Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-88970337-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la RESOL-2024-2366-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las Actuaciones N° 12194-370-2014.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-42880251-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Abril de 2025 S.A.I.C.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "CINTOLO HNOS METALURGICA S.A.I.C. c/ D.G.A. s/recurso de apelación", Expediente Electrónico N° EX-2024-88970337- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso bajo análisis, se atribuye a la firma CINTOLO HNOS METALURGICA SAIC la infracción prevista y penada por el art. 954, inc. a) y c) del Código Aduanero (“CA”). Esta acusación surge luego de haberse contrastado una diferencia entre el monto consignado en el Permiso de Embarque N° 14001EC01006148E (“PE”) y las facturas acompañadas. En particular, la aduana señaló que el PE contenía un valor FOB total de USD 8.649,44 en su ítem 1, el cual no coincidía con lo consignado en los comprobantes respaldatorios. Esta diferencia, según la Aduana, configuraría un supuesto de declaración inexacta que encuadra en la figura sancionada por la normativa referida.
II. La firma CINTOLO HNOS METALURGICA SAIC fundamenta su impugnación en que la inconsistencia detectada en la declaración aduanera no es imputable a su accionar, sino que se originó en un error del sistema informático utilizado para la carga de datos, cuya operación y mantenimiento corresponden a una empresa proveedora externa. Afirma la apelante que fue la propia firma quien advirtió la existencia del error y notificó espontáneamente al servicio aduanero, lo que excluye cualquier intencionalidad dolosa en la configuración del hecho imputado. Sostiene que la inexactitud detectada no reúne los elementos necesarios para encuadrarse dentro del tipo infraccional previsto en el artículo 954 del CA, en tanto no se advierte una conducta deliberada orientada a defraudar al fisco o a obtener un beneficio indebido. En respaldo de su posición, cita un precedente administrativo en el que la Sección Regímenes Promocionales reconoció que, en un caso análogo, no existió perjuicio fiscal en la liquidación de derechos ni en el otorgamiento de reintegros. En tal sentido, aduce que la inexistencia de perjuicio al erario público refuerza la improcedencia de la sanción impuesta. En subsidio, y para el supuesto de que se considerara la existencia de una infracción administrativa de menor entidad, solicita la aplicación del artículo 995 del CA, que prevé sanciones reducidas en los casos en que no se haya configurado un daño fiscal y no se verifique intención fraudulenta en la conducta del administrado. Asimismo, ofrece prueba tendiente a acreditar la incidencia del error informático y su ajenidad en la producción del mismo, formula reserva del caso federal para el supuesto de que la decisión judicial conculque derechos constitucionales y peticiona la revocación del fallo apelado, con imposición de costas a la parte vencida.
III. En tales condiciones, ante todo resulta pertinente hacer notar que en el derecho sancionador administrativo, la cuestión relativa a la configuración de la responsabilidad ha sido objeto de un amplio debate doctrinario, del cual surge una posición mayoritaria que sostiene la unidad entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Ciertamente dicha postura llevaría a la aplicación de los mismos principios en ambos ámbitos, en particular el principio de responsabilidad subjetiva, lo que implicaría la prohibición de la responsabilidad objetiva. De aceptarse esta identidad ontológica, la infracción administrativa requeriría, en su estructura, la presencia del elemento de culpabilidad como condición necesaria para la atribución de responsabilidad. Sin embargo, la propia evolución del derecho administrativo sancionador ha evidenciado que dicha equiparación no resulta operativa en todos los casos, lo que ha llevado a la consolidación de un modelo que admite la aplicación de la responsabilidad objetiva en ciertos supuestos. A diferencia del derecho penal, en el cual la culpabilidad opera como un requisito insoslayable y cuya ausencia impide cualquier atribución de responsabilidad, en el derecho sancionador administrativo la exigencia de culpabilidad se presenta con una menor rigidez, permitiendo la atribución de responsabilidad sobre la base de la mera causación material del resultado lesivo, sin necesidad de verificar la existencia de dolo o culpa en la conducta del infractor.
IV. En mi entendimiento este enfoque se justifica en razón de la propia finalidad del derecho administrativo sancionador, que no responde a un fin retributivo sino más bien preventivo y correctivo. En este contexto, la exigencia de culpabilidad como elemento esencial de la infracción podría obstaculizar la eficacia del sistema y dificultar la tutela del interés público.
Bajo esta lógica, la responsabilidad objetiva se configura como una herramienta legítima dentro del derecho sancionador administrativo, pues permite atribuir consecuencias jurídicas a aquellos sujetos que, aun sin intención dolosa o culposa, hayan generado un resultado contrario al ordenamiento jurídico. La compatibilidad de la responsabilidad objetiva en el ámbito administrativo parte de la premisa de que la regla de responsabilidad subjetiva no opera como un mandato absoluto e inmutable, sino como un principio susceptible de ser optimizado en función de las circunstancias del caso. En este sentido, el derecho administrativo sancionador presenta situaciones que, desde la óptica del derecho penal, resultarían inexplicables o inaceptables. Así, aunque la doctrina mayoritaria afirme la preeminencia de la responsabilidad subjetiva, lo cierto es que el propio sistema sancionador admite figuras como la responsabilidad por el hecho de otro, la responsabilidad solidaria y la responsabilidad de las personas jurídicas, todas ellas incompatibles con la exigencia estricta de culpabilidad individual.
De este modo, la responsabilidad objetiva encuentra su justificación en el derecho administrativo sancionador como un mecanismo para garantizar la eficacia de las normas y el cumplimiento de los deberes jurídicos, sin que sea necesario un juicio de reproche personal sobre el infractor. La atribución de responsabilidad se fundamenta en la producción de un resultado lesivo, prescindiendo de la voluntad del agente e incluso de su diligencia o negligencia en la comisión del hecho. Sin perjuicio de ello, la responsabilidad objetiva no se configura como una presunción absoluta e inatacable, sino que admite su desvirtuación mediante la demostración de la existencia de causas externas que interrumpan el nexo de imputación, tales como el hecho de la víctima, el hecho de un tercero o la concurrencia de fuerza mayor o caso fortuito.
Por ello, debe afirmarse que la culpa no es un elemento necesario para la configuración de la responsabilidad en el derecho administrativo sancionador. En muchos casos, la sola realización del hecho que exterioriza los elementos de la figura infraccional resulta suficiente para establecer la atribución de responsabilidad. Esta característica se explica porque el fundamento de la sanción administrativa no radica en la realización de un reproche personal al infractor, sino en la necesidad de asegurar la eficacia del ordenamiento jurídico y la tutela de los intereses generales. En consecuencia, el derecho administrativo sancionador puede disociar la autoría de la responsabilidad, permitiendo la sanción de sujetos que, sin haber actuado con dolo o culpa, se encuentran en posición de evitar o mitigar los efectos del hecho sancionable. En efecto, la consolidación de este modelo de responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador no solo responde a razones de funcionalidad del sistema, sino que encuentra respaldo en la evolución del Estado regulador y en la creciente complejidad de las relaciones sociales y económicas. En una sociedad caracterizada por riesgos masivos y difíciles de individualizar, la exigencia de culpabilidad como criterio absoluto de imputación podría generar espacios de impunidad y debilitar la capacidad de la Administración para garantizar el cumplimiento normativo. Por ello, la responsabilidad objetiva en el derecho sancionador administrativo no debe ser vista como una excepción marginal, sino como una manifestación legítima del principio de tutela efectiva del interés público.
V. La legislación aduanera, por regla general, establece un régimen sancionador caracterizado por la exigencia de una estricta observancia de los deberes formales y sustantivos que rigen las operaciones de importación y exportación. A diferencia del derecho penal, donde la culpabilidad constituye un elemento esencial para la configuración de la infracción, en el ámbito aduanero el incumplimiento de los deberes establecidos en la normativa puede generar responsabilidad sin que sea necesario acreditar la existencia de dolo o culpa en la conducta del administrado.
El artículo 954 del Código Aduanero (CA) tipifica la infracción de declaración inexacta, la cual se configura cuando existe una diferencia entre lo declarado por el importador o exportador y lo constatado por el servicio aduanero, siempre que dicha diferencia sea susceptible de producir un perjuicio fiscal, una transgresión a una prohibición de importación o exportación, o el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiere. La sanción prevista para esta infracción no depende de la intención del sujeto activo, sino de la verificación objetiva de la discordancia entre la declaración y la realidad constatada por la Aduana.
Tal como se desprende de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, la finalidad de esta disposición es garantizar la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras, estableciendo un régimen sancionador que incentive el cumplimiento de los deberes formales en el marco de las operaciones de comercio exterior. En este sentido, se parte de la presunción de que, si los obligados actuaran con la diligencia debida, el sistema aduanero no requeriría un complejo aparato de fiscalización, control y represión. Sin embargo, dada la imposibilidad fáctica de operar bajo una lógica de plena autodeterminación de los declarantes, el legislador ha optado por un esquema sancionador que, en esencia, prioriza la veracidad material de la declaración sobre la intencionalidad del administrado.
El sistema de control aduanero se estructura en dos momentos: primero, la declaración del importador o exportador; luego, la verificación y control documental por parte del servicio aduanero. En este marco, la coincidencia entre lo declarado y lo constatado resulta determinante, en tanto la sola existencia de una discrepancia puede ser suficiente para configurar la infracción prevista en el artículo 954 del CA. La norma no requiere, para su aplicación, que el declarante haya obrado con dolo o culpa, sino únicamente que la inexactitud se verifique en los términos previstos en la norma. Por ello, el sistema aduanero impone a los operadores del comercio exterior un deber objetivo de veracidad en sus declaraciones, cuya inobservancia genera la aplicación de una sanción, sin que sea relevante la intencionalidad del sujeto. Cabe destacar que, si bien la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la aplicación de los principios generales del derecho penal a la materia aduanera (CSJN, Fallos: 267:457; 275:242, entre otros), ello no significa que los estándares de imputación subjetiva sean idénticos en ambos ámbitos. En efecto, la matriz punitiva del Código Aduanero no replica íntegramente los principios del derecho penal, sino que incorpora elementos propios del derecho administrativo sancionador, lo que permite justificar la atribución de responsabilidad objetiva en ciertas infracciones. La infracción prevista en el artículo 954 del CA no se centra en la culpabilidad del declarante, sino en la existencia de una declaración inexacta que pueda producir alguno de los efectos contemplados en la norma. Esta estructura objetiva de la infracción se aparta de los requisitos propios del derecho penal, donde el dolo y la culpa constituyen elementos esenciales del tipo. Sin embargo, ello no implica que el derecho aduanero carezca de figuras donde la intencionalidad del sujeto resulte determinante. Así, el delito de contrabando, regulado en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, sí exige una conducta dolosa, en la medida en que el ardid o engaño constituyen elementos típicos de la figura.
La diferencia entre infracción y delito en el derecho aduanero radica en la naturaleza del reproche jurídico. Mientras que el delito requiere la configuración de un elemento subjetivo que refleje la intención fraudulenta del sujeto, la infracción administrativa se funda en un juicio objetivo de responsabilidad basado en el incumplimiento de deberes formales y sustantivos. En este contexto, la infracción de declaración inexacta constituye un mecanismo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de control aduanero, sin que sea necesario determinar la intención del declarante. La omisión de un factor subjetivo de atribución en la configuración de la infracción aduanera no implica que el administrado se encuentre completamente desprovisto de medios de defensa. En efecto, la posibilidad de desvirtuar la responsabilidad objetiva se encuentra reconocida en la propia normativa, que admite la exclusión de responsabilidad en casos de fuerza mayor, caso fortuito o error excusable. De este modo, el sistema sancionador aduanero no configura una responsabilidad absoluta, sino que permite al administrado demostrar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la inexactitud de su declaración.
En síntesis, la legislación aduanera establece un régimen de responsabilidad que, si bien incorpora principios generales del derecho penal, no se encuentra plenamente subordinado a ellos. La infracción de declaración inexacta tipificada en el artículo 954 del Código Aduanero es una manifestación de la responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador, en la medida en que no requiere la acreditación de un factor subjetivo de atribución para la imposición de la sanción. El fundamento de esta disposición radica en la necesidad de garantizar la veracidad y exactitud en las operaciones aduaneras, asegurando el cumplimiento de los deberes de colaboración sin que resulte determinante la intencionalidad del sujeto infractor.
VI. El régimen sancionador aduanero se inserta dentro del marco general del derecho administrativo sancionador, con características particulares que lo diferencian del derecho penal, pero que no excluyen la aplicación de ciertos principios compartidos. A diferencia de lo que sucede en el ámbito penal, donde la ausencia de dolo o culpa excluye toda responsabilidad, en materia aduanera la comisión de una infracción no necesariamente exige la configuración de un elemento subjetivo. Esto significa que, una vez acreditada la inexactitud o transgresión, la impunidad del administrado solo puede sostenerse en la razonada aplicación de una eximente admitida por el ordenamiento jurídico (CSJN, Fallos: 316:1313).
En este contexto, la afirmación de que el carácter infraccional de una conducta aduanera no impide la aplicación de los principios generales del Código Penal debe ser tomada con cautela. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que las disposiciones del derecho penal pueden resultar aplicables a las infracciones aduaneras (CSJN, Fallos: 288:356; 290:202; 293:670; 297:215; 308:2043), ello no implica una traslación mecánica e indiscriminada de sus normas al derecho aduanero. En efecto, el Código Aduanero prevé figuras que no encuentran equivalente en el derecho penal, tales como la responsabilidad por el hecho de otro (arts. 903, 905, 906, 907 y 909 del CA), la responsabilidad de las personas jurídicas (arts. 903 y 904 del CA) y las presunciones de dolo o culpa (art. 972, ap. 2 del CA). Estas disposiciones evidencian una flexibilización del principio de culpabilidad, propia del derecho administrativo sancionador, que habilita la atribución de responsabilidad sin necesidad de probar la intencionalidad del infractor.
Al mismo tiempo, la Corte ha establecido que las multas administrativas pueden revestir carácter penal en la medida en que no funcionen como una mera indemnización tasada, sino que tengan un propósito ejemplificador e intimidatorio destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales. En este sentido, se ha reconocido la naturaleza penal de las sanciones aplicadas en materia de delitos aduaneros, infracciones aduaneras, impuestos internos, recargos previstos en la ley 11.683, impuestos de sellos, impuestos a la transmisión gratuita de bienes, impuestos de patentes y contribuciones especiales (CSJN, Fallos: 18:350; 156:100; 162:224; 184:162; 184:417; 239:449; 239:501; 267:457; 287:76; 288:356; 289:336; 297:215; 304:892; 304:1692; 305:373; 308:1224; 308:2043). Sin embargo, un análisis exhaustivo de estos precedentes revela que no todas las garantías constitucionales y penales son plenamente aplicables a las infracciones administrativas, ni en todos los casos ni en la misma medida.
El criterio adoptado por la Corte refleja la existencia de un punto de intersección entre el derecho penal y el derecho sancionador administrativo, sin que ello implique su total equiparación. La posibilidad de que ciertas multas sean consideradas sanciones penales obedece a su función coercitiva y disuasiva, pero ello no significa que el régimen sancionador aduanero deba regirse estrictamente por los principios y garantías del derecho penal. En efecto, mientras que en materia penal la presunción de inocencia exige que la carga probatoria recaiga íntegramente sobre la acusación y que cualquier duda favorezca al imputado, en el ámbito aduanero rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la responsabilidad objetiva derivada del incumplimiento de deberes formales.
Así, en el derecho aduanero, el administrado no puede escudarse en la ausencia de dolo o culpa para eludir la sanción, salvo que logre acreditar una causal eximente específica. De lo contrario, la simple verificación objetiva de la infracción será suficiente para la imposición de la sanción correspondiente. Este esquema responde a la necesidad de garantizar la operatividad del sistema aduanero, evitando que la prueba de intencionalidad se convierta en un obstáculo que impida la aplicación efectiva de las sanciones.
En conclusión, si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido la aplicabilidad de ciertos principios penales en el ámbito aduanero, ello no conlleva la asimilación total de ambos regímenes. La legislación aduanera admite la responsabilidad por el hecho de otro, la responsabilidad de las personas jurídicas y la existencia de presunciones que flexibilizan la exigencia de un elemento subjetivo. Asimismo, las multas pueden revestir naturaleza penal en función de su finalidad represiva y disuasiva, pero ello no significa que todas las garantías constitucionales y procesales del derecho penal deban aplicarse en igual medida a las infracciones administrativas. En este marco, el administrado solo podrá eludir la sanción mediante la acreditación de una excusa legalmente reconocida, sin que la simple ausencia de intencionalidad resulte suficiente para eximirlo de responsabilidad.
VII. Sentado lo anterior, corresponde ahora analizar si la inexactitud detectada reúne los elementos necesarios para encuadrarse dentro del tipo infraccional previsto en el artículo 954 del CA.
Así planteadas las cosas, es menester recordar que la norma citada tipifica la infracción de declaración inexacta, la cual exige, como elementos objetivos, no solo la constatación de una discordancia entre la declaración efectuada por el exportador y lo verificado por la Aduana, sino también la configuración de una de las consecuencias previstas en sus incisos a), b) o c), a saber: un perjuicio fiscal, una transgresión a una prohibición de importación o exportación, o el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Cabe añadir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en su jurisprudencia que la infracción del artículo 954 del CA no se configura únicamente por la existencia de una inexactitud en la declaración, sino que resulta imprescindible que dicha inexactitud tenga la potencialidad de producir un perjuicio o una alteración en los términos previstos por la norma (CSJN, "Ferry Líneas Argentinas SA", 17/6/1986).
VIII. En el caso bajo examen, el servicio aduanero detectó que los montos consignados en las facturas “E” (Código 19) N°0002-00001020 / 0002-00001021 y 0002-00001022 -asociadas al PE N°14001EC01006148E- resultaron ser significativamente mayores a los declarados en el SIM. Esto generó una diferencia en el casillero FOB total de USD 49.480,04, lo que ocasionó un perjuicio fiscal de USD 2.356,19 al momento de liquidar los derechos de exportación. En esas condiciones, debe recordarse que la diferencia constatada por el servicio aduanero entre las facturas y el PE no resulta suficiente por sí misma para configurar la infracción prevista en el art. 954 del CA si no se demuestra que la misma hubiera generado, o tenido la capacidad de generar, un perjuicio fiscal o una alteración indebida en los flujos de ingresos o egresos de fondos desde o hacia el exterior.
IX. Al respecto, es pertinente hacer notar que la apelante ha aportado una Certificación Contable -obrante a fs. 27/30 de las Actuaciones Administrativas- mediante la cual se acredita que:
• La mercadería exportada mediante el PE N°14001EC01006148E, oficializado el 24.01.2014, fue facturada por un importe de USD 8.659,44.
• Las divisas correspondientes a ese monto se giraron el 08.04.2014, identificándose el giro con el número de referencia Swift 1560-491939.
Dicha certificación, la cual no ha sido controvertida por la Aduana ni se ha aportado prueba en contrario que desvirtúe su contenido, acredita que la diferencia advertida en la declaración no tuvo incidencia real en términos económicos ni fiscales, descartando así la posibilidad de que se hubieran producido los efectos contemplados en los incisos a) o c) del art.954 del CA.
X. A la luz de estos elementos, y conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema en relación con la configuración de infracciones aduaneras, no se verifica en el caso bajo estudio la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de la sanción. En tal sentido, corresponde revocar la sanción aplicada por la Aduana a la firma CINTOLO HNOS METALURGICA SAIC, en tanto no se ha acreditado el cumplimiento integral de los extremos que exige el tipo infraccional previsto en el art. 954 del CA.
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Revocar la RESOL-2024-2366-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las Actuaciones N° 12194-370-2014.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente, especialmente a los Considerandos IX y X que dan fundamento a la parte resolutiva.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la RESOL-2024-2366-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en las Actuaciones N° 12194-370-2014.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.04.23 10:56:15 ART Date: 2025.04.24 11:23:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.24 14:31:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.24 14:32:16 -03:00
Fin de la sentencia