Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y, por mayoría, revocar el punto II de la resolución recurrida, en cuanto dispuso declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación a María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, y decretó el sobreseimiento de los nombrados; y, en consecuencia, ESTAR A LO DISPUESTO por el juez instructor en autos en cuanto rechazó los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de los nombrados, y no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento, y remitir las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
///la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación de interpuesto en la presente causa CFP 21029/2018/36/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: “CIS, María Julia y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en fecha 22 de abril de 2022, en lo que aquí importa, resolvió revocar el punto I de la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini; declarar la extinción de la acción penal por prescripción a su respecto y consecuentemente, decretar el sobreseimiento de los nombrados (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, y 67 del CP; y arts. 339, inc. 2, y 343 del C.P.P.N.).
II. Que, contra dicha resolución, el doctor José Luis Agüero Iturbe, interpuso recurso de casación el que fue concedido y mantenido en esta instancia.
III. Que el recurrente adujo que la sentencia resulta recurrible en los términos del artículo 457 del C.P.P.N., en tanto refirió que se trata de un decisorio de carácter definitivo, y fundó su recurso en los términos del art. 456, incs. 1 y 2 del C.P.P.N.
Comenzó su presentación casatoria señalando que contrariamente a lo afirmado por el a quo los hechos aquí investigados constituyen un delito 1 Reg. Nro. 1128/22.4 continuado que se inició en el 2005 y culminó en diciembre de 2009. En tal sentido, refirió que teniendo en consideración que la última operación que integra el mecanismo de reciclaje de activos investigado se produjo en diciembre de 2009 (v. cheque n° 2798299 librado el 30 de diciembre de 2009 por INVERNES SA desde su cuenta en el Banco Santa Cruz, actuando como agente de pagos de GOTTI S.A.), fue aquél el momento en que este delito cesó de cometerse y, por lo tanto, el punto desde el cual comenzó a correr la prescripción.
Indicó que la pena prevista por el art. 278 inc. 1° “b” del C.P., en su redacción vigente al momento de los hechos, era de cinco a diez años de prisión, por lo que refirió que el plazo de prescripción se cumpliría recién el 30 de diciembre de 2019, conforme a lo estipulado en el art. 62 inc. 2° del C.P., y que, debido al llamado a indagatoria ordenado por el juez el 11 de julio de 2019, la prescripción se interrumpió en esa última fecha (art. 67 inc. “b” del C.P.).
Por ello, enfatizó que la acción penal se encuentra plenamente vigente respecto de la totalidad de los individuos acusados por el Ministerio Público Fiscal, y que eso no se ve modificado por las fechas en las que cada uno de ellos tomó parte en el delito o cesó su intervención.
Afirmó que a los efectos del inicio de la prescripción debe computarse la fecha en que el delito y no el hecho o acto del partícipe ha dejado de producirse, toda vez que entendió que como quien ejecuta el delito no es el partícipe sino el autor, la accesoriedad de la participación incluye el problema del inicio del cómputo de la prescripción y, por lo tanto, sigue la suerte del elemento principal: la autoría.
Resaltó que en el presente caso ha quedado acreditado que los aquí procesados como coautores — Ernesto Clarens, Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Merlini, César Andrés y Andrés Kechichian— continuaron cometiendo el hecho hasta el 30 de diciembre de 2009, por lo que el plazo de prescripción de aquellos que fueron procesados como partícipes necesarios —Martín Jacobs, Armando Ulled, María Julia Cis, Héctor Doldi, Andrea Cantín, Emilio Martín y Graciela Ancarani— comenzó a correr desde dicha fecha, y no desde que efectuaron la contribución que se les atribuye, como señala el a quo.
Por ello, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, y en consecuencia, se case o anule la decisión recurrida, se mantenga la decisión arribada por el juzgado instructor en el presente incidente, y se ordene la continuación del proceso hacia la instancia oral.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, doctor Mario Alberto Villar, el doctor Néstor J. Tenca defensor particular de Armando Ulled, los doctores Hugo J. Pinto y Pedro Migliore defensores particulares de Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, la doctora Laura Elisabet Cattay, defensora particular de María Julia Cis, y la doctora María Alejandra Anton defensora particular de Graciela E. Ancarani, presentaron breves notas. El señor fiscal general, señaló, en lo sustancial, que en el caso es dable sostener la vigencia de la acción penal, respecto de los imputados María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, y estimar que el plazo de la prescripción debe computarse a partir del momento en el que cesó el proceso de lavado bajo investigación -29 o 30 de diciembre de 2009- y no la fecha individual de los aportes de cada interviniente en el delito imputado (art. 63 CP en función del art. 278 apartado 1 a y b del CP según redacción de ley 25.246).
Indicó que la acción penal se encuentra vigente en razón de que el llamado a indagatoria, ocurrido el día 11/7/2019, interrumpió el curso de prescripción de 10 años respecto de todos los imputados en función de las previsiones del art. 62, inc. 2, del CP y el delito de lavado imputado conforme redacción de la ley 25.246.
Finalmente consideró que en función de la naturaleza del delito investigado –lavado de activosy su vinculación con hechos de corrupción (fraude en la obra púbica vial), la decisión tomada por el a quo podría llegar a comprometer internacionalmente al Estado Nacional en razón de las obligaciones asumidas al suscribir y aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley n° 25.632), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley n° 26.097), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley n° 24.759), y las recomendaciones internacionales efectuadas, en lo que se refiere específicamente al lavado de activos, por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), toda vez que, refirió, estas normas internacionales exigen que los Estados hagan su mayor esfuerzo por esclarecer los hechos delictivos a que se refieren.
Por ello, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto.
Por su parte, la defensa particular de Ulled, sostuvo, en lo sustancial, que surge que desde el año 2007, fecha de finalización de toda conducta por parte de su asistido inherente al objeto procesal de la causa, hasta el 11 de julio de 2019, transcurrió con exceso la vigencia de la acción penal respecto de su defendido considerando la imputación que se cierne a su respecto al momento de ser indagado y procesado, sin que exista causal alguna de suspensión o interrupción de la misma.
Por ello, solicitó que se confirme la resolución recurrida que hace lugar a la extinción de la acción penal de autos respecto de Armando Ulled, disponiendo, en consecuencia, su sobreseimiento. Hizo reserva del caso federal.
La defensa particular de Di Gianni y Merli, sostuvo que el plazo de prescripción solo puede ser computado mientras existe conducta atribuible a sus defendidos, y entendió que, en coincidencia con lo expuesto por el a quo, de ello surge que, el plazo de prescripción se encuentra sobradamente excedido, y que la prescripción de acción penal ha sido bien declarada en la resolución recurrida. En virtud de ello, solicitó que se confirmara la resolución recurrida. Hizo reserva del caso federal.
Por su parte, la defensa particular de María Julia Cis, sostuvo que transcurrieron más de diez años entre que su asistida realizó su aporte al hecho principal investigado y que fue citada a prestar declaración indagatoria. Cuestionó que el fiscal, pretenda que dicha inactividad investigativa no tenga las consecuencias que el legislador ha previsto respecto de la prosecución del proceso en contra de su asistida, y refirió que para ello, recurre a interpretaciones dogmáticas sobre el instituto de la prescripción y las reglas de la participación que son contrarias a la letra y al espíritu de las normas en juego.
También se agravió de que se invocara las obligaciones contraídas por el Estado Argentino de perseguir los actos de corrupción, en tanto afirmó que los compromisos que emanan de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 25.632) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) en nada mandan disminuir las garantías constitucionales reconocidas en las legislaciones nacionales, por lo que, a su criterio, dichas citas, expresamente utilizadas como una justificación de las decisiones a adoptar, no suman absolutamente nada a la hora de valorar en el ámbito jurisdiccional los alcances del instituto de la prescripción ni el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Por ello, solicitó que se confirme la decisión recurrida. Hizo reserva del caso federal. Por último la defensa particular de Graciela E. Ancarani alegó que contrariamente a lo sostenido por el señor fiscal general, la participación siempre es en relación con un hecho y el hecho es siempre propio, de modo tal que refirió que habiendo cesado la conducta de su asistida en el año 2007 y la citación a prestar declaración indagatoria se produjo el 11 de julio de 2019, la acción penal prescribió.
A lo expuesto aunó que no es posible convalidar la actuación del sistema represivo respecto de su defendida cuando su intervención en el hecho culminó, que no es posible hacer responsable penalmente a Ancarani por los hechos cometidos por otros sujetos en los que no tuvo intervención, y que lo contrario importa una afectación a la garantía de la defensa en juicio y al principio de legalidad y también afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En virtud de lo expuesto, solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto, y que se confirme la resolución de fecha 22 de abril de 2022 en cuanto dispuso la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Graciela E. Ancarani y dicto su sobreseimiento. Hizo reserva del caso federal.
V. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N. el defensor particular de Armando Ulled, la defensa particular de Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, la defensora particular de Graciela E. Ancarani, y el defensor particular de Martín Samuel Jacobs, presentaron breves notas. Así, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. La decisión impugnada es recurrible ante esta instancia pues es de aquéllas que el art. 457 del C.P.P.N. define como equiparable a sentencia definitiva, en tanto pone fin a la acción, en este caso resolviendo su extinción por prescripción, tornando imposible la continuación de las actuaciones. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal ha fundado suficientemente los planteos efectuados de conformidad con los requisitos impuestos por el artículo 463 del C.P.P.N., encausándolos por la vía de lo dispuesto en ambos incisos del artículo 456 del C.P.P.N., presentando motivadamente los yerros in iudicando e in procedendo que le atribuye a la resolución pronunciada, con base en el análisis de la argumentación desarrollada en su sustento, de hechos que conformaron el objeto del presente proceso y del derecho sustantivo que invocó como erróneamente aplicado.
II. A los efectos de brindar una mejor y más acabada respuesta a los planteos efectuados por la parte impugnante, en primer lugar, habré de recordar brevemente los hechos que hacen a estas actuaciones y el posterior desarrollo del proceso.
El presente legajo encuentra su génesis en el marco de la causa 15.734/2008, iniciada a raíz de la denuncia efectuada por la entonces Diputada Nacional Elisa María Avelina Carrió respecto de una posible operatoria de lavado de activos y pago de sobornos a través de la facturación apócrifa por parte de la empresa Gotti S.A.
Luego de la pertinente investigación se les imputó a los encausados haber tomado intervención en una operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita presuntamente conducida por altos funcionarios del Estado —e integrada por, entre otros, el titular del “GRUPO BÁEZ”, Lázaro Antonio Báez, y el entonces Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad— desplegó un proyecto delictivo bajo la conducción de Báez y Ernesto Clarens, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar un ropaje de licitud a más de quinientos (500) millones de pesos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública.
El mencionado fraude al Estado Nacional en la obra pública vial constituye el objeto del juicio oral que se encuentra actualmente en desarrollo en la causa CFP 5048/2016 “Obra pública”, y la presente causa está vinculada a aquélla porque se trataría del lavado de activos agravado del producto de aquel ilícito de corrupción (de conformidad con el art. 278, inc. 1° “b” del CP, redacción vigente al momento de los hechos).
Ahora bien, respecto al legajo en cuestión, con posterioridad a que se convocara a prestar indagatoria a los acusados por el Ministerio Público Fiscal, las defensas de Martín Jacobs, Andrea Cantín y Fabiana Gotti plantearon la prescripción de la acción penal, considerando que entre la última intervención de sus pupilos en la maniobra y el llamado a indagatoria había transcurrido el plazo previsto por la ley; pero dicho planteo fue rechazado por el instructor, de conformidad con lo dictaminado por el agente fiscal en esa instancia.
Una vez recurrida, la decisión fue confirmada por la la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad, por considerar que no podía descartarse la posible intervención de funcionarios públicos en la maniobra investigada, y que, entonces, la declaración de extinción de la acción penal resultaba prematura (ver las actuaciones CFP 21029/2018/6/1/CA3).
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2021, los señores jueces de a quo decidieron, por unanimidad, confirmar los procesamientos decretados por el juez instructor en el marco de la presente causa; mientras que, por mayoría, se decidió encomendar la sustanciación de un nuevo incidente de prescripción, atendiendo a que en varios memoriales de las defensas se había reeditado dicha cuestión y que, tras la resolución, correspondía efectuar un nuevo análisis del planteo.
El día 3 de diciembre de 2021 el instructor dispuso rechazar los planteos de prescripción de la acción penal formulados por las defensas.
En lo sustancial, fundó el rechazo de la prescripción en la naturaleza continuada del delito investigado en autos -lavado de activos, conforme el art. 278, inciso 1°, del CP, según Ley 25.246 (redacción vigente al momento del hecho)-.
En este sentido, el juez de grado consideró que para esa categoría dogmática el plazo de la prescripción empezaba a correr a partir del cese de la conducta continuada y no desde el momento en que finalizaban las intervenciones de cada imputado. Asimismo, en relación a aquellos imputados procesados como partícipes del delito, precisó que en función de la accesoriedad de la participación el plazo extintivo comenzaba a transcurrir a partir del último acto cometido por el autor, puesto que era el momento en que se consumó el hecho en el que habían tomaron parte.
En consecuencia, entendió que el delito había cesado de cometerse el 29 de diciembre de 2009, con el libramiento del cheque N° 2798299 a nombre de Benavídez Materiales SA (uno de los proveedores cuestionados) y su canje por dinero en efectivo en la firma Meat Trading SA. De manera que la acción no se encontraba prescripta, puesto que el plazo de 10 años aplicable al caso (conforme el art. 62, inc. b, y el art. 278, inc. 1°, del C.P., según Ley 25.246) había sido interrumpido por el llamado a indagatoria dispuesto el 11 de julio de 2019.
En segundo lugar, y de forma subsidiaria, el magistrado se refirió a la vinculación de los hechos investigados en autos con el objeto procesal de las causas nro. 15734/08 y 5048/16. En este sentido, sostuvo que “… la operación aquí estudiada se enmarca dentro de una asociación ilícita de la que formaron parte distintos funcionarios públicos y empresarios quienes habrían obtenido ilegítimamente fondos del Estado Nacional (sumario 5048/16)”. Y que “[l]os manejos de esas sumas son los que aquí se investigan (puntualmente, distanciamiento de su origen a través de sucesivas intermediaciones financieras y comerciales, de modo que se otorgó a aquellas cierta apariencia de licitud que permitió que se dispusiera de ellas libremente)”.
Ante esta resolución las defensas de María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Ernesto Clarens, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau y Rafael Mateo Merlini, interpusieron recurso de apelación, lo que motivó la intervención de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad.
El a quo entendió respecto a los que fueron sindicados como partícipes, que la accesoriedad de la participación, que sujeta la responsabilidad del partícipe al hecho principal realizado por el autor, no implica que la prescripción deba regirse también por la actuación de este último. Al respecto señaló que el presupuesto de que alguien haya cometido la acción típica y antijurídica para que el partícipe deba responder penalmente, no impide considerar la temporalidad de su aporte para definir la vigencia de la acción penal a su respecto.
En suma, para evaluar la vigencia de la acción penal respecto de cada imputado, tomó en cuenta el momento en que éste realizó la conducta atribuida, por lo que refirió que “si -como ocurre en este casoel presunto hecho de lavado de activos abarca un período de varios años (2005 a 2009), y los imputados -en su mayoría- intervinieron a través de distintas operaciones económicas y/o societarias, a los fines de la prescripción es necesario atender al momento de su concreta participación. Por lo demás, no parece lógico que quienes intervinieron en momentos anteriores -ya sea como autores o partícipes- y dejaron de hacerlo, deban quedar atados a la conducta de los que siguieron cometiéndolo”.
Resaltó que entre la actuación de unos y otros es posible incluso que transcurran largos períodos de tiempo, y que “esta circunstancia no debería resultar indiferente para un adecuado análisis de la cuestión, puesto que al finalizar la conducta de cada imputado, éste pierde el dominio y la posibilidad de incidir en el desarrollo posterior del hecho delictivo”.
De conformidad con las señaladas premisas efectuó el cómputo individual de la prescripción respecto de los imputados, teniendo en cuenta el comportamiento atribuido a cada uno de ellos, en función del plazo de 10 años aplicable al caso (art. 62, inc. 2, del C.P., en función del art. 278, inciso 1°, según Ley 25.246) y teniendo en cuenta el efecto interruptivo del llamado a indagatoria dispuesto el 11/07/2019 (art. 67, penúltimo párr., inc. b, del C.P.).
Así, concluyó que la conducta imputada a María Julia Cis cesó el 29/10/2008, fecha en que realizó el último endoso de cheques que integra la maniobra investigada; que el comportamiento enrostrado a Martín Samuel Jacobs finalizó en abril de 2009, al desvincularse de INVERNES SA, de la que había sido accionista minoritario y director suplente; que respecto de Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, sus intervenciones a través de INVERNES y de INVERCRED/COFICRED cesaron en 2006; que lo mismo se observa en el caso de Graciela Elsa Ancarani, que actuó en las mismas entidades y cuyo poder bancario para actuar en nombre de esa cooperativa le fue revocado en 2007; y, finalmente, en relación a Armando Ulled, dado que la fecha de las operaciones consignadas en su procesamiento y las referencias incluidas en el auto de mérito (cfr. OI 255.423 digitalizada: intimación de Gotti SA a Ulled en julio de 2007 y posterior denuncia en su contra, así como el contrato respectivo), implican que su intervención culminó en 2007.
En consecuencia, respecto de los nombrados concluyó que el lapso de tiempo entre sus intervenciones y el llamado a indagatoria superó el plazo legal, por lo que declaró extinguida la acción penal y consecuentemente, dispuso su sobreseimiento. En esta oportunidad, corresponde a esta judicatura analizar los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal en el recurso de casación interpuesto contra la citada resolución.
III. Del análisis de la resolución impugnada resulta que el tribunal ha incurrido en un error en la interpretación de la ley sustantiva, particularmente del art. 67 del C.P., y que yerra al sostener que en los presentes autos se encuentra extinta por prescripción la acción penal.
Cabe recordar que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo relativo a la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ley penal desde que ésta comprende no sólo al precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino a todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (Fallos 287:76). Como institución de derecho penal, se encuentra entonces alcanzada por el principio que exige la existencia de una ley penal previa a la conducta delictuosa y por el principio de aplicación ultraactiva de la ley penal más benigna.
Esa doctrina continúa vigente en lo fundamental, aun admitiendo que las derivaciones del principio de legalidad no distribuyen sus consecuencias con idéntica repercusión sobre los distintos aspectos del derecho penal (en el sentido de que es posible discriminar según se trate de aspectos generales, de la tipicidad o de las consecuencias del delito; cf. Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, T. I, Cívitas: Madrid, 1997, p. 173 y ss.; Jakobs, Günther, Derecho Penal. Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 89 y ss.) (cfr. en tal sentido mi voto en la causa nro. 12.038, caratulada: “OLIVERA ROVERE, Jorge Carlos y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 939.12.4; rta, el 13 de junio de 2012; entre varias otras).
Este principio se encuentra incluido en convenciones internacionales que revisten jerarquía constitucional a través del art. 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22, de la C.N.), por lo que sus efectos operan de pleno derecho y su aplicación resulta insoslayable (Fallos 321:3160 y sus citas).
Ahora bien, en virtud de la reforma del artículo 67 del Código Penal, introducida por la ley Nº 25.990 (B.O. del día 11 de enero de 2005), la prescripción se interrumpe solamente por: a) la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme...”.
La primera cuestión que corresponde analizar se vincula con la calificación del hecho objeto de juicio y que debe tomarse en cuenta a los fines de computar el plazo de prescripción de la acción penal, en función de lo dispuesto en el artículo 62, inciso 2°, del C.P. en cuanto establece dichos lapsos en relación con el monto de pena máxima de prisión o reclusión con que estén reprimidos los delitos de que se trate.
Cierto es que durante las etapas preliminares del proceso la calificación jurídica del objeto procesal puede variar, pues la instrucción tiende a decidir y precisar la imputación, que durante su desenvolvimiento es fluida y puede experimentar modificaciones y precisiones; mientras que con el requerimiento de elevación a juicio adquiere una configuración precisa, y determinada. Sobre dicha hipótesis fáctica sometida al órgano jurisdiccional como base del juicio, incidirá todo el examen ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del tribunal. Es así que el artículo 401 del C.P.P.N., autoriza al tribunal a dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre, claro está, que se mantenga la identidad fáctica, es decir, que se observe el principio de congruencia.
Por otra parte, el artículo 381 faculta al fiscal de juicio a ampliar la acusación cuando de las declaraciones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal o auto de elevación. Pero no puede hacerlo si resultare que el hecho es distinto al que fue sometido a juicio. De manera que, en principio, si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe estarse al de mayor gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio de que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces la prescripción (cfr.: esta Sala: “Clevanier, Felipe Armando s/ recurso de casación”, causa Nro. 1856, Reg. Nro. 3133, rta. el 19/2/2001; causa Nro. 3530: “Cardenas, Ricardo César s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 4751, rto. el 24 de marzo de 2003; y Causa Nro. 4521: “Bassi, Eduardo Gabriel s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 6054; entre otros; y Sala II: causa Nro.: 1097: “D’Ortona, Francisco N. y otros s/ rec. de casación”, Reg. Nro. 1517, rta. el 10/7/97). Esto, claro está, siempre que se respete la plataforma fáctica que resulte objeto de proceso.
No debe olvidarse que el sobreseimiento, incluso cuando se dicta en virtud de la extinción de la acción penal, se resuelve en relación al hecho que ha resultado objeto de imputación en el proceso. De manera entonces que es ese sustrato fáctico mantenido con respeto del principio de congruencia, el que debe poder ser alcanzado por la calificación legal más gravosa; circunstancia que se verifica en el presente caso.
Ahora bien, el acusador público sostuvo en el requerimiento de elevación de la causa a juicio que los sucesos debían recibir significación jurídica en la figura del delito de lavado de dinero agravado en los términos del art. 278 apartado 1 incs. “a” y “b” del C.P. según la redacción de la ley 25.246, por ser la ley penal vigente durante todo el desarrollo del obrar delictivo hasta su cese (diciembre 2009); cuyo máximo legal punitivo es 10 años de prisión.
Entonces, el plazo que debe tenerse en cuenta a los efectos de estudiar si ha operado en el caso la prescripción de la acción penal (artículo 62, inciso 2°, del C.P.), es el de 10 años (art. 278 inc. 1° del CP -redacción vigente para la fecha de los hechos-).
IV. Conforme la hipótesis acusatoria, el objeto de estudio en esta investigación se trata de una única maniobra criminal iniciada en el año 2005 y culminada en 2009, cuyo designio fue otorgar apariencia de licitud, distanciar de su origen ilícito y finalmente convertir en efectivo -de modo tal de impedir su trazabilidad- a una gran parte de las ganancias ilícitas obtenidas como consecuencia de la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado liderado por Lázaro Antonio Báez, investigadas en la causa nro. 5048/2016 del registro de esta secretaría -elevada parcialmente a juicio oral y público-.
Cabe recordar que con fecha 17 de septiembre de 2021 el a quo confirmó los procesamientos decretados respecto de Ernesto Clarens, Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés y Andrés Kechichian, Armando Ulled, Héctor Daniel Doldi, María Julia Cis, Andrea Daniela Cantín, Martín Samuel Jacobs y Emilio Carlos Martín por el delito de lavados de activos (cada uno de ellos en sus respectivos caracteres).
Por último, se revocó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Graciela Elsa Ancarani y se decretó su procesamiento como partícipe necesario del delito de lavado de activos.
En dicho resolutorio se realizó un análisis pormenorizado de los elementos de convicción colectados a lo largo de la tramitación de la presente causa y un estudio de la situación particular de cada uno de los imputados, al tiempo que también se evaluó la significación penal del suceso pesquisado.
En efecto, el a quo consideró al momento de dictar el procesamiento que se podía sostener que, mediante la compleja operatoria investigada en autos, los fondos que Austral Construcciones SA inyectaba a Gotti SA fueron extraídos de esta empresa con la justificación del pago a supuestos proveedores, y convertidos luego en dinero en efectivo a través del canje de los cheques en entidades financieras, lo cual obstaba a la trazabilidad de dichos fondos respecto de su origen en las maniobras defraudatorias vinculadas a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en las que habría participado Lázaro Báez –causa 5048/16-, quien en la práctica tenía el control de Gotti SA.
Nótese que a cada uno de los imputados se les atribuye haber tomado intervención en dicha operatoria, que constituyó en definitiva una maniobra sistemática que respondía a un mismo designio criminoso y que continuó, manteniendo su desarrollo, hasta diciembre del año 2009.
Cabe destacar que esa fue la postura sostenida por el mismo a quo en el resolutorio citado, en tanto al evaluar la agravante impuesta a un grupo de acusados expresó que el delito se había ejecutado en el período comprendido entre 2005 y 2009 y que “…el objetivo de los intervinientes (y del beneficiario final) habría sido precisamente el de valerse de un mismo circuito de blanqueo en forma reiterada y sistemática, lo cual satisface el requisito de continuidad incluido al final de la norma.” (cfr. pág. 62 y 63 del resolutorio en cuestión el resaltado me pertenece).
En definitiva, y de acuerdo a las consideraciones efectuadas precedentemente, entiendo que el delito atribuido a los imputados -independientemente del carácter de sus participaciones- constituye y fue concebido como una única maniobra integrada por diversos aportes al hecho conjunto que resultaron –en diversos grados de importancia- relevantes y confluyeron todos objetiva y subjetivamente para la ejecución del delito investigado, por lo que corresponde concluir que la acción penal incoada respecto de ese delito habría comenzado a correr a partir de la medianoche siguiente al 29/12/09, día en el que habría cesado su comisión. Es que, en relación a este tipo de maniobras que se caracterizan por presentar distintas intervenciones a lo largo de un tiempo prolongado -por lo que se conforma así una unidad de acción con la modalidad descripta-, lo relevante de cara a evaluar la vigencia de la acción penal es todo ese conjunto conductual y no cada participación material tomada de forma aislada e independiente.
Así, he tenido oportunidad de sostener que que el delito de lavado de activos es un delito complejo que en general requiere la actuación coordinada de varias personas y a través de varias sociedades, puesto que es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Está compuesto por varios actos unidos por una misma finalidad delictiva que puede esquematizarse en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración. Para esto, se valen de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento (cfr. Hornos, Gustavo “Ley de Estupefacientes, Inversión, Venta, Transferencia o Cesión de las ganancias provenientes de su tráfico ilícito. Reserva Bancaria y Tributaria. Experiencia Judicial”, en “III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude”, Ed. La Ley, 1996, pág. 103, citada en la causa CFP 17147/2008/30/CFC2, caratulada “Álvarez, Guillermo y otros s/ recurso de casación”, registro nº 1130.15.4, rta. 12/6/15).
En consecuencia, en el delito investigado no se toma en cuenta la individualidad de un objeto determinado, sino la relación de las diversas maniobras a su vez integradoras de las señaladas fases esquematizadas de lavado, dado que por su misma naturaleza se traduce en una conducta unitaria aunque se despliegue en hechos sucesivos, que integran y definen precisamente la entidad de aquélla (cfr. en lo pertinente mi voto causa “HERNÁNDEZ, Lorenzo; DE GIOVANNI, Julio s/recurso de casación” reg. Nº 60/17.1, rta. el 21/02/2017).
Es por ello que la diversidad de hechos concretos que podrían haber formado parte de la maniobra de lavado de activos, no pluralizan el delito previsto en el art. 278 inc. 1° del CP -redacción vigente para la fecha de los hechos-, porque se tiene en mira la gestión total de la maniobra delictiva. Es que, las distintas maniobras que favorecieron la ejecución del delito en cuestión, deben evaluarse como integradoras de una única y continuada gestión, como una sucesión de continuidad dentro de la gestión que es global (cfr. mutatis mutandi de la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Pompas” Fallos: 325:2031). No puede desconocerse que una maniobra de lavado puede exteriorizarse por un hecho único basado en la conducta del autor o también expresarse por una pluralidad de actos y/o movimientos; y podría configurarse también –como en el presente caso– la intervención de varios autores o partícipes.
No puede descartarse, al menos a esta altura del proceso, que los concretos aportes que habrían prestado los aquí imputados, no hayan formado parte de una única y conglobante maniobra de lavado de activos que indudablemente, según los testimonios y pruebas recabadas en autos que surgen de las actuaciones, se habría desarrollado hasta el libramiento del cheque N° 2798299 a nombre de Benavídez Materiales SA (uno de los proveedores cuestionados) y su canje por dinero en efectivo en la firma Meat Trading SA., en fecha 29 de diciembre de 2009; momento en el que habría cesado la ejecución del delito.
Debe destacarse que las maniobras tendientes a ocultar el real origen delictivo de los activos atribuida a los aquí imputados, en su caso, habría constituido una parte integrante de una maniobra integral o global, y estaría entonces cubierta por un mismo designio criminal, por un mismo dolo, que responde a la estructura de un delito que estaría configurado por una misma unidad de determinación y una unidad de bien jurídico lesionado, aunque sí, a través de una pluralidad de acciones, algunas de las cuales le son concretamente imputadas por el acusador a los aquí encausados.
Estas conductas que concretamente se le atribuyen a los encausados deben necesariamente ser analizadas como fracción de una misma maniobra de lavado imputada al resto de los encausados, y, finalmente, al conjunto, en el sentido indicado. Los actos que puntualmente habrían realizado los aquí imputados no pueden ser estudiados individualmente y de manera aislada, puesto que la afectación al bien jurídico que habría derivado de sus acciones no puede ser analizado de manera desvinculada como una conducta diferente y abstraída del conjunto, sino como parte de la misma maniobra de lavado cometida que debe ser estudiada de modo integral y conglobada.
En este escenario, las particularidades de la específica participación que podría imputársele a María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni, Rafael Mateo Merlini, Graciela Elsa Ancarani y Armando Ulled, no adquieren la relevancia pretendida por la circunstancia de que sus aportes, dentro de este descripto accionar delictivo conglobado, hubieran sido previos a que la maniobra integral de lavado de activos hubiera cesado de ejecutarse; y todo ello independientemente del carácter de la intervención que se les atribuyó en la misma, ya sea como coautores, partícipes necesarios o secundarios.
La consumación del delito imputado abarca la irrogación del efectivo perjuicio extendiéndose hasta el fin de la maniobra delictiva, que en este caso se dio el 29 de diciembre de 2009, fecha que representa el momento en el cual debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción.
Así toda vez que a esta altura del proceso y tal como fue concebida la maniobra delictiva investigada en autos, no puede descartarse una imputación global de los hechos, el momento en que los coautores terminaron de consumar el delito no resulta indiferente para considerar que esa es la maniobra final globalmente imputada, en la cual se les atribuye a los aquí encausados el haber prestado una colaboración sin la cual la maniobra de lavado de activos –observada desde un modo amplio que integra las distintas acciones correspondientes a las diversas fases que lo caracterizan- no hubiera podido cometerse. Por lo cual limitar la conducta que se les enrostra a los encausados al momento en que estos dejaron de prestar sus actos de colaboración implica un cercenamiento indebido de la real dimensión de los hechos y una errónea y sesgada interpretación de la naturaleza del delito que específicamente se les imputa.
Se les imputa a los encausados el delito de lavado de activos bajo la redacción de la ley 25,246, en tanto se los vincula con un proceso o sucesión de actos durante un determinado lapso temporal -2005/2009- que tuvo por finalidad otorgarle apariencia de legalidad a los fondos sustraídos al Estado Nacional mediante fraude en la obra pública.
Por ello, a partir de lo reseñado, resulta determinante destacar que el término de prescripción debía contarse a partir del momento en que el delito cesó de cometerse, lo cual habría ocurrido el 29 de diciembre de 2009 con el libramiento del cheque nro. 2798299 direccionado a “Benavidez Materiales S.A.” -uno de los proveedores cuestionados- y canjeado luego por dinero en efectivo en “Meat Trading S.A.”. Que, a partir de entonces, debe ponderarse que el 11 de julio de 2019 se habría convocado a prestar declaración indagatoria a los encausados, por lo que la prescripción se habría interrumpido ese día, encontrándose plenamente vigente la acción penal. Por lo tanto resulta dable sostener la vigencia de la acción penal, como pretende el Ministerio Público Fiscal, durante todo ese lapso respecto de los imputados María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini. Dado que el plazo de la prescripción de 10 años debe computarse a partir de que cesa el proceso de lavado de activos bajo investigación (29 de diciembre de 2009), y no la fecha individual de los aportes de cada interviniente en el citado delito – art. 63 del C.P. en función del art. 278, incisos 1. a) y b) del C.P. según redacción de ley 25.246; y fue interrumpido en virtud del llamado a indagatoria ocurrido el día 11 de julio de 2019, respecto de todos los imputados (en función de las previsiones del art. 62 inc. 2 del C.P. y el delito de lavado imputado conforme redacción de la ley 25.246, y del artículo 67, inciso b) del C.P.).
V. Amén de lo expuesto, es menester resaltar que en el presente legajo también se valoró que estas actuaciones encuentran su origen en el marco de la causa nro. 15.734/2008 y que la operación aquí estudiada podría enmarcarse también dentro de una asociación ilícita de la que formaron parte distintos funcionarios públicos y que, si bien a esa fecha no se había formulado en este caso acusación alguna contra ellos, lo cierto era que este legajo se encontraba en plena etapa investigativa.
Pues bien, formuladas todas estas consideraciones, y conforme a la plataforma fáctica objeto de este legajo, no puede obviarse que nos encontramos ante una emblemática maniobra de corrupción, cuyo punto de partida puede reconocerse en el montaje de una asociación ilícita, de carácter estable y permanente, que, según la acusación y como fue reseñado por el a quo al momento de disponer el procesamiento de los encausados, habría sido liderada por altos funcionarios del Estado y empresarios -entre otros individuos-, sostenida ininterrumpidamente entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2015, y que tuvo la finalidad de cometer múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos.
Para ello, los miembros de esa organización habrían instrumentado, como uno de sus planes delictivos, una compleja maniobra delictiva ejecutada dentro de la administración pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas -funcionarios públicos y empresarios- habría logrado, por medio de la defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, obtener un beneficio económico millonario. La modalidad que habría sido escogida para la apropiación de sumas de dinero del Tesoro Nacional, habría sido adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país, a uno de los miembros de la organización criminal -Lázaro Báezquien habría recibido, entre los años 2003 y 2015, contrataciones del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos, monto que actualizado a agosto de 2016, ascendió a la suma aproximada de 46.000 millones de pesos.
La concreción de ese cometido habría requerido, por un lado, la participación de funcionarios públicos nacionales y provinciales que direccionaran de modo permanente y deliberado millonarias sumas de dinero en concepto de obra pública vial hacia la provincia de Santa Cruz -desde donde se las adjudicarían al socio de los ex presidentes-; y, por el otro, la intervención delictiva de uno de los miembros de la asociación criminal -Lázaro Báez- y personas allegadas a él, que desde el otro lado de cada contratación, recibieran el flujo de dinero canalizado por quienes se hallaban a cargo de su protección y custodia, extremo que fue logrado mediante la puesta en escena de las empresas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L., Sucesión De Adelmo Biancalani S.A. y Gotti Hermanos S.A.
Son esos antecedentes los que dan cuenta de que la imputación formulada a los aquí procesados reúne también las condiciones para ser categorizada eventualmente como un grave delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento, tornando urgente e indispensable el juzgamiento de sus comportamientos, de conformidad con la manda de nuestra Ley fundamental que, en su artículo 36, prevé la imprescriptibilidad de esa clase de quebrantamientos normativos (cfr. mi voto causa “COSSIO, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación”, reg. 1075/18.4, rta. el 29 de agosto de 2018).
De acuerdo a la acusación que viene formulada se observa que el caso se trataría de una emblemática maniobra de corrupción.
Analizada la hipótesis delictiva objeto de este proceso debo señalar que ya he considerado en diversos precedentes que maniobras como la investigada en autos, en donde se imputa una criminalidad económica organizada con vínculos entre particulares y funcionarios que habría –en la hipótesis de la acusación- causado un perjuicio millonario para las arcas públicas en beneficio propio, son indudablemente graves y tienen un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional (cfr. en este sentido mi voto en causas “cfr. en este sentido mi voto en causas “DANERI, Gustavo Víctor” –Reg. Nro. 611/17.4, Rta. el 1/6/17; “SALVATORE, Carla Yanina y otros s/ recurso de casacion ́ ”, Reg. Nro. 106/18.4, rta. el 12/3/18; entre otros).
Es dable afirmar entonces que nos hallamos ante un delito de gravedad, pues no puede descartarse, en las condiciones ya expuestas que en el hecho reprochado –analizado de un modo global y coherentehabrían estado involucrados funcionarios públicos en connivencia con particulares y habrían ocasionado un ingente perjuicio económico al erario público. Entonces, en el entendimiento de que la acusación formulada a los imputados es la de la comisión de un grave delito doloso contra el Estado que conllevó enriquecimiento, se torna necesario el juzgamiento de las conductas en un juicio oral y público, de conformidad a la manda de la Constitución Nacional, particularmente a su concreta mención en el artículo 36 que ordena su imprescriptibilidad. En este contexto, un análisis normativo sistemático y coherente de la indudable gravedad de las maniobras delictivas investigadas en la presente causa, es el que define como ineludible la conclusión de que el juzgamiento eficaz de los hechos imputados debe ser asegurado. Ello a los efectos de conocer la verdad, de restaurar la justicia, de restablecer el equilibrio y, en su caso, de recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos (Cfr. en este sentido mis votos en causas de esta Sala IV: 4787, “ALSOGARAY, María Julia”, Reg. 6674.4. Rta. 9/05/2005 y CFP 2160/2009/37/CFC3, “VÁZQUEZ, Manuel y otros”, Reg. Nro. 512/16, Rta. 29/04/2016).
Resulta fundamental destacar que el Estado Argentino en su texto fundamental ha asumido el compromiso de actuar con la debida diligencia, por todos los medios apropiados, en lo que respecta la prevención, investigación y eventual sanción de las conductas como la maniobra aquí imputada, que, de acuerdo a la hipótesis sostenida por la acusación, podría constituir una de las que el artículo 36 de la Constitución Nacional define como atentados contra el sistema democrático.
Por lo que declarar la extinción de la acción penal en este caso, insisto, a partir de una parcialización sesgada de las dimensiones objetivas y subjetivas de la maniobra de que se trataría según la acusación, podría implicar un acto jurídico opuesto a los principios fundamentales de la Constitución Nacional -Preámbulo y artículos 18, 27 y 36 de la C.N.- (cfr. en ese sentido “A., J.” Reg. Nro. 316/16.4, del 22/3/16, en donde resolví en contra de la prescripción de delitos contra la integridad sexual cometidos contra una menor de edad por aplicación de la normativa internacional vigente al momento de los hechos por superioridad jerárquica respecto de la letra del Código Penal, y la causa COSSIO, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación” –ya citada-).
Eso, sin perjuicio de destacar, cómo bien señala el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, que en función de la naturaleza del delito investigado –lavado de activos- y su vinculación con hechos de corrupción -fraude en la obra púbica vial-, la decisión a la que arribó el a quo podría llegar a comprometer internacionalmente al Estado Nacional en razón de las obligaciones asumidas al suscribir y aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley n° 25.632), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley n° 26.097), la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley n° 24.759), y las recomendaciones internacionales efectuadas, en lo que se refiere específicamente al lavado de activos, por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). Normas internacionales que exigen que los Estados hagan su mayor esfuerzo por esclarecer los hechos delictivos a que se refieren.
Así, por los principios de oralidad, inmediación y contradicción, el juicio oral y público constituye el escenario propicio para la controversia y el examen pleno del marco fáctico-probatorio de autos. Espacio en el que las partes podrán efectuar planteos y formular las consideraciones que estimen pertinentes dentro del marco de su teoría del caso y en el que se producirá la prueba que permitirá esclarecer los hechos investigados y determinar, o no, eventuales responsabilidades penales.
VI. En razón de la solución propuesta debo dejar en claro que las consideraciones expuestas no se dirigen de ningún modo a avalar la prolongación injustificada de procesos penales, aun cuando se traten de causas complejas como podría ser considerada la de autos; dilación que debe ser desalentada mediante el empleo de las medidas que en su caso correspondan.
VII. Por ello, en orden a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR el punto II de la resolución recurrida, en cuanto dispuso declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación a María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, y decretó el sobreseimiento de los nombrados; y, en consecuencia, ESTAR A LO DISPUESTO por el juez instructor en autos en cuanto rechazó los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de los nombrados, y no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento, y REMITIR las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad que, por mayoría, en lo que aquí interesa, resolvió revocar la resolución del juez de grado en cuanto dispuso rechazar los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini; declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los nombrados y, consecuentemente, decretó sus sobreseimientos.
Conforme surge de las constancias del caso, el objeto de estudio en esta investigación se centró en una única maniobra criminal iniciada en el año 2005 y culminada en 2009, cuyo designio fue otorgar apariencia de licitud, distanciar de su origen ilícito y finalmente convertir en efectivo -de modo tal de impedir su trazabilidad- a una gran parte de ganancias ilícitas obtenidas.
Precisamente, con base en esa plataforma fáctica, por resolución de fecha 17 de septiembre de 2021, el a quo confirmó los procesamientos de los aquí recurrentes en orden al delito de lavados de activos (conforme lo normado por el art. 278, inciso 1°, del Código Penal, según ley 25.246, cada uno de ellos en sus respectivos caracteres) y, en el caso de Graciela Elsa Ancarani, revocó su falta de mérito para procesar o sobreseer, y decretó su procesamiento como partícipe necesario de ese delito (cfr. resolución de fecha 17 de septiembre de 2021).
En lo medular, el representante del Ministerio Público Fiscal en su impugnación sostuvo que, contrariamente a lo considerado por el a quo, por tratarse el caso de un delito continuado conforme lo normado por el art. 278, inciso 1°, del Código Penal, según ley 25.246, cuya naturaleza como tal no se encuentra controvertida, la prescripción de la acción penal respecto de los imputados comenzaría a correr a partir del último acto consumativo, con independencia de sus intervenciones individuales. En esa inteligencia, la acción penal en autos continuaría vigente.
Sobre el punto, debe destacarse que -en esta etapa del proceso- de acuerdo a las particulares constancias del caso y en razón del modo en que se encuentra descripta la maniobra imputada, el pronunciamiento impugnado no luce suficientemente fundado.
En efecto, tal como ha sido señalado en el auto de procesamiento dictado por el juez instructor -y confirmado por el a quo- a cada uno de los imputados se les atribuye haber tomado intervención en la operatoria investigada, que constituyó una unidad de acción que continuó su desarrollo hasta diciembre del año 2009. Por ello, a esta altura del proceso y tal como habría sido concebida la maniobra delictiva, no ha sido suficientemente descartado por el tribunal de la instancia previa que la imputación de los sucesos investigados deba ser entendida de forma global; extremo que resulta concluyente a fin de determinar la vigencia de la acción penal en autos.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, anular el pronunciamiento recurrido y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del CPPN).
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir en lo sustancial las consideraciones vertidas por el colega que lleva la voz de este Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, adhiero a la solución que propone y emito mi voto en igual sentido.
Por ello, y en mérito al Acuerdo que antecede, este Tribunal,
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y, por mayoría, REVOCAR el punto II de la resolución recurrida, en cuanto dispuso declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación a María Julia Cis, Martín Samuel Jacobs, Armando Ulled, Graciela Elsa Ancarani, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni y Rafael Mateo Merlini, y decretó el sobreseimiento de los nombrados; y, en consecuencia, ESTAR A LO DISPUESTO por el juez instructor en autos en cuanto rechazó los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas de los nombrados, y no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento, y REMITIR las presentes actuaciones al juzgado de origen –a través del “a quo”- a fin de que se continúe con la sustanciación del presente proceso. SIN COSTAS en la instancia (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19 de la CSJN), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara
Fin de la sentencia