Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.528-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 2166/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-2674-2005, la cual condena a la importadora CIRILO AYLING SAIC al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 10/100 cvos. ($ 38.554,10.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT 02 073 IT14 001359 L. Costas a cargo de la coactora importadora.
2Confirmar parcialmente el art. 2° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el Considerando XIII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma pesos treinta y tres mil doscientos siete con 93/100 cvos. ($ 33.207,93.-) en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren, para la coactora aseguradora, desde el 22/08/2007, y para la coactora importadora, desde el 16/11/2007, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver Cons.
XIV).
3Costas conforme los respectivos vencimientos en relación a los tributos, las que se distribuyen en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-75665312-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Agosto de 2021 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CIRILO AYLING S.A.I.C. y otro c/ DGA s/recurso de apelación”, Expediente N° 31.528-A (y su acumulado Expediente Nº 31.585-A), El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2166/12, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, con fecha 4 de mayo de 2012, en la Actuación N° 12210-2674-2005, en cuanto condena a la firma CIRILO AYLING S.A.I.C., por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., al pago una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 38.554,10.- y formula cargo a la importadora y a la citada en garantía SEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA DE SEGUROS al pago de la suma de $ 148.870,24.- en concepto de tributos adeudados respecto de las DIT Nº 02 073 IT14 001359 L con más los intereses del art. 794 del C.A.
II. Fundamentos de las apelaciones:
- Coactora Importadora CIRILO AYLING S.A.I.C.: A fs. 17/22 se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa.
Asimismo, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho Nº 02 073 IT14 001359 L, en relación con la falta de regularización de la mercadería ingresada temporariamente. Manifiesta que la encartada cumplió con la destinación temporaria reexportando los insumos importados. Hace mención que acompaño toda la documentación Permisos de Embarque y solicitud de CTC que descargarían la DIT en cuestión. Detalla los permisos que descargarían la DIT y el CTC aplicable a dicha temporal. Manifiesta que resulta ilegitimo y afecta su derecho de defensa previsto en el art. 18 de la C.N, el hecho que la Aduana se haya negado a analizar la documentación aportada por la actora. Cita normativa. Se agravia en cuanto a la multa, tributos y la aplicación del derecho adicional. Solicita la aplicación subsidiaria del art. 898 del C.A. Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
- Coactora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS: A fs. 41/50 se presenta por medio de apoderada e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa. Asimismo, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que la importadora no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho Nº 02 073 IT14 001359 L. Manifiesta que la encartada cumplió con la destinación temporaria reexportando los insumos importados. Se agravia en cuanto a la improcedencia del derecho adicional, de las percepciones de IVA y ganancias. Cita jurisprudencia. Asimismo, agrega que, la aseguradora no responde con los mismos alcances y en la misma medida que la importadora. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se proceda a revocar la resolución apelada.
III. Contestación de los traslados: A fs. 74/81 se presenta el apoderado del fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por las coactoras, importadora y aseguradora, acompaña las actuaciones administrativas, antecedentes de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Hace una breve reseña de los hechos. Afirma que según resulta de las constancias del expediente administrativo, la actora no habría acreditado el cumplimiento de la reexportación de la mercadería antes del vencimiento del plazo otorgado por el régimen de importación temporaria.
Manifiesta que la actora no ha aportado copia de la solicitud de CTC en cuestión indispensable para conocer la relación insumo producto. Asimismo, argumenta que el proceso en cuestión es de carácter infraccional, por las cuales la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, quien debe demostrar fehacientemente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido con sus obligaciones bajo el régimen de importación temporaria. Cita normativa. Agrega que, en cuento a la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador. Destaca que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro.
Manifiesta que la determinación tributaria se da en el marco del sumario aduanero. Cita normativa, jurisprudencia y doctrina. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que a fs. 235 se dispone la habilitación de esta instancia a fin de dar trámite al presente expediente, se cierra el periodo probatorio y se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 241 pasan los autos alegar. A fs. 247/249 obra a agregado el alegato presentado por la coactora importadora. A fs. 250 se deja constancia de que la coactora aseguradora y la representación fiscal no hicieron uso del derecho conferido. A fs. 251 pasan los autos a sentencia.
V. Que de las actuaciones administrativas Nº 12210-2674-2005 obra a fs. 1 el Acta de denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A.., en relación a la DIT 02 073 IT14 001359 L, por la totalidad de la mercadería importada temporariamente. A fs. 4 obra el sobre contenedor original de la DIT en cuestión. A fs. 5 obra la Nota Nº 10132/05 (17/10/05). A fs. 6 obra Aforo de la mercadería (Nota Nº 1036/05). A fs. 6vta. obra la liquidación de tributos (31/10/05). A fs. 8 obra la LMAN. A fs. 11 obra Instrucción de Sumario (07/05/2007). A fs. 13 obra la Nota de fecha 10/07/2007. A fs. 14 obra la liquidación de determinación de multa y tributos. A fs. 18 obra el print de consulta de garantía. A fs. 20 obra la corrida de vista (notificada a fs. 23vta a la aseguradora- 07/08/2007). A fs. 30/vta. se presenta la citada en garantía Aseguradores de Cauciones S.A. de Seguros y contesta vista. A fs. 31/141 se presenta la importadora contesta vista y acompaña documental. A fs. 142 obra la cedula rechazada por la importadora 01/11/07. A fs. 143 se abre a prueba. A fs. 144 obra el oficio de fecha 15/03/2010 dirigido a la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería, (acreditado el diligenciamiento a fs. 145). A fs. 147 obra la respuesta al oficio diligenciado a fs. 144. A fs. 152 obra la consulta al registro de infractores. A fs. 153/155vta. se dicta la Resolución DE PRLA N° 2166/12, apelada en autos.
VI. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 02 073 IT14 001359 L, de la firma CIRILO AYLING S.A.I.C., registrada ante la Aduana de Ezeiza, el 31/05/2002, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 20/05/2004.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a actora -mediante la resolución aduanera aquí apelada. -
VII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
Que, a mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Que, sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
IX. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis. Que, de la prueba informativa producida en autos, dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Promoción de Exportaciones, Secretaría de Industria, a fs.194/197vta.,204/217 de estos autos, surge que con fecha 12/08/2002 la actora adjunta a la solicitud de tipificación a exportar para: tarjetas plásticas personalizadas, en dicha presentación dice acompañar Declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos, detalle de insumos importados (3 items), descripción del producto a exportar.
Que a fs 206 obra agregada la Declaración jurada de insumos, mermas, sobrantes y residuos, sin detalle de que insumo se importa para su transformación, ni tampoco se detalla la relación insumo/producto. A fs. 207 obra Declaración Jurada de insumos importados para la elaboración del producto a exportar en la cual se detallan 3 items, sin embargo, no se detalla la relación insumo/producto. A fs. 209 obra solicitud de rectificación de importación temporaria de la S01:0207350/02 (Exp. Nº S01:0211365), presentada por la actora, con fecha 16/08/2002, en la cual acompaña declaración jurada de insumos importados para la elaboración del producto a exportar (detallando la relación insumo/producto).
Que a fs. 212 obra informe Nº 261/2003 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de fecha 01/04/2003, en el cual se informa en relación a la solicitud de rectificación CTC Nº S01:0211365/02 que: “… no se puede evaluar la C.T.C, ni la Rectificación, por faltar el detalle del proceso productivo necesario para emitir el dictamen correspondiente. Se deberá aclarar que insumos precisos importa”.
Que, por lo expuesto, se desprende que el CTC definitivo relativo a la temporal en trato, nunca fue emitido. Que si bien la actora solicitó con fecha 12/08/2002 la tipificación del producto a exportar (Solicitud de CTC Nº S01:0207350/02), y con fecha 16/05/2002 la rectificación de dicha solicitud (S01:0211365), la actora importadora no cumplió con la obligación de aportar toda la documentación necesaria a los fines de que el Organismo procure la emisión del mismo (ver informe de fs. 212).
Que, en virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME72/92 (ver normativa citada Cons. VIII), ni considerarse reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba. Que, en dicho sentido, es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que, en atención a todo lo expuesto, no cabe más que concluir, que resulta ajustada a derecho la resolución apelada en autos en cuanto condena a la recurrente al pago de multa en el art. 970 del C.A., con la correlativa obligación tributaria de conformidad al art. 274 del C.A X.- Que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la N° 516.472 (ver a fs. 97 de autos) extendida por la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. por la suma de $ 186.000 a favor de la aduana, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma CIRILO AYLING S.A.I.C. mediante la DIT N° 02 073 IT14 001359 L.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. Que, en ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de La Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XI. Que previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre los agravios vertidos por las coactoras sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas. Que, al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Que, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (el destacado es mío) (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas). Que, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A. Que, consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas.
XII. Que corresponde me refiera a la multa impuesta, la cual resulta ajustada a derecho (ver a fs. 14 de las act.adm.) y la que se confirma por la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 10/100 cvos. ($ 38.554,10.-) por encontrarse en infracción la totalidad de la mercadería importada mediante le DIT N° 02 073 IT14 001359L, cuyo vencimiento operó el 20/05/2004.
Que el art. 970 del C.A refiere -según pacífica jurisprudencia – sólo a los tributos que gravan la importación para consumo del régimen general.
Que al respecto cabe señalar lo manifestado por Alsina, Barreira, Basaldua, Cotter Moine, Vidal Albarracin, Código Aduanero comentado Tomo II (Art 820 a 1191) Buenos Aires, ed. Abeledo Perrot 2011 completado y actualizado por Barreira, Basaldúa, Vidal Albarracin, Cotter, Sumcheski, Vidal Albarracin (h) p. 439 .“Este art. 970 sanciona la violación de las obligaciones esenciales del régimen de importación o exportación temporaria, aplicando pena de multa con un tope mínimo de 30% del valor en Aduana de la mercadería en infracción, cuando no estuviere gravada o los tributos no superen dichos porcentajes. Los tributos que deben ser tenidos en cuenta como base de la multa son los derechos de importación y exportación y el impuesto al valor agregado excluyéndose así el impuesto a las ganancias (porque la importación no configura el hecho imponible) y el derecho adicional establecido en los regímenes de importación temporaria para perfeccionamiento industrial (porque no son derechos auténticos y funcionan como sanciones)”.
XIII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 14 de las actuaciones administrativas, no ha sido cuestionada por la recurrente, en lo que hace a los rubros que la integran, así como a las alícuotas aplicadas. Que, sin perjuicio de ello, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. N° 604155/01) s/DGA” (TFN 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, consecuentemente, deben reliquidarse los tributos, sin incluir el derecho adicional (conf. Cons. XI), ni las percepciones IVA adicional y IIGG, por lo que se detallan a continuación los cálculos pertinentes. Liquidación:
01 073 IT14 001359 DIT ITEM 1 L BASE BASE MULTA TRIBUTOS V.A $128.513,67 V.A $128.513,67 D.A 0% $0,00 D.A 0% $0,00 D. ESPEC. 4,00% $5.140,55 D.ESP 4,00% $5.140,55 T.E 0,00% $0,00 T.E 0,00% $0,00 BASE IVA $133.654,22 BASE IVA $133.654,22 IVA 21% $28.067,39 IVA 21% $28.067,39 IVA ADIC 0% $0,00 IVA ADIC 0% $0,00 IIGG 0% $0,00 IIGG 0% $0,00
$ TOTAL $ 33.207,93 TOTAL
33.207,93 MULTA MIN $ TC 31/05/02 2,9070 S/V.A. 30% 38.554,10 V.A DÓLAR 44.208,35
XIV. Que respecto de los intereses, ante todo señalo que es ya pacífica la jurisprudencia que, como principio general, sostiene que el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 C. Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Que, en el caso de autos, la importadora fue notificada de la corrida de vista con fecha 01/11/2007 (ver a fs. 142/vta. de las act. adm.), con posterioridad a la fecha de la notificación a la aseguradora con la misma finalidad, en el caso practicada en fecha 07/08/2007 (ver fs. 23/vta. de las act. adm.).
Que, por lo tanto, los intereses corren, para la coactora aseguradora, desde el 22/08/2007, y para la coactora importadora, desde el 16/11/2007, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A.
Que respecto del pago de accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad (ver Cláusulas Particulares de la póliza, cuando expresan “con más la (suma) que pudiere resultar en exceso...”, y art. 4° de las Condiciones Generales).
XV. Que, como consecuencia de la liquidación precedentemente efectuada cabe concluir, que la coactora importadora adeuda en concepto de multa por la infracción al art. 970 del C.A. respecto de la totalidad de la mercadería importada temporalmente (15.224 unidades de mercadería sin nacionalizar y/o reexportar) mediante el DIT 02 073 IT14 001359 L, la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 10/100 cvos. ($ 38.554,10.-).
Que respecto a los tributos las coactoras adeudan la suma de pesos treinta y tres mil doscientos siete con 93/100 cvos. ($ 33.207,93.-) en concepto de tributos adeudados con más los intereses que corren, para la coactora aseguradora, desde el 22/08/2007, y para la coactora importadora, desde el 16/11/2007, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver Cons. XIV).
Que las sumas adeudadas en concepto de tributos se encuentran dentro del tope máximo asegurado mediante la Póliza N° 516.472 (ver a fs. 97 de autos) extendida por la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. respecto de la DIT 02 073 IT14 001359 L.
XVI. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas a la coactora importadora en relación a la multa que se confirma, y en relación a los tributos se imponen conforme a sus respectivos vencimientos, las que se distribuyen en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo al fisco (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 2166/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-2674-2005, la cual condena a la importadora CIRILO AYLING SAIC al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 10/100 cvos. ($ 38.554,10.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT 02 073 IT14 001359 L. Costas a cargo de la coactora importadora.
2).- Confirmar parcialmente el art. 2° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el Considerando XIII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma pesos treinta y tres mil doscientos siete con 93/100 cvos. ($ 33.207,93.-) en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren, para la coactora aseguradora, desde el 22/08/2007, y para la coactora importadora, desde el 16/11/2007, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver Cons.
XIV).
3).- Costas conforme los respectivos vencimientos en relación a los tributos, las que se distribuyen en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo al fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Horacio J. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Horacio J. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 2166/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12210-2674-2005, la cual condena a la importadora CIRILO AYLING SAIC al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro con 10/100 cvos. ($ 38.554,10.-) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT 02 073 IT14 001359 L. Costas a cargo de la coactora importadora.
2).- Confirmar parcialmente el art. 2° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el Considerando XIII.- del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma pesos treinta y tres mil doscientos siete con 93/100 cvos. ($ 33.207,93.-) en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren, para la coactora aseguradora, desde el 22/08/2007, y para la coactora importadora, desde el 16/11/2007, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. (ver Cons.
XIV).
3).- Costas conforme los respectivos vencimientos en relación a los tributos, las que se distribuyen en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo al fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- Date: 2021.08.18 08:57:53 ART Date: 2021.08.18 12:45:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.18 14:31:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.18 14:32:15 -03:00
Fin de la sentencia