Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-77176331-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones N° 229/2011 (DV RSAL), N° 228/2011 (DV RSAL), N° 13/2014 (DV RSAL), N° 12/2014 (DV RSAL), N° 11/14 (DV RSAL), N° 103/2019 (DV RSAL), N° 104/2019 (DV RSAL), N° 105/2019 (DV RSAL), en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, con costas.
2Revocar la resolución N° 122/2013 (DV RSAL) y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición ensayada por la recurrente con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Las costas se imponen al Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-153807488-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Diciembre de 2023
El expediente N° 35.852-I (y sus acumulados Expte. N° 35.853-I, 35.510-I, 39.654-I, 39.653-I, 39.656-I, EX- 2019-77176331- - -APN-SGAI#TFN, EX-2019-77184046- -APN-SGAI#TFN y EX-2019-77346573- - APNSGAI#TFN) caratulado “CIRCULO MÉDICO DE SALTA”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, en el marco del Expte. N° 35.852-I, a fs. 184/248 se presenta la actora e interpone un recurso de apelación contra la Resolución N°229/2011 (DV RSAL), de fecha 30/11/2011, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio con carácter parcial el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias periodos fiscales 03/2008 a 07/2009 por la suma de $700.546,31 con más la suma de $ 575.450,31 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $490.382.42, equivalente al 70% del impuesto omitido, con sustento en el art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.)
A fs. 515/579vta., en el marco del Expte. N° 35.853-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 228/2011 (DV RSAL), de fecha 30/11/2011, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio con carácter parcial el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 03/2008 a 07/2009 por la suma de $746.969,89, con más la suma de $600.903,93 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $121.923,64 y de $400.955,28, equivalente al 70% del impuesto omitido, con sustento en el art. 45 de la ley de rito.
A fs. 781/828, en el marco del Expte. N° 38.510-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 122/2013 (DV RSAL), de fecha 29/10/2013, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se resuelve no hacer lugar al recurso de repetición interpuesto por la contribuyente, referido al Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2008, 2009 y 2010.
A fs. 943/1002vta., en el marco del Expte. N° 39.654-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 13/2014 (DV RSAL), de fecha 25/03/2014, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina de oficio con carácter parcial el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias periodos fiscales 08/2009 a 02/2011 por la suma de $947.246,59 con más la suma de $ 1.271.838,53, dejando constancia que resultan de aplicación las disposiciones del art. 20 de la Ley 24.769 para la aplicación de las eventuales sanciones.
A fs. 1127/1176, en el marco del Expte. N° 39.653-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 12/2014 (DV RSAL), de fecha 25/03/2014, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 08/2009 a 02/2011 por la suma de $1.231.178,81, con más la suma de $ 1.575.911,85 en concepto de intereses resarcitorios, dejándose constancia que le resulta de aplicación las disposiciones del art. 20 de la Ley N° 24.769. A fs. 1289/1330vta., en el marco del Expte. N° 39.656-I, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 11/14 (DV RSAL), de fecha 25/03/2014, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2010 por la suma de $39.473,32 con más la suma de en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $118.419,96, consistente en tres veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en los arts. 46 y 47 inc c) de la ley de rito. A fs. 1470/1504vta., en el marco del Expte. N° EX- 2019-77176331- - -APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 103/2019 (DV RSAL), de fecha 31/07/2019, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2014 y 2015 por la suma de $1.289.577,65 y $2.046.395,69 respectivamente, con más la suma de $2.793.691,65 en concepto de intereses resarcitorios, dejándose constancia que le resultan aplicables las disposiciones del art. 20 de la Ley N°24.769.
A fs. 1678/1711, en el marco del Expte. N° EX-2019-77184046- -APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 104/2019 (DV RSAL), de fecha 31/07/2019, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 12/2013 a 07/2014 por la suma de $ 2.209.620,23 y para el periodo fiscal 08/2014 a 07/2015 la suma de $ 4.111.417,09, con más la suma de $3.939.934,28 y de $6.732.370,52, respectivamente, en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, se deja constancia que le resultan aplicables las disposiciones del art. 20 de la Ley N°24.769.
Finalmente, a fs. 1873/1909, en el marco del Expte. N° EX-2019-77346573- -APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 105/2019 (DV RSAL), de fecha 31/07/2019, emitida por la Jefa (Int.) de la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la cual se le determina el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias periodos fiscales 01/2014 a 12/2014 y 02/2015 a 07/2015 por la suma de $1.321.669,30 y de $ 2.911.669,30, respectivamente, con más la suma de $7.329.148,39 en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo se deja constancia que le resultan aplicables las disposiciones del art. 20 de la Ley N°24.769.
La recurrente, en resumen, plantea como argumentos defensivos centrales:
(i) el carácter de exenta en el Impuesto a las Ganancias, que reviste de conformidad con lo establecido en el art. 20 inciso “f” de la Ley N° 20.628, por cuanto es una asociación civil sin fines de lucro, que no distribuye ganancias ni patrimonio, directa ni indirectamente a sus socios y que no ejerce actividad gremial alguna y el impacto que ello acarrea en los restantes impuestos ajustados;
(ii) el planteo de nulidad de las resoluciones por adolecer de vicios en la causa y motivación; y (iii) el desacuerdo con el comportamiento del Fisco Nacional, a través de una vía de hecho, de cambiar su situación de Exento a Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.
Ofrece prueba documental e informativa. Concede autorizaciones. Formula reserva de caso federal. Finalmente solicita se revoquen las resoluciones y se haga lugar a la repetición, con costas.
II. Que a fs. 281/282vta., 592/611, 843/864, 1027/1054, 1186/1218vta., 1348/1384, 1557/1584vta., 1745/1822vta. y a fs. 1946/1986, se presenta el Fisco Nacional y contesta los recursos interpuestos por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 659 se resuelve acumular al expediente de referencia, el Expte. N° 35.852-I.
A fs. 1057/1057vta. luce sentencia de acumulación de los exptes. N° 38.510-I y 39.654-I.
A fs. 1389/1389vta. se acumulan los exptes. N° 39.653-I y N° 39.656-I. y a fs. 2113/2113vta., se acumulan los Expte. N° EX- 2019-77176331- - -APN-SGAI#TFN, EX-2019-77184046- -APN-SGAI#TFN y EX-2019-
77346573- -APNSGAI#TFN.).
IV. Que a fs. 2051/2053 se presenta la actora y opone excepción de litispendencia entre las presentes actuaciones y los Exptes. N° FSA 022253/17, FSA 006935/2019, FSA 01189/2019 y FSA 010041/2019, por entender que dichas causas judiciales poseen como objeto la revocación de las resoluciones emitidas por el Fisco Nacional y el reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias.
A fs. 2058 este Tribunal tuvo presente para su oportunidad procesal lo informado por la actora a fs. 2051/2053. A fs. 2063/2084 la actora denuncia como hecho nuevo la sentencia dictada por el Juzgado Federal de Salta N° 1, en el marco del Expte. N° FSA 022253/2017, el cual resolvió hacer lugar la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Circulo Médico de Salta y, en consecuencia, dejar sin efecto las Resoluciones N° 69/17 (DI RSAL) y la N° 03/18 (DI RSAL) y sus antecedentes, las Resoluciones N° 280/16 y N° 133/17, en las que el Fisco Nacional rechazó las solicitudes de reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias. Asimismo, opone la excepción de cosa juzgada, por entender que, habiéndose reconocido dicha exención, la misma implica su reconocimiento tanto en Impuesto Sobre los Créditos y Débitos como en el Impuesto al Valor Agregado. A fs. 2087/2088vta., el Fisco Nacional contesta el traslado conferido a fs. 2085, solicitando se rechace el hecho nuevo y la excepción invocada por la actora.
A fs. 2092/2112vta., la actora denuncia hecho nuevo manifestando que la Sala I de la Cámara Federal de Salta, en fecha 24/09/2021, en el marco del Expte. N° 22253/2017/CA1, en donde dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar lo resuelto en primer instancia. En función de ello, es que la actora opone excepción de cosa juzgada.
A fs. 2120/2131vta. la actora denuncia como hecho nuevo la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, de fecha 06/10/2022, en el marco de la causa N° 1889/2029/CA1, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto dejó sin efecto la resolución N° 58/2019 (DI RSAL), que había rechazado el pedido de Circulo Médico de Salta de revocar la modificación de oficio de su estado tributario a “responsable inscripto” en el Impuesto al Valor Agregado. A su vez, en atención al hecho nuevo denunciado, interpone excepción de cosa juzgada. En atención a los hechos nuevos denunciados, a fs. 2133 este Tribunal decidió correr traslado al Fisco Nacional, el cual fs. 2141/2142vta. se presenta manifestando se rechace el hecho nuevo invocado y la excepción opuesta por entender que la misma resulta procesalmente improcedente por ser extemporánea, solicitando ser confirmen las resoluciones apeladas en las presentes actuaciones, con costas.
Por otro lado, a fs. 2144/2154, la actora informa que el Expte. N° FSA 022253/2017, tiene como causa las Resoluciones N° 69/2017 (DI RSAL) y N° 280/16 (DV RSAL), a través de las cuales se rechaza el reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2016 y que el Expte. N° FSA11889/2019 se origina con el dictado de la Resolución N° 58/2019 (DI RSAL) a través de las cuales el Fisco Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora en dicha sede contra el encuadramiento dispuesto por el Fisco Nacional en el IVA como responsable inscripto. Asimismo, informa que dichas causas judiciales se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acompaña copia de las respectivas resoluciones.
A fs. 2160/2163 se presenta la actora y acompaña sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 3/8/2023, donde en los autos “CIRCULO MÉDICO DE SALTA C/ FISCO NACIONAL S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS” (Exp. Nº FSA 022253/2017), rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco Nacional, en los términos del art. 280 del CPCCN.
V. Que a fs. 2164 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
VI. Que a fs. 2171 se ponen los autos para sentencia.
VII. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VIII. Que entrando al análisis de la causa, corresponde en primer lugar decidir sobre el planteo de nulidad introducido por la recurrente, invocando la ausencia de motivación y fundamentación de las resoluciones que impugna.
Al respecto, cabe adelantar que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta de la recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que con relación a la invocación de falta de causa y motivación, cabe recordar que “la discrepancia con los hechos y las normas en las que se basó, así como el encuadre jurídico dado por la DGI no otorga sustento a la defensa de nulidad, toda vez que la apreciación de las circunstancias efectuada por la administración fiscal es un elemento subjetivo cuya valorización puede o no compartirse, lo que eventualmente dará lugar a la confirmación o no del acto en recurso, pero nunca su anulación” (“Huber, Víctor Abel, TFN, sala D, 15/07/98). Que, así ello, cabe recordar que, “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa” (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Específicamente, en lo estrictamente formal, se observa que las resoluciones recurridas cumplen con los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al lucir motivadas y fundadas en sus argumentos.
En definitiva, la recurrente se agravia por meras disidencias con las conclusiones vertidas por el Juez Administrativo, advirtiéndose que en la instancia de fiscalización y determinación de oficio que desembocó en el dictado de las resoluciones recurridas, todo lo actuado se ha ajustado a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente, quien en todo momento tuvo acceso a las actuaciones y oportunidad de ser escuchado y de efectuar aclaraciones y descargos que estimase convenientes.
En atención a lo señalado precedentemente, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado. No se imponen costas.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
IX. Que seguidamente corresponde analizar la excepción de litispendencia articulada por la parte actora de las presentes actuaciones y sus acumulados, con los siguientes expedientes:
VARIOS (Expediente N° FSA 022253/2017).
– VARIOS (Expediente N° FSA 006935/2019).
VARIOS (Expediente N° FSA 011889/2019).
VARIOS (Expediente N° FSA 021041/2019).
Conforme indica la actora, dichos expedientes tienen como objeto de las demandas, la revocación de las resoluciones de AFIP y como consecuencia de ello el reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias, en varios de los periodos fiscales.
Señalado ello, corresponde expedirse con relación a la excepción previa planteada por la recurrente. Ahora bien, tal como analizó esta Sala -en su anterior composición- en el fallo “Colegio Farmacéutico de Jujuy s/recurso de apelación” Expte. N°46.358-I, de fecha 21/12/2017 de aristas similares al presente, debe señalarse que existe litispendencia cuando se tramitan dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.
Afirma Alsina que “dos acciones, son iguales cuando intervienen las mismas personas, tienen la misma causa y se dirigen al mismo objeto” (Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial Tº 1, pág. 376). Por su parte, Lino E. Palacio (“Manual De Derecho Procesal Civil” – Tomo I) y Osvaldo Alfredo Gozaíni (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 271 y ste.) señalan que para la procedencia de la excepción que nos ocupa se requiere también que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites.
En definitiva, la excepción de litispendencia tiene como fundamento la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo cual posibilitaría que sobre la misma recaigan sentencias contradictorias.
Cabe aclarar que la ley 22.434 modificó el artículo 190 del C.P.C.C.N. y eliminó la posibilidad de obtener la acumulación de procesos mediante la excepción de litispendencia, por entender que ésta sólo pretende evitar la posibilidad de que una única situación de hecho o de derecho se juzgue en dos procesos distintos, de manera tal que la defensa se reduce actualmente a los supuestos en que exista la triple identidad (partes, objeto y causa). Entrando en el análisis del caso concreto, cabe adelantar que corresponde rechazar la excepción de litispendencia planteada, por las razones que seguidamente se expondrán.
A diferencia de lo que surge del concepto de la litispendencia –del que recientemente se hizo una breve referencia–, en el presente caso no se evidencia la “triple identidad” que la misma requiere.
Ello es así por cuanto, en dichas causas juridiciales la aquí recurrente impugna las resoluciones que habían dejado sin efecto el certificado de exención de la recurrente en varios periodos fiscales, en tanto que, en estos actuados se apelaron las resoluciones, por medio de las cuales se determinó de oficio la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios. Que en razón de ello, la excepción de litispendencia no ha de prosperar y no se imponen costas de forma autónoma en atención a ser tratada y resuelta en la sentencia de fondo .
X. Que seguidamente, atañe adentrarnos al análisis de la cuestión de fondo traída a estudio de este tribunal. Que, en primer término, corresponde señalar que no se discute en autos el carácter de asociación civil que reviste la parte actora, toda vez que así se constituyera desde el momento mismo de su creación.
En ese sentido, el Circulo Médico de Salta – aquí actora – es una asociación civil con personería otorgada por el Gobierno de la Provincia de Salta en el año 1959, cuya actividad consiste en la protección de la profesión médica y la representación de sus asociados en contrataciones de cobertura médica ante entes públicos y privados, desarrollando actividades científicas, sociales y culturales.
Cabe resaltar que las presentes actuaciones, conforme surge de los Informes de Fiscalización obrante en los antecedentes administrativos que corren por separado, tienen su origen en con motivo de haberse dejado sin efecto el reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias otorgado por Región Tucumán desde el 31/07/1981.
Para así decidir, el Fisco Nacional sostuvo que la actividad desarrollada por la actora no tiene por objeto la consecución de un beneficio público que sirva a la comunidad, sino que está principalmente destinada a prestar a sus asociados un servicio de intermediación, desarrollando gestiones tendientes a proteger y fomentar los intereses económicos de ellos, operando como órgano asesor y ejecutor mediante la celebración de convenios entre la entidad y las obras sociales, brindando servicios de facturación y liquidación de honorarios profesionales, percibiendo en contraprestación un porcentaje de la facturación.
Atento a que la actividad mencionada no tiene por objeto la consecución de un beneficio público que sirva a la comunidad, sino solo a sus asociados, desde 2009 y en forma recurrente, el Fisco Nacional rechazó diversas solicitudes de reconocimiento de exención presentadas.
Al respecto, cabe señalar que el inciso “f” del artículo 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97) establece que se encuentran exentos del gravamen: "Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destine a los fines de su creación en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales.”
Cabe recordar que conforme lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “...el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad (...) Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros” (“UTGRA. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina c/ D.G.I. s/ acción de amparo”, Fallos 322:2173, Considerando 6°, 16/09/1999).
Por su parte, corresponde tener en cuenta que la actora acompañó en autos copia de las sentencias tanto de la Justicia Federal de la Provincia de Salta como así también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde en esta última, tal como se dijo precedentemente, en fecha 03/08/2023, rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el Fisco Nacional, en los términos del art. 280 del CPCCN y, en consecuencia, dejó firme lo resuelto 24/09/2021 por la Sala I de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los autos caratulados “CIRCULO MÉDICO DE SALTA c/ FISCO NACIONAL s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”
(EXPTE. N° FSA 22253/2017/CA1).
Al respecto la Cámara Federal de Apelaciones N°1 de Salta sostuvo que “conforme surge del estatuto social el Círculo Médico de Salta (asociación civil) no tiene fines de lucro, no persigue utilidades para sus asociados ni mucho menos apunta a que sus ingresos se distribuyan entre los mismos o que los socios tengan derecho a las utilidades. Además, consagra entre sus fines y objetivos acrecentar los vínculos de unión entre los médicos; defender sus intereses científicos, morales, económicos y gremiales; velar por el fiel cumplimiento de la ética y deontología médica; impedir la práctica y desarrollo del curanderismo y el charlatanismo; procurar el acercamiento científico y social de sus miembros; y representar a todos los asociados en las contrataciones de cobertura médica con el Estado Nacional, Provincial, Municipal, Seguridad Social, Entidades Públicas o Privadas (cfr. art. 2 del estatuto social reservado en Secretaría).”
Asimismo, surge de dicho pronunciamiento que "el perito contador Roberto O. Magno, quien hizo mérito en su informe de fs. 187/193 de las actividades de tipo educativas, culturales, científicas y sociales o comunitarias llevadas a cabo por la actora “en beneficio tanto de los asociados como de la comunidad, lo que surge del estatuto social y se condice con los estados contables de los ejercicios 2015 a 2017 como así también de las actas de asamblea que los aprueban”
A la vez, agregó que “el fin socialmente útil del Circulo Médico de Salta también se corrobora de los estados contables y actas de asamblea de la entidad por los periodos 2009 a 2015, presentadas ante la AFIPDGI y que se encuentran reservadas en secretaría en las carpetas administrativas del organismo fiscal, de donde surge con detalle los gastos en actividades culturales, festejos y homenajes, eventos deportivos y programa de educación.” En lo que respecta a la distribución de los dividendos, sentenció que “la comisión que percibe por el Círculo Médico de Salta por la intermediación se aparte de sus fines y conlleve un lucro para la asociación y, mucho menos, que ello se traduzca en un “reembolso” o devolución de beneficios económicos para los asociados ya que, aun cuando la mayor proporción de sus ingresos se obtuvieran de aquella intermediación, sus recursos tienen una aplicabilidad y finalidad específica para la consecución y cumplimiento de su objeto de modo permanente.” Agrega que “teniendo en cuenta las constancias de la causa y en especial del análisis de los estados contables incorporados a las carpetas administrativas del organismo fiscal, surge que las sumas cuestionadas por la AFIP-DGI son aportadas por los propios socios en proporción del 5% de los montos liquidados, teniendo por finalidad sufragar los gastos que le demanda a la asociación los sueldos y cargas sociales, honorarios profesionales, comisiones y gastos bancarios, gastos ordinarios de administración, impuesto débito y crédito bancarios, entre otros.”
A su vez, aseveró que “el hecho de que el Círculo Médico de Salta se encargue de la facturación y del cobro de los honorarios, no constituye en este caso un lucro para los profesionales, sino que se trata solamente de la gestión administrativa vinculada con la presentación ante las obras sociales y empresas de medicina prepaga de la liquidación de lo adeudado a los médicos y galenos afiliados, en donde el beneficio no es económico sino de naturaleza administrativa, siendo pertinente recordar que “la ausencia de lucro no quita a las asociaciones la posibilidad de realizar actos dirigidos a obtener ganancias que sirvan para seguir cumpliendo con su finalidad específica” (cfr. Rivera, Julio César y Medina, Graciela, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 2014, pág. 437 y esta Sala I en “Asociación Bioquímica de Salta c/ AFIP-DGI s/ contencioso administrativo varios”, sent. del 4/6/21).”
Por lo que concluyó que “la entidad realiza una actividad que encuadra en los supuestos que contempla la ley de impuesto a las ganancias, vinculada a la salud pública y esa retención administrativa que figura en la cuenta “recupero servicios gastos generales de administración” no sólo no se distribuye sino que está destinada a solventar los gastos que debe afrontar para llevar a cabo sus fines sociales, por lo que no puede decirse que se aleja de sus objetivos estatutarios sino que para poder cumplirlos y para beneficiar la tarea profesional de los médicos asociados, debe cumplir también esta otra actividad.”
Por lo tanto, en atención a lo decidido en la Justicia y compartiéndose dichos fundamentos en cuanto a la procedencia de la exención en el Impuesto a las Ganancias respecto de la recurrente, es que este Tribunal, resuelve revocar las resoluciones N° 11/2014 (DV RSAL) y N° 103/2019 (DV RSAL) en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias se calculan intereses resarcitorios y se le aplican multas.
XI. Ahora bien, sentado lo precedente, corresponde expedirse si procede o no la repetición ensayada por la recurrente por la suma de $411.670,75 con más los respectivos intereses resarcitorios, en concepto de Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2008, 2009 y 2010, en virtud de haberse considerado como entidad exenta en los términos del art. 20 inc. f) de la ley del impuesto.
Al respecto, cabe señalar que el art. 81 de la Ley 11.683 dispone en su parte pertinente que "Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los tributos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. En el primer caso, deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria y dentro de los QUINCE (15) días de la notificación, podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 u optar entre apelar ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o interponer demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia”.
El Fisco Nacional indica que el reconocimiento de la exención fue revocado en sede administrativa a través de la Resolución N° 041/08 (DV RSAL) del 10/03/08 a partir de la fecha de notificación de la misma, habiéndose rechazo los argumentos vertidos en la disconformidad a través de la Resolución N° 169/09 (DV RSAL) del 21/08/09. Por último, no se hizo lugar al recurso de apelación en los términos del art. 74 del DR 1397/79. La entidad no efectuó planteo judicial contra la última Resolución, por lo que el Fisco Nacional concluye que la pérdida de la exención quedó firme en sede administrativa a partir del 12/03/2008.
A partir de ello, la recurrente presenta el 16/03/10, declaraciones juradas por los periodos fiscales 2008 y 2009 declarando impuesto a ingresar por $ 90.706,21y $ 126.957,80 respectivamente. Dichos montos fueron ingresados a través de un Plan de Facilidades de Pagos (C986363).
Posteriormente, el 29/06/2011, la recurrente presenta una nueva solicitud de exención en el gravamen, la que fue rechazada con los mismos argumentos que la Resolución N° 88/09. Contra dicha Resolución, presentó recurso de apelación, que fue archivado, en atención a la presentación sistémica de desistimiento.
La entidad presenta una nueva solicitud, indicando el Fisco Nacional que los argumentos esgrimidos son idénticos al descargo realizado en la resolución de vista previa en el procedimiento de determinación de IVA que fueron contestados a través de la Resolución N° 228/2011 (DV RSAL) por la cual se determinó de oficio el IVA por los periodos fiscales 03/2008 al 07/2009.
La recurrente solicita repetición de los montos de impuesto determinado por los periodos fiscales 2008 y 2009 con más los intereses resarcitorios abonados en virtud del plan de pago utilizado. Con relación al ejercicio fiscal 2010 la recurrente solicita la repetición de los anticipos ingresados por la suma de $126.919,67 más ingresos computados en la declaración jurada por la suma de $ 4,675,05 e intereses resarcitorios de los anticipos 1, 2, 3 y 4 por $ 3.244,09 El Fisco Nacional en base a los precedentes mencionados rechaza la repetición intentada con fundamento en que la actividad de la recurrente está dirigida en mayor medida a prestar un servicio de intermediación con sus asociados, consistente en gestiones tendientes a proteger o fomentar los intereses económicos de sus asociados, operando como órgano asesor y ejecutor mediante la celebración de convenios entre la entidad y las obras sociales. Los ingresos de la entidad provenían del cobro de la retribución por la prestación de servicios de facturación, cobro y liquidación de honorarios profesionales, percibiendo en contraprestación un porcentaje de la facturación.
En atención a que el argumento del Fisco Nacional es el mismo desde el año 2008, en función de lo expuesto precedentemente en cuanto al reconocimiento de la actora como entidad exenta del Impuesto a las Ganancias, corresponde hacer lugar a la repetición de la suma de $411.670,75, en concepto de Impuesto a las Ganancias, con más los respectivos intereses resarcitorios calculados desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo atento lo normado por el artículo 179 de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.), aplicando la tasa de interés pasiva promedio, publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (conf. doctrina plenaria recaída en la causa: "Dálmine Siderca s/demanda de repetición sellos" -expte. 68314, sentencia de Fecha 7/12/1993, de aplicación obligatoria para las distintas Salas del tribunal), con costas.
XII. Que, por su parte, seguidamente se analizan los ajustes relativos al Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios y al Impuesto al Valor Agregado, aunque cabe anticipar que, en atención a los fundamentos desarrollados en el considerando IX, corresponde su revocación.
Ello así, en razón de que, sin perjuicio de reconocerse el carácter distintivo de cada impuesto traído a discusión en estos actuados, no puede desconocerse la existencia de una vinculación normativa entre los gravámenes en materia de beneficios fiscales, conforme se expone seguidamente.
Con respecto al IVA cabe mencionar que la exención aplicable a la recurrente (art. 7° inc. h punto 6 de la ley) alude a la condición de exento en el Impuesto a las Ganancias de entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f, g y m del art. 20 de la ley de este último gravamen.
En lo relativo al Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, el art. 7° del decreto 380/91 reglamentario de la ley del gravamen, prevé la aplicación de tasas reducidas a los sujetos que concurrentemente tengan exenta y/o no alcanzada en el IVA la totalidad de las operaciones que realicen y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias.
En consecuencia, al corresponderle a la recurrente el reconocimiento de la exención en el Impuesto a las Ganancias, devienen aplicables la exención en el IVA y la aplicación de la tasa reducida en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, dado que conforme surge de las respectivas resoluciones determinativas, el decaimiento del reconocimiento de la exención del Impuesto a las Ganancias fue el fundamento que acarreó la cosecuente pérdida de los beneficios fiscales en los otros dos impuestos.
El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que en los presentes autos se apelan las Resoluciones dictadas por la División y Recursos de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI, Nros. 229/2011, 228/2011, 122/2013, 13/2014, 12/2014, 11/2014, 103/2019, 104/2019 y 105/2019, por los conceptos y montos que expone el Vocal preopinante en el Considerando I de su voto, al que me remito en honor a la brevedad.
Conforme surge de las actuaciones, la recurrente es una Asociación Civil, la cual declara como actividad principal la de “Servicios de federaciones, asociaciones, cámaras, gremios, y organizaciones similares”. La postura fiscal expuesta en los actos recurridos se sustenta en considerar que la entidad apelante no encuadra en las previsiones del artículo 20, inciso f), de la Ley del Impuesto a las Ganancias por considerar básicamente que aquella no tiene por objeto la consecución de un beneficio público que sirva a la comunidad, sino que persigue un interés comercial favorable a sus asociados. A consecuencia de ello, el Fisco consideró que tampoco cumplía con los requisitos previstos en el artículo 7º, inciso h) punto 6, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para gozar de la exención de dicho tributo, considerándola alcanzada por el artículo 3, inciso e) punto 21, de dicha ley; y que asimismo no le correspondía la alícuota reducida del 2,5 o/oo sino la alícuota general del 6 o/oo en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias.
La actora en su recurso sostiene que es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto de bien público se manifiesta principalmente en las áreas de salud pública y asistencia social, además de que conforme sus estatutos constituye uno de sus fines la defensa de los intereses científicos, morales, económicos y gremiales de los médicos de Salta, que no distribuye sus ganancias directa ni indirectamente entre sus asociados; concluyendo que la entidad se ajusta inequívocamente a los supuestos en que el artículo 20, inciso f), de la ley de Ganancias, prevé la exención.
II. Que si bien la actora en sus escritos recursivos plantea agravios de nulidad respecto de las resoluciones apeladas, en los que sustenta que adolecen de vicios en la causa y motivación, los mismos no han sido introducidos como cuestión de previo y especial pronunciamiento. Tampoco se le ha dado tal carácter por parte de este Tribunal. Asimismo, se desprende de tales agravios que la actora no comparte la postura fiscal por la que consideró a la asociación como entidad no exenta, cuestión ésta que hace al fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a decidir y que por lo tanto excede el marco de su tratamiento como cuestión previa. Ello así, los agravios habrán de ser considerados, tal como han sido planteados por la apelante, esto es como parte de la defensa de fondo.
III. Que respecto de la presentación de la recurrente a fs. 2051/2053, cabe señalar que la excepción de litispendencia que allí plantea no corresponde sea tratada en esta instancia habida cuenta que la misma ha sido introducida en forma tardía. En efecto, conforme lo dispone el artículo 166 de la Ley 11683, al momento de interponer el recurso, el apelante debe expresar todos sus agravios y oponer excepciones. Ello así, no habiendo planteado la excepción en ocasión de presentar los respectivos recursos de apelación, su introducción en el escrito de fs. 2051/2053 resultó manifiestamente improcedente, lo que así corresponde declararlo, sin que amerite imposición de costas autónomas, habida cuenta que el planteo se rechaza por su improcedencia procesal y que, además, no fue oportunamente sustanciado por la instrucción, la que se limitó en el punto 2) de fs. 2058 a tenerlo presente para su oportunidad.
IV. Que entrando al fondo de la cuestión planteada en autos, en primer lugar, cabe reseñar que tal como ha expresado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “...el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad, máxima si se tiene en consideración que el citado art. 39 dispone que la exención opera automáticamente, por la sola obtención de la personería gremial. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros” (“U.T.G.R.A. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina c/ D.G.I. s/ acción de amparo”, Fallos 322:2173, Considerando 6°, 16/09/1999).
Sentado ello, cabe tener presente que el inciso f) del art. 20 de la Ley N° 20.628 (texto Decreto 649/97) establece que se encuentran exentos del gravamen: "Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destine a los fines de su creación en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Se excluyen de esta exención aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales.” (el destacado me pertenece). Por su parte el artículo 7º, inciso h), punto 6), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que se encuentran exentos “Los servicios prestados por obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f), g) y m) del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.), por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos.”
Por su parte el artículo 7 del Decreto 380/01, reglamentario de la ley del Impuesto a los Débitos y Créditos en cuenta corriente y para las citadas operaciones, respectivamente, cuando se trate de obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, o de sujetos que concurrentemente tengan exenta y/o no alcanzada en el Impuesto al Valor Agregado la totalidad de las operaciones que realizan y resulten exentos del Impuesto a las Ganancias...”.
Cabe señalar en primer lugar que conforme lo expresa el propio juez administrativo (vide por ej. página 17 de la Resolución 229/2011) no se discute por parte del Fisco Nacional que la apelante sea una asociación civil que nuclea a profesionales médicos ni que está regularmente inscripta y registrada como tal por el organismo estatal encargado de su fiscalización y control.
Que conforme se desprende del mismo acto determinativo, el artículo 2 del Estatuto Social de la contribuyente establece como sus fines, los siguientes: a) acrecentar los vínculos de unión entre los médicos; b) defender sus intereses científicos, morales, económicos y gremiales; c) velar por el fiel cumplimiento de la ética y deontología médica; d) impedir la práctica y desarrollo del curanderismo y el charlatanismo; e) procurar el acercamiento científico y social de sus miembros; f) representar a todos sus asociados en las contrataciones de cobertura médica con el Estado Nacional, Provincial, Municipal, Seguridad Social, Entidades Públicas o Privadas, etc.; cumplimentando los requisitos que la normativa exija.
En efecto, de la copia del estatuto (glosada a fs. 384/389 de los antecedentes administrativos) se observa además que en su artículo 10 prevé que en caso de disolución, una vez pagadas las deudas, sus bienes se destinarán a una institución sanitaria pública de la ciudad de Salta, que cuente con personería jurídica y que estuviera exenta en el impuesto a las ganancias y reconocida como tal por la AFIP-DGI.
Del informe final de inspección surge que el Círculo Médico de Salta tiene ingresos provenientes de las cuotas que abonan sus asociados y de las comisiones por servicios prestados a sus socios, los que consisten en servicios de facturación, liquidación y gestión de cobranzas de los honorarios correspondientes a las prestaciones de sus asociados a diversas obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Conforme surge de la copia de la Disposición Nº 1646/08 de la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud (que se encuentra glosada a fs. 823/824 y stes. del cuerpo V del Legajo IVA de los antecedentes administrativos que corren por separado), la recurrente se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Prestadores como prestador del sistema de salud de la Ley 23661 en el carácter de asociación que representa a profesionales del arte de curar.
Así se observa que los ingresos que percibe la recurrente guardan relación con el objeto fijado en su estatuto social y con su carácter de prestador del sistema de salud en representación de sus asociados. En definitiva facilita la labor de los profesionales médicos y la atención al paciente, brindando una infraestructura administrativa que se pone al servicio de la prestación del servicio de salud. Asimismo, no surge de las actuaciones ningún elemento o constancia que permita suponer que la entidad destina los fondos recaudados a fines distintos de los descriptos en su estatuto social (vide en igual sentido, esta Sala in re “Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires”, sentencia del 4/10/2018, confirmada por la Alzada -Sala II- el 10/9/2019).
Por otra parte, de la sentencia acompañada por la actora en autos, correspondiente al Expte. FSA 22253/2017 en el cuál la recurrente interpusiera acción contenciosa con la finalidad de obtener la revocación de las resoluciones del ente fiscal que dispusieron dejar sin efecto el reconocimiento de la exención en el impuesto a las ganancias, que tramitara ante la Justicia Federal de Salta, que cuenta con sentencia firme, atento que la CSJN por aplicación del artículo 280 dejó firme la sentencia de Alzada, surge que para la justicia “...en los hechos, el Círculo Médico de Salta actúa como prestador en los términos de la ley 23.661 para contratar con las obras sociales y empresas de medicina prepaga en nombre de los profesionales que representa, además de los otros fines de beneficio público o socialmente útiles que como asociación civil realiza conforme su estatuto y por los que en los términos del artículo 20 inc. f) de la ley del impuesto a las ganancias le corresponde el beneficio fiscal” (vide sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Salta, glosada en copia a fs. 2093/2106).
Que en función de lo expuesto voto por reconocer a la recurrente la exención en el impuesto a las ganancias en los términos del artículo 20, inciso f), antes transcripto, por lo que también le resulta aplicable la exención consagrada en el artículo 7, inciso h) punto 6) de la ley del IVA y, en consecuencia, la alícuota reducida en el impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios. Ello así, corresponde revocar la totalidad de los actos recurridos en autos, dejando sin efecto los ajustes determinados por el Fisco Nacional en las Resoluciones 229/2011, 228/2011, 13/2014, 12/2014, 11/2014, 103/2019, 104/2019, 105/2019, haciendo lugar a la repetición denegada en la Resolución 122/2013 en este caso con más los intereses correspondientes desde la fecha de interposición del reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria de este Tribunal in re “Dalmine Siderca” de fecha 27/12/1993, de acatamiento obligatorio conforme artículo 151 de la Ley de Procedimiento Tributario. Las costas se imponen al Fisco nacional por no encontrar mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Revocar las resoluciones N° 229/2011 (DV RSAL), N° 228/2011 (DV RSAL), N° 13/2014 (DV RSAL), N° 12/2014 (DV RSAL), N° 11/14 (DV RSAL), N° 103/2019 (DV RSAL), N° 104/2019 (DV RSAL), N° 105/2019 (DV RSAL), en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, con costas.
2. Revocar la resolución N° 122/2013 (DV RSAL) y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición ensayada por la recurrente con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Las costas se imponen al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese. Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.
Date: 2023.12.27 17:21:01 ART Date: 2023.12.28 11:38:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.28 12:11:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.28 12:11:34 -03:00
Fin de la sentencia