Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala II de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación y nulidad interpuesto a fs. 608, confirmando la sentencia dictada a fs. 593/605 por los argumentos brindados.
II. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 1º párr. del C.P.C.). III)
REGISTRADA BAJO EL Nº 282-S Fo. 1251/61 Expte. N° 153.524 Juzgado Civil y Comercial Nº 8.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 5 días del mes noviembre de dos mil trece, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “CINTIONI NORMA NELIDA C/ SOLOVIOFF MARCELO ALEJANDRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMPLIM. CONTRACTUAL”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1a.) Corresponde declarar la nulidad de la sentencia de fs. 593/605?
2a.) Caso contrario, ¿es justa?
3a. ) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. La sentencia de fs. 593/605 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 608.
El a quo rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por NORMA NELIDA CINTIONI contra MARCELO ALEJANDRO SOLOVIOFF, con costas a la actora vencida.
Simultáneamente reguló honorarios a los profesionales intervinientes. En el pronunciamiento apelado expresa el sentenciador que según antigua doctrina judicial, la responsabilidad en que incurre quien ejerce una profesión –por faltar a los deberes especiales que ésta le imponerequiere para su configuración los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Por tanto, en el juicio por mala praxis profesional de un abogado el actor deberá probar haber sufrido un perjuicio cierto y no meramente hipotético, ya que la pérdida de la ilusión de ganar un pleito no es indemnizable.
Señala que la actuación negligente que se achaca al accionado se apoya en varios puntos: no ejercitar la opción de continuar la acción pauliana incoada contra Pérez hasta la sentencia para luego verificar el crédito en el proceso concursal; solicitar la verificación del crédito en el concurso de Pérez sin acompañar ni ofrecer pruebas de la causa de la obligación; no promover el incidente de revisión ante la declaración de inadmisibilidad del crédito en el concurso, lo que ocasionó el desistimiento de la acción pauliana.
Destaca que la pérdida de chance es un daño resarcible en la medida que se vincula con la posibilidad fundada de una ganancia o una razonable expectativa de lucro que se ve frustrada por un incumplimiento contractual. Desde esa óptica, entiende que la actora no ha demostrado que tuviera una real chance de cobrar su crédito en sede concursal.
Puntualiza que la acción pauliana no procura el reconocimiento de un crédito verificable en el concurso sino la declaración de inoponibilidad de un negocio jurídico celebrado entre el deudor y un tercero en perjuicio del acreedor, pretensión de poco interés una vez abierto el juicio universal. Observa además que –a la luz de los escasos elementos de prueba aportados en este proceso- es altamente improbable que el juez concursal hubiera hecho lugar a la revisión, pues el letrado demandado no contaba con respaldo suficiente para acreditar las entregas de dinero que se pretendió documentar en el reconocimiento de deuda suscripto por el concursado, y menos aún la sinceridad de su contenido.
Advierte que el accionado no tenía en su poder el instrumento original del préstamo, y que los testimonios ofrecidos dan cuenta de sus dificultades para contactar a la Sra. Cintioni. Enumera las distintas circunstancias que obstaculizaban acreditar la sinceridad de dicho acuerdo, así como la imposibilidad de obtener su cobro en el proceso concursal ante la insuficiencia del patrimonio del deudor para afrontar el pasivo verificado. Concluye que aun cuando el pedido de verificación prosperara, la actora tenía una mínima probabilidad de percibir el crédito, sumado ello a la envergadura económica de los eventuales gastos y costas del proceso. Considera que tampoco se ha acreditado el daño moral reclamado, por lo que –constatada la falta de ocurrencia del perjuicio- no es necesario indagar acerca de los restantes presupuestos de la responsabilidad civil.
Agrega que la elección de los medios técnicos procesales adecuados es incumbencia específica del letrado patrocinante, y que el demandado lejos estuvo de desplegar una actividad antijurídica al optar por la verificación del crédito. Destaca que –contrariamente a lo afirmado por la actora- la acción pauliana siguió su curso dictándose sentencia que rechazó la demanda, y que ante la falta de elementos probatorios suficientes para demostrar el negocio causal del pretenso crédito, no puede imputarse responsabilidad alguna al demandado por no promover el incidente de revisión.
Subraya que la obligación primaria del abogado es de medios, y que la actora no ha probado que su interés se frustró por no haber aportado el profesional los elementos técnicos necesarios para obtener la satisfacción de su crédito.
II. El apelante expresa sus agravios a fs. 644/655, que son respondidos a fs. 657/675.
En su extensa exposición transcribe distintos pasajes de los considerandos del fallo, planteando su disconformidad con los fundamentos y conclusiones a que arriba el juez de la instancia de origen. Solicita que se declare la nulidad del pronunciamiento, aduciendo que carece de fundamentación, que se han violado las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso así como el principio de congruencia, y que el a quo dictó una “sentencia anticipada” del juicio de revisión violando la jurisdicción del juez concursal y “adivinando” su resultado.
III. El planteo de nulidad.
Como ya he señalado en anteriores pronunciamientos (v.
esta Sala, Exptes. 137.677 S. 12-4-07 Reg. 59-S, 132.508 S. 11-12-07, Reg. 1116-S, 134.896 S. 13-3–08 Reg. 56-S, entre otros), antes de ejercitar la función revisora que compete a este Tribunal, corresponde determinar si se está ante un dispositivo sentencial intrínsecamente válido, dictado con sujeción a los principios que hacen al debido proceso y al ejercicio del derecho de defensa, de raigambre constitucional y supranacional, toda vez que dentro de los deberes de los magistrados –como expresa el recordado jurista platense Gualberto Sosa-, asume fundamental importancia que las resoluciones se ajusten fielmente a los postulados dogmáticos de nuestra codificación suprema, local y –agrego- tratados internacionales de jerarquía constitucional, según corresponda (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8 CADH, 11 y 15 CPBA; Sosa G. “Recaudos constitucionales para una sentencia válida. Contenido y motivación”, JA 1981-III-781).
Ello es así en la medida que no se puede abrir la instancia de revisión de este órgano jurisdiccional si el decisorio atacado no posee sustento en aquellos requisitos que permitan concluir en su validez, para luego examinar la procedencia del recurso interpuesto (C.Civ. y Com. Morón, sala 2da., 2-2-06, expte. 50.552, Lexis Nexis Nº 70022218). Como es sabido, la validez del fallo que pone fin al proceso está supeditada al cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 163 del C.P.C. que hacen, por un lado, a las formas extrínsecas del pronunciamiento (tiempo, lugar y forma), y por otro a su contenido, consistente en el tratamiento particularizado y decisión expresa de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (principio de congruencia), consignando los fundamentos y la aplicación de la ley que hicieron a la convicción del magistrado para adoptar la solución de la causa (deber de fundamentación, principio de legalidad).
Es imprescindible que la sentencia explicite el trayecto lógico recorrido por el órgano jurisdiccional al emitir el juicio que ella representa; en otras palabras, que describa el desarrollo del razonamiento del juez al analizar los supuestos de hecho admitidos y, en su caso, las pruebas que los verifican, para subsumirlos luego en los preceptos jurídicos. Sólo así es posible determinar si el fallo responde a circunstancias objetivas, si se han respetado las garantías de imparcialidad y debido proceso, y si se adecua al principio de legalidad, esto es, si se han aplicado correctamente las normas vigentes (Cfr. Sosa, G.L., op. cit.; SCBA, Ac. 43.436 “Baquero, Eduardo s/ incidente”, S. 21-5-91; esta Sala, Expte. 132.508 S. 11-12-07 RSD. 1116).
Trasladando estos conceptos al sub judice y compulsadas las constancias de autos, no se observa que -al emitir su decisión- el juez de primer grado haya incumplido los aludidos recaudos de validez constitucional (art. 163 y ccdts. C.P.C.). En particular, no advierto infracción alguna al principio de congruencia o violación del deber de fundamentación, ni agravio a las garantías constitucionales invocadas por el apelante que justifiquen la sanción de nulidad pretendida.
El a quo ha ajustado el pronunciamiento a la cuestión objeto de la controversia (daños por pérdida de chance del cobro judicial de un crédito, ocasionados por presunta mala praxis profesional del abogado), expresando las razones que avalan la decisión y las normas jurídicas que constituyen su basamento. La discrepancia del recurrente sobre el acierto de la solución escogida ya no hace al ámbito de validez de la sentencia sino a su justicia, y es obviamente materia de la instancia de revisión (art. 242 y ccdts. C.P.C.).
Sin perjuicio de ello, considero necesario extenderme sobre una de las objeciones formuladas: la relativa a la probabilidad de obtener una sentencia favorable al crédito reclamado por la actora en el concurso preventivo de Pérez. Sostiene el quejoso que el a quo infringió la jurisdicción del juez del concurso “adivinando” el resultado del hipotético incidente de revisión pues desconocía la prueba que podía llegar a ofrecerse, y que se apoyó en su mera opinión violando las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de su parte.
Pasa por alto el recurrente que, como señalan pacífica doctrina y jurisprudencia, la “chance” como rubro indemnizable importa la frustración de una probabilidad, en la que conviven elementos de certeza e incertidumbre entre los cuales debe moverse la apreciación judicial, para establecer el grado de probabilidad fáctica con que contaba el presunto damnificado para obtener un beneficio o evitar una pérdida (cfr. CNac.Civ. Sala K, “Zapata c/ Martino y otro s/ daños y perj.” S. 3-4-2008; idem Sala L, “P.L.J. c/V.L. s/ daños y perj.” S. 2-6-2009, entre otros).
En el caso en estudio, se reclama la privación de la chance de cobrar un crédito en base al incierto resultado de un proceso judicial (el incidente de revisión) que no fue articulado y que ya no puede promoverse; como destaca Zannoni, “La situación es definitiva; nada se modificará ya; … el demandado ha detenido el desarrollo de una serie de hechos que podían ser fuente de ganancias o pérdidas… el álea traduce la realización misma del daño” (v. Zannoni, Eduardo, “El daño en la responsabilidad civil”, Astrea, Bs. As. 2005, pág. 105 y ss.).
Acuerda la doctrina mayoritaria que el triunfo en un pleito es un evento aleatorio; por tanto, la culpa del abogado relativa al entablamiento o desarrollo de un proceso no puede significar más que la pérdida de la chance de ganar ese juicio. Desde esta óptica, “la primera pauta para cuantificar la chance que se alega perdida es establecer si existía la posibilidad de que ella se produjera efectivamente o no, pues en este último caso ya no sería una chance sino una ilusión o una quimera… Esta determinación de la seriedad de las oportunidades perdidas debe realizarse a partir de lo que Yzquierdo Tolsada ha llamado “un juicio sobre el juicio”, es decir, una evaluación a la luz de las constancias documentales del expediente perimido o de la acción frustrada, de cual era la situación en él de los derechos del actor y cuál su verdadera posibilidad de éxito en la litis” (Cfr. Trigo Represas-López Mesa, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. L.L. Bs. As. 2011, V. VII pág. 399 y ss., el destacado me pertenece).
En suma, determinar si la conducta omisiva del profesional demandado frustró una “razonable expectativa” de lograr una sentencia favorable a las pretensiones de su cliente en el proceso concursal, obligaba al juez de primera instancia a analizar, en base a los elementos objetivos aportados por la reclamante, cuales eran sus concretas probabilidades de obtener un resultado judicial exitoso. Ello en modo alguno puede calificarse como un acto de “adivinación” –según alega el nulidicenteen la medida que el juez elabora su juicio de probabilidad apoyándose en elementos concretos y objetivos; tampoco importa invadir la esfera de competencia del juez concursal, cuya jurisdicción –en lo que aquí interesaquedó agotada con la declaración de inadmisibilidad del crédito. Menos aún vulnerar garantías constitucionales, cuando la actora tuvo todas las posibilidades de ofrecer y producir las pruebas que hacían a la defensa de sus derechos, demostrando que el letrado contaba con elementos concretos para resultar ganancioso en el frustrado pleito.
Por las razones brevemente expuestas, el planteo de nulidad formulado carece de todo fundamento y debe ser rechazado (arts. 163 y 253 del C.P.C.).
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO J.
LOUSTAUNAU VOTO EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. Los agravios.
Clarificada la primera cuestión, corresponde analizar los agravios que apuntan a la injusticia del pronunciamiento, no sin antes recordar que según aconsejaba el maestro José Ramiro Podetti, “…Como las sentencias y las demás piezas jurídicas que integran el proceso, la expresión de agravios debe ser precisa, concreta, clara y concisa… debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada y concisa, “por qué” la sentencia no es justa… mostrar lo más objetiva, clara y sencillamente posible, los “agravios”… Procediendo así, cumple con los deberes de colaboración y respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo” (Cfr. Podetti, J. Ramiro, “Derecho procesal civil, comercial y laboral- Tratado de los recursos”, Ed. Ediar, Bs.As., 1958, pág. 163 y ss.).
La pieza de fs. 644/655 escasamente responde a esas exigencias de claridad y concisión, no sólo por su extensión sino fundamentalmente por la reiteración de conceptos (que en ocasiones se contradicen unos con otros) y el desorden de la exposición, lo que dificulta su lectura y resta eficacia a la argumentación. No ignoro que -en aras de defender acabadamente los derechos de su cliente- el abogado puede ser vehemente y hasta reiterativo en la formulación de los agravios, pero sin perder de vista elementales exigencias de precisión y economía de medios en el modo de desarrollar sus conceptos que faciliten la labor del Tribunal, coadyuvando a una mejor administración de justicia.
Dicho esto, procuraré resumir los agravios que se plantean en pos de la revocación del fallo, excluyendo las cuestiones ya analizadas sobre la pretendida nulidad del pronunciamiento:
1. El juez erróneamente interpreta que la actora pretendía verificar su crédito mediante la sentencia a dictarse en el juicio sobre acción revocatoria, extremo que nunca fue alegado por su parte.
2. El a quo utiliza argumentos para exculpar al accionado que éste no expuso, tales como manifestar que sólo contaba con una copia simple del mutuo, evidenciando “parcialidad”.
3. El demandado fue negligente en su intento por verificar el crédito. También lo fue al omitir promover el incidente de revisión, pues estaba legalmente obligado a hacerlo. Nunca le informó a su cliente de la solicitud de verificación, ni su declaración de inadmisibilidad. Tampoco le solicitó la documentación original suscripta por el deudor ni ningún otro elemento para intentar la revisión.
4. La actora podía resultar gananciosa en el incidente de revisión, demostrando la causa de la obligación mediante la compulsa de los libros contables del concursado Pérez, el informe de las transferencias de dinero efectuadas en el Banco Francés y el juicio de ejecución del pagaré promovido en Capital Federal.
5. La actora tenía chances de cobrar el 40% de su crédito en el concurso preventivo, ya que Pérez era titular del 12% del inmueble sito en calles Rivadavia y La Rioja de esta ciudad, y del fondo de comercio que allí funciona.
II) 1. Llama la atención que el apelante adjudique a una errónea interpretación del juez de primera instancia (a quien atribuye un “asombroso desconocimiento” de los hechos motivo del pleito) una cuestión que fue planteada en forma expresa en el escrito de demanda, suscripto por el mismo letrado que se agravia del decisorio.
La actora afirmó en el punto III de aquella presentación, bajo el título “Fundamento de la responsabilidad” que “ante la apertura del concurso el demandado tenía la opción de optar por la excepción del art. 21 de la ley 24.522 y continuar con el proceso de conocimiento “Cintioni c/ Pérez s/ acción revocatoria” hasta la sentencia y utilizar dicha sentencia para verificar (conf. art. 56 ley 24.522)…” (v. fs. 87 vta. 6to. párr., el destacado me pertenece). Agrega más adelante que “lo primero que hay que tener en cuenta es la opción realizada de verificar en el concurso preventivo del Sr. Omar R. Pérez en lugar de continuar el trámite de los autos “Cintioni c/ Pérez s/ Acción revocatoria”… de continuar con dicha opción, según la excepción del artículo 21 de la ley 24.522 y utilizar dicha sentencia para verificar en el concurso preventivo (art. 56 del mismo cuerpo normativo) dicho crédito en principio hubiera estado reconocido por el concursado…” (v. fs. 90 segundo párr., el destacado me pertenece).
Los párrafos transcriptos demuestran a las claras que el planteo (jurídicamente erróneo, como se advierte en el fallo y admite el propio apelante en sus agravios) lejos de reflejar una mala lectura del expediente por el juez de la instancia anterior, fue introducido por quien ahora pretende negar sus propios argumentos.
Por lo demás, emana de las constancias de los autos “Cintioni Norma Nélida c/ Pérez Omar Rodolfo s/ acción revocatoria o pauliana” cuyas copias certificadas se agregan por cuerda, que la solicitud de verificación presentada por el demandado en el concurso preventivo de Pérez ninguna incidencia tuvo en el trámite de las actuaciones mencionadas, que siguió su curso con independencia de las alternativas del proceso concursal.
2. Afirma el apelante que “el accionado nunca manifestó en el juicio que solo contaba con una copia simple del mutuo”, y que dicho argumento fue introducido por el juez para exculparlo incurriendo en “parcialidad manifiesta”. En verdad, el a quo meritúa que el letrado “carecía del documento original en el cual se encontraba instrumentado el préstamo” (v. fs. 599 último párr.), extremo que no sólo fue afirmado por el demandado en su responde (v. fs. 122 3er. párr., 122 vta. 2do. párr.; fs. 123 4to. párr.; 123 vta. 1er. párr.) sino que fue implícitamente admitido por la propia actora en el escrito de demanda, donde sostiene que el letrado contaba con “la copia certificada del mutuo en cuestión” (v. fs. 90 3er. párr., 90 vta. 2do. párr.).
A mayor abundamiento, surge de las constancias del expte. “Cintioni Norma Nélida c/ Pérez Omar Rodolfo s/ ejecutivo” que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 16 de Capital Federal (agregado por cuerda) que –como alega el demandado- la Sra. Cintioni encomendó el cobro de la acreencia a otro letrado (el Dr. Fernando Díaz), quien promovió la ejecución ante la jurisdicción ordinaria de la ciudad de Buenos Aires acompañando el instrumento original suscripto por Pérez (v. fs. 7 vta. in fine). Por ende, el juez no hizo sino merituar un hecho alegado y probado en la causa (arts. 163 incs. 4° y 6°, 375 y 384 del C.P.C.).
3. Adentrándonos en los aspectos centrales de la controversia y despejada la cuestión relativa a la acción pauliana (que no quedó “desistida” -como se afirma en la demanda- sino que siguió su curso hasta el dictado de sentencia), el apelante insiste en adjudicar al accionado una actuación profesional negligente apoyándose en dos extremos: la declaración de inadmisibilidad del crédito en la instancia verificatoria, y la omisión de promover el respectivo incidente de revisión.
Aunque ambos puntos han sido objeto del debido análisis por el juez de primer grado, entiendo oportuno efectuar algunas consideraciones adicionales.
Alega el apelante que “la prueba fundamental de la negligencia del demandado está contenida en su actuación en el concurso preventivo … ya que consta la ineficiente verificación de crédito, la resolución judicial de los informes individuales que declaran inadmisible el crédito de la actora…” (v. fs. 651 2do. párr.).
Pareciera ser que -según el quejoso- la pretendida negligencia vendría determinada por el rechazo del crédito, prescindiendo de las particularidades del contrato de mandato que vinculó a las partes, las circunstancias del caso y los fundamentos de la decisión judicial adversa a las pretensiones de la reclamante. Semejante razonamiento sólo tendría asidero si el profesional estuviera obligado a garantizar un resultado exitoso de su labor, lo que es a todas luces absurdo.
Como subraya el juez de la instancia anterior, acuerdan doctrina y jurisprudencia que “El abogado no tiene la obligación de salir victorioso en la litis, pero sí la de gestionar correctamente los asuntos que se le confían… La obligación del abogado en una litis es una obligación de medios, puesto que la tramitación de un proceso judicial por parte de un abogado no puede comprometer a éste a obtener un resultado” (cfr. Trigo Represas- López Mesa, op. cit. págs. 404/05).
Ha quedado demostrado con el abundante material probatorio aportado que el mandato otorgado por la actora al Dr. Solovioff no tenía por objeto el cobro judicial de la deuda reconocida por Pérez con fecha 29-10-99, tarea que –como ya antes señalé- fue encomendada a otro letrado en jurisdicción de la Capital Federal (v. expte. “Cintioni c/ Pérez s/ ejecutivo” agregado por cuerda). Paralelamente, admitió la accionante en su demanda que no dio instrucciones al Dr. Solovioff para solicitar la verificación de aquel crédito en el concurso preventivo de Pérez –decisión que según ella se habría adoptado de manera inconsulta- (v. fs. 84, 2do. párr.) y que el letrado no tenía en su poder el instrumento original del reconocimiento de deuda sino una copia certificada que se adjuntó al juicio sobre acción pauliana.
Ante tal estado de cosas, es indudable que –lejos de proceder negligentemente- el accionado cumplió con sus obligaciones al intentar la verificación con el escaso material probatorio con que contaba, realizando una gestión conservatoria urgente del crédito de su mandante dado el inminente vencimiento del término fijado en el proceso concursal para la presentación de los acreedores ante la Sindicatura (el plazo vencía el 26-2-2008 y la solicitud de verificación data del 25-2-2008, según surge de las constancias de los autos “Pérez Omar s/ concurso preventivo” agregado por cuerda).
Resulta francamente contradictorio afirmar que no se encomendó al Dr. Solovioff peticionar la verificación (lo que implica que tampoco se le proveyó del pertinente material probatorio), y reprocharle – simultáneamente- que su presentación fue rechazada, cuando el rechazo obedeció precisamente a la inexistencia del título original del crédito y de elementos que justificaran la causa de la obligación (v. fs. 35/36vta.). En otras palabras: ante la apertura del concurso preventivo del deudor el accionado adoptó una medida conservatoria urgente; ni se extralimitó en sus funciones (ya que la actora –a tenor de sus propios dichos- no le confió la gestión a otro profesional), ni tampoco actuó negligentemente, a la luz del escasísimo material probatorio con que contaba (arts. 1916, 1917 y ccdts. del C. Civil).
Sentado ello, el otro punto en conflicto -la omisión de promover el incidente de revisión- ya fue extensamente analizado en el fallo. Destaca el a quo que la instancia de revisión es un proceso de pleno conocimiento con mayores exigencias probatorias y que el letrado no contaba con respaldo suficiente para demostrar la legitimidad y sinceridad del reconocimiento de deuda suscripto por el concursado, lo que hubiera conducido –casi con certeza- al rechazo de la vía incidental.
En tales circunstancias, ¿estaba obligado el profesional –como pretende la actora- a promover un incidente sin elementos que permitieran avizorar alguna perspectiva de éxito y sin recibir expresas instrucciones de su mandante en ese sentido? Huelga decir que la respuesta a este interrogante debe ser negativa.
4. Extendiéndome en este último punto y como acertadamente señala el a quo, el material aportado a la causa pone en evidencia que las chances de obtener un pronunciamiento favorable en un eventual pedido de revisión eran prácticamente nulas (arg. arts. 37, 281 y ccdts. LCyQ; 375 y 384 del C.P.C.).
Veamos: alega el apelante que podía demostrarse la causa de la obligación mediante la compulsa de los libros contables del concursado Pérez, el informe de las transferencias de dinero efectuadas en el Banco Francés y el juicio de ejecución del pagaré promovido en Capital Federal.
Sin embargo, surge del expediente concursal que Pérez declaró no llevar libros de comercio (v. fs. 50); la Sindicatura, por su parte, dictaminó que “no existen evidencias ni contables, ni registrales ni documentales que avalen el instrumento traído a verificar y que por consecuencia comprueben dicho préstamo…” (v. fs. 218 ap. p); la pretensión verificatoria, además, fue impugnada por el concursado.
Tampoco favorecía a las pretensiones de la reclamante lo actuado en el juicio ejecutivo incoado en Capital Federal: promovido en marzo del año 2000 sin adjuntar el pagaré suscripto por el deudor (v. cláusula quinta, fs. 4/5 del expte. respectivo), las actuaciones quedaron paralizadas al año siguiente sin siquiera intimarlo de pago.
Frente a este cuadro de situación, el eventual informe del Banco Francés sobre supuestos depósitos bancarios efectuados por Cintioni en la cuenta del concursado entre 1994 y 1995, era claramente insuficiente para acreditar la sinceridad del reconocimiento de deuda suscripto en 1999, máxime cuando los montos de dichos depósitos representaban apenas un 25% del crédito insinuado (v. fs. 252)
5. Las consideraciones hasta aquí formuladas me eximen de extenderme sobre las hipotéticas probabilidades de cobro del crédito en el concurso; sólo agregaré al respecto que de acuerdo al informe general presentado por la Sindicatura a fs. 501/505 el activo estaba conformado únicamente por el 50% indiviso de un inmueble sito en calle French 3756 de esta ciudad, no constando la existencia de otros bienes ni participaciones societarias como pretende el apelante.
Por los fundamentos expuestos, el fallo es acertado y debe ser confirmado.
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO J.
LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación y nulidad interpuesto a fs. 608, confirmando la sentencia dictada a fs. 593/605 por los argumentos brindados.
II. Propongo que las costas de Alzada sean soportadas por el apelante vencido (art. 68 1º párr. del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO J.
LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación y nulidad interpuesto a fs. 608, confirmando la sentencia dictada a fs. 593/605 por los argumentos brindados. II) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 1º párr. del C.P.C.). III) Se deja constancia que los recursos dirigidos a la regulación de honorarios se tratarán por resolución separada (art. 34 inc. 5 C.P.C.). NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.).
DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia