados por el actor Mauricio Javier Ciccimarra -como comprador- el mismo día 24 de noviembre de 2017, los que se encuentran acreditados con los boletos de compraventa indicados en el segundo párrafo del apartado I del presente voto (agregados a fs.13/14 y a fs.15/16vta. de estas actuaciones). Así expresó el magistrado que, en uno de esos negocios actuó como vendedora de una sembradora -marca Agrometal- la firma Rosolpe S.A. -representada por su apoderado Eduardo Andrés Girado-, mientras que en el otro negocio actuó como vendedora de un tractor -marca John Deere- la firma Ganadera Camoatí S.A. -representada por el presidente de su directorio Eduardo Andrés Girado-. O sea que ambas sociedades eran administradas por el nombrado Eduardo Andrés Girado, quien prestó declaración testimonial en la audiencia celebrada en el presente juicio, y cuyos dichos han sido reproducidos en el considerando segundo de la sentencia apelada, sin que al respecto medie alguna crítica en el escrito de expresión de agravios de la demandada (art.260 del Cód. Proc.).
Así dijo el Juez que el tractor vendido al actor por Ganadera Camoatí S.A., según el boleto de compraventa de fs.15/16vta., presentaba trabas para su disposición pues lo gravaban inhibiciones, embargos y una orden de secuestro; razón por la cual las partes decidieron rescindir -de común acuerdo- el vínculo contractual referido a dicho tractor. En este sentido, señaló el magistrado que esos gravámenes que recaían sobre el tractor han generado la duda razonable en el comprador Ciccimarra, de la aptitud para cumplir de la vendedora Ganadera Camoatí S.A. Esta interpretación realizada por el Juez de grado se corresponde con el informe de estado de dominio del tractor marca John Deere, dominio CCN20, modelo 2011, cuyos números de motor y chasis coinciden con los indicados por el actor en su demanda, que fuera expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (ver fs.25/28).
Precisó el Juez, seguidamente, que esta circunstancia, sumada a razones de funcionalidad expresadas por el propio Girado, llevaron a las partes a rescindir de común acuerdo esta operación referida al tractor, por lo que, como efecto propio de esta rescisión, “es que Girado con Arana (también testigo) concurren a buscar el tractor y se lo llevan”. Dijo el juzgador, además, que esta rescisión contractual que las partes acordaron de mutuo acuerdo, se produjo en el momento en que el comprador Ciccimarra debía abonar la cuota del tractor con vencimiento el día 20/1/2019, y que ascendía a la suma de u$s 63.330 (ver la reseña del negocio efectuada en el apartado I, segundo párrafo, del presente voto). Y en lo que constituye uno de los aspectos medulares del litigio, afirmó el Juez que, a raíz de esa rescisión contractual y en virtud de la administración discrecional que ejercía sobre ambas sociedades -Rosolpe S.A. y Ganadera Camoatí S.A-, Eduardo Andrés Girado procedió a imputar al pago total de la sembradora, los montos recibidos por cada uno de los bienes -como entregas parciales- al momento de suscribirse los boletos de compraventa. Y de esta manera concluyó expresando el magistrado: “Así quedó pago el 100% de la sembradora y el 0% del tractor” (ver considerando tercero del pronunciamiento apelado).
2. Estos aspectos de la trama fáctica que han sido bien descriptos en la sentencia apelada, se compadecen -en plenitud- con la declaración del testigo Eduardo Andrés Girado, que fue una persona clave en la concreción de los dos negocios de compraventa -de un tractor y de una sembradora-, y en la posterior rescisión de uno de ellos -el correspondiente al tractor- por mutuo acuerdo de las partes contratantes. Estos dichos del testigo Girado son reproducidos en la sentencia apelada, sin que al respecto medie ningún tipo de crítica por parte de la apelante, por lo que se está ante un elemento probatorio sumamente valioso para esclarecer los hechos que han motivado el presente juicio. Y cabe destacar, asimismo, que la detenida valoración de la prueba efectuada por el Juez en la sentencia apelada, no ha sido pasible de impugnación en el escrito de expresión de agravios de la demandada, por lo que las declaraciones de los testigos y los demás elementos probatorios allegados al proceso, se erigen en una base sólida y categórica para la dilucidación del litigio (arts.260, 375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
Haciendo hincapié, entonces, en el testimonio de Eduardo Andrés Girado, por la relevancia que el mismo presenta, se señala en la sentencia que, ante repregunta del letrado de la parte actora, el testigo Girado reconoció el boleto de compraventa con firmas certificadas por notario, que en copia luce a fs.40 y cuyo original consta a fs.15/16vta., cuyas condiciones detallé en el punto 1) del segundo párrafo, del apartado I de este voto. Y con respecto a esta declaración testimonial, se hace referencia en la sentencia apelada a las respuestas brindadas por el Sr. Girado, en los siguientes términos: “Que junto a la operación de compra por el Tractor John Deere 2011 se hace otra operación (en un documento diferente) con otra sociedad por una sembradora.
El testigo también representaba a esa otra sociedad. Ciccimarra en el mismo momento adquiere entonces un tractor y una sembradora. Que a los meses de celebrados los dos negocios, Ciccimarra le pide la ‘factura’ de la sembradora, entonces, el pago que se efectuó respecto al tractor (primera cuota) se aplica al pago total de la sembradora, para poder entregarle la factura. Ello -dice el testigo- ocurre como gesto de buena voluntad, porque no podía darle la propiedad de algo que estaba en deuda, por lo que vuelve a decir que aplica el primer pago de la primer cuota del tractor a cancelar la deuda de la sembradora. Ciccimarra pasó de deber dos tercios del tractor, a deberle el todo (tres tercios) a Ganadera Camoatí, en función de lo hecho -dada su buena voluntad- por Girado.
Que la empresa que vendió la sembradora (ROSOLPE SA) recibió el total del pago del precio. Ganadera Camoatí no recibió nada del pago del precio. Y por esa razón dice el testigo es despedido de Ganadera Camoatí. Vuelve a referir que NO se firmaron pagarés que garantizaran la deuda. Reconoció que los boletos fueron confeccionados de puño y letra del testigo” (lo destacado es propio). Asimismo, en un párrafo anterior de la sentencia se aludió a otros dichos del testigo Girado, donde éste refiere que, a raíz de la rescisión del negocio relativo al tractor, se produjo la restitución de esta unidad por parte del accionante. Así expresó Girado que, convenida esta devolución de la cosa a la parte vendedora, “al otro día estaban recibiendo la entrega del tractor”.
Y agregó que “para buscar el tractor le pidió a su amigo Ramiro Arana que lo acompañe. Que cuando llegan al campo de Ciccimarra, a buscar el tractor, ‘no había nadie’. Esperaron en la tranquera del campo unos 20 minutos. Se acerca una camioneta, y era Ciccimarra que le dice que lo sigan para que se produzca la entrega. Llegan a un lugar donde había otros implementos agrícolas (balanza, casilla, etc.) e incluso camiones cargando cereal. Ahí se produce la entrega por parte de Ciccimarra (específicamente un empleado que le entrega la llave). Que el clima de ese hecho fue ‘cordial’. Que Ciccimarra presenta a todas las personas que estaban ahí. Que el tractor tenía un faltante (implemento monitor de siembra).
Ese monitor es buscado por Ciccimarra, y el testigo se queda conversando con el empleado” (lo destacado me pertenece).
Este episodio relativo a la devolución del actor por parte de Ciccimarra, también ha sido relatado por el testigo Ramiro Arana, cuyos dichos también son reproducidos en la sentencia apelada. Así se dice en la sentencia, que el testigo Arana explicó que fue con Eduardo Girado, en el rol de chofer, para buscar un tractor; que la entrega se hizo con la anuencia de Ciccimarra; que no hubo clima violento; que el testigo salió conduciendo el tractor; que incluso recuerda que esperaron un implemento, y una vez que se colocó, salió manejando. Tal como puede apreciarse, la declaración de este testigo concuerda en plenitud con la de Girado, conformándose un plexo probatorio que resulta de suma utilidad para el esclarecimiento de los aspectos fácticos que son medulares para la suerte del presente proceso (arts.163 inc.5, 375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
3. Situado en este punto de mi desarrollo argumental, se impone destacar que no ha sido acreditada, en modo alguno, la versión dada por la demandada en su escrito de responde, donde negó haberle vendido al Sr. Ciccimarra el tractor indicado por éste en su demanda, habiendo negado también que el boleto de compraventa agregado por el actor corresponda al tractor enunciado en el objeto. Así refirió a otra operación comercial que dijo haber realizado con el Sr. Ciccimarra -y que fue rescindida por acuerdo verbal de ambas partes-, pero que -en su decir- no se corresponde con el tractor que se indica en la demanda como objeto del presente juicio. Dicho de otro modo: la operación que según la demandada habría celebrado con el actor, tuvo por objeto otro tractor que no es el individualizado por éste en la demanda que dio inicio al presente juicio (véase la reseña que he realizado en el apartado II del presente voto).
Empero, esta versión de los hechos esgrimida por la demandada no ha sido acreditada por ningún elemento probatorio de la causa, debiendo destacarse que la demandada ni siquiera manifestó cuál habría sido el tractor de esa otra operación que alegó (arts.375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Y por supuesto, no allegó al proceso ninguna probanza que pudiera ilustrar sobre ese otro negocio invocado -documental, pericial contable, etc.-, por lo que este planteamiento realizado en la contestación de demanda debe descartarse de plano. Es así que el escrito de expresión de agravios discurre sobre una temática completamente diferente que analizaré más adelante, habiéndose limitado a señalar -en forma escueta y en un solo párrafo de su presentación- que no ha quedado probado que el tractor que se le secuestró en el juicio ejecutivo iniciado por el Banco Industrial de Azul S.A., se tratare de la misma unidad objeto del contrato de autos. Conforme a lo antedicho, carece de todo asidero esta afirmación volcada en el escrito recursivo. Muy por el contrario, surge claramente de las constancias de autos, que el tractor vendido al actor es el mismo que consta en el informe de estado de dominio de fs.25/28 y que fuera objeto del secuestro ordenado en el juicio ejecutivo promovido contra la aquí accionada por el Banco Industrial de Azul S.A., que analizaré en el párrafo siguiente.
Y esta versión de la demandada, que no encuentra ningún asidero probatorio, fue articulada con el evidente propósito de eludir el efecto negativo que tiene para su parte, el mencionado informe de estado de dominio expedido por el Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios obrante a fs.25/28, el cual evidencia los numerosos gravámenes que recaían sobre el tractor John Deere objeto de la operación celebrada con el actor. Más aún, en la sentencia apelada se ponderaron las constancias de la causa caratulada “Banco Industrial de Azul c/Ganadera Camoatí s/ejecutivo”, expediente n° 48.130, y se dijo que en octubre de 2015 se inició el cobro ejecutivo de la deuda que por el tractor objeto de la operación tenía la demandada con el banco ejecutante, disponiéndose en el primer despacho medidas de inhibición y embargo sobre el bien. Se dijo también que en septiembre de 2016 se dictó sentencia de trance y remate, en octubre de 2017 -o sea antes de realizada la operación de venta a favor de Ciccimarra- el Banco actor solicitó se intime a Ganadera Camoatí S.A. a poner a disposición el bien embargado, bajo apercibimiento de secuestro, y en abril de 2019 se ordenó el secuestro del bien, el que recién se hizo efectivo en el año 2021. Y corresponde destacar aquí, que las referencias que se realizan en la sentencia apelada sobre este juicio ejecutivo donde se ordenó el secuestro del tractor, tampoco han sido objeto de crítica alguna en la expresión de agravios de la parte demandada (arts.260 del Cód. Proc.).
Sólo resta señalar en este punto, que la carga de la prueba sobre la referida alegación introducida en la contestación de demanda, pesaba sobre la accionada. Así ha analizado este Tribunal los supuestos en que la oposición del demandado no sólo se ha centrado en la negación de los hechos invocados en la demanda, sino que en la misma se han introducido, frente a las afirmaciones del actor, circunstancias impeditivas tendientes a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por dichas afirmaciones. Y al respecto resolvió este Tribunal que “es consecuencia fundamental de este tipo de oposiciones, la que incumbe al demandado la carga de la prueba respecto de esos nuevos datos que incorpora al proceso como motivo de debate (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.480; Carlo Carli, Extensión y alcance de la negativa genérica de los hechos constitutivos en la litis contestatio, L.L. 1984-C-816; Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales, tomo V-A, págs.26, 27 y 28; esta Sala, causa n° 55.147, “Metalúrgica Gobel S.A.”, sentencia del 27/9/11). En un mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que "la carga de la prueba no atiende tanto al carácter de actor o de demandado sino a la naturaleza de los hechos según sea la función que desempeñan respecto de la pretensión, de manera que mientras el actor debe probar el acto constitutivo de su derecho, el demandado debe probar los hechos contrapuestos que le son favorables por ser impeditivos o extintivos" (S.C.B.A., Ac. 47.610 del 27-12-91, Ac. 48.852 del 10-8-93, Ac.52.441 del 4-4-95, Ac.76.760 del 2-10-02, Ac. 87.123 del 3-8- 05, L. 97.385 del 4-11-09, C 92790 del 18-5-11; en un mismo sentido, esta Sala, causa n° 54.800, "Seillant", sentencia del 14-7-11, voto del Dr. Galdós; causa n° 55.147, del 27/9/11, "Metalúrgica Gobel S.A."; causa n° 55.543, “Kleidernigg de Bilotto Genni c/Estrabeau Gustavo s/Cobro de pesos”, sentencia del 8/11/2011).
4. En conclusión, ha quedado debidamente demostrado que el tractor vendido al actor es el mismo que consta en el informe de estado de dominio de fs.25/28 y que fuera secuestrado en el juicio ejecutivo que tramitó en el mencionado expediente n° 48.130. Y de este modo surge evidente la razón por la cual Mauricio Javier Ciccimarra decidió rescindir el negocio relativo a ese tractor - formalizado en el boleto de compraventa de fecha 24/11/2017 (fs.15/16vta.)-, lo que en definitiva se concretó de común acuerdo con la parte vendedora; ya que mediaba una absoluta imposibilidad de Ganadera Camoatí S.A. para hacer efectiva la transferencia del tractor vendido al comprador (arts.1076, 1081 y ccs. del C.C.C.N.). Tal es así que, como ya lo señalé, en octubre de 2017 -o sea antes de realizada la operación de venta a favor de Ciccimarra- el Banco Industrial de Azul S.A., en el indicado expediente n° 48.130, había solicitado que se intimara a Ganadera Camoatí S.A. a poner a disposición el bien embargado, bajo apercibimiento de secuestro.
VI. De esta manera, nos adentramos en una de las cuestiones cruciales del litigio que se suscitó en el momento en que se concretó la referida rescisión contractual. En efecto, dado que dicha rescisión fue realizada de común acuerdo entre las partes, parecía -en principio- que tanto la parte vendedora como el comprador habían satisfecho en plenitud sus intereses, por lo que nada habrían tenido que reclamarse bajo ningún concepto. Sin embargo, aquí es cuando se produjo otro incumplimiento contractual de la demandada, al no restituirle al actor los pagarés que éste había suscripto en garantía de la operación comercial que acababa de rescindirse (me remito a los dichos del actor en su demanda que reseñé en el apartado I, párrafos segundo punto 3, tercero, quinto y sexto). Así sostuvo el actor en su demanda, que la operación de compraventa se habría resuelto de manera verbal, pero Eduardo Andrés Girado hizo caso omiso de ello, pues no le restituyó el pagaré y le entregó ese cartular a Julio César Ceide; por lo que se le generó un perjuicio concreto, al haber tenido que afrontar el pago de ese documento en el juicio ejecutivo que en su contra promovió el nombrado Julio César Ceide, el cual se caratula: “Ceide Julio César c/Ciccimarra Mauricio Javier s/cobro ejecutivo”, expediente n° 50.032.
La relevancia de esta cuestión ha sido advertida por el Juez de grado, quien, al enmarcar la temática central de la controversia, puntualizó que “lo más relevante resulta del hecho que la parte actora denuncia que en función de un negocio celebrado con la demandada, al momento de su perfeccionamiento, se respaldó el pago de dos cuotas con sendos pagarés que documentaron la deuda. Extinto el contrato con la demandada, uno de esos pagarés que nacieron de la causa jurídica negocio de venta de tractor, habría sido entregado (circulado) de manos de la demandada hacia un tercero (Señor Julio César Ceide) que paralelamente lo ejecutó (y lo cobró en su totalidad según constancias de la causa 50032 de trámite por ante éste Juzgado donde el Sr. Ceide percibió más de cien mil dólares). El actor considera que sufrió ese daño. Que pagó una suma de dinero ‘sin causa jurídica que lo sostenga’. Por su parte la demandada niega” (ver considerando segundo del pronunciamiento de primera instancia).
Y esta falta de devolución de los pagarés por parte de la demandada -representada por Eduardo Andrés Girado-, ha quedado perfectamente acreditada con la declaración testimonial de Julio César Ceide, que fue debidamente valorada en la sentencia apelada, sin que al respecto haya mediado alguna crítica de la apelante (art.260 del Cód. Proc.). Así aludió el magistrado a los dichos de Julio César Ceide, señalando que el testigo comenta que el pagaré que ejecutara en la causa n° 50.032 a Mauricio Javier Ciccimarra “lo recibió de manos del propio Eduardo Girado -de una operación comercial que Girado había tenido con Ciccimarra pero no puede especificar qué negocio-. El pagaré lo recibe de Girado por una deuda de éste con el testigo….y que al momento de pretender el cobro en enero de 2019, Girado le expresa que no contaba con el dinero, pero tenía ese documento -el pagaré suscripto por Ciccimarra- y que si lo ejecutaba podría cobrarse de él”. Tal como puede apreciarse, emana con claridad de este testimonio que el pagaré en cuestión no fue devuelto por Girado a Ciccimarra, como hubiera correspondido ante la rescisión de común acuerdo del negocio de compraventa, sino que -por el contrario- Girado le entregó el cartular a Julio César Ceide para que lo ejecutara, incurriendo – de este modoen un accionar antijurídico que provocó un daño de magnitud al aquí accionante (arts.375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
O sea que esa falta de devolución de los pagarés importó un grave incumplimiento de la demandada -representada por Eduardo Andrés Girado-, que generó un grave perjuicio para el actor, ya que éste tuvo que abonarle a Julio César Ceide el monto del pagaré que se había entregado en garantía del negocio y que no fue devuelto al extinguirse el mismo (arts.1716, 1717, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744 y ccs. del CCCN). Y esa falta de devolución de los pagarés por parte de la demandada, ha sido el verdadero problema de una rescisión contractual que se había concretado de común acuerdo entre las partes, ya que importó una acción antijurídica que ha provocado un grave daño al aquí accionante. Es por ello que, en la conclusión sentada en el considerando tercero de su fallo, dijo el Juez de la anterior instancia: “Girado (en este caso Ganadera Camoatí S.A.) no devuelve el documento que luego entrega a Ceide para su ejecución. Por lo que procede la acción de daños y perjuicios en función de haber quedado dilucidada la situación y expuesta la ilegitimidad del accionar de la demandada Ganadera Camoatí SA de no cumplir con la retroacción de las prestaciones recibidas o las garantías documentadas por un negocio rescindido”.
De esta manera, al cuantificar el daño causado al accionante, el Juez de grado sostuvo que “el daño que efectivamente sufrió el actor radica en la suma que efectivamente debió pagar en el juicio ejecutivo”, agregando que “esa es la suma que considero habrá de computarse como daño emergente”. Así culminó su razonamiento, expresando: “En síntesis, el rubro procede por la suma que se desprende de los importes depositados en pesos en la causa 50032 por parte de Ciccimarra como ejecutado, que asciende a $ 11.130.458 (pesos once millones ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta y ocho) (art.165 del CPCC, véase causa 50032)” (ver considerando cuarto de la sentencia apelada).
Se desprende de todo lo expuesto, que son irrefutables las conclusiones sentadas en el fallo sobre esta temática, debiendo ponerse de relieve que las mismas no han sido pasibles de ninguna crítica en el escrito de expresión de agravios de la parte demandada (art.260 de Cód. Proc.).
VII. En este apartado me ocuparé de los argumentos traídos por la demandada en su expresión de agravios, donde alterando los términos en que estructuró su contestación de demanda -lo que por sí bastaría para la desestimación del recurso según el art.272 del código ritual-, viene a introducir un planteo reprobatorio del accionar del presidente de su directorio: Eduardo Andrés Girado (ver certificación notarial de fs.16, donde se indica que éste era el cargo que desempeñaba el nombrado en la sociedad demandada, al momento de celebrarse el negocio jurídico objeto de autos). En virtud de ello, el Sr. Girado ejercía la representación de Ganadera Camoatí S.A. (art.268 de la ley 19.550).
Pues bien, en su pieza recursiva, la demandada cuestiona severamente el proceder de Eduardo Andrés Girado, formulando diversas consideraciones descalificatorias de su accionar, en oportunidad de concretarse la operación con Mauricio Javier Ciccimarra. Así señala que “es altamente sospechoso que el negocio no se encuentre plasmado en ningún acta societaria, ni que se haya otorgado autorización alguna para concretar su venta (máxime si se tiene en cuenta el monto de la operación y la naturaleza de bien)”. Seguidamente expresa que “las irregularidades que rodearon a la operación y su falta de registración faculta a mi cliente a sostener la eventual connivencia entre los partícipes del negocio con perjuicio para mi cliente”.
Mas adelante sostiene que su parte ha sufrido graves consecuencias a raíz del negocio de autos, aduciendo que “se le imputó la responsabilidad por un acto celebrado por su representante (sin su autorización, pese a la naturaleza del mismo -bien- y la importancia del precio de la operación)”, que “el contrato o negocio jurídico se celebró sin observarse ninguna de las formalidades requeridas por la ley”, que “se pretende en una suerte de ‘compensación’ adjudicar consecuencias de actos jurídicos celebrados (con la misma persona física, pero en representación de distintas personas jurídicas, o a nombre propio) a mi mandante, cuando éste no participó, no supo, ni pudo saber la existencia de otros negocios su extensión y su contenido”.
En un párrafo que resulta de interés para la temática en análisis, dijo que “Ganadera Camoatí SA ha sido víctima del proceder inescrupuloso (o al menos en exceso de funciones) de su representante y de terceros, cargándole responsabilidad patrimonial, cuando en verdad debe ser resarcida de la privación del uso de un bien de su propiedad en manos del aquí actor en su propio beneficio por un largo período de tiempo”. Y en alusión al mencionado juicio ejecutivo que contra Ciccimarra promovió Julio César Ceide (ver anterior apartado VI), sostuvo que “la demanda de daños y perjuicios incoada contra mi mandante se erigió en un juicio de repetición del previsto en el art.551 del CPCC”, agregando que ello es “claramente improcedente por no haber sido mi cliente el actor del juicio ejecutivo, ni parte de manera alguna en las actuaciones de la repetición que aquí se pretende”.
Culminó este relato afirmando que “no tiene ni tuvo vinculación comercial con el Sr. Ceide, de allí que no se entiende cómo se deben sufrir las consecuencias económicas y las responsabilidades por el accionar de un tercero a nombre propio y que ni siquiera invoca el interés de la sociedad” (lo destacado es propio). Todas las alegaciones de la apelante que he reseñado en el párrafo precedente, se desmoronan con estrépito con la sola mención de la norma legal que resulta aplicable al caso y que regula -con absoluta claridadel régimen de la representación de las sociedades. Me estoy refiriendo, claro está, al art.58 de la ley 19.550, que en su primer párrafo establece: “El administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural”. Y en el segundo párrafo de esta norma, que trata de la eficacia interna de las limitaciones, dispone: “Esas facultades legales de los administradores o representantes respecto de los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por su infracción”.
En comentario a la citada norma, apunta Nissen que “la responsabilidad de la sociedad por las obligaciones celebradas por sus representantes se limita a los actos comprendidos en el objeto social”. Y destaca seguidamente la trascendencia que reviste el objeto social, que además de ser único, debe estar detallado, con precisión y determinación, en el contrato social o estatuto (art.11, inc. 3 de la ley 19.550); de allí que “los terceros no podrían exigir a la sociedad el cumplimiento de obligaciones que resultan exorbitantes de la actividad comprendida en el objeto social” (conf. autor citado, Ley de Sociedades Comerciales comentada, Bs. As. 2017, tomo I, pág.689).
Ahora bien, en el concreto caso que nos ocupa, la sociedad anónima demandada no ha alegado, en ningún momento, que la operación de compraventa del tractor motivo del presente juicio pueda considerarse un acto notoriamente extraño a su objeto social. Más aún, dada la actividad agropecuaria que emerge de la sola denominación de la aquí demandada -Ganadera Camoatí S.A.-, es dable presumir -sin vacilacionesque el referido negocio de compraventa se encuentra claramente comprendido en su objeto social (arts.163 inc.5, 330, 354, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Por lo demás, tal como lo destaca el autor citado, el encuadramiento de los actos cumplimentados por el representante en el objeto social de la sociedad, “constituye en definitiva una cuestión de hecho que el juez debe resolver en cada caso conforme a las modalidades que se presentan en ellos, y en caso de dudas deberá considerarse obligada la sociedad, pues debe presumirse que el administrador o representante actúa con conocimiento de sus facultades, sin perjuicio de la responsabilidad de estos por los perjuicios causados a la sociedad y a los socios. Ello es consecuencia del principio de apariencia de legalidad que supone la actuación de todo administrador o representante de una sociedad, a la cual nuestra jurisprudencia ha recurrido en forma permanente y que pone importantes límites a la doctrina del ultra vires y en tal sentido se ha interpretado que el criterio de la ley 19.550, al obligar a la sociedad por los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, debe ser interpretado en forma amplia, por cuanto debe protegerse a los terceros de eventuales sorpresas, quienes contratan con la sociedad guiándose por la apariencia que se les ofrece y que se verían defraudados si aquella pudiera oponerle hipotéticas limitaciones estatutarias a la representación de quién firma por la persona jurídica” (conf. Nissen, ob. cit., tomo I, págs.689 y 690; lo destacado es propio).
Aclarando como debe compatibilizarse la regla sentada en el art.58 de la ley de sociedades, con el principio de legalidad de la apariencia que genera la actividad de todo sujeto de derecho, sostiene Nissen que la primera regla es plenamente aplicable cuando el acto realizado por el administrador o representante de la sociedad no deja margen de dudas sobre la incompatibilidad del mismo con el objeto de la sociedad. Por su lado, la teoría de la apariencia constituye un principio general de derecho al cual deberá echarse mano en caso de duda sobre la inclusión o no del acto dentro del objeto social de la sociedad y sobre la legalidad de la operación contraída, cuando no se ha respetado la organización plural del régimen de representación previsto en el contrato constitutivo o estatuto (ob. cit. págs.690 y 691). A continuación, puntualiza este mismo autor que “la jurisprudencia de nuestros tribunales mercantiles se ha pronunciado infinidad de veces sobre la cuestión, y en protección de los terceros, ha considerado obligada a la sociedad, echando mano a la doctrina de la apariencia”, para luego enumerar diversos precedentes jurisprudenciales que resolvieron en ese sentido (ob. cit. pág.691). En una misma línea de pensamiento se ha precisado que “las limitaciones internas no son oponibles a los terceros cuando la conducta de la sociedad ha sido idónea para crear una apariencia en la atribución de las facultades de representación que invoca el director firmante” (conf. Romano, en Código de Comercio comentado y anotado de Rouillón director, Alonso coordinador, tomo III, págs.132; sobre el principio de apariencia que deriva de la idea general de la buena fe, y que resulta aplicable entre otros casos en materia societaria, consultar Rivera, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, tomo I, págs.294 y siguientes, especialmente pág.298; ver también la valiosa obra de Rezzónico, Principios fundamentales de los contratos, págs.407 y siguientes, donde se examina la relación existente entre la apariencia y los principios de confianza y de buena fe).
Y aquí vuelvo a reiterar que, en el caso de autos, la demandada no ha alegado -ni por supuesto probado- que sean notoriamente extraños a su objeto social los diversos actos cumplimentados por el presidente de su directorio -Eduardo Andrés Girado-, que fueron los siguientes: formalización del boleto de compraventa del tractor con Ciccimarra; rescisión de esa operación por imposibilidad de transferir el bien ante los gravámenes que el mismo presentaba; imputación de lo pagado por el comprador por esa operación, a la cancelación del precio del otro negocio celebrado con Ciccimarra, relativo a la venta de la sembradora; restitución del tractor a Girado por parte del comprador Ciccimarra, ante la rescisión de ese negocio que se había concretado de común acuerdo; falta de devolución a Ciccimarra de los pagarés suscriptos en garantía de la rescindida venta del tractor, y entrega de esos cartulares por parte de Girado al tercero Julio César Ceide, quien posteriormente los ejecutó provocando un grave perjuicio al aquí accionante. Más aún, como ya lo anticipé, la actividad agropecuaria que emerge de la sola denominación de la demandada -Ganadera Camoatí S.A.-, permite presumir que los actos cumplimentados por el presidente de su directorio, se encuentran claramente comprendidos en su objeto social (art.58 de la ley 19.550; arts.163 inc.5, 330, 354, 375, 384, 456 y ccs. del Código Procesal).
Es así que, en razón de todo lo antedicho, la demandada Ganadera Camoatí se encuentra obligada por todos los actos realizados por el presidente de su directorio que sinteticé en el párrafo anterior, por lo que debe resarcir al aquí accionante de los daños y perjuicios causados por el accionar antijurídico de Eduardo Andrés Girado (arts.58 de la ley 19.550; arts. 1, 2, 9, 729, 961, 1061, 1067, 1716, 1717, 1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1744 y ccs. del C.C.C.N.; arts.163 inc.5, 330, 354, 375, 384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
VIII. Una última consideración formularé con relación a los agravios expresados por la demandada sobre las condenas impuestas a su parte en resarcimiento del daño emergente y del daño moral causados al actor Mauricio Javier Ciccimarra, los que en modo alguno conmueven las motivaciones dadas en la sentencia apelada, ni configuran una crítica concreta y razonada de la decisión adoptada por el Juez de la anterior instancia (art.260 del Cód. Proc.).
En efecto, en lo que atañe al daño emergente, en la pieza recursiva no media un cuestionamiento certero de los fundamentos dados por el juzgador, quien tomó como monto indemnizatorio la suma que tuvo que abonar el actor en el juicio ejecutivo que le promovió Julio César Ceide, al puntualizar que “el daño que efectivamente sufrió el actor radica en la suma que efectivamente debió pagar en el juicio ejecutivo”. En la expresión de agravios se limitó a reiterar que no ha tenido vínculo alguno con Julio César Ceide, y señaló que “no existe prueba que vincule causalidad adecuada entre las conductas desplegadas por Ganadera Camoatí SA y Mauricio Ciccimarra que deriven de tales conclusiones”. Muy por el contrario, hay un perfecto nexo de causalidad entre el proceder antijurídico del representante de la demandada, Eduardo Andrés Girado, con el daño sufrido por el actor a raíz de la ejecución que se promovió en su contra, donde éste tuvo que abonar el monto del pagaré que debió haberle sido devuelto porque la operación de venta del tractor fue rescindida de común acuerdo entre las partes (arts.1725, 1726, 1727, 1728 y ccs. del C.C.C.N.). También es inviable el agravio relativo al daño moral, pues la demandada no cuestionó las motivaciones de la sentencia en torno a las aflicciones que aquejaron al actor, cuando se le ejecutó el pagaré, se embargaron sus cuentas bancarias y operativas, y se le secuestró un vehículo de gran porte en el seno de su intimidad familiar; habiendo agregado el juzgador que el actor debió “esperar solucionar aquel conflicto para poder requerir y enfocarse en esta decisión que recomponga resarcitoriamente su daño sufrido”. En el escrito recursivo sólo se vuelcan epítetos descalificatorios hacia el actor, que son claramente insustanciales y que en nada pueden alterar la decisión del Juez de grado. Y corresponde poner de relieve, en último término, que la demandada apelante tampoco ha cuestionado la cuantificación del daño efectuada en la sentencia apelada (art.260 del Cód. Proc.).
IX. En virtud de todo lo expuesto, propicio el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 23/6/2021, con imposición de costas a la demandada que ha sido claramente vencida en el juicio; debiendo desestimarse el agravio relativo a las costas que se formula en la parte final de la expresión de agravios, puesto que el mismo es manifiestamente improcedente ante el resultado que ha tenido el presente proceso (art.68 del Cód. Proc.). Las costas de alzada también deben imponerse a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmar la sentencia apelada de fecha 23/6/2021, con imposición de las costas a la demandada que ha resultado vencida en el juicio (art.68 del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 10 de Mayo de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmar la sentencia apelada de fecha 23/6/2021, con imposición de las costas a la demandada que ha resultado vencida en el juicio (art.68 del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la demandada apelante, en atención al resultado desfavorable que obtuvo en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77 y de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia