Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5011
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando a su respecto el pronunciamiento de grado.
2Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevando los rubros resarcitorios por daño moral a la suma de $ 800.000 y de daño punitivo a la suma de $ 600.000 y disponiendo el resarcimiento del daño patrimonial en la forma indicada en el apartado IV.1.
3Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de honorarios).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5011-23 caratulada "CIRO NORA BEATRIZ C/ BANCO SUPERVIELLE S.A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. N° 76.517 del Juzgado Civil y Comercial n° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue, Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo: El magistrado de la anterior sede hizo lugar a la demanda instaurada por Nora Beatriz Ciro, condenando en consecuencia al Banco Supervielle S.A., a abonar a la actora dentro de los diez días de notificada la presente la suma de pesos ochocientos setenta mil cuatrocientos cuatrocientos treinta y nueve ($870.439), con más sus intereses. Aplicó las costas a la parte demandada vencida. Difirió la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes.
Dicho decisorio es apelado por la parte actora el 21-6-2023 y por la apoderada del Banco Supervielle S.A. el 15-6-2023, concedidos en relación sendos recursos el 22-6-2023, ambas partes presentaron sus respectivos memoriales el 26-6-2023 y 27-6-2023, confiriéndose los traslados pertinentes el 28-6-2023, siendo contestados por las partes el día 3-7-2023. Ingresados los autos a esta Alzada el 4-7-2023, se llama a autos para resolver, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser resuelta.
AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA.
Principia su queja agraviándose en forma parcial contra la sentencia dictada en autos respecto al rubro Daño Moral dado que el a quo al momento de mensurar el mismo, fija una suma que no responde a un criterio de equidad, destacando que su parte percibe desde que accedió al beneficio de la jubilación el haber jubilatorio mínimo establecido no pudiendo cubrir sus necesidades básicas, afectando su estado de ánimo y su vida en relación, y teniendo además a su hijo discapacitado a su cargo. Dice que en los meses de mayo y noviembre de 2017 se le ha retenido el 100% de sus ingresos por la entidad bancaria, siendo el haber jubilatorio mínimo único sustento y tildándo tal proceder como abusivo. Remarca además, la persecución y las tácticas agresivas que efectuara la empresa vinculada con la demandada que es GEDCO S.A. según surge del informe fechado 24 de octubre de 2022 adjuntado por dicha empresa, exigiera en pandemia el pago de los préstamos adeudados cuando la normativa de emergencia suspendió tales ejecuciones.
Dice que establecer como monto indemnizatorio por daño moral la suma de pesos trescientos mil ($300.000,00) que equivale a una vez y media la canasta básica actual según el INDEC1, resulta insuficiente a tal fin, solicitando se ajuste el mismo al contexto económico y las circunstancias acreditadas en autos.
Señala respecto al daño punitivo reclamado que el monto indemnizatorio impuesto al banco por este ítem, resulta insuficiente, consignando doctrina en apoyo de su postura.
Para dimensionar la ineficacia sancionatoria del monto fijado en tal concepto, propone acudir a un parámetro que permita modular el alcance de la sanción que se persigue con este concepto. Aduce que el importe fijado de pesos trescientos mil ($300.000,00) resulta el equivalente a un (1) salario básico de empleado bancario que inicia la actividad. Manifiesta que resulta así claramente insuficiente para logra el objetivo sancionatorio, incluso, teniendo en cuenta que ésta es una práctica que alcanza a la generalidad de los jubilados y pensionados, siendo éste un caso concreto. Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se ajusten los montos de los rubros de daño moral y daño punitivo.
AGRAVIOS PARTE DEMANDADA.
Refiere en primer término que se agravia por cuanto el a quo hace lugar a la demanda por daños y perjuicios contra el Banco Supervielle S.A..atendiendo a la valoración de la prueba producida en autos. Afirma que el objeto del litigio resulta ser carente de todo asidero fáctico, motivo por el cual deviene improcedente la condena a su mandante por daños y perjuicios en los términos de la sentencia en apelación. Que en cuanto a la valoración de la prueba efectuada por el a quo agravia a su mandante que el mismo no hubiere efectuado una valoración de toda y cada una de las pruebas producidas en autos, como asimismo que hubiere valorado parcialmente las elegidas y así haber arribado a su decisorio final en perjuicio de su representada.
Destaca que como lo menciona el sentenciante de grado no ha existido controversia en cuanto a que la actora fue cliente de su mandante desde enero 2015 y hasta octubre de 2019, y que durante 4 años utilizó los servicios del banco: usaba tarjeta de crédito, solicitó 5 préstamos personales que fueron ingresados a la cuenta de la actora y dispuestos por ésta, e incluso que la misma dejó de pagar los créditos solicitados y mantiene deuda con la entidad bancaria.
No obstante, se agravia en cuanto a que el Sr. Juez ha tenido por válidos los dichos de la actora en lo que se refiere a que hubo un aprovechamiento de su indefensión y necesidad.
Considera que el otorgamiento de los préstamos que fueron solicitados por la actora con la debida información de todos los recaudos que establece la ley, que fueron suscriptos por la misma en plena libertad, cuyos montos ingresaron en su cuenta y fueron dispuestos por la misma, y los cuales adeuda hasta el presente han constituidos todos ellos una operatoria irregular.
Refiere que se ha probado con la pericia caligráfica que la firma inserta en los contratos de préstamo le corresponden a la actora, es decir que la misma estaba al tanto de los términos y alcances de su operatoria y el monto de las cuotas y fechas en que debía abonar de cada uno de los créditos que solicitó.
Asevera que su mandante cumplió acabadamente con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, que fija las características del préstamo en cuanto a la descripción del bien o servicio que se compra o contrata, el precio al contado en los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios, el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés anual que regirá el contrato, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total de la operación, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras, seguros u otros gastos adicionales que pueden darse. Asevera que la entidad bancaria cumplió con el deber de información, no hubo conducta abusiva, ni afectación a la confianza del consumidor, ni falta de buena fe en el obrar de mi mandante. Por el contrario, sostiene que la actora siempre recibió un trato digno y contó con información veraz y completa de los compromisos que asumía y ello se refleja en la documentación agregada en autos y que fuera reconocida por la actora y en la pericia caligráfica.
Apunta que el juez sentenciante omite dos pruebas fundamentales, en aras de fundar su propia decisión. En primer lugar surge del informe del Banco Central de la R.A que fuera ofrecido como prueba documental en mi conteste punto VI, ap.A-5), y que no fuera desconocido por la actora, que la misma tenía deuda con otras entidades financieras y crediticias: Banco de Servicios y Transacciones SRL; CFN SA; Banco de Servicios Financieros SA, Compañia Financiera Argentina SA; Electronica Megatone SA, Garbarino SAICeI, por lo que no se estaría ante una persona de avanzada edad que desconocía como funcionaban las empresas o entidades que proveen servicios financieros, sino todo lo contrario tenia otorgados prestamos en varias entidades lo que demuestra que conocía bien el funcionamiento de los prestamos, y por lo tanto su supuesto sobreendeudamiento no tuvo que ver con una operatoria irregular de su mandante, sino por su propia conducta.
Por otra parte, puntualiza que se ha omitido considerar lo expuesto por el Sr. perito contador en cuanto a que la actora adeudaba a su mandante las sumas que le fueron concedidas en préstamo y que fueran consumidas por ésta.
Arguye que tampoco se ha valorado que la actora voluntariamente y al solo efecto de no abonar su deuda, se cambió de banco para la percepción de sus haberes jubilatorios en el mes de noviembre/2019.
Sostiene que no se ha probado que la actora sufriera afectación a su integridad psicofísica, los testigos -hija y el nieto de la actora- reconocen que la Sra. Ciro tenía crédito con otras entidades y que los usaba para comprar cosas para la casa y para el consumo de bienes, es decir que la afección invocada y el supuesto desequilibrio económico por variadas deudas no puede imputarse a su parte.
Se agravia también las indemnizaciones de condena establecidas por el juez sentenciante y su cuantificación. Dice que la determinación del daño emergente es arbitraria y sin fundamento alguno. Explica que no ha existido en el caso de autos un perjuicio en el patrimonio de la actora. Por el contrario, los prestamos otorgados fueron incorporados a su patrimonio y dispuestos por ésta.
De manera que otorgar una suma por este rubro constituiría, a su criterio, un error conceptual, ya que configuraría un enriquecimiento sin causa a su favor, por cuanto los consumos por tarjeta de crédito y los préstamos otorgados fueron utilizados por la actora sin que los hubiera cancelado hasta el presente y a fin de evitar su cobro inicia esta aventura jurídica a fin de percibir algo que por derecho no le corresponde. En relación al rubro daño moral, refiere que la condena por la suma de $300.000, con fundamento en que se ha visto acreditado en autos el padecimiento del actor por haber tenido que reclamar su derecho en forma jurisdiccional, deviene improcedente, no habiendo quedado de modo alguno acreditados los hechos que el a quo menciona en su CONSIDERANDO, y por ello es que mal puede condenarse a su mandante por este rubro.
Dice que el a quo en orden a fundar dicho rubro aduce circunstancias que no ocurrieron en estos autos y refiere a un proceso distinto en clara muestra de que se ha copiado párrafos de otra sentencia. En tal sentido, transcribe el segmento de la sentencia respectivo. Aduce que cuando la responsabilidad es de raíz contractual, la prueba del daño moral corresponde siempre al actor; en tanto que si la misma resultase de fuente aquiliana, dicho perjuicio se presumiría iuris tantum; y como fundamento de ello, se señala que "esos criterios aparecen indudablemente influidos por lo que sucede más o menos habitualmente ya que, de ordinario, en el incumplimiento contractual sólo resulta afectado un interés económico, siendo excepcional que se produzca un agravio moral". En el caso de autos, afirma que no concurren en relación a su mandante los presupuestos necesarios para que se haga efectivo el resarcimiento por daño moral. Cita jurisprudencia en tal sentido. Otro agravio que alega sufrir es por cuanto ha sido condenado a abonar la suma de $300.000 en concepto de Daño Punitivo, condena que por este rubro no resultaría procedente, puesto que la conducta de su mandante no ha resultado ser disvaliosa ni ha vulnerado derecho constitucional alguno de la actora.
Resalta que la aplicación del daño punitivo tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que el sujeto hubiera actuado, precisamente, con dolo -directo o eventual- o culpa grave -grosera negligencia-, no siendo suficiente el mero incumplimiento de las obligaciones “legales o contractuales con el consumidor” mencionadas por el precepto, sino una particular subjetividad, representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos.
Destaca que en estos obrados no se ha probado un obrar doloso de parte de su mandante, tampoco ha omitido cumplir con el deber de colaboración en el presente proceso sino que ha colaborado en la medida de sus posibilidades brindando la totalidad de la información a la que ha tenido acceso y que tampoco ha obtenido un enriquecimiento indebido proveniente del supuesto accionar dañoso aducido por la Sra. Ciro. Concluye que en el presente caso no se encuentran configurados los mínimos recaudos de admisibilidad necesarios para otorgar la multa civil pretendida.
Por todo lo expuesto, afirma que deberá el superior revocar la sentencia de condena al Banco SUPERVIELLE S.A. por los rubros en cuestión o en su defecto reducirlos sensiblemente y/o ajustarlos a sus correspondientes límites.
En oportunidad de contestar el traslado correspondiente a la expresión de agravios de la parte actora, la accionada refiere que el recurso interpuesto por aquella carece de sustento fáctico y jurídico, remitiéndose en lo sustancial a los argumentos expresados al momento de fundar su propia memoria.
Y en lo que respecta a la contestación del traslado correspondiente a la expresión de agravios de la parte demandada, aduce que la demandada confunde deber de información con los recaudos del contrato de mutuo, pretendiendo dar por cumplida tal obligación con ello, despreciando el carácter de consumidor hipervulnerable de la parte demandada. Asimismo, le resta relevancia a los préstamos contraídos por la actora en otras entidades financieras. Reafirma la procedencia de los rubros indemnizatorios solicitados.
I. Entrando a resolver la cuestión sometida a revisión, advierto que en el presente se han recurrido dos aspectos fundamentales de la sentencia apelada. Por un lado, los agravios de la parte accionada procuran poner en crisis la declaración de responsabilidad del banco demandado. Y por otro, los agravios de ambas partes, aunque con sentidos opuestos, se proyectan sobre la cuantificación de la obligación indemnizatoria impuesta.
II. Por razones de tipo metodológico, y siendo que la declaración de responsabilidad constituye una condición ineludible para ingresar al análisis de la determinación de la extensión del resarcimiento debido a la víctima, he de principiar el análisis por el tratamiento de los agravios expresados por la parte actora.
A tal efecto, me centraré en los argumentos críticos que, a mi juicio, revisten carácter dirimente, recordando, como ha dicho el Alto Tribunal Provincial, que "la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones" (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
III. En aras de visualizar apropiadamente las implicancias derivadas de la primera cuestión, conviene descomponer el procedimiento lógico-jurídico mediante el cual el operador determina la existencia de la obligación resarcitoria.
Frente a una acción de daños y perjuicios, la secuencia lógica del operador jurídico se divide en dos etapas: 1) la declaración judicial de la responsabilidad o no del sindicado, 2) en caso de que se lo considere responsable, la determinación de la indemnización. Y dentro de ella, la selección cualitativa de los daños que integran la obligación indemnizatoria, y la cuantificación de esos daños con miras a traducirlo en una indemnización.
La primera etapa -de carácter necesario y esencial a todo juicio de daños-, se realiza mediante la verificación acumulativa de los presupuestos de la responsabilidad civil: a) conducta antijurídica, b) el daño resarcible, c) la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño, d) el factor de atribución de responsabilidad. Si se verifican todos los presupuestos, corresponderá declarar la responsabilidad del sindicado. Caso contrario, corresponderá declarar su irresponsabilidad.
En caso de que se declare la responsabilidad del demandado, se abre la segunda etapa -de carácter eventual y condicionada a la verificación positiva de la primera- en la que el operador procede sin más a determinar el contenido de la obligación indemnizatoria, equiparando en principio la medida del resarcimiento con la medida del daño jurídico en relación de causalidad adecuada con la conducta según factor de atribución reconocido y conforme a los límites establecidos por el orden jurídico.
De manera que el primer presupuesto que tenemos que considerar en orden a determinar si existe responsabilidad del demandado es la pretendida antijuridicidad de la conducta que le imputa.
Cabe señalar que los arts. 1066 y 1074 del Código de Vélez identificaban a la antijuridicidad con la ilicitud, al definir a la primera como prohibición legal expresa. Luego, no cualquier hecho generador del daño podría ser calificado como antijurídico, ya que bien podría ocurrir que éste no se encontrara vedado, o bien que se hallase permitido en virtud de una causa de justificación.
No obstante, la doctrina y jurisprudencia han ido suplantando esta idea de antijuridicidad formal por una idea de antijuridicidad material consistente, no ya en la contradicción entre la conducta y la ley, sino más bien en la inadecuación de la primera al ordenamiento jurídico globalmente considerado como conjunto de normas y principios jurídicos.
El Código Civil y Comercial acoge, en efecto, esta última solución en el art. 1717 adoptando un concepto más amplio e integral de antijuridicidad.
En este aspecto, el actor centra la antijuridicidad del obrar del Banco demandado en la violación del deber de información emergente del art. 4 de la ley 24.240. En tanto que la sentencia recurrida es aún más amplia en la identificación del accionar contrario a derecho imputado, al referirse abiertamente a términos tales como abuso de derecho, conducta abusiva, falta de buena fe y no suministro de debida información al consumidor.
Sin embargo, es dable observar que la sentencia apelada no ha especificado las puntuales omisiones en que incurriera el accionado y las conductas que de acuerdo a la diligencia le eran exigible a un proveedor financiero en una situación como la planteada en autos.
Sin perjuicio de ello, y en atención al principio de plenitud de jurisdicción que vincula a esta Alzada en tanto el radio comprensivo de los agravios vertidos así lo permite, se ha de ponderar aquí tal aspecto a fin de establecer si la conducta obrada por la demandada ha estado o no en contradicción con el orden jurídico objetivo.
En este escenario, advierto que constituye un hecho reconocido por ambas partes, y refrendado por la pericia de fecha 7/9/2022 que la parte actora poseía una relación comercial con la demandada, de la cual derivaban las siguientes situaciones: 1) Préstamo otorgado el 18/04/2017 por un monto de $ 76.195.-, pagadero en 48 cuotas de $ 4.128.- cada una, venciendo la primera cuota el 17/06/2017. 2) Préstamo otorgado el 01/08/2017 por un monto de $ 69.734.-, pagadero en 48 cuotas de $ 3.388.- cada una, venciendo la primera cuota el 19/09/2017, 3)
Préstamo por un monto de $ 36.920.-,pagadero en 36 cuotas de $ 2.192.- cada una, venciendo la primera cuota el 15/01/2018. 4) Préstamo otorgado el 26/04/2018 por un monto de $ 10.200.-, pagadero en 48 cuotas de $ 496.- cada una, venciendo la primera cuota el 19/06/2018.
5. Préstamo otorgado el 14/09/2018 por un monto de $ 35.000.
Estamos pues ante típicos contratos de mutuo financiero que ciertamente encuadran en lo dispuesto por el art. 36 de la ley 24.240 en cuanto constituyen operaciones financieras de crédito entre un consumidor (el cliente bancario) y un proveedor (el banco demandado).
Observo a partir de los términos expresados en la demanda que el actor se explaya en consideraciones generales en torno al deber de información, pero no resulta fácil determinar con exactitud y criterio uniforme cuál es la "información culturalmente aceptable" que el Banco debió haber suministrado al consumidor por fuera de la prevista en el art. 36 de la ley de consumo y las referentes a los términos y condiciones emergentes del contrato.
En un esfuerzo por desentrañar dicho aspecto, podría interpretarse -siguiendo el tenor del escrito inicial y los hechos reseñados en la sentencia puesta en crisis- que es la referente a la capacidad de pago del consumidor que, según postula el accionante, resultaría incompatible con las condiciones de los préstamos otorgados. Ahora bien, la capacidad de pago constituye la aptitud real de un determinado deudor para cancelar las obligaciones a su cargo. De donde se sigue que la dilucidación de tal concepto no puede efectuarse sin tener un panorama claro e integral de la composición económica y financiera del patrimonio del actor. Y es aquí que entiendo que la información de referencia se halla en la esfera de disponibilidad del accionante más que en la del demandado.
En efecto, el Banco carece de facultades o poderes legales para auscultar irrestrictamente la totalidad de bienes o derechos futuros de que dispone un consumidor financiero más allá de ciertas averiguaciones que la entidad pueda efectuar sobre bases de datos públicas o privadas. Tal es así que el riesgo crediticio que asume el banco no sólo se sustenta en la eventualidad del incumplimiento del deudor financiero, sino también en el margen irreductible de incertidumbre objetiva que ha tener la entidad respecto a la exacta capacidad de pago del tomador del préstamo. De manera que imponerle a éste que brinde información sobre datos que se hallan a un nivel global en la esfera de control del accionante no sólo presupone una exigencia que desconoce quién es el titular de esa información, sino que además supone un obrar de cumplimiento jurídicamente imposible para el requerido, atento -entre otras cosas- a los límites de acceso a la información que impone el propio orden jurídico -vgr. ley 25.326 de protección de datos personales-.
En cuanto al trato indigno que reprocha el accionante al banco demandado, tampoco he de coincidir, por cuanto las gestiones de cobro iniciadas tenían sustento en las operaciones financieras que han sido reconocidas por las propias partes de este proceso judicial, no pudiéndose calificarse como ilegítimo a aquel accionar destinado al ejercicio de un derecho. En este caso, el derecho al cobro de las acreencias fundadas en el contrato de mutuo financiero que tuvieron su contrapartida en el crédito efectivamente otorgado a la actora y que ha sido dispuesto por ésta según surge de la prueba producida en autos. No surge de autos que se le hayan reclamado obligaciones distintas o más gravosas a las que efectivamente adeudaba.
En otro orden, entiendo que la facultad del consumidor para reclamar una pretensión indemnizatoria debe estar orientada a suplir o neutralizar su situación de inferioridad cognoscitiva y no a ser utilizada impropiamente como un mecanismo resarcitorio respecto del contrato cuando en virtud de circunstancias particulares y ajenas al vínculo negocial a éste ya no le resulta económicamente conveniente o posible seguir honrando los compromisos asumidos.
No es ocioso clarificar el concepto base. Abusa de los derechos quien por acción o por omisión y dentro de los límites externos de su derecho, lesiona el contenido esencial del mismo, es decir, subvierte el fin de bien común, (sea éste individual o social), por el que le fue reconocido y causa un daño injustificado (MOREA, Adrián Oscar, La doctrina del abuso procesal en el Derecho Argentino, Ed. Infojus, Id SAIJ: DACF120195). Ya lo ha dicho Louis Josserand: "... Los derechos tienen una misión social que cumplir, contra la cual no pueden rebelarse; no se bastan a sí mismos, no llevan en sí mismos su finalidad, sino que ésta los desborda al mismo tiempo que los justifica; cada uno de ellos tiene su razón de ser, su espíritu, del cual no podrían separarse..." (JOSSERAND, Louis, Derecho Civil, Tomo 2, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Bosch y cía. Editores Buenos Aires, pág. 226).
La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que: "en el estado actual de nuestra cultura no se conciben los derechos subjetivos (públicos o privados), de carácter incondicional, esto es, sin limitación o sin más acotación que la soberana voluntad de su titular", o, "no hay derechos autónomos en el sentido que agoten su contenido en sí mismos, sino que todos encuentran su razón de ser o su finalidad, fuera del ámbito de su propia definición..." (cf. T.S.J. de Córdoba, Sala Civ. y Com., 30/5/91, "Bisjo de Gotusso c. Zurbriggen", LA LEY Córdoba, 1991-772, citado por Aída Kemelmajer en Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. 16, p. 211, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998).
El segundo párrafo del artículo 10 del CCyC precisa el sentido y alcance del instituto: "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres". En este aspecto, el derecho argentino se enrola en la concepción objetiva del abuso del derecho, según la cual el abuso del derecho (y, por derivación, el procesal y cautelar) no exigen la concurrencia de culpa o dolo, sino tan sólo la desviación de un instituto de sus fines técnicos específicos.
En esta tónica, la Sala 5 de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba afirmó que: "el abuso del derecho constituye la instrumentación normativa de un principio general que inspira el sistema legislativo, afirma la preeminencia de la regla moral y tiene aplicación en todo los ámbitos del ordenamiento, en planos funcionales y éticos" (T.S.J. de Córdoba, Sala Civ. y Com., 30/5/91, "Bisjo de Gotusso c. Zurbriggen", LA LEY Córdoba, 1991-772, citado por Aída Kemelmajer en Revista de Derecho Privado y Comunitario, t. 16, p. 211, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998). Complementariamente, considero que el comportamiento observado por el accionante tampoco resulta indiferente a la teoría de los actos propios. Es que no cabe duda de la grave contradicción que existió entre su conducta precedente y la pretensión que luego vino a ejercer. En efecto, su proceder inicial y contemporáneo al vínculo contractual fue respetuoso e incluso interesado en la buena marcha del negocio contraído generando la razonable expectativa de conformidad con la demandada no sólo respecto al compromiso originariamente asumido sino a la forma en que se iba desenvolvimiento el curso del negocio. Y tras un período de tiempo prolongado, y luego de haber dispuesto de los montos líquidos objeto del contrato de mutuo, el consumidor se presenta súbitamente como afectado por una desinformación imputada a la parte proveedora con el fin de reclamar daños y perjuicios.
Tal proceder encuentra un límite infranqueable en el principio de buena fe (art. 9 del C.C.yC.) a partir del cual se funda la doctrina de los actos propios cuya lógica determina que: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (v. SCBA, "Carpinetti, Raúl Jorge c/Fisco de la Prov. de Buenos Aires s/Daños y perjuicios", 17/06/1993). La consecuencia sistémica que deriva de ello es la desestimación del motivo de queja esgrimido en violación al mentado principio (conf. CAP causas Nº 1962. RSD 84/2013 del 26-8-14, Nº 1426 RSD 181/2012 del 14/8-2014, N° 2959 del 20-12-2018 RSD 199/2018, entre otras).-
El derecho del consumidor, aún cuando resulte la fuente jurídica de aplicación preferente al caso en virtud del orden de prelación legal (art. 963 del CCyC), no puede evadirse de la función controlante de los principios jurídicos como criterio de corrección axiológica de las relaciones jurídicas, máxime cuando el art. 3 de la ley 24.240 dispone una "heterointegración normativa" entre la legislación consumeril y las demás fuentes jurídicas generales y específicas que forman parte del ordenamiento jurídico. Que no se me escapa que estamos en el ámbito de una relación de consumo y frente a una persona vulnerable atento a la edad y condición de jubilada, y que este Tribunal ha hecho aplicación en distintos precedentes de las Reglas de Brasilia y del imperativo constitucional de adaptar la tutela jurídica genérica a la condición subjetiva desventajosa de las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad (art. 75 inc. 22 de la CN), pero asimismo entiendo que ello no puede llevarnos al extremo de desnaturalizar las reglas jurídicas fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico en general y el sistema de contratación privada en privada en particular.
Insisto, no omito que a esta altura del desarrollo de la doctrina y jurisprudencia en materia consumeril, que la relación contractual que vinculara a las partes de este juicio -celebración de un contrato de mutuo financiero- se encuentra alcanzada por la legislación protectoria de los consumidores, mas también ha de recordarse que se ha decidido, en criterio que comparto, que: "... no resulta pertinente que, por el mero hecho de tratarse de un contrato de tales características, pueda calificárselo como lesivo o tacharlo por abusivo; es que aún cuando pueda ser disímil el poder negocial de los contratantes, aquel régimen tuitivo persigue la protección de los intereses de los consumidores y usuarios frente a conductas disvaliosas de las empresas en el marco de contrataciones sobre bienes y servicios ofrecidos y volcados al mercado ...; cabe tener presente que la caracterización de parte débil que la doctrina ha asignado a los usuarios y consumidores, y la existencia de un régimen especial de tutela de sus intereses, no importa relevarlos de una conducta responsable y diligente al contratar; menos aún de las obligaciones que derivan de tales convenios; en definitiva, el eventual desajuste entre los procesos volitivo interno y su exteriorización; y la preeminencia que ciertamente ha de reconocerse al primero, no puede traer aparejado un desconocimiento de la influencia limitadora o correctora que, sobre tal preponderancia, ejercen los principios de la autorresponsabilidad, de la buena fe y de la seguridad del tráfico jurídico" (Cfr.CNCo., Sala D, 20/9/16, CTCCNCom., 2015, sum.nº 2). A ello he de agregar que, más allá de lo valiosa y necesaria que resulta la normativa protectoria en cuestión, la pretensión de enmarcar todo reclamo en ella no puede convertirse en un modo de incumplir obligaciones. En otro orden, cabe señalar que nuestra Corte Nacional ha alertado sobre el riesgo que implica una aplicación mecánica de la ley en tanto puede conducir al absurdo del summus ius, summa injuria. Por este motivo, ha reclamado de los intérpretes que ponderen la realidad económica y que, en general, verifiquen la razonabilidad de los fallos atendiendo a las consecuencias que derivan de ellos (cf. CS, Chocobar, Sixto C.c. Caja Nac. de Prev para el Personal del Estado y Servicios Públicos, 27/12/1996 - Fallos: 319:3241 - LA LEY, 1997-B, 247 - La Ley Online, AR/JUR/2647/1996).
La doctrina de la interpretación previsora opera como un mecanismo de opción entre varias interpretaciones posibles de la norma (se elige, entre ellas, a la que reproduzca un resultado provechoso). El intérprete no debe ser indiferente respecto del resultado de su labor, y que actúe sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado ocurre ordinariamente.
La regla indica, en tal sentido, que en la interpretación de las normas no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el que sistema en que está engarzada la norma (ver en DUARTE, David, La unidad de análisis económico en la Corte, publicado en Revista de Derecho Laboral Actualidad, 1, 2010). Y, en este sentido, resulta claro que si se sobrecarga al proveedor financiero con un sinnúmero de recaudos abiertos o indeterminados que exceden las posibilidades razonables de abastecimiento y bajo apercibimiento de tener por invalidado el contrato con más los daños y perjuicios que a partir de ello pudiesen ser invocados, se generarán fuertes incentivos para la reducción de la oferta de crédito a los sectores más vulnerables de la sociedad o el encarecimiento excesivo de tales servicios, atento el riesgo exhorbitante e imprevisible que tal imperativo entraña para los prestadores. Y con ello, se terminará perjudicando precisamente a aquellos grupos que son merecedores de una tutela preferencial. Por último, no he de omitir que el fundamento del reclamo actoral se inscribe dentro de lo que se ha dado en calificar como el "sobreendeudamiento de los consumidores", temática que carece de una regulación legal integral y orgánica en el ordenamiento argentino, sin perjuicio de algunas normas administrativas que se han dictado en ciertas áreas específicas.
En este sentido, un amplio sector de la doctrina afirma que, en punto a encuadrar el fenómeno apuntado, es menester distinguir entre el sobreendeudamiento activo y pasivo. En el primer supuesto, el particular acude al financiamiento y se endeuda en exceso. Es decir, el deudor contrae más obligaciones de las que puede afrontar. Esta especie comprende tanto a aquellos que incurren en esta práctica de modo deliberado y hasta doloso -computando la posibilidad de transitar un procedimiento de insolvencia posterior- como a aquellos que de modo irreflexivo, sin hacer las debidas supervisiones, sin asesorarse y hasta en forma negligente, asumen obligaciones que exceden su capacidad de pago. Subyace en este subtipo, un juicio de reproche sobre la conducta desplegada por el deudor (JAPAZE, María Belén, Sobreendeudamiento del consumidor, en Tratado de derecho del consumidor, Ed. La Ley, Buenos Aires, pag. 356).
En el sobreendeudamiento pasivo, en cambio, el estado de dificultad financiera se desencadena como consecuencia de acontecimientos sobrevenidos al nacimiento de las obligaciones asumidas por el deudor y por causas no imputables al particular afectado, ya sea por sucesos directos (vgr. pérdida de un empleo) o indirectos (vgr. otorgamiento de garantías a familiares afectando la economía doméstica) (TAMAYO HAYA, Silvia, "El sobrenedeudamiento de los consumidores" en TOMILLA URBINA, Jorge, El futuro de la protección jurídica de los consumidores, Ed. Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, pag. 346).
Sobre esta diferenciación conceptual, se ha trazado -a mi juicio, con buen criterio- una distinción en el tratamiento jurídico que plantea como regla general ceñir las hipótesis de corrección o reajuste contractual del contrato consumeril a aquellos casos en que haya mediado sobreendeudamiento activo, sin perjuicio de las soluciones preventivas que puedan adoptarse en ambos supuestos.
En esta línea, Frustagli y Hernández afirman que: "Es indiscutible que en el plano preventivo, los instrumentos idóneos para evitar el sobrenedeudamiento excesivo de los consumidores resultan operativos al margen de su buena o mala fe, mientras que las soluciones de índole correctiva... podrán -en principio- limitarse a aquellas situaciones de sobreendeudamiento objetivo y pasivo (FRUSTAGLI, Sandra, HERNANDEZ, Carlos, "Sobrenedeudamiento del consumidor", Ed. La Ley, 2013-E, 1160. De ahí que, en el derecho comparado, algunas legislaciones contemplan expresamente como requisito, la acreditación de la buena fe del deudor que pretenda prevalerse de soluciones previstas en el régimen de sobreendeudamiento (Cf. art. 330 del Código de Consumo francés y el art. 178 bis de la ley concursal española conforme la modificación introducida por el Real DecretoLey/2015).
En la especie, estamos ante una situación de sobreendeudamiento activo en relación a una persona que llevaba adelante una profusa actividad financiera con diferentes instituciones (ver consulta de información del Banco Central de la República Argentina), por lo que no advertimos razones de peso para apartarnos del referido criterio doctrinario ni para autorizar la implementación de medidas correctivas o saneatorias (entre ellas, la solución indemnizatoria reclamada en autos con base en el sobreendeudamiento).
Distinto es el temperamento que habré de asumir en punto a la falta de información endilgada respecto a la omisión de notificación de la cesión de derechos por parte del Banco demandado en favor de GEDCO SA. Aquí habré de tener en cuenta que el accionante afirmó en su demanda que la entidad cedente no notificó al deudor cedido (parte actora) de la cesión de la cartera de clientes del Banco dentro de la cual se hallaba comprendida la relación jurídica que concierne al accionante, que esta afirmación no fue objeto de una negativa específica por parte del Banco en oportunidad de contestar su demanda ni tampoco se acreditó posteriormente que la comunicación se hubiera realizado en tiempo oportuno. Y toda vez que el art. 1620 del Código Civil y Comercial establece que: "La cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta (...)", la pretensión del cesionario de ejercer el cobro del crédito -conforme se desprende de la documental acompañada- como la pretensión del banco demandado de desentenderse de la relación crediticia invocada, trasuntan un accionar que se halla en contravención a la disposición precitada, por cuanto tales posicionamientos importan la intención de hacer valer los efectos de la cesión antes del momento legalmente establecido a tal fin sorteando un recaudo formal (notificación al deudor cedido) que está previsto en resguardo de los derechos del sujeto pasivo de la relación jurídica obligatoria. Y aún cuando esta posibilidad de cesión se haya contemplado contractualmente, correspondía informar al consumidor al tiempo de hacerla efectiva por cuanto supone una modificación del centro de gravedad subjetivo del contrato que, por tratarse de una contingencia que afecta una característica esencial de la relación de consumo, debe ser anoticiada al consumidor financiero (art. 4 de la ley 24.240).
Otra infracción que ha quedado evidenciada en el derrotero judicial de la causa es que el Banco demandado ha excedido el límite jurídicamente permitido en orden a la embargabilidad de los haberes previsionales. A diferencia del punto anterior, aquí el Banco negó expresamente haber afectado ilegítimamente la porción inembargable de los haberes de la parte demandada. Y siendo que el art. 27 de la Resolución 131/2018 establece que: "El haber previsional mensual neto no podrá ser afectado como consecuencia de la presente operatoria, más allá del TREINTA POR CIENTO (30%)", corresponde determinar si en el caso concreto ha habido o no una extralimitación en el porcentaje legalmente embargable. Y es aquí que habré de atenerme a la pericia contable practicada por el Lic. Javier San Martín en la causa con fecha 7/9/2023 en la cual el perito informó que del análisis del resumen de cuenta bancaria aportado en autos, tomando como referencia el mes de septiembre de 2019, la parte actora percibió haberes jubilatorios por un total de $ 34.760,91.-, y se dedujeron montos correspondientes a cuotas de los préstamos referenciados por un total de $ 20.959,93.-, lo cual representaba en ese momento un porcentaje del 60% aproximadamente.
El mencionado perito informa que del análisis del resumen de cuenta bancario aportado en autos, tomando como referencia el mes de septiembre de 2019, la parte actora percibió haberes jubilatorios por un total de $ 34.760,91.-, y se dedujeron montos correspondientes a cuotas de los préstamos referenciados por un total de $ 20.959,93.-, lo cual representa un porcentaje del 60% aproximadamente.
La doctrina autoral sostiene que, desde el punto de vista práctico, si se tiene presente que los haberes jubilatorios y/o pensionarios suelen tener un valor exiguo y son utilizados para la satisfacción de necesidades primarias por quienes, por vía de hipótesis, se encuentran marginados -sea por su edad, sea por su incapacidad- de toda actividad productiva, no resulta extraño que el legislador haya rescatado el principio de inembargabilidad previsional como una directiva de tutela, congruente con los postulados del art.14 bis de la Constitución Nacional, aún con mengua y/o afectación de los derechos de los acreedores que, también por vía de hipótesis, podrán perseguir la ejecución de otros bienes del afiliado previsional para obtener un reconocimiento legítimo de sus derechos patrimoniales, más no afectar los ingresos de naturaleza jubilatoria y/o pensionaria (cfr. Amanda Lucía Pawlowski de Pose, “Sobre el principio de inembargabilidad de las prestaciones previsionales”, DT 1999-B, pág. 2.157).
Atento a lo expuesto, entiendo que, a diferencia de la primer cuestión analizada, estas dos últimas conductas referidas trasuntan omisiones y acciones reprobadas por el ordenamiento jurídico por cuanto denotan respectivamente procederes contrarios al estándar de actuación previsto por el orden normativo. Y en tal sentido, cuentan con aptitud objetiva para comprometer la responsabilidad de la parte demandada.
IV. Transitando al análisis atinente a la procedencia de los montos resarcitorios, procederé a la revisión de los rubros cuestionados en la medida de los agravios vertidos adoptando, por razones metodológicas, un tratamiento conjunto de la cuestión.
IV.1. En primer término, he de señalar que, como consecuencia lógica de haberse desestimado que el otorgamiento de los préstamos financieros constituyera en sí mismo una conducta antijurídica no puede afirmarse que dicho proceder haya podido dar lugar a las distintas fuentes de daño patrimonial en términos económicos (a saber, daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance), por cuanto aquí lo cuestionable no ha fincado en la prestación del servicio financiero por parte de la entidad bancaria, sino en el incumplimiento de deberes informativos posteriores a la celebración del contrato e inobservancia de ciertos límites legales respecto al modo en el que se procedió a la ejecución de la deuda. Y teniendo en cuenta que no es un hecho controvertido que la actora pudo disponer de las cantidades líquidas que integraron el objeto de los diferentes contrato de mutuo, no puede sostenerse en términos estrictamente económicos que subsista a la fecha un daño cierto y actual en su patrimonio.
Ahora bien, cuadra hacer aquí una distinción que, lejos de ser artificiosa, apunta a distinguir dos facetas fundamentales del contrato: uno es el aspecto económico y el otro el aspecto financiero del negocio celebrado.-
El primero se relaciona con la evolución de los valores patrimoniales reales implicados en las prestaciones asumidas por las partes, aspecto que -como he dicho- no se ha visto desquiciado por cuanto ambas partes han podido acceder voluntariamente -en el caso del usuario financiero- y por vía de retención -en el caso de la entidad bancaria- a las respectivas prestaciones derivadas del contrato.
Ya ahora abordando el segundo aspecto (financiero) advierto que se trata de una cuestión que no se halla directamente vinculada a la fluctuación de los valores reales implicados en el sinalagma contractual, sino más bien a la capacidad que poseen las partes para hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder cancelar sus obligaciones.
Y desde este último punto de vista, advierto que sí ha habido un daño patrimonial resarcible por cuanto, como consecuencia de la retención de activos líquidos en un porcentaje que excedía el máximo legalmente autorizado, la parte actora se vio privada de disponer de una porción de su ingreso que, aunque fuese adeudada a la parte demandada, no podía ser afectada al pago compulsivo de la acreencia en cuestión.
En virtud de ello, considero que la forma adecuada de resarcir este rubro resarcitorio es mandando a la parte demandada a restituir a la actora los montos retenidos en exceso en cada uno de los períodos implicados, con más los intereses devengados sobre dichos importes desde la fecha de cada detracción efectuada sobre su cuenta bancaria hasta la fecha de la efectiva devolución de tales importes, aplicándose la tasa activa que cobra el Banco Provincia para sus depósitos a 30 días, todo lo cual habrá de determinarse cuantitativamente al momento de la liquidación respectiva. A modo ilustrativo, y tomando como referencia el mes de septiembre de 2019, la parte actora percibió haberes jubilatorios por un total de $ 34.760,91.-, y se dedujeron montos correspondientes a cuotas de los préstamos referenciados por un total de $ 20.959,93. Por lo que el importe retenido en exceso (por superar el 30% del monto embargable) equivale ese mes a la suma de $10.428,27. De modo que, en razón de ese específico período, la demandada deberá restituir la suma de referencia con más el interés indicado ut supra que se hubiese devengado desde el momento de la retención efectiva hasta la momento de la devolución correspondiente. De similar modo deberá procederse en todos aquellos períodos en que se hubiese realizado una retención en exceso al límite legalmente autorizado. En lo demás, y atendiendo a las consideraciones pretéritas, deberá dejarse sin efecto la condena dispuesta en primera instancia por este rubro.
IV.2. Respecto al daño moral, entiendo que aquí los incumplimientos referidos anteriormente han tenido una gravitación efectiva. La actitud indiferente del banco ante los reclamos de la accionante frente a una cesión de crédito que no fue oportunamente notificada y la inobservancia del límite de inembargabilidad en los períodos acreditados en la pericia contable han derivado indudablemente en consecuencias disvaliosas en la esfera subjetiva de la víctima (art. 1741 del CC). Desde la incertidumbre objetiva de no saber ante quien gestionar la problemática en la que se encontraba inmersa hasta la impotencia de sufrir una afectación abusiva e irregular de su ingreso, son reveladoras del padecimiento moral al que se vio expuesta la accionante, circunstancia agravada por su especial situación de inferioridad cognoscitiva y económica y por su inserción en la categoría de subconsumidora en tanto comprensiva de un estado de hipervulnerabilidad que justifica la aplicación de una tutela diferencial y agravada.
Por las circunstancias expuestas, advierto que el resarcimiento otorgado en virtud de este rubro debe elevarse a la suma de $ 800.000 (pesos ochocientos mil).
IV.3. Finalmente, en cuanto a la procedencia del daño punitivo, he de señalar que si bien prima facie tal concepto debería ser aminorado por cuanto el abanico de conductas antijurídicas se ha visto reducido con la solución que aquí propicio, entiendo que la cuantificación efectuada por el operador de grado resulta insuficiente para comprender los diversos aspectos objetivos que involucra la aplicación del instituto.
Este Tribunal ha sido cuidadoso al momento de aplicar el daño punitivo, puesto que si bien normativamente se encuentra receptado en el art. 52 bis de la LDC consiste en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños que correspondieran, tiene un propósito sancionatorio y está inspirado en el common law. La gravedad del hecho según nos enseña Picasso es tenida en cuenta por la norma para graduar la cuantía de la sanción, más no como condición para su procedencia, indicando que el juez no se encuentra constreñido más que por su buen sentido para que proceda la condena, debiendo tenerse en cuenta requisitos tales como: el incumplimiento del proveedor respecto de sus obligaciones legales con el consumidor, la solicitud de aplicación por el perjudicado, la graduación numérica teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la independencia de esta pena con otras indemnizaciones, todo ello claramente expuesto por Picasso en Nuevas Categorías en la Ley de Defensa al Consumidor p. 133 citado por Jorge Mosset Iturraspe y Javier Wajntraub en Ley de Defensa al Consumidor Ley 24.240 y modificatorias Editorial Rubinzal-Culzoni".-
El art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008), establece que: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
La norma es clara en cuanto como requisito exigible para su aplicación indica que el proveedor no cumpla sus obligaciones que tanto la ley como el contrato le imponen para con el consumidor. "Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales" (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196)".
"Cabe tener en cuenta que: "El instituto del daño punitivo abastece tres funciones: I) sancionar al causante de un daño inadmisible; II) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, III) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (CC0203 LP 124158 RSD-229-18 S 25/10/2018 - Carátula: Chacon Damián Esteban c/ Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados y otros s/ Daños y Perj. incump. contractual (exc. estado) - sumario Juba:B356893). Al respecto, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Santa Fe en septiembre de este año, la Comisión 4 sobre "Daño Punitivo" concluyó por despacho unánime que: "Los daños punitivos tienen finalidad preventiva, disuasoria y sancionatoria".
La procedencia del art. 52 bis de la ley 24240 tiene su respaldo en la garantía protectoria establecida por el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto dispone que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y de trato equitativo y digno”. En este contexto, teniendo en cuenta la gravedad de las inconductas observadas por la entidad financiera, la duración de la práctica abusiva (se prolongó durante varios meses), la repercusión lesiva sobre derechos de carácter alimentario (se afectaron indebidamente ingresos que integraban los haberes jubilatorios de la actora en un porcentaje mayor al legalmente permitido), la condición de subconsumidora de la accionante (se trata de una usuaria bancaria jubilada de edad avanzada), la no corrección posterior de las prácticas antijurídicas señaladas (no consta que el Banco haya restituido la porción de los importes ilegítimamente detraídos de la cuenta de la actora durante el transcurso del proceso judicial), más el resto de las valoraciones que se desprenden de lo analizado en el punto II de la presente sentencia, propicio el acogimiento del daño punitivo elevándolo a la suma de $ 600.000 por tal concepto (arts. 165, 384, 375 y ctes del CPCC). Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión el señor Juez señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando a su respecto el pronunciamiento de grado.
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevando los rubros resarcitorios por daño moral a la suma de $ 800.000 y de daño punitivo a la suma de $ 600.000 y disponiendo el resarcimiento del daño patrimonial en la forma indicada en el apartado IV.1.
3. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC).
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de honorarios).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando a su respecto el pronunciamiento de grado.
2. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, elevando los rubros resarcitorios por daño moral a la suma de $ 800.000 y de daño punitivo a la suma de $ 600.000 y disponiendo el resarcimiento del daño patrimonial en la forma indicada en el apartado IV.1.
3. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC).
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley de honorarios).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia