Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mar del Plata · Causa 36393
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la acción de amparo por mora intentada por la Sra. Sandra Beatriz Ciner (art. 76 del CCA). En consecuencia, condenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) a que en el plazo de veinte (20) días resuelva el pedido de jubilación formulado por la actora, que tramita mediante las actuaciones administrativas n° 021557-695167-0-25-000 (conf. artículo 76, inciso 4º del C.C.A; art. 77 inc. "g", última parte, del decreto ley 7647/70). Dicho plazo se computará a partir de la recepción del respectivo oficio por el organismo, el que se librará -a pedido de parte- una vez firme la presente (art. 63 del CCA).
2Imponiendo las costas a la demandada en su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A. -texto según ley 14.437-).
3Regulando los honorarios del Dr. Ariel Ivan Acosta , letrado patrocinante de la actora, por las tareas profesionales desempeñadas en autos, en 5 JUS -ley 14.967- (artículo 20 bis de la ley 13.928 -incorporado por ley 15.016-) con más los aportes previsionales de ley (arts. 12 inc. "a" y 16 de la ley 6716. t.o. dec. 4771/95) e IVA si correspondiere.
En relación a las Dras. Carina Gabriela Moreno y Andrea Raynoldi no se regulan sus honorarios por encontrarse comprendidas en lo establecido por el art. 18 del decreto-ley 7543/69.
AUTOS: " CINER SANDRA BEATRIZ C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE BUENOS AIRES S/ AMPARO POR MORA " (expediente nº 36393 ) de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.
VISTO: que la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia.
1. Que la Sra. Sandra Beatriz Ciner , con el patrocinio letrado del Dr. Ariel Ivan Acosta, promovió acción de amparo por mora contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) con el objeto de obtener una orden de pronto despacho judicial a fin de que ese organismo " proceda a resolver mi pedido de solicitud de jubilación ordinaria que tramita por expediente N°021557-695167-0-25-000 STA JUBILACION, con fecha de cese 30/04/2025, y que fuera caratulado por el Organismo provincial en fecha 26/06/2025 " (sic).
Relató que durante más de 25 años prestó servicios docentes frente alumnos aportando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Indicó que en fecha 30/04/2025 optó por cesar sus servicios docentes siendo aceptada su renuncia con anticipo jubilatorio por su empleador.
Explicó que renunció a su cargo como profesor escuela secundaria con 17 módulos semanales (C.F. 9-84-17-04) en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 y 213, perteneciente al ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Señaló que en fecha 26/06/2025, el organismo demandado caratuló su solicitud jubilatoria bajo el expediente Nº 021557-695167-0-25-000.
Expuso que ante la demora del Instituto y la falta de resolución, el día 11/12/2025 interpuso pronto despacho el que tramita bajo el expediente N° 021557-695167-0-25-001 STA PRONTO DESPACHO, caratulado recién en fecha 02/02/2026 - casi dos meses después de su presentación-.
Puso de manifiesto que, a la fecha de presentación de la demanda, el tramite se encontraba en el área M-DEPARTAMENTO DETERMINACION DEL DERECHO MUNICIPAL, ratificado, y sin emitir la resolución jubilatoria.
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que inició el trámite sin que el mismo se encuentre resuelto, solicitó que se haga lugar al amparo por mora con costas a la demandada.
2. Declarada la admisibilidad de la pretensión en los términos de los arts. 1, 12 inc. 6° y 76 del C.C.A., se requirió a la demandada que informara sobre las causas de la demora aducida por la actora y acompañara copia del expediente administrativo Nº 021557-695167-0-25-000 STA JUBILACION.
3. Como consecuencia de ello, en fecha 15/09/2026 se presentó el demandado, mediante apoderada, acompañando un informe elaborado por el Departamento Contencioso Administrativo del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires del que se desprende que " las actuaciones administrativas fueron remitidas a las áreas técnicas pertinentes, encontrándose en la actualidad en el Departamento de Determinación del Derecho Municipal, al cual se le ha solicitado trámite urgente de las mismas" .
Asimismo, informó que " el expediente se encuentra en trámite a los efectos del dictado del acto pertinente, dependiendo asimismo, de la colaboración de la peticionante para aportar las pruebas que hagan a su eventual derecho ".
4. Conferida la vista a la actora, la misma es contestada en fecha 08/10/2026 oportunidad en la que puso de resalto que han transcurrido casi dos años sin ninguna solución a su solicitud de jubilación ordinaria.
Manifestó que los actos preparatorios previos al dictado de una resolución final no se excluyen de los plazos administrativos propios, los cuales han excedido todo plazo razonable.
Finalmente, indicó que no se han registrado movimientos conducentes a la resolución de su jubilación y en consecuencia, solicitó se dicte sentencia haciendo lugar a lo requerido.
5. Sobre la base de lo hasta aquí referenciado, corresponde que me expida respecto de la configuración de la mora invocada por la actora y -eventualmente- de su subsistencia al momento de resolver la presente acción.
Si bien no ha sido acompañada la constancia del reclamo que motiva el presente, el cual estaría destinado a obtener la jubilación, adelanto que encuentro elementos suficientes en autos para tener por acreditada la existencia del mismo y su falta de resolución.
Así, de las constancias documentales obrantes en autos y los dichos de ambas partes, se desprende que la Sra. Ciner ha solicitado el beneficio de jubilación que tramita mediante las actuaciones administrativas n° 021557-695167-0-25-000 , con fecha de inicio 26/06/2025, que se encuentra aun sin resolver (art. 384 del CPCC).
6. Establecida la omisión resolutoria, debo analizar el plazo con que cuenta la autoridad para emitir su decisión en el caso y poder, en consecuencia, dilucidar si se encuentra en mora o no. Para ello, corresponde determinar cuál es la norma que rige su actuación.
Ante supuestos como el del presente resulta de aplicación, en cuanto al plazo para resolver la petición formulada por la accionante, el artículo 77 inciso "g", última parte, del decreto ley 7647/70 (conforme remisión que hace al mismo el art. 73 del dec. ley 9650/80) que dispone que en los supuestos de resoluciones definitivas sobre peticiones o reclamaciones de los interesados, no interpuestas como recurso jerárquico, el plazo máximo para resolver es de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que las actuaciones se reciban con los dictámenes legales finales. A su vez, el inciso "e" del mismo artículo establece que los dictámenes, pericias o informes técnicos deben ser producidos dentro del término de diez (10) días.
A fin de constatar el cumplimiento de los plazos señalados en el sub-lite, advierto que el tiempo transcurrido desde que la Sra. Ciner inició el pedido de jubilación -26/06/2025- hasta la fecha de promoción del presente proceso -27/08/2026-, ha excedido los plazos máximos fijados por la norma.
Más allá de verse superado holgadamente el plazo señalado precedentemente, a todo evento cabe considerar que también se ha excedido el parámetro previsto en el artículo 76, inciso 1º del código ritual de la materia que determina que, ante la inexistencia de plazo, se configura también la mora si hubiere transcurrido un tiempo que excediese de lo razonable.
Para llegar a esta conclusión tengo en cuenta -especialmente- que se trata de una cuestión previsional en la que están en juego derechos de índole alimentaria.
7. Verificada la existencia de la mora en la resolución del expediente administrativo, corresponde analizar si existen motivos por los cuales la misma pueda ser excusada.
Del informe remitido por el instituto demandado surge que el organismo podría necesitar más elementos a fin de tener por acreditado el derecho que la actora invoca.
Sin embargo, en la escasa documentación aportada por la demandada, no se observan constancias de haber formulado alguna petición en tal sentido a la parte interesada. Tampoco hay registros de haberse ordenado la producción de prueba a los fines señalados.
Ello me lleva a descartar que el impulso de las actuaciones pudiera verse refrenado de algún modo por una inactividad imputable a la propia interesada.
En el escenario descripto, estimo que poco colabora el informe elaborado por el organismo demandado toda vez que, descartado lo anterior, se ha limitado a emitir un juicio de valor acerca de su propia conducta e indicar el estado en que se encuentra el expediente administrativo, sin haber remitido el mismo.
Así, " la lacónica información suministrada impide conocer si durante el iter procedimental existieron circunstancias justificantes de su rezagada tramitación " (CCAMDP, causa C-11086-MP1E "Manccini Abel Miguel", sent. del 19/VIII/2021).
En este sentido, se perjudica el organismo demandado al no acompañar las actuaciones administrativas solicitadas, instrumento idóneo, por antonomasia, para demostrar el regular desarrollo del procedimiento conforme términos temporales razonables (conf. CCAMDP, causa "Manccini Abel Miguel", ya citada).
Es que siendo " la administración quien genera y tiene en su poder la prueba documental, medio probatorio por excelencia en el proceso administrativo, su actuación de buena fe implica ponerla a disposición de la otra parte y del tribunal ", cosa que no hizo (CSJN, causa CAF 65351/2014 "Aceitera General Deheza SA", sent. del 12/XI/2019).
En definitiva, más allá de los intentos de justificación realizados por la demandada, las alegaciones no resultan suficientes como para eximir a la Administración de la mora que aquí se le imputa .
8. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la demora en que ha incurrido el organismo demandado ha superado los plazos legalmente previstos, sin que exista ningún eximente que la justifique y, en tales condiciones, corresponde ordenar a la autoridad administrativa que resuelva el pedido de jubilación interpuesto por la actora en fecha 26/06/2025 en el marco de las actuaciones administrativas n° 021557-695167-0-25-000, otorgando para ello el plazo de veinte (20) días que estimo prudencial por la naturaleza y complejidad del asunto (conf. artículo 76, inciso 4º del CCA; artículo 77 inciso "g", última parte, del decreto ley 7647/70).
9. Finalmente corresponde destacar que lo ordenado no implica abrir juicio alguno acerca del sentido o mérito de la decisión administrativa que deba adoptarse.
10. Resta que me expida sobre el planteo de inconstitucionalidad formulado contra el artículo 3° de la ley 15.016. En este punto, debo aclarar que -en los términos expuestos- es la actora quien ha realizado el mismo.
Más allá que la circunstancia apuntada quita legitimación a la accionante para una petición en tal sentido, dado que estaría realizando un planteo respecto del cual carece de interés, toda vez que -en su caso- sería su letrado el beneficiario de la petición que formula, a todo evento daré respuesta al mismo.
Recuerdo que el pedido se realiza en tanto la norma mencionada dispone un arancel fijo de 5 jus para los procesos de amparo por mora, alegando que dicha pauta entra en contradicción con los parámetros de regulación mínima que contiene la ley arancelaria 14.967.
Debo señalar que el planteo ya ha sido materia de análisis por parte de la alzada local del fuero, exponiendo un criterio de similar tenor las restantes cámaras de apelación en lo contencioso administrativo.
Se ha señalado al respecto "que la preceptiva cuya constitucionalidad aquí se cuestiona ha venido a cubrir un vacío legislativo en la regulación de los estipendios profesionales relativos al amparo por mora que, si bien es una acción judicial sumarísima regulada en el CPCA, en virtud de su carácter instrumental -en tanto consiste en un medio judicial para obtener la continuidad de la función administrativa- no podría ser equiparada a las restantes vías procesales previstas en el fuero (cfr. doct. esta Cámara en causa C-10168-DO1E "Sánchez", sent. de 1-12-2020)." (CCAMDP en causa n° 12.521 "Madrid", sent. del 05/09/2023), lo que implicó excluir al instituto del amparo por mora del ámbito de aplicación de los parámetros generales que la ley 14.967 establece para la estimación de los estipendios en las restantes vías procesales.
En sentido concordante, se ha dicho que el precepto cuestionado no implica reducción de escala alguna, sino que vino a cubrir una omisión legislativa referida a la regulación de honorarios profesionales para este tipo de procesos (CCASM en causas n° 7604 "Leguero", sent. del 05/09/2019; n° 7544 "Martinez", sent. del 01/10/2019), constituyendo así una regla especial y posterior al régimen arancelario general contenido en la ley 14.967 (CCALP en causas n° 23.130 "Malerba" y n° 23.131 "Moscoloni", ambas sentencias del 25/09/2018).
En esa posición -a la que adhiero- se ha descartado el embate constitucional propuesto, lo que me lleva a rechazar, por los argumentos expuestos precedentemente, el planteo introducido en el presente.
Por lo hasta aquí expuesto, FALLO:
1. Haciendo lugar a la acción de amparo por mora intentada por la Sra. Sandra Beatriz Ciner (art. 76 del CCA). En consecuencia, condenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) a que en el plazo de veinte (20) días resuelva el pedido de jubilación formulado por la actora, que tramita mediante las actuaciones administrativas n° 021557-695167-0-25-000 (conf. artículo 76, inciso 4º del C.C.A; art. 77 inc. "g", última parte, del decreto ley 7647/70). Dicho plazo se computará a partir de la recepción del respectivo oficio por el organismo, el que se librará -a pedido de parte- una vez firme la presente (art. 63 del CCA).
2. Imponiendo las costas a la demandada en su objetiva condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A. -texto según ley 14.437-).
3. Regulando los honorarios del Dr. Ariel Ivan Acosta , letrado patrocinante de la actora, por las tareas profesionales desempeñadas en autos, en 5 JUS -ley 14.967- (artículo 20 bis de la ley 13.928 -incorporado por ley 15.016-) con más los aportes previsionales de ley (arts. 12 inc. "a" y 16 de la ley 6716. t.o. dec. 4771/95) e IVA si correspondiere.
En relación a las Dras. Carina Gabriela Moreno y Andrea Raynoldi no se regulan sus honorarios por encontrarse comprendidas en lo establecido por el art. 18 del decreto-ley 7543/69.
4. Regístrese. El presente se notifica conforme art. 10 de la Ac. SCBA 4039/21.
A los efectos que corresponda se incluye el texto del art. 54 de la ley 14.967 : "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación." .
Firmas
Funcionario firmante: ISACCH Simon Francisco - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 514-2026
Fin de la sentencia