Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 41.744-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Denegar el beneficio solicitado en el expediente N°41.744-I, con costas, intimando el ingreso de la suma de $ 10.876,79 en concepto de tasa de actuación, con más los intereses que correspondan.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-20574971-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 27 de Febrero de 2026 ANTONIO s/ recurso apelación”, sentencia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros titulares de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal de la 8°Nominación) a fin de sentenciar en el expediente Expte. N ° 39.319-I y su acum. Nro. 39.320-I y 41.744-I caratulados: “ CIORCIARI CLAUDIO ANTONIO s/ recurso apelación”
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 17/22, 78/83 y 145/151 Claudio Antonio Ciorciari interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos - Dirección Regional Norte de la AFIP- DGI, a saber:
a- resolución 21/2014: determina de oficio el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008, con más sus intereses resarcitorios y se hace reserva de la eventual aplicación de sanciones, en los términos del art. 20 de la ley 24.769 (entonces vigente).
b.- resolución N° 22/2014: determina de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01/2008 a 12/2008, con más intereses resarcitorios y aplica una multa con sustento en los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683. (expte. acumulado N ° 39.320-I).
c.- resolución N° 294/2014: aplica multa con sustento en los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683, por las obligaciones intimadas en la resolución 21/2014 (expte. acumulado N° 41.744-I). Relata que el organismo fiscal inició el procedimiento de determinación de oficio considerando que el recurrente omitió declarar ingresos que justificaran la existencia de capacidad contributiva para la adquisición de moneda extranjera.
Esboza que frente a los requerimientos efectuados por la administración, siempre colaboró exhibiendo y aportando todos los elementos que le fueran requeridos.
Califica a la inspección realizada como infundada, arbitraria y antojadiza, en atención a que mediante una hipótesis presuntiva considera que se está en presencia de un incremento patrimonial no justificado por no haberse podido acreditar que los dólares adquiridos fueron efectuados por cuenta y orden de su padre, así como tampoco que tales divisas hayan sido adquiridas por el propio recurrente.
Indica que el Fisco Nacional utiliza el método presuntivo como un intento de obtener la verdad y su dimensión partiendo de un hecho cierto y comprobado -esto es, que efectivamente el recurrente compró dólarespero negando la realidad económica de que la operación fue realizada por cuenta y orden de un tercero, desfigurando así los hechos y contradiciendo la prueba aportada a la inspección.
Explica que se dedicó en forma exclusiva durante el período en cuestión a la atención y a la administración de los bienes de su padre, estando constituido su patrimonio por bienes muebles, inmuebles y dinero, frutos de sus ahorros de toda su vida.
Aclara que la adquisición de dólares tuvo por objeto, en un principio, la compra de un rodado con franquicia para discapacitados, (cuyo pago debía hacerse en dólares y que luego se desistió de su adquisición debido a que su padre debió ser internado), la compra de medicamentos y la preservación de poder adquisitivo en una moneda sólida.
Señala que la fiscalización analizó la justificación patrimonial acompañada en sede administrativa, consistente en recibos de plazo fijo del año 2004 a nombre de su padre, por montos que señala y escrituras de venta de dos inmuebles, argumentando el organismo fiscal que al haber sido efectuadas las operaciones en dólares y cobradas en igual moneda, no justifican el origen de las compras cuestionadas.
Sostiene que debido a la enfermedad, es probable que su progenitor acudiera al mercado marginal para la compra de pesos, que los haya atesorado en efectivo y se los entregara para su administración, ingresando al circuito bancario a través de las cuentas de su titularidad.
Argumenta que la materia imponible reconstruida a la luz de las presunciones, debe estar basada en una real razonabilidad de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente, esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia imponible.
Se agravia del rechazo de pruebas ofrecidas en sede administrativa, por entender que ello implicó verse privado de ejercer su derecho de defensa.
Considera que la materialidad de la infracción no se encuentra debidamente acreditada y muchos menos con las presunciones sobre las que pretende fundarse, por lo que concluye que la situación objetiva no basta para la configuración de la infracción, sino que además debe probarse la tipicidad subjetiva; por tanto califica de errónea la aplicación de las multas en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683. Critica además que se encuadre su conducta en las presunciones de dolo, máxime cuando de los antecedentes de la causa no surgen indicios serios y concordantes que lo permita. Por todo ello, peticiona que se revoquen los actos administrativos discutidos, con costas o en su defecto que se reencuadren las sanciones en la figura del artículo 45 de la ley procedimental.
Ofrece prueba informativa y pericial médica y hace reserva del caso federal II.- A fs. 40/54, 99/115 y 167/187 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, y solicita que por las razones de hecho y derecho que invoca, se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora. En lo sustancial, contesta el planteo de nulidad introducido por la actora señalando que el mismo resulta improcedente, haciendo hincapié en que el acto dictado cumplió con los requisitos establecidos por el art. 7 de la ley 19.549 y con cada una de las etapas del procedimiento de determinación de oficio, conforme lo previsto por la ley 11.683.
Manifiesta que el recurrente no ha acreditado prueba fehaciente que demuestre que se haya vulnerado su derecho de defensa, toda vez que ha tenido la oportunidad de ser oído, esgrimir sus defensas y producir prueba, por lo que pide el rechazo de la nulidad impetrada.
Sobre el fondo de la cuestión, explica que del análisis de las operaciones de compra de divisas realizadas por el actor en el Banco Galicia y Buenos Aires S.A. se observa que gran parte de ellas fueron canceladas con dinero proveniente de las extracciones de la cuenta de Ahorro y Servicios de dicho banco perteneciente al propio recurrente y los montos restantes fueron abonados en efectivo. Por ende, manifiesta que la fiscalización actuante procedió a analizar la justificación efectuada por el contribuyente en relación al origen de los fondos con los que procedió a la compra de moneda extranjera en el año 2008, no pudiendo concluirse que tales compras hubieren sido efectuadas por cuenta y orden de su padre.
Afirma que la representación fiscal ha colectado indicios lo suficientemente graves, mientras que el actor no se ha concentrado en acreditar la veracidad de sus dichos, siendo esto un imperativo en su propio interés. Argumenta que ha quedado evidenciado como el actor tuvo como único fin reducir la base imponible de los tributos en cuestión, en desmedro de la recaudación tributaria y perjudicando al erario público. Solicita que se confirmen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora. Hace reserva del caso federal.
A fs. 198 se abre la causa a prueba; a fs. 211 se clausura el período probatorio y a fs.231 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”, la que a fs.238 dicta la providencia de autos para dictar sentencia.
III. Que el Sr. Claudio Antonio Ciorciari tiene como actividad principal declarada la de “Servicios minoristas de agencias de viajes” y cierra su ejercicio fiscal el 31 de diciembre de cada año. Conforme se desprende del informe final de inspección obrante a fs. 218/223 del Cpo. Principal Ganancias 2 de los antecedentes administrativos, la verificación realizada tiene su origen en un cruce informático realizado por el organismo recaudador efectuado entre los datos provenientes de terceros y lo declarado por el recurrente, detectándose un movimiento en compra venta de moneda extranjera en el transcurso del ejercicio 2008 no sustentable con el patrimonio expuesto oportunamente.
En la etapa de verificación e investigación se solicita la documentación respaldatoria de las operaciones de cambio realizadas y el origen de los fondos utilizados para su adquisición, concluyéndose que no se justifican las adquisiciones de moneda extranjera. En tal sentido, se detalla que las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado en los períodos fiscales 2007 a 2010 se presentan en cero, no posee inscripción en el impuesto sobre los bienes personales por no alcanzar los mínimos establecidos y en cuanto al impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2008, se declara como ingresos de la tercera categoría $ 3000 y como de cuarta categoría $7000; un consumido de $ 9950 y un aumento de $ 50 entre el patrimonio al inicio y el de cierre. Se continua relatando en el referido informe, que para justificar el origen de los fondos utilizados para la compra de divisas por $ 452.925, el contribuyente manifiesta que en el período fiscal bajo análisis estuvo dedicado con exclusividad a la administración de los bienes de su padre, ya que en el año 2007 se le detectó una demencia cognitiva primaria, por lo que en tales años (2007/2008) tuvo que comprar moneda extranjera por cuenta y orden de aquel a fin de adquirir medicación específica y un automóvil con franquicia para discapacitados, todo lo que se debe pagar con billete dólar. Agrega que sin perjuicio de ello, desistió en forma posterior de la compra de divisas porque en septiembre de 2008 tuvo que internar a su progenitor y utilizar los ahorros para la manutención en el instituto en el que fue ingresado.
Respecto del origen de los ahorros con los que se habrían llevado a cabo las compras controvertidas, la inspección consigna que el recurrente acompaña la siguiente documentación:
.-operaciones de plazo fijo hechas en el Banco Nación desde junio de 2003 a mayo de 2004 por cuenta y orden de su padre, listado emitido por dicha entidad con movimiento hasta mayo de 2004, en el que se observan comprobantes de plazos fijos por dólares 42.003, 56.044 y 62.048. En este sentido el Fisco sostiene que no se ha justificado la referida compra, toda vez que la extracción fue hecha en dólares, en tanto que tampoco surge ni de las bases informáticas del organismo ni de la documentación aportada, que el contribuyente o su padre hubieran vendido moneda extranjera; por el contrario se observa un monto de compras similar en el período fiscal 2007 por parte del recurrente.
.-venta de una propiedad situada en la calle Arias en CABA por U$S 47.000. En tal sentido se acompaña escritura del 24/8/2005 realizada por el padre del recurrente y otras tres personas. A criterio del organismo recaudador, en principio, no justificaría la compra de divisas ya que la operación también fue percibida en moneda extranjera; En cuanto a la alegada venta de todo su mobiliario, se destaca la ausencia de documentación respaldatoria, entendiendo -además- que ha de tenerse en cuenta que el inmueble es vendido en el año 2005 y la compra de divisas se produjo durante el año 2008.
.-excedente de haberes de la jubilación del Sr. Antonio Ciorciari (padre del contribuyente). Se señala que tampoco se aporta documentación respaldatoria que avale sus dichos, sumado al hecho que aquel se encontraba jubilado desde el año 1992, no habiendo acreditado la realización de actividad alguna ni presentado declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales por los períodos fiscales en cuestión para tener por acreditado a su respecto el circuito de compra de divisas a través del depósito en el sistema bancario a fin de realizar la operatoria que se describe.
Por otra parte, la fiscalización procede a consultar en las bases informáticas del organismo el detalle de las operaciones cambiarias informadas por el Banco Central de la República Argentina correspondientes al actor por el período fiscal 2008 (fs. 46 a 60 del Cuerpo principal -Ganancias 1- de las actuaciones administrativas). De la información obtenida, se circulariza a las entidades bancarias y cambiarias intervinientes a fin de informar las operaciones de cambio realizadas por el recurrente y su forma de cancelación. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Neuquén S.A., Puente Hnos. S.A., BBVA Banco Francés S.A. y Banco Piano S.A. confirman la existencia de las operaciones informadas por el BCRA.
Del análisis de las operaciones de compras de divisas realizadas en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., se observa que gran parte de las mismas fueron canceladas con dinero proveniente de la cuenta de Ahorro y Servicios de dicho banco, perteneciente al propio recurrente (fs. 45 a 63 y 193 del Cuerpo de Circularizaciones I de los antecedentes administrativos) y el resto fue abonado en efectivo (fs. 195 a 199 de dicho cuerpo). Asimismo a fs. 223 del Cuerpo de Circularizaciones II obra la contestación de la entidad Banco Piano, haciendo saber que -en lo que aquí interesa- con fecha 25/3/2008 el contribuyente realizó operaciones de cambio en efectivo por un total de $ 14.510,50 (moneda Libra Elizabeth y Mexicana de Oro).
En función de lo expuesto, el ente fiscal concluye que el monto total de las operaciones de compra de divisas realizadas por el recurrente durante el año 2008 asciende a $452.925,22.-, considerado como ingresos omitidos/ventas omitidas del recurrente, de conformidad con lo estipulado por el art. 18 primer párrafo de la ley 11.683.
IV. Que previo a introducirnos al análisis de la cuestión de fondo, cabe hacer referencia a las manifestaciones vertidas por el recurrente en cuanto sostiene que el accionar del organismo recaudador fue infundado, arbitrario y antojadizo y que se vio coartado su derecho de defensa al rechazarse en sede administrativa la totalidad de la prueba ofrecida.
En tal sentido, cabe destacar que las resoluciones apeladas contienen los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados; también mencionan las circunstancias de hecho que la motivan, sin que ello implique prejuzgar sobre la pertinencia o no de los mismos y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar su defensa. Respecto del agravio referido a la denegatoria de las probanzas ofrecidas, corresponde señalar que aquel reitera las mismas en oportunidad de interponer el recurso de apelación ante este Tribunal y que por resolución de fs. 198 se ordena la producción de la prueba informativa y se deniega la pericia médica por considerarse inconducente para la dilucidación de la cuestión litigiosa. Ello así, el perjuicio que podría haberle ocasionado el proceder fiscal, fue subsanado en esta instancia jurisdiccional.
Que en esta línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala II del Fuero en la causa “Delia, Carmelo Franco c/Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 14/06/2016, al recordar que: “….es inveterada y pacífica la doctrina judicial -ratificada recientemente- que señala que la eventual restricción de la defensa en el procedimiento administrativo es subsanable en el trámite jurisdiccional subsiguiente (cfr. C.S.J.N., Fallos: 212:456; 218:535; 267:393; 273:134 y, en particular, Fallos 331:2769; Sala III, in re, “Círculo de Inv. S.A. de Ahorro Previo para Fines Deter. C. D.N.C.I.”, del 20/11/2012, entre otros)”. “De este modo, el hipotético gravamen que le habría ocasionado la denegación de las pruebas en sede administrativa…. pierde toda entidad ya que, al margen de lo actuado en el procedimiento administrativo, en la instancia jurisdiccional posterior pudo ejercer plenamente su derecho de defensa (Fallos: 310:360), ofreciendo todas las pruebas que hicieran a su derecho y alegando sobre su mérito. Así, se satisface la exigencia de la defensa en juicio brindando la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (cfr. Fallos 205:549 y Sala IV, en autos: “Ex Entidad Tarraubella S.A. Cía Financiera y otros c. B.C.R.A.”, sentencia del 10/03/2009, entre otros).”
“Es que, la omisión de un trámite en el expediente administrativo no acarrea sin más la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que deberán ponderarse en cada caso concreto las consecuencias producidas por tal situación a la parte interesada, la falta de defensa que ella realmente pudiere haber originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo en caso de observarse el trámite omitido (cfr. esta Sala, en una integración anterior, “Armadores Pesqueros Patagónicos M.I.C.S.A. c. P.N.A.”, 14/10/1997 y sus citas y Sala III, causa: “Rollero, Guillermo Rubén”, del 07/02/2012)”.
Como consecuencia de lo expuesto, no se advierte que haya sido vulnerado el derecho de defensa del apelante ni el debido proceso adjetivo. En definitiva, el planteo efectuado denota una discrepancia con el accionar fiscal, es decir que en realidad lo que pretende es atacar los fundamentos de la determinación de oficio recurrida, siendo una cuestión que deberá ser analizada al resolverse la cuestión de fondo.
Teniendo en consideración que las quejas nulidificatorias no fueron tratadas como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no pueden considerarse de forma autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. CSJN, in-re “Colorin IMSSA”, 02/07/2013).
V. Que sentado lo que antecede, procede entonces analizar si se ajustan a derecho las resoluciones cuestionadas. En tal sentido, cabe analizar si la metodología seguida por el organismo fiscal para concluir en la existencia de ingresos omitidos, de acuerdo a lo establecido por el art. 18 primer párrafo de la ley 11.683, resulta procedente.
Dicha norma legal, en su texto ordenado aplicable al período fiscal controvertido) establece: “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o que deberán proporcionarles los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc.( el subrayado es propio).
En primer término cabe señalar que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:515; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107). Y si bien ello no significa edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, tampoco permite descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De aquí que, en todo caso, su validez dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa” (conf. “Pro Mar Co S.A.” (TF 28.050-I) Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 19/03/2015).
Por lo tanto, la determinación de oficio por conocimiento directo de la materia imponible constituye el principio general y sólo cuando la misma no resulte posible por carecer de los elementos que permitan establecer la existencia y alcance del hecho imponible, el Fisco Nacional puede recurrir al método indiciario de estimación y, en consecuencia, aplicar las herramientas contenidas en el art. 18 de la ley 11.683. En el caso de atacar los ajustes efectuados por el organismo recaudador, como aquí lo hace la recurrente, corresponde que ésta pruebe y rebata los hechos que precisamente resultan ser su soporte. Así lo ha sostenido nuestro Máximo Tribunal al reconocer reiteradamente la facultad de la AFIP para proceder a la estimación de oficio, sin perjuicio del derecho que le asiste al contribuyente de probar fehacientemente en juicio los errores que atribuye a la liquidación practicada por la administración fiscal (Fallos 197:210; 205:31, 210:107).
Si bien podrían plantearse reparos en que las determinaciones presuntivas apeladas sean el resultado de un único indicio -en el caso, los movimientos bancarios obtenidos de circularizaciones a entidades públicas y privadas- lo cierto es que, el contribuyente omitió aportar elemento alguno que justifique el origen de los fondos para acreditar la compra de divisas en cuestión.
VI. Que conforme lo reseñado en el Considerando III, los ajustes efectuados al contribuyente tuvieron su fundamento en la falta de acreditación del origen de los fondos que justificaran la compra de divisas efectuadas en el período fiscal 2008, en el entendimiento que no resultó probado el argumento medular invocado, según el cual dicha compra se hubiere llevado a cabo por cuenta y orden de su padre, Antonio Ciorciari. Por otra parte, teniendo en consideración la declaración jurada de ganancias del ejercicio fiscal 2008 presentada por el contribuyente, según detalle también volcado en el considerando III y la falta de declaración jurada del impuesto al valor agregado de dicho período fiscal y las demás constancias del expediente administrativo, tampoco se encuentra probada a su respecto la secuencia de la operatoria cuestionada, esto es, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza del Sr. Antonio Ciorciari.
En tal sentido, debe destacarse que si bien el recurrente se agravia del rechazo en sede administrativa de los medios probatorios pretendidos y en sus recursos de apelación porque explica que “...para efectuar un correcto control de la reconstrucción de los hechos resulta fundamental la producción de la prueba ofrecida” y ante esta instancia se hizo lugar a la informativa ofrecida en sendos recursos de apelación (fs. 198), como consecuencia de su inacción se dio por decaído el derecho a producirla. En consecuencia, tal orfandad probatoria sella la suerte de los agravios defensivos invocados al apelar los actos administrativos dictados por el ente fiscal. Finalmente ha de tenerse en consideración que la discusión que se ventila en autos no se centra en que el Sr. Antonio Ciorciari –padre del contribuyente- en el período que nos ocupa sufriera algún tipo de incapacidad que le impidiera llevar a cabo la administración de sus bienes ni que se encontrara internado, o los gastos en medicación y personal de enfermería, entre otras erogaciones. Dicho en otras palabras, no es el destino final de los fondos adquiridos en moneda extranjera en el ejercicio fiscal 2008 lo que cuestiona el organismo fiscal, sino que lo que está en debate es el origen de tales fondos para dicha compra, lo que al no haberse acreditado, impide desvirtuar la imputación efectuada por el Fisco Nacional respecto de la existencia de ingresos omitidos de declarar, en los términos del art. 18, primer párrafo de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes recurridos, así como también los intereses resarcitorios intimados en los mismos por aplicación del art. 37 de la ley 11.683, respecto de los que el recurrente no ha formulado agravio alguno.
VII. Que sentado lo que antecede procede expedirse sobre la procedencia de las sanciones impuestas en las resoluciones Nos 22/14 y 294/14, en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683. El primero de los artículos referidos (t.o. vigente a la fecha de la conducta considerada punible) prevé "El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido."
Asimismo, el artículo 47 dice "Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas…, b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible …” Como quedó evidenciado precedentemente, en atención a que el recurrente no logró demostrar el origen de los fondos utilizados para la compra de divisas en el período fiscal 2008, no habiendo ingresado los tributos en su justa medida, se ha configurado del elemento objetivo de la infracción imputada. En relación con el elemento subjetivo, constituye pacífica jurisprudencia que cuando el ajuste impositivo se sustenta en las presunciones del artículo 18 de dicha norma legal, la aplicación de su artículo 47 para justificar la sanción resulta “prima facie” improcedente, ello no implica una afirmación absoluta pues si quien juzga cuenta con otros elementos en la causa que le permitan formar la convicción sobre la conducta defraudatoria, aquel principio cede ante aquellas probanzas que conducen a quien examina la cuestión a la conclusión acerca de la existencia de dolo.(conf. Fallos 322:519).
Ahora bien, esta Sala en oportunidad de sentenciar la causa “Oddo, Juan Carlos s/apelación”
(18/7/19) ha sostenido que “una coherente y razonable interpretación de la doctrina expuesta por el Máximo Tribunal, no puede conducir sin más a la inaplicabilidad de las presunciones del art. 47 en aquellos casos en que la determinación de oficio se realizó sobre base presunta con origen el art. 18 de la ley 11.683, porque llevaría a que se encuentre en mejor condición -respecto de la multa- aquel contribuyente que, remiso a prestar colaboración, no aportó ningún elemento al fisco obligándolo a la utilización de las presunciones del art. 18, que aquel contribuyente que obró mejor, aportando los elementos requeridos durante el proceso determinativo. Al primero no se le podría aplicar la figura punitiva del art. 46 y al segundo sí.”
“Dando un paso más, concluir que las presunciones del art. 47 jamás proceden cuando el ajuste base -culminado en la determinación de oficio fue realizado sobre base presuncional, fomentaría el incumplimiento de los requerimientos del fisco en cuanto al aporte de elementos y en relación a deberes formales, contrariando la tendencia evidenciada en las reformas legislativas efectuadas en los últimos años - diría décadas- que exponen un incremento proporcionalmente mayor en lo que se refiere a la imposición de obligaciones de carácter formal por sobre las sustanciales o materiales”.
En ese sentido se comparte el criterio seguido por la Sala V de la CCAF in re “Italiano, Antonio A”, sentencia del 12/02/2008 que al referirse a la aplicación de la doctrina de la CSJN recaída en “Montenegro Hnos SA” sostuvo que “no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto, pues siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible, sin que el recurrente haya aportado elementos de juicio que permitan desvirtuarla.” Ello así, resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, más allá de los antecedentes administrativos en poder de la contraria, limitándose a aducir la falta de intención de defraudar, lo que por sí solo no permite justificar su accionar.
En consecuencia, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original del impuesto a las ganancias y la falta de presentación de la correspondiente al IVA – lo que fue puesto de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada-, le incumbía al recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-2015).
Es dable sostener, por otra parte, que de no haber sido por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo recaudador, la conducta del recurrente hubiese probablemente pasado desapercibida (conf. Sala I de la Alzada en las causas “Mapri Distribuidora SRL” 7-3-2013 y “Refinadora Neuquina SA”, 23- 12-2015).
Por todo ello, corresponde confirmar las sanciones aplicadas.
VIII. Que sentado lo que antecede, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
IX. Que respecto de la solicitud de beneficio de litigar sin gastos planteada en oportunidad de interponerse el expediente N°41.744-I (acumulado a estos autos por resolución de fs. 190), la misma reproduce los fundamentos y ofrece idéntica prueba (recibo de sueldo) que la acompañada en el incidente que obra por cuerda y en el que ha recaído sentencia rechazando el otorgamiento del citado beneficio (fs. 34/34 vta.) Ello así, por razones de economía procesal, corresponde hacer extensivos los argumentos vertidos en dicho decisorio y denegar el beneficio solicitado, con costas, intimando el ingreso de la suma de $ 10.876,79 en concepto de tasa de actuación, con más los intereses que correspondan.
El Dr Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Denegar el beneficio solicitado en el expediente N°41.744-I, con costas, intimando el ingreso de la suma de $ 10.876,79 en concepto de tasa de actuación, con más los intereses que correspondan. Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.02.26 16:25:35 -03:00 Date: 2026.02.27 12:37:15 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.27 12:37:16 -03:00
Fin de la sentencia