Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30236-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora en los términos del considerando 9°, tercer párrafo, de este pronunciamiento y, por consiguiente, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide.
2Dejar sin efecto la regulación practicada a fs. 193/194, en los términos indicados en el considerando 10.
3Reducir los emolumentos regulados en favor de los peritos que intervinieron en estas actuaciones, de conformidad con lo indicado en el considerando 11;
4Distribuir las costas de Alzada, de conformidad con lo expuesto en el considerando 9°, último párrafo, de la presente;
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Exp. 39.608/2023: “CINTELBA SA (TF 30236-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, junio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 133/138 vta., la Sala “E” el Tribunal Fiscal de la Nación: (i)
confirmó parcialmente la resolución DE PRLA 6432/11, dictada en la actuación SIGEA 12206-20694-2006, por la cual se exigió a Cintelba S.A. el pago de tributos —Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA— equivalente a la suma de $59.556,48, con más el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y los intereses del art. 974 del C.A., que deberían calcularse desde el 13/12/06 hasta la fecha de su efectivo pago, con costas a cargo de la actora; y (ii) revocó la resolución de marras, en punto al Factor de Convergencia y a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, con costas por su orden.
Para evaluar la procedencia de la aplicación del “método del último recurso”
previsto en el artículo 7º del Acuerdo de Valor, a efectos de apreciar las destinaciones de importación para consumo documentadas mediante DI Nº 01-073-IC04-001047-J, 01-073- IC04-002734-N, 01-073-IC04-030497-U, 01-073-IC04-143283-S y 01-073-IC04-153541-Z, el organismo jurisdiccional sostuvo que la inexistencia de contrato de compraventa hacía prácticamente imposible determinar el valor en aduana con arreglo al método de “valor de transacción”. Ello, por cuanto dicho elemento integraba el concepto “precio de transacción” según lo normado por el artículo 1º del Acuerdo de Valor.
En ese orden de ideas, precisó que el servicio aduanero había justificado debidamente, en el estudio de valor, la inaplicabilidad de los métodos previstos en los arts. 2º, 3º, 5º y 6 º del Acuerdo. En primer lugar, explicó que, si bien en las actuaciones existían otras videocasetas conteniendo obras audiovisuales donde había habido compraventas valoradas por el método de transacción, eso no las volvía idénticas ni similares a los casos en donde no hubo. Seguidamente, destacó que el “método deductivo” previsto en el artículo 5º tampoco resultaba aplicable, porque las mercaderías importadas no eran objeto de reventa en plaza. Por último, descartó la aplicación del “método de reconstrucción” contemplado en el artículo 6º del Acuerdo, en la medida en que la mayor parte de su valor venía explicado por el contenido intelectual incorporado en el formato físico.
Así, pues, estimó que en la especie se encontraba ajustado a derecho la aplicación del “método del último recurso” previsto en el artículo 7º del Acuerdo de Valor, en la medida en que no evidenciaba violación a los límites impuestos por el pacto internacional. En efecto, entendió que la forma en que el servicio aduanero empleó el método era coincidente con lo establecido en la Nota Interpretativa 2 al 7 del Acuerdo y, por tanto, que había aplicado con una flexibilidad razonable el método de valor de transacción previsto en el artículo 1º del Acuerdo, considerando el precio FOB declarado por la recurrente y adicionándole de manera extensiva el importe de los cánones y regalías (art. 8.1.c del Acuerdo), por el monto de los derechos de exhibición correspondientes a esas obras audiovisuales (cfr. art. 8.1.c del Acuerdo), como si hubiera habido compraventa.
A su turno, señaló que no resultaba procedente la aplicación del artículo 793 del C.A., por cuanto no existía una interpretación general emanada de la autoridad competente con anterioridad al pago formulado por la importadora al tiempo del registro de las solicitudes de destinación.
En punto al “Factor de Convergencia”, estimó que resultaba de aplicación lo dispuesto por la Corte federal en el marco de la causa “Jurado Golf S.A. c/EN – DGA – resol. 433/07 (ADEZ) s/ Dirección General de Aduanas”, fallo del 1°/11/21; motivo por el cual revocó la exigencia de dicho concepto. Con relación a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, consideró que correspondía estar a la jurisprudencia sentada por la Corte en la causa “Cladd ITA S.A. c/EN DGA resol.2590/06”, del 26/11/19; revocando también su procedencia.
En cuanto a la aplicación del “Coeficiente de Estabilización de Referencia”
(CER), señaló que los tributos en cuestión debían liquidarse en dólares estadounidenses y que se trataban de hechos imponibles ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley 25.561. En tal sentido, recordó que la determinación en dólares de las importaciones para consumo no podía ser interpretada como un mecanismo de indexación por precios, ya que no cabía suponer que el legislador hubiese actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, y que, por aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, la obligación tributaria “nació expresada en dólares estadounidenses, subsistiendo como tal al 6/1/2002 (…), no habiéndose pesificado con anterioridad a la fecha, por lo cual resultó alcanzada por la pesificación dispuesta por el art. 8° del decreto 214/2002”. Fue así como, en definitiva, entendió que la liquidación notificada a la actora había sido correctamente expresada en moneda nacional, ya que en dicha fecha se encontraba vigente el decreto 214/02, mediante la cual se dispuso la pesificación de las obligaciones tributarias.
Finalmente, estimó que sobre la exigencia tributaria ajustada por CER debían computarse los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento del plazo de 10 días contados desde la fecha de notificación del cargo tributario y hasta su efectivo pago; ello, conforme a la tasa prevista por el artículo 794 del Código Aduanero.
2. Que, disconforme con lo resuelto, Cintelba S.A. interpuso y fundó recurso de apelación (fs. 148 y 154/166vta; respectivamente), que se concedió en los términos del art. 1172 y 1173 del C.A. (fs. 168), y que fue replicado por su contraria (fs. 179/191). En su presentación, la firma actora expone lo siguientes argumentos:
-El Tribunal Fiscal prescinde indebidamente de la aplicación del art. VII.5 del GATT: Básicamente, afirma la imposibilidad de aplicar, para importaciones del año 2000, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Exp. 39.608/2023: “CINTELBA SA (TF 30236-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el “método flexible o residual” previsto en el art. 7 del Acuerdo de Valor, por ser contrario al apartado 5 del artículo VII del GATT, en el que se sientan, textualmente, “los criterios y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos a derechos de aduana o de otras cargas o restricciones basados en el valor o fijados de algún modo con relación a éste, deberían ser constantes y dárseles suficiente publicidad, para permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de exactitud, el valor en aduana”. Explica que la resolución apelada tuvo en cuenta sólo el artículo 7º basándose en sentencias en causas análogas en las que el apelante había admitido la aplicación de dicha norma, e insiste en que dicho criterio de valoración debe utilizarse para los hechos posteriores y no respecto de despachos tramitados seis años antes porque resulta imprevisible para los importadores.
Señala que no corresponde jurídicamente la inclusión de los importes pagados en concepto de licencia para el pago de los derechos de importación, ya que ése no era el criterio asumido por el servicio aduanero sino hasta el dictado de la nota 12/05 del año 2005. Concluye, entonces, en que el cobro retroactivo de una suma de dinero por aplicación de un método indeterminado de valoración, como lo es el del artículo 7 del Acuerdo, deriva en criterios irrazonables que no son compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y vulnera lo normado en el VII.5 del GATT.
-Incorrecta aplicación de intereses al monto ajustado por CER: Expresa su desacuerdo con la sentencia apelada sobre la base de tres premisas: (i) resulta improcedente la duplicidad del ajuste entre el CER y la tasa de interés, pues incurre en una doble actualización de la obligación tributaria; (ii) no se estableció cuál sería la tasa aplicable al caso de autos; y (iii) no se tuvo en cuenta el tiempo que demoró el procedimiento aduanero y el trámite de la apelación ante el Tribunal Fiscal, a efectos de suspender el cómputo de los intereses durante el período de inimputabilidad de la mora.
-Violación al derecho de defensa en juicio por irrazonable demora en la resolución del caso: Alega la injustificada demora en la tramitación del procedimiento administrativo, sobre la base del concepto de “plazo razonable”, que surge del precedente de la Corte federal en el marco de la causa “Losicer” (Fallos: 335:1126).
-Incorrecta imposición de costas: En lo pertinente, señala que la sentencia apelada se aparta injustificadamente del principio objetivo de la derrota al imponer las costas por su orden, toda vez que —durante los once años que duró el pleito en sede administrativala demandada nunca manifestó intención alguna de reconocer el derecho de su parte frente a la imposibilidad de reclamar después de vencidos los ejercicios de los anticipos y percepciones de IVA adicional y Ganancias. En efecto, precisa que, recién después del dictado del precedente “Cladd” por la Corte federal, la Aduana comenzó a reconocer su error.
3. Que, a fs. 193/vta, se regularon los emolumentos de la Dra. María Josefina Silva Risso, que fueron apelados por altos y por bajos (cfr. fs. 204 y 207, respectivamente) y los recursos concedidos en los términos del artículo 224 del CPCCN a fs. 210.
A su turno, a fs. 228/229, se regularon los honorarios correspondientes al perito ingeniero, Julio Cesar Carosella, y al perito contador, Mario Hugo Lungarini, que fueron apelados sólo por altos (fs. 238 y 246/vta.) y concedidos en los términos del artículo 244 del CPCCN a fs. 249.
4. Que, previo a ingresar en el estudio de los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal, corresponde señalar que no fue objeto de controversia el ajuste de valor en aduana realizado sobre las importaciones documentadas mediante D.I. N° 01 073 IC04 002731 K; 01 073 IC04 017251 N; 01 073 IC04 064503 P; 01 073 IC04 078148 C; 01 073 IC04 110906 Y; 01 073 IC04 116725 T; 01 073 IC04 123508 Z; 01 073 IC04 166115 R; y 01 073 IC04 025141 K. Tampoco está en discusión la inclusión del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) al monto reclamado en concepto de tributos adeudados.
En tal contexto, los agravios exigen considerar las siguientes cuestiones en el orden que se describe a continuación: (a) la extinción de la acción del Fisco para exigir los tributos, por afectar la garantía del “plazo razonable”; (b) la incorrecta determinación del ajuste de valor en aduana respecto de las destinaciones documentadas mediante DI N° 01 073 IC04 001047 J, 01 073 IC04 002734 N, 01 IC 073 IC04 030497 U, 01 073 IC04 143283 S y 01 073 IC04 1535541 Z; (c) lo relativo al cómputo de intereses sobre el monto actualizado mediante la aplicación del CER; (d) la distribución de costas por su orden, en lo que respecta a los rubros excluidos de la obligación tributaria.
5. Que, así las cosas, corresponde examinar la supuesta afección de la garantía a obtener una decisión en un plazo razonable (doc. Fallos: 335:1126), con sustento en la cual la firma actora pretende que se declare extinta la acción del Fisco para exigir el cobro de tributos regidos por legislación aduanera.
Por razones de brevedad, procede remitir mutatis mutandi a cuanto tiene dicho el Tribunal en la causa “Iveco Argentina SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo” (CAF 56.632/15, sentencia del 14/5/16), para desestimar la aplicación de la doctrina invocada por la firma actora sobre la base de que en autos no está involucrada la potestad punitiva estatal.
6. Que, tampoco puede prosperar el agravio vinculado con la determinación del valor en aduana de las importaciones documentadas mediante D.I. N° 01 073 IC04 001047 J, 01 073 IC04 002734 N, 01 073 IC04 030497 U, 01 073 IC04 143283 S y 01 073 IC04 153541 Z, con arreglo a que, por aplicación del apartado 5 del art. VII del Acuerdo General, no corresponde la determinación de derechos de importación sobre la base del método CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Exp. 39.608/2023: “CINTELBA SA (TF 30236-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
“residual” o “flexible” del Acuerdo de Valor, por vulnerar el derecho consagrado del importador de conocer, con un grado razonable de exactitud, sus costos de importación. Sobre este punto, conviene dejar sentado que los ajustes de valor en materia de importaciones deben formularse siguiendo los lineamientos del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G.A.T.T.) de 1994 –ley 23.331, modificada por su homónima 24.425–.
Este documento establece —fiel a los objetivos expresados en su preámbulo— que el valor en aduana de las mercaderías importadas será el “valor de transacción”; es decir, que éste, tal como es definido en su artículo 1° –el precio realmente pagado o por pagar por la mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación–, es la primera base para determinar el valor en aduana de conformidad con el Acuerdo, quedando excluido el empleo de valores ficticios, arbitrarios, e instaurándose una noción positiva de valor.
Ahora bien, cuando no se pudiera determinar el valor en aduana por aplicación del artículo 1°, el Acuerdo dispone pasar al siguiente método y así sucesivamente. De este modo, el artículo 2° establece que, cuando el valor de una mercadería no pueda fijarse según el método de valoración de transacción, deberá hacérselo con arreglo al de transacción de mercaderías idénticas, vendidas para exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las mercaderías objeto del segundo método (valor de mercadearía idéntica), según el cual se debe establecer en función de la valoración o en un momento aproximado. El tercer método (valor de mercaderías similares) prevé que el valor en aduana se determinará sobre la base del valor de transacción de mercaderías semejantes, con los mismos recaudos y condiciones de aplicación que el método anterior (art. 3°).
Cuando no resulte posible fijarlo de acuerdo con los artículos anteriores, debe aplicarse el método deductivo, según el cual el valor en aduana se obtiene a partir de deducciones que se practican al precio al que se vende el mayor número unitario de las mercaderías importadas, en el momento de importación o en un momento aproximado y a personas no vinculadas, deduciendo los gastos posteriores a la importación (art. 5°). Si resultase imposible valorar por los métodos anteriores, debe recurrirse al método de valor de reconstrucción, mediante el cual se reconstruye el valor en aduana a partir la sumatoria de los materiales utilizados, los beneficios y gastos que suelen añadirse a las ventas de mercaderías de la misma especie por productores del país exportador en operaciones de exportación al país de importación, y los costos de los demás gastos que deban tenerse en cuenta (art. 6°). En última instancia, el método del último recurso (art. 7°) prevé que el valor en aduana se determinará “según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el art. VII del Acuerdo General sobre la base de datos disponibles en el país de importación”; encontrándose únicamente limitado por las prohibiciones previstas en el artículo 7.2 que vedan el empleo de ciertos sistemas de valoración, a saber: a) el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país; b) un sistema que contemple la aceptación, a afectos de la valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles; c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador; d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hubiesen determinado para mercancías idénticas o similares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6; e) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación; f) valores en aduana mínimos; g) valores arbitrarios o ficticios. En esa misma línea de pensamiento, el art. 17 del Acuerdo de Valor señala que:
“[n]inguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”. Ello, con la finalidad de hacer cumplir al importador la obligación de declarar en forma completa, precisa y veraz, todos los elementos que puedan incidir en la determinación del valor (en sentido concordante, esta Sala, in re, “Kossokoff, Marío José –TF 8499-A – c/ ANA”, sent. del 30/4/98 y Sala III in re “Electrónica JS SRL TF 23098–A c/DGA”, sent. del 20/4/17).
7. Que, así reseñado el marco normativo aplicable y con relación al supuesto bajo examen, la doctrina especializada advierte que, en los casos en que se importen películas en donde no media contrato de compraventa, corresponde aplicar los métodos alternativos de valoración mencionados, pues el “valor de transacción”, esto es, el método que enuncian los artículos 1° y 8° del Acuerdo de Valor, sólo puede aplicarse cuando las importaciones han sido objeto de una venta (cfr. Zolezzi, Daniel, “La valoración aduanera: el caso especial de las películas de cine”, Estudios de Derecho Aduanero, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pág. 178/179, énfasis añadido). Ello es así, por cuanto la venta constituye uno de los elementos que indudablemente integra el concepto de precio de transacción contenido en el art. 1° del Acuerdo de Valor.
Desde esa perspectiva, el planteo de la importadora no puede prosperar por los siguientes fundamentos.
Por un lado —y aunque obvio—, resulta absurdo sostener que el servicio aduanero aplicó de manera retroactiva el método “residual” o “flexible” del Acuerdo de Valor a las importaciones registradas en el año 2001, en las que no habría mediado compraventa. Ello es así, porque tanto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio como el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 24.425. Este ordenamiento, que aprueba los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Exp. 39.608/2023: “CINTELBA SA (TF 30236-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, fue sancionado el 7 de diciembre de 1994 y promulgado el 23 de diciembre del mismo año; siendo, por tanto, anteriores a la fecha en que se registraron las importaciones objeto de autos. Por otro lado, si bien es cierto que el método del artículo 7° del Acuerdo de Valor exige que la valoración se haga “según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación”, y estos principios y disposiciones establecen, entre otras cuestiones, que los criterios y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos a derechos de aduana o a otras cargas o restricciones basadas en el valor, o fijados de algún modo en relación con este, deberían ser constantes y darse suficiente publicidad para permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de exactitud, el valor en aduana (cfr. art. VII.5 del Acuerdo General), no es menos cierto que la valoración confirmada por el Tribunal Fiscal ―hecha por el servicio aduanero sobre la base del artículo 7° del Acuerdo― se sustentó en una interpretación flexible del método de “valor de transacción”, fijado en los arts. 1° y 8° del Acuerdo; conforme lo normado por el párrafo 2° de la Nota Interpretativa del aludido método, y tal cual lo recepta la doctrina especializada en la materia.
Asimismo, no resulta ocioso recordar que la pauta valorativa aludida ya existía al momento de registrarse las operaciones en trato, independientemente de que luego fueran explicitadas mediante la Nota Externa 12/05 y la Disposición 67/05 emitidas por la Dirección General de Aduana (en sentido similar, esta Sala in re “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 2282-9) c/DGA”, sent. del 25/11/10).
La situación descripta se desprende inequívocamente del art. 793 del C. A., mediante el cual, si bien prohíbe formular determinaciones tributarias suplementarias fundadas en criterios adoptados “con posterioridad al momento del pago originario y que modificare la interpretación general, hasta entonces vigente, de conformidad con la cual dicho pago hubiere sido efectuado”, no impide, en cambio, la aplicación de una determinada norma a circunstancias ocurridas con anterioridad a su dictado, si ésta sólo constituye la explicación del criterio del organismo aduanero para la aplicación de las normas que se encontraban vigentes a la fecha del registro de la solicitud de destinación (Fallos: 328:1750 y 1760, disidencia de los jueces Maqueda, Zaffaroni y Boggiano).
Es decir, contrariamente a lo sostenido por la empresa importadora, no es cierto que el ajuste de valor en pugna haya derivado en criterios irrazonables incompatibles con las normas que regulan las valoraciones aduaneras, toda vez que se respaldó en una pauta valorativa que ya estaba vigente en el año 2001; todo lo cual no puede enervar la liquidación suplementaria formulada por la demandada.
Así, con sustento en todo lo expuesto, corresponde concluir en que no le asiste razón a la actora en cuanto a que el ajuste de valor efectuado por el servicio aduanero, hecho sobre la base del método residual del art. 7° del Acuerdo de Valor, habría vulnerado los principios y las disposiciones del art. VII del Acuerdo General.
8. Que, en lo relativo al cómputo de los intereses sobre el monto actualizado por el CER, cabe recordar que los accesorios deben calcularse sobre el importe de capital ajustado por dicho coeficiente; sin que ello pueda ser caracterizado como un procedimiento de “actualización de deuda” prohibido por ley 23.928 (cfr. esta Sala “Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (TF 27232-A) c/ DGA”, sent. del 10/8/11, entre muchas otras).
A todo evento, las argumentaciones de la recurrente tendientes a que se sustituya la tasa de interés del artículo 794 del Código Aduanero para las deudas actualizadas con CER, por resultar ésta una “exacción ilegal”, resulta insuficiente a efectos de conmover lo decidido por el tribunal de origen (cfr. esta Sala in re “Alba Compañía de Seguros SA (TF 24450-A) c/DGA”, sent. del 19/10/23). Por tales motivos, corresponde también confirmar la decisión del tribunal administrativo en este punto.
9. Que, en cuanto al modo en que se distribuyeron los gastos causídicos, respecto de los rubros excluidos de la exigencia tributaria en trato, es dable recordar que el art. 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…” (subrayado añadido).
Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas). La modificación introducida por el art. 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/17) es de neto corte procesal y, como tal, de aplicación inmediata a los procesos en trámite (Fallos: 323:1285; entre muchos otros).
En ese orden de ideas, habida cuenta de que el recurso incoado por la recurrente ante el Tribunal Fiscal sólo prosperó respecto de la exclusión de los rubros “factor de convergencia” y de las “percepciones de IVA Adicional y Ganancias”, corresponde modificar la resolución apelada y, en consecuencia, imponer las costas a cargo del Fisco Nacional por la exclusión de dichos conceptos (cfr. arts. 68, primera parte, del CPCCN y 1163, modif. por ley 27.430, y 1182 de Código Aduanero).
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En sintonía con lo que antecede, ponderando la existencia de vencimientos parciales y mutuos ante esta Alzada, corresponde distribuir las costas de esta instancia en un 90% a cargo de la firma actora y en un 10% a cargo de la demandada (arg. arts. 71 del CPCCN y 1174 de Código Aduanero).
10. Que, corresponde ahora tratar las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios de fs. 193/vta.
Teniendo en cuenta lo decidido, por mayoría, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 341:1063 y 345:220; y ponderando que los trabajos realizados por la Dra. María Josefina Silva Riso, durante la tercera etapa de este proceso, fueron desarrollados bajo el amparo de la ley 27.423, déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 193/194, en cuanto el tribunal de origen aplicó la ley 21.839 para cuantificar los emolumentos de todas las tareas realizadas ante el Tribunal Fiscal, y a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al organismo de origen para que se practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente.
11. Que, en punto a las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios de fs. 228/229; de conformidad con lo establecido en el decreto ley 16.638/57 y en el decreto-ley 7.887/55, y teniendo en cuenta la entidad de los trabajos cumplidos y la importancia de la cuestión sobre la que debieron expedirse los peritos nombrados en autos, corresponde REDUCIR a la suma de $4.800, para cada uno, los honorarios de los peritos designados en autos, ingeniero Julio Cesar Carosella y contador Mario Hugo Lungarini. Se deja constancia que las retribuciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ―en su caso― deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales frente al citado tributo.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora en los términos del considerando 9°, tercer párrafo, de este pronunciamiento y, por consiguiente, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide.
2. Dejar sin efecto la regulación practicada a fs. 193/194, en los términos indicados en el considerando 10.
3. Reducir los emolumentos regulados en favor de los peritos que intervinieron en estas actuaciones, de conformidad con lo indicado en el considerando 11;
4. Distribuir las costas de Alzada, de conformidad con lo expuesto en el considerando 9°, último párrafo, de la presente;
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia