Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 186.861
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de los actores y confirmar la sentencia del 5 de febrero de 2026, con costas a los apelantes (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. Nº 186.861. Juzgado Civil y Comercial N° 1 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CIGNOLA SERGIO LUCIO Y OTRO C/ ANFIO SRL S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA BREVE”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 5 de febrero de 2026?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 5 de febrero de 2026, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°1 departamental dictó sentencia y rechazó la demanda de adquisición de dominio por prescripción promovida por Sergio Lucio Cignola y Adriana Ida Cignola contra la firma ANFIO S.R.L., respecto del inmueble ubicado en calle Aristóbulo del Valle nro. 2932 piso 8 Departamento "C" de esta ciudad, individualizado catastralmente como circunscripción I, sección E, manzana 125-c, parcela 12-a, subparcela 52, polígono 08-04, matrícula 141.055 de General Pueyrredón.
Para así decidir, se refirió en primer lugar a la alegación de los actores, quienes sostienen haber ocupado la propiedad en calidad de poseedores con ánimo de dueños de manera ininterrumpida, pacífica y pública desde el año 1988, fundando su postura en actos materiales de construcción y pagos de impuestos y servicios.
A partir del análisis de la prueba, concluyó que esos actos no se encuentran suficientemente acreditados.
Transcribió las manifestaciones de los testigos que declararon en la causa, y destacó que éstos no percibieron los hechos de manera directa sino a través de terceros, y que —además— fueron poco precisos en relación a los aspectos fundamentales sobre los que se sustenta la pretensión de la actora.
En cuanto a la prueba documental, enfatizó que “(…) la totalidad de los pagos efectuados por impuestos y servicios del inmueble cuya usucapión se pretende, fueron efectuados con posterioridad a la fecha en la cual -según los dichos de los accionantes- detentarían la posesión de la propiedad con animus domini (año 1988); datando el más antiguo -a su vez- del 24 julio de 2009”.
Concluyó que, aún en la hipótesis más favorable a la pretensión de la actora, y teniendo en cuenta el recibo de OSSE más antiguo, la prueba se remonta al año 2009. Descartó el valor de convicción de la prueba pericial en ingeniería, por cuanto sólo acredita la antigüedad del inmueble y su estado de conservación.
Con esos fundamentos, rechazó la demanda e impuso las costas a los actores.
II. El recurso de los accionantes.
Sergio Cignola y Adriana Cignola apelaron la sentencia el 12/02/2026 y fundaron su recurso el 19/05/2026. Sus agravios pueden resumirse de la siguiente manera:
(1) Que la sentencia es contradictoria en la valoración de la prueba testimonial, en la medida en la que descalifica su valor por ser “de referencia”, pero luego toma lo allí declarado como argumento para el rechazo de la pretensión. Critican, específicamente, que se haya extraído de la testimonial que “el inmueble objeto de autos habría sido entregado por la empresa demandada, en pago por la instalación de los ascensores del edificio (en el año 1965, según una de ellas) al padre de los accionantes, es decir, a un tercero ajeno a este proceso”, aspecto que no fue alegado en la demanda. A la par, sostienen que no se valoró suficientemente lo declarado por los testigos respecto a que “la familia Cignola siempre ocupó el inmueble”, que “siempre se han manejado como dueños”, que el inmueble “seguía siendo utilizado por la familia” y que “la familia Cignola mantiene en buen estado de conservación el bien”.
(2) Que la sentencia confunde el valor probatorio del pago de los impuestos con su invocación como elemento constitutivo de la posesión. Agregan que la circunstancia de que el pago más antiguo aportado al expediente sea del año 2009 solo significa que esos son los comprobantes que la actora conservó y agregó, pero no puede significar que antes de esa fecha los actores no poseían el inmueble.
(3) Que se ha omitido la valoración de la prueba instrumental, conformada por los expedientes “SCARIMBOLO c/ ANFIO S.R.L. s/ ESCRITURACIÓN”, “SCARIMBOLO MARTIN C/ANFIO S.R.L. S/ EJECUCION DE HONORARIOS” (expediente 13306) y “CIGNOLA, Sergio Lucio y otro c/ SCARIMBOLO, Martín s/ TERCERÍA DE MEJOR DERECHO”, todos de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 Departamental. Enfatizan que la existencia de un conflicto entre los actores y otros pretendientes sobre el bien acredita que los accionantes se condujeron y se reconocieron a sí mismos públicamente como los verdaderos titulares del derecho real sobre el inmueble, lo cual constituye un acto posesorio típico. Señalan que la existencia de esas causas es compatible con la declaración de los testigos Ache y Corsocuyas, respecto a que el inmueble fue entregado por la firma demandada como contraprestación por la instalación de los ascensores del edificio, y que esa transferencia jamás pudo formalizarse registralmente por conflictos atribuibles a la propia titular registral. Solicitan que, en uso de las facultades instructorias del art. 36 inc. 4° del CPCC, se requiera al Juzgado Civil y Comercial N° 8 Departamental la remisión de copia certificada y/o digitalizada de los escritos constitutivos y de las sentencias dictadas en esos procesos.
(4) Que el juez no valoró adecuadamente que la pericia en ingeniería constata una antigüedad edilicia superior a los 30/40 años, lo que acredita la preexistencia material de la cosa durante todo el lapso reclamado, lo que permite descartar cualquier hipótesis de ocupación reciente.
(5) Que la sentencia no realiza una valoración integral y articulada del plexo probatorio como exige el art. 384 del CPCC, sino que aplica un método de “descarte sucesivo” mediante el cual va eliminando uno a uno los elementos probatorios sin examinar su valor en conjunto.
(6) Que el juez ha omitido por completo valorar la rebeldía como indicio corroborante del extremo a probar, lo que sí está expresamente previsto por el art. 60 del CPCC, y es indicativo “de que la firma no ejerce ni pretende ejercer actos posesorios sobre el inmueble desde tiempo inmemorial, lo cual resulta perfectamente compatible y solo compatible con la versión de los actores en cuanto a que poseen el bien desde 1988 sin perturbación alguna” (sic).
Con esos fundamentos, solicitan que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.
III. Tratamiento de los agravios.
Adelanto que el recurso no prospera. La sentencia debe confirmarse. El primer —y principal— escollo al progreso de esta acción se encuentra en la manera en la que fue alegada —en la demanda— la posesión de los actores.
He leído con detenimiento el punto II (Hechos) del escrito inicial y observo que no sólo es escueto en su extensión sino también impreciso en la identificación de los alegados actos posesorios de los accionantes. Los actores alegan que ejercen la posesión del inmueble desde el año 1988, y que —desde hace más de 20 años— abonan los distintos impuestos, tasas y servicios. Nada dicen sobre cómo ingresaron al inmueble, si viven allí de manera permanente, quiénes lo habitan, en qué condiciones, o si han realizado refacciones, mejoras o modificaciones en el departamento. Insisto: sólo hay una lacónica referencia al año 1988 como inicio de la posesión (v. apartado II de la demanda a fs. 246/249; art. 330 del CPCCBA).
Esta forma de alegar es problemática porque, en su extensa expresión de agravios, los actores pretenden introducir cuestiones que no fueron objeto de debate y prueba porque, sencillamente, no fueron oportunamente alegadas en primera instancia y, por lo tanto, no pueden ser planteadas en este estado del proceso (arts. 330 y 272 del CPCCBA).
Nada dice la demanda sobre la realización de refacciones en el inmueble (aspecto sobre el que se centra el segundo agravio) o sobre la necesidad de iniciar una tercería de mejor derecho para defender su inmueble (aspecto sobre el que se funda el tercer agravio). Sobre estos temas volveré más adelante.
a. Un claro ejemplo de esta disparidad entre el relato de la demanda y el del memorial se encuentra en la crítica que —en su primer agravio— los recurrentes formulan sobre la apreciación de la prueba testimonial. En su sentencia, el juez señaló que las dos testigos que declararon en la causa refirieron que el departamento en cuestión fue originalmente entregado al padre del actor en el año 1965, como pago por la instalación de los ascensores en el edificio.
Ahora bien: en el inicio de su memorial, los apelantes critican la referencia que el juez hizo a esta circunstancia. Concretamente, cuestionan que —a la par que el magistrado relativizó el poder de convicción de las declaraciones, pues provienen de testigos de referencia o “de oídas”— remarcó que el inmueble habría sido entregado a un tercero ajeno a este expediente. Esta crítica es problemática por varios motivos:
En primer lugar, porque, luego de leer con detenimiento la sentencia, no considero que este aspecto de los relatos (me refiero a la entrega del inmueble en 1965 al padre del actor) haya sido un argumento determinante para el rechazo de la pretensión. La circunstancia de que ese hecho haya ocurrido —o no— no es dirimente para este pleito, en el que los actores debían acreditar una posesión propia de, al menos, veinte años. Dicho de otra forma: es irrelevante qué pasó con el inmueble en 1965; lo que importaba era saber qué ocurrió en los veinte años anteriores a la promoción de este juicio (iniciado en 2018), aspecto sobre el que nada dijeron los actores en su escueta demanda. Digo más: ese inicio de la posesión de 1965 podría haber sido incluso un hecho favorable a la postura de los actores, en la medida en la que —tal vez— hubiera podido ser indicativo de cómo iniciaron la posesión que alegan. Sin embargo, insisto: como destacan los propios apelantes en su memorial, la demanda nada dice al respecto.
Por lo demás, me interesa señalar que he escuchado con detenimiento las declaraciones de Julia Ache y de Silvia Corso en la audiencia del 3 de septiembre de 2025. Ambos testimonios se aprecian como sinceros y verosímiles; no tengo dudas de que las testigos han declarado lo que conocen sobre el inmueble. El problema de estas declaraciones es que es la única prueba en todo el expediente que refiere a una posesión anterior al año 2009.
Cabe recordar que la legislación procesal requiere evidencia compuesta para admitir la pretensión prescriptiva: le está vedado al juez la posibilidad de formar su convicción con base únicamente en la prueba de testigos (art. 697 inc. 1° del CPC y en idéntico sentido lo prevé la normativa nacional: art. 24 inc. “c” de la Ley 14.159). En este contexto, por fuera de las declaraciones de los testigos, los restantes elementos de convicción del expediente no logran superar el mínimo umbral probatorio exigible en este tipo de procesos (art. 375 del CPCCBA).
b. No tienen razón los apelantes en su segundo agravio: el problema de los comprobantes de pago no es que hayan sido tomados como el juez como un elemento constitutivo de la posesión, sino que —por su fecha— impiden acreditar hechos anteriores al 2009. La actora presentó su demanda el 8 de octubre de 2018 (v. fs. 249 vta)., por lo que la posesión en la que funda su pretensión de prescripción veinteñal debió comenzar, por lo menos, en algún momento anterior al 8 de octubre de 1998. Ello, teniendo en cuenta que es criterio de esta Sala -siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte provincial- que el plazo de veinte años debe encontrarse cumplido al momento de iniciar la demanda (Sala II, c. 167485, sentencia del 28/5/2019 y c. 153.868, sentencia del 12/12/2013; SCBA, causa C. 98.183, "Alsua o Alsua y Grisetti Celina Juana y otros c. Municipalidad de Laprida s. Usucapión. Nulidad de título", sent. del 11-11-2009). Esa carga no ha sido abastecida: reitero aquí lo ya expuesto en relación a que la documental acompañada sólo es indicativa de que los pagos de impuestos y servicios en el departamento se iniciaron en el año 2009. c. Tampoco tienen razón los apelantes cuando, en su tercer agravio, plantean la falta de valoración de los procesos de escrituración y tercería de mejor derecho que tramitan en el Juzgado Civil y Comercial N° 8 Departamental. En primer lugar, porque, insisto, esos hechos no fueron alegados en la demanda. Nada se dijo en el escrito inicial sobre la existencia de esos procesos, cuya existencia fue advertida de oficio por el juez al revisar el informe de dominio (v. proveído del 12/12/2023). Por el contrario, al demandar, los actores expresamente manifestaron que “la posesión que ejerzo, jamás ha tenido reclamaciones de orden judicial ni extrajudicial de parte de alguna persona” (sic; v. fs. 247; art. 330 del CPCBA). Aun soslayando que lo manifestado en su tercer agravio es completamente contradictorio con lo que los propios actores alegaron en su demanda, los cierto es que esos pleitos no pueden tener el valor probatorio que los apelantes pretenden asignarles: según surge de la Mesa de Entradas Virtual, la causa “CIGNOLA SERGIO LUCIO Y OTRO/AC/ SCARIMBOLO MARTIN S/TERCERIA MEJOR DERECHO” fue iniciada el 8 de junio de 2010, por lo que no se trata de un elemento susceptible de acreditar una posesión por el plazo legal exigido.
Es por ello que se rechaza el agravio y también el pedido probatorio de los apelantes, que —además—no encuadra en ninguno de los supuestos regulados en el art. 255 del CPCCBA (incisos 2°, 3°, 4° y 5° apartados «a» o «b») y constituye, en cambio, un ofrecimiento extemporáneo que debió ser formulado en la etapa postulatoria pertinente (art. 484 segundo párrafo parte final del CPCCBA).
d. Respecto a la prueba pericial en ingeniería, he leído con atención el informe del Ingeniero Civil Diego Pires y, más allá de que contiene referencias a que el inmueble data de la década de 1960 (lo que, resulta obvio aclarar, no significa que los actores lo ocupen desde esa época) y que contiene tareas mantenimiento y mejoras (que la pericia no indica cuándo fueron realizadas) no hay allí elementos de relevancia que permitan acreditar una posesión por un plazo de 20 años. Observo, incluso, que los trabajos de pintura y carpintería realizados en el departamento de los actores fueron calificados por el perito como recientes (v. punto de pericia I.2 en el escrito del 05/09/2025).
A todo evento, insisto con lo ya referido en los puntos anteriores: más allá de que esta prueba no es demostrativa de no una posesión de vieja data por parte de los actores, lo cierto es que nada de lo que surge del informe pericial fue alegado en la demanda, oportunidad en la que los actores no mencionaron ni una sola modificación en el inmueble, lo que sella la posibilidad de indagar sobre estas cuestiones en esta etapa del proceso (arts. 330 y 272 del CPCCBA).
e. Esta falta de prueba no se ve suplida, como pretende la apelante, por la circunstancia de que la demandada haya sido declarada rebelde en este proceso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la falta de contestación de la demanda no implica que necesariamente se deba tener como ciertos los hechos afirmados en el escrito de inicio, sino que el silencio o las evasivas de la demandada podrán estimarse como reconocimiento de su verdad -art. 354 inc. 1, del CPCC- y, además, no exime a la parte actora de la carga de aportar al juicio los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones (conf. L. 118.156 "Valladares", sent. de 4-VIII-2016, L. 76.603 "Álvarez", del 4-VI-2003; L. 82.000 "Salvemini", del 8-XI-2006 y L. 105.189 "Portillo", del 7-IX-2011, entre muchísimos otros).
Esto significa que la rebeldía de la demandada, a diferencia de lo argumentado por el apelante, no tiene la virtualidad de condicionar u obligar al juez a considerar cierto lo afirmado por la actora, sino que tan solo presupone la potestad de interpretar aquella actitud omisiva como un reconocimiento implícito de la veracidad de los hechos alegados en el escrito inicial. Pero adviértase que esta última consecuencia tampoco es forzosa: antes bien, requiere una evaluación prudente e integral de los restantes elementos de convicción obrantes en el expediente y que pudiere justificar resolver alguna forma de perplejidad (o «caso de duda», como la denomina el art. 60 del CPC) en favor de la parte reclamante.
En el caso, los actores presentaron una escueta demanda que, por fuera de la referencia al pago de impuestos y servicios, no contiene la alegación de ningún acto posesorio concreto. No hay entonces una duda o vacilación que pudiere tornar operativa la presunción derivada de la rebeldía; no hay suficientes elementos de convicción que permitan asignarle valor -sustancial o indiciario- al silencio de la contraria o que pudiesen justificar razonablemente considerar acreditada la plataforma fáctica en la que se sustenta la pretensión (art. 384 del CPCCBA). En suma, la incontestación del escrito inaugural del proceso y posterior rebeldía de la demandada no pueden suplir la orfandad de las alegaciones y la ausencia de prueba que subyace al reclamo del accionante (arts. 60 y 354. Inc. 1° del CPCCBA). Por último, debo señalar que —como ha enfatizado esta Sala— las exigencias probatorias que subyacen a los juicios de usucapión no son caprichos legislativos: se trata de recaudos coherentes y proporcionales a la gravedad del resultado final que el proceso prescriptivo puede tener. Ello no quiere decir que la prueba de testigos no sirva o sea irrelevante: significa que no es suficiente para comprobar por sí sola una hipótesis de hecho tan particular como la que funda una demanda prescriptiva. Si la posesión se remonta a 1988 (como alegan los actores en su demanda), parece cuanto menos razonable considerar que alguna otra evidencia, rastro o vestigio habrá quedado acerca del modo en que los accionantes ocuparon el inmueble durante todo ese tiempo. Sin embargo, poco y nada alegaron al respecto en la demanda, y la prueba producida no abastece el estándar mínimo para acreditar la posesión desde la fecha invocada (art. 375 del CPCCBA).
Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo rechazar el recurso de los actores y confirmar íntegramente la sentencia apelada.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo: Corresponde: I) Rechazar el recurso de los actores y confirmar la sentencia del 5 de febrero de 2026, con costas a los apelantes (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de los actores y confirmar la sentencia del 5 de febrero de 2026, con costas a los apelantes (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los domicilios electrónicos de las partes en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA. Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia