Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 26163-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación del actor y confirmar sentencia apelada, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
46963/2017 CIS, RICARDO ALBERTO (TF 26163-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de julio de 2021.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Ricardo Alberto Cis, por medio de su apoderado, interpone recurso de apelación contra las resoluciones nº 164/2005 y 36/2006 (DVN RR1), en virtud de las cuales se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2000 y 1999, respectivamente, con más sus intereses resarcitorios, y se dejó en suspenso la aplicación de sanciones por dichos períodos, de conformidad con el art. 20 de la ley 24.769 (v. fs. 26/48 vta. y 311/318 vta.).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó, con costas, la resolución 36/2006 y confirmó, con costas, la resolución 164/2005 (v. fs. 676/682).
i. En relación con la resolución nº 36/2006, señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Michelin” (Fallos: 333:86), interpretó que sólo cuando la resolución determinativa correspondiente al período base se encuentre firme se “desbloquea” para el organismo recaudador la posibilidad de ejercer sus atribuciones respecto de los períodos anteriores no prescriptos. Por ello, y toda vez que “la última declaración jurada presentada por el contribuyente antes de la inspección [fue] la correspondiente al período 2000”, correspondía revocar la resolución dictada por el Fisco Nacional, con relación al período fiscal 1999.
ii. Referentemente a la resolución nº 164/2005, reseñó que el Fisco Nacional detectó incrementos patrimoniales no justificados que se exteriorizaron en la declaración jurada del actor en el período fiscal 2000, por: a) un préstamo que la firma Overland SA, le otorgó en la República Oriental del Uruguay, y b) la venta de acciones que poseía en la firma Rihaca SA.
ii.1. Acerca del primer ajuste (préstamo otorgado por una financiera del exterior) consideró:
a. No podía admitirse el planteo del actor según el cual el contrato de mutuo adquirió fecha cierta con anterioridad a la inspección, en oportunidad de ser presentado ante el ex COMFER (art. 1035, inc. 1, del Código Civil). En este sentido, indicó que dicho organismo rechazó la solicitud del actor tendiente a obtener una licencia de radiodifusión con sustento, justamente, en que el contrato de mutuo carecía de fecha cierta y no exhibía las características que tornaban verosímil la existencia de un préstamo.
b. Si bien el ex COMFER, posteriormente y ante un nuevo trámite, otorgó al actor el uso de la licencia en cuestión, dicha decisión se basó en el cambio de criterio legal sobre la verificación del origen de los fondos (confr. la derogación de la la resolución COMFER nº 1110/2001 por 1488/2006), estableciendose que “el evaluador constatará la correlación de los mismos con las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales” y que “sólo en su defecto se requerirá un estado de origen y evolución de fondos de los dos últimos años debidamente certificado” (art. 5).
c. Aún de considerarse que el mutuo adquirió fecha cierta en su presentación en el nuevo trámite ante el COMFER, dicha presentacion era posterior al inicio de la fiscalización. d. La certificación del contrato de mutuo que obraba a fs.110, era “una copia de su original conforme surge del acta de fs. 108/110 de los antecedentes administrativos”.
e. Si bien se registraron ingresos a nombre del actor por parte de la firma Overland S.A., por medio de la casa de cambio Transcambio S.A., el origen de los fondos no se encontraba acreditado.
f. El perito contador del actor dictaminó que:
a) el estado de situación patrimonial de la financiera exhibía un incremento de la cuenta “deudores varios” al 30/3/2000 y 31/3/2001 por U$S 8.265.000 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 46963/2017 CIS, RICARDO ALBERTO (TF 26163-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO y U$S 8.691.930,94, respectivamente, pero que no podía precisarse el efectivo destinatario de los préstamos (v. fs. 494 vta., punto 5); b) existía un acta de directorio de la financiera Overland S.A. del 23/8/1999, que aprobaba un préstamo al actor por U$S 8.800.000, pero que esa documentación no permitía determinar de forma precisa el origen de los fondos aplicados al crédito concedido (v. fs. 495, punto 7).
g. Tampoco se había podido determinar la capacidad operativa de la prestamista Overland S.A., porque la contadora que elaboró el “informe de compilación” que el propio actor acompañó al escrito inicial (fs. 301), dejó sentado que no auditó los estados contables adjuntos y que no podía expresar una opinión sobre aquellos.
h. Resultaba llamativo que Overland S.A.
haya acordado un préstamo al actor de U$S 8.800.000, pues su estado de situación patrimonial al 31/3/1999 exhibía: a) un capital integrado de U$S 2.500, b) un patrimonio total de U$S 21.231,45, c) una pérdida de U$S 210.895,08, y d) dinero en “caja” por U$S 931,54 (v. fs. 499, segundo párrafo).
i. El exhorto por el que se intentó recabar información relativa a la financiera Overland S.A fue devuelto con resultado negativo, destacándose que el funcionario judicial interviniente en dicho mandato judicial expresó que “los delitos tributarios estaban excluidos de la cooperación”.
En suma, afirmó que el actor no había probado el mutuo y confirmó el ajuste fiscal, con más los intereses respectivos.
ii.2. En cuanto al segundo ajuste (venta de acciones que el actor poseía en la firma Rihaca S.A) señaló:
a. Resultaba llamativo que la persona que suscribió la operación por la parte compradora no acreditó la representación que invocaba en nombre de Genesis Holding. Puso de resalto que dicha sociedad tenía domicilio legal en Elan Corporate Services LTD, Palm Court Road, Town Tortola, British Virgin Islands (v. fs. 111, antecedentes 2). b. En la copia simple del contrato (fs. 851/854 de los antecedentes administrativos), podía leerse que el actor (parte vendedora) era titular de un mil ciento cuarenta (1140) acciones nominativas no endosables del capital social de la sociedad Rihaca SA al 20 de diciembre de 1999. Sin embargo, destacó que de la declaración jurada de bienes personales del actor para el ejercicio fiscal 1999 (fs. 24, de los mencionados antecedentes) exhibía una participación del actor en dicha sociedad de 60 acciones.
c. Tampoco se encontraba acreditada la existencia de la empresa Genesis Holding porque, a pesar de haber comprado acciones de una sociedad argentina, no se registró ante la Inspección General de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la ley 19.550 (v. fs. 706, cuerpo ganancias n° 4).
d. La circunstancia de que existieran fondos provenientes del exterior depositados en una cuenta a nombre del recurrente, no resultaba suficiente para probar la operatoria porque no había quedado acreditada la identidad de quien realizaba los giros.
e. La Sala B del Tribunal Fiscal, en el precedente “Alfafin”, pronunciamiento del 31/05/1995, sostuvo que “la doble circunstancia de invocarse un negocio jurídico con una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, requiere acreditar en la sociedad extranjera una cierta consistencia (en lo temporal, patrimonial y actividad propia de su objeto) con el fin de evitar la utilización de sociedades ficticias con objeto de fraude fiscal”.
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46963/2017 CIS, RICARDO ALBERTO (TF 26163-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO f. El actor no probó que el monto declarado como “ventas y/o ingresos exentos o no gravados”, correspondiera a la venta de sus acciones en la firma Rhiaca S.A. y, por ende, confirmó este ajuste fiscal, con más los intereses respectivos.
III. El Fisco Nacional interpuso recurso de apelación (fs. 686) y expresó agravios (fs. 689/692). Posteriormente, desistió de dicha apelación (fs. 700 y 701).
IV. El actor interpuso recurso de apelación (fs. 687) y expresó los siguientes agravios (fs. 693/698) que fueron replicados (fs. 706/710):
i. Los fundamentos utilizados por el Tribunal Fiscal, se apartaron de una razonable y discreta valoración de los elementos probatorios rendidos.
ii. El mutuo adquirió fecha cierta con la certificación y legalización que practicó el escribano uruguayo el 08/09/1999. En su defecto, planteó que el instrumento adquirió fecha cierta en su primer presentación ante el COMFER (conf. art. 1035, inc. 1, del Código Civil).
iii. La concesión al actor de la licencia de radiodifusión, en el segundo procedimiento que instó ante el COMFER, significó el reconocimiento de aquel organismo de que el mutuo celebrado con la financiera Overland S.A. fue parte del origen de los fondos para adquirir las acciones de la Radiodifusora Esmeralda.
iv. El Tribunal Fiscal transcribió parcialmente las manifestaciones del perito propuesto por su parte, pues dicho experto dictaminó que el préstamo otorgado por la financiera Overland era concordante con la financiación que declaró Ricardo Alberto Cis.
v. A fs. 537/557 acompañó el documento que acreditaba que el actor canceló el mutuo con la financiera Overland S.A.
vi. La venta de acciones de Rihaca S.A. a Génesis Holdings LTD, se encontraba acreditada desde el 22/12/2006, en la causa nº 06/06, caratulada: “Cis, Ricardo Alberto s/ Infracción ley 23674”, que finalizó con el sobreseimiento de su representado.
vii. Presentó a la AFIP (en el Cuerpo Ganancias n° 3: fs. 518 y 563/567) un cuadro donde identificaba cada depósito, y que así quedó acreditado el ingreso de un anticipo de U$S 2.700.000, con los intereses correspondientes, y luego las 7 cuotas de U$S 500.000; de conformidad con el precio que se pactó en aquel contrato.
viii. El Tribunal Fiscal de la Nación, no podía responsabilizar al actor por las irregularidades de la empresa Genesis Holdings LTD.
V. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso b), de ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
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46963/2017 CIS, RICARDO ALBERTO (TF 26163-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VI. Desde esa perspectiva el recurso del actor no puede prosperar, pues la totalidad de sus agravios se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal, sin demostrar que en su apreciación haya mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la aplicación del principio contenido en el art. 86 de la ley 11.683.
Cabe recordar que en cuanto a los medios de prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo, éstos debe ser particularmente indudables respecto del nacimiento, de las modalidades y, de corresponder, de la extinción de la deuda. Particularmente, es necesario que se demuestre la secuencia completa de las operaciones llevadas a cabo y que se compruebe la titularidad de los fondos en cabeza de quien los presta, su entrega al deudor, su aplicación por parte de éste y, si fuera el caso, su posterior restitución (esta sala, causa “Badial SA (TF 32999-I) c/ DGI”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2015).
Ciertamente, la exigencia de esa actividad probatoria resulta imperiosa para demostrar que los capitales no fueron sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país bajo el ropaje de “prestamos”, incumbiendo la carga de la prueba que permita destruir la presunción de la norma citada al contribuyente, máxime si se invoca un préstamo acordado con una sociedad domiciliada en el extranjero, particularmente en un país con ventajas fiscales para la operatoria off shore, tal como se caracteriza a la República Oriental del Uruguay (esta sala, causa nº 36.132/13 “Llavaneras SA (TF 26862-I) c/ DGI”, pronunciamiento del 21 de diciembre de 2015, y sus citas, y “Badial S.A.”, ya citada). En tales condiciones, no puede soslayarse que el Tribunal Fiscal efectuó un exhaustivo examen de los presupuestos fácticos de la causa —reseñados en el considerando II— que lo llevó a considerar que la deuda financiera y la venta de acciones no se encontraban fehacientemente acreditadas. Por tal motivo, la pretensión del actor de que se vuelva a valorar en esta instancia los mismos medios probatorios examinados por el tribunal de origen, resulta inadmisible en la medida en que no demostró un error de magnitud suficiente que lleve a modificar las apreciaciones que dicho tribunal expuso en la decisión que aquí se recurre. Por lo demás, en lo que concierne al préstamo que dijo haber tomado el actor, debe señalarse que la certificación y legalización que practicó el escribano uruguayo es posterior al inicio de la fiscalización por parte de la AFIP (30/10/2001) porque data del 11 de diciembre del 2001.
De otro lado, la conducta comercial de la prestamista Overland no parece razonable, si se tiene en cuenta que en el año 1999 otorgó un préstamo al actor de U$S 8.760.000 (v. fs. 40/41 cuerpo 1, ganancias), en el año 2000 renovó ese contrato estableciendo el monto del mismo en Yenes Japoneses (v. fs. 466/470, cuerpo 3 ganancias) y en el año 2002 lo renovó por segunda vez, dejando asentado que se adeudaba en concepto de capital e intereses la suma U$S 7.742.931,66 y pesificó ese monto a la relación de 1$ =1 U$S (v. fs. 359/382), aun cuando en ese año en nuestro país ya no regía la ley de convertibilidad.
Además, las manifestaciones que se exponen en relación con los pagos efectuados otorgan un mero valor formal pero no material a dichas cancelaciones. En efecto, no resulta posible controlar la realidad de las operaciones que allí se describen porque la cancelación de la deuda se habría realizado con la entrega “en mano” al prestamista de bonos uruguayos y de U$S 1.000.000 en efectivo. De esta forma, la parte actora incumple con las exigencias probatorias que se requieren en el caso, conforme a la doctrina expuesta por esta sala en las causas “Badial S.A.” y “Llavaneras S.A.”, citadas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
46963/2017 CIS, RICARDO ALBERTO (TF 26163-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Por otra parte, acerca de la venta de acciones debe señalarse que resulta poco habitual que el domicilio denunciado por la representante de Genesis Holding LTD sea idéntico al domicilio de la firma Rihaca SA respecto de la cual adquirió parte de sus acciones (v. fs. 706 del cuerpo ganancias n° 4).
También resulta llamativo que con fecha 12/02/2004 se haya inscripto el trámite de cancelación y disolución de la firma Rihaca SA (v. legajo de la firma a fs. 429/455), pues: a) la venta de acciones se realizó el 20 de diciembre de 1999, por la suma de U$S 6.200.000, y b) el Fisco Nacional tomó como indicio la proyección de que al comprador “le tomaría cuarenta años recobrar el dinero invertido” en aquella operación (v. fs. 706 último párrafo, cuerpo ganancias n° 4). Asimismo, debe señalarse que las copias de la sentencias obrantes a fs. 554/557 y 622/632 no exhiben que en la causa “Cis, Ricardo Alberto s/ Infracción ley 23674” se haya acreditado la venta de acciones de Rihaca SA a Génesis Holding. Por el contrario, en la primera de ellas se decretó la falta de merito del actor ––porque conforme con lo dispuesto en el art. 306 del Código Procesal Penal, no se habían reunido los elementos mínimos para expedirse––, mientras que en la segunda se declaró extinguida la acción penal respecto de Ricardo Alberto Cis, por prescripción.
Ciertamente, las cuestiones debatidas a la luz del procedimiento reglado en la ley 11.683 y en el proceso penal seguido en los términos de la ley 24.769 son diferentes. En el primero, se discute la procedencia o no de la deuda tributaria; en el segundo, la discusión se centra en determinar la existencia o no de un delito tributario.
Esta sala tiene dicho que no puede haber determinación en sede penal que sirva para otra cosa distinta a la indagación sobre la posible comisión de un ilícito, y, por lo tanto, no puede hacer cosa juzgada lo decidido en punto a la determinación de la obligación tributaria, que sólo es competencia del Tribunal Fiscal y, eventualmente, de este fuero (causas “Molinos Río de La Plata SA c/Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo” y “Templado, Cristian Edgar (TF 32523-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 19 de mayo de 2016 y del 12 de marzo de 2019, respectivamente).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación del actor y confirmar sentencia apelada, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia