Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Lobos · Causa 21.919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443.
2Declarar, en consecuencia, la inaplicabilidad del artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443 en el caso y, por consiguiente, rechazar la medida cautelar anticipatoria solicitada.
CISNEROS, JUAN CARLO C/ MENCHACA, FERNANDA SOLEDAD S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE PAGO) (INFOREC 922)
En la ciudad de Lobos, a los 14 días del mes de marzo de 2025 el proceso caratulado "Cisneros, Juan Carlo contra Menchaca, Fernanda Soledad y otros sobre desalojo" n.° 21919/2024 se encuentra en condiciones de resolver la medida cautelar solicitada (restitución inmediata del inmueble).
1. Los antecedentes 1.1 El 9 de diciembre de 2024 se presentó Juan Carlo Cisneros, abogado en causa propia, dedujo pretensión de desalojo con causa en la intrusión contra Fernanda Soledad Menchaca, Josias García y Delfina Castel, con relación al inmueble sito en calle José Piñeiro n.° 326 de esta ciudad (trámite n.° 1, expediente digital).
1.2 El 11 de diciembre de 2024 ordené practicar mandamiento de constatación y, previo a decidir sobre la medida cautelar, dispuse la práctica de pericia socio-ambiental y la vista al Ministerio Público Fiscal (trámite n.° 3, expediente digital).
La pericia socio-ambiental se agregó en el trámite n.° 9, expediente digital. El mandamiento de constatación se agregó en el trámite n.° 14, expediente digital. El dictamen del Ministerio Público Fiscal se agregó en el trámite n.° 19, expediente digital.
1.3 El 19 de diciembre de 2024 la parte demandante modificó la pretensión deducida y la dirigió solo contra Fernanda Soledad Menchaca (trámite n.° 12, expediente digital).
El 26 de diciembre de 2024 tuve por modificada la pretensión (trámite n.° 13, expediente digital).
2. La medida cautelar solicitada La parte demandante solicitó la restitución inmediata [del inmueble] prevista en el artículo 676 ter, CPCCBA (véase escrito de demanda, capítulo VI, trámite n.° 1, expediente digital).
La parte demandante no esgrimió fundamento alguno.
3. La entrega inmediata del inmueble El CPCCBA —mediante la Ley 11.443 de 1993— incorporó en el artículo 676 bis la llamada entrega inmediata del inmueble. Se trata de una medida cautelar anticipatoria, ya que su objeto coincide con los objetos inmediato y mediato de la pretensión principal del proceso de desalojo. Tal medida puede ordenarse en los procesos de desalojo con causas en la tenencia precaria o en la intrusión, luego de trabada la litis, y tiene por finalidad recuperar el inmueble que constituye el objeto mediato de la pretensión principal.
Para la procedencia de la medida cautelar deben satisfacerse los clásicos presupuestos de admisibilidad: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Aunque el artículo 676 bis, CPCCBA califica el segundo presupuesto y exige acreditar la potencialidad de la producción de perjuicios graves para el o la peticionante.
La medida cautelar —satisfechos los presupuestos de admisibilidad— se dicta sin previa sustanciación con la parte contraria, y esta solo puede defenderse mediante la interposición de un recurso de apelación, que debe concederse con efecto no suspensivo (devolutivo) (artículo 198, CPCCBA), o la promoción de un incidente (artículos 202 y 203, CPCCBA).
4. El derecho a una vivienda adecuada El derecho a una vivienda adecuada constituye un derecho humano reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos (artículo 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 11.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.2, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 27, incisos 1, 2 y 3, Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y artículos 9.a y 28.1 y 2.d, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
La consagración más amplia e importante de este derecho corresponde al artículo 11.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de la regulación del derecho a un nivel de vida adecuado: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia...”.
Con relación a la definición de este derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó que el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o sus accesos a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el concepto de “vivienda adecuada”… significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable” (Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, § 7).
Con relación a la definición del término “adecuación”, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó que, aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado (Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, § 8).
Esto equivale a emplazar estos últimos componentes en el cuadro del “núcleo duro” del derecho a la vivienda, por lo que su satisfacción constituye una “obligación mínima” del Estado, vale decir, extraña a toda progresividad y de observancia inmediata (Gialdino, Rolando E., “El carácter adecuado de la vivienda en el derecho internacional de los derechos humanos”, Jurisprudencia Argentina, 2013, p. 49).
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre esos aspectos, figuran los siguientes: a) seguridad jurídica de la tenencia, b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, c) gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f) lugar, y g) adecuación cultural (Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, § 8). Finalmente, el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, § 9; y Gialdino, Rolando E., “El carácter adecuado de la vivienda en el derecho internacional de los derechos humanos”, Jurisprudencia Argentina, 2013, p. 46, en cuanto relaciona este derecho con los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la protección de la familia, a la vida privada y familiar, a la protección del domicilio, entre otros).
5. El derecho a una vivienda adecuada y los desalojos forzosos 5.1 En muchos supuestos, el proceso de desalojo tensiona, por un lado, el derecho (ya sea real o personal) de la parte demandante —que pretende la restitución del inmueble— y, por el otro, el derecho a una vivienda adecuada de la parte demandada —que habita el inmueble y, de realizarse el lanzamiento, puede verse seriamente afectada en el supuesto de quedar en situación de calle— (además de la afectación de otros derechos humanos como los recién mencionados).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó que las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional (Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, § 18).
Más adelante, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reiteró esa observación y expresó que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto (Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 1).
Seguidamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió a los desalojos forzosos como el hecho de hacer salir a personas, familias o comunidades de los hogares o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos (Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 3).
Un desalojo es calificable de forzoso no solo porque resulte compulsivo o contrario a la voluntad de los desalojados sino, fundamentalmente, porque se produce en términos incompatibles con el riguroso régimen de protección que establece preceptivamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos […] Esta tutela es un corolario del derecho a la vivienda […] Esto último es así por cuanto, si a toda persona le asiste el derecho a acceder a una vivienda adecuada (PIDESC, art. 11.1), es consecuencia necesaria de ello que, de ya estar gozando de una vivienda (fuese adecuada o no), le asiste entonces el derecho a la protección de ese goce. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: un componente esencial del derecho a la vivienda es la “seguridad jurídica de la tenencia”, y esta tenencia debe entenderse en un sentido amplio, pues comprende “el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de la tierra” (Obs. Gral. 4, párr. 8.a; asimismo: Obs. Gral. 7, párrs. 1 y 9) (Gialdino, Rolando E, “Los desalojos y los derechos humanos”, La Ley 26-2-2010, 1). 5.2 Para que el desalojo sea compatible con el régimen de protección que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe cumplir ciertos recaudos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha desarrollado esos recaudos en sus observaciones generales, en sus informes finales y en las recomendaciones de los casos contenciosos. Entre los más destacables, deben mencionarse los siguientes:
—La sanción de una ley contra los desalojos forzosos y el ajuste de los desalojos al régimen protectorio sancionado.
—La razonabilidad de los desalojos según las circunstancias del caso, más allá del cumplimiento de los recaudos legales. Se trata de someter la medida (el desalojo) a un balance entre los beneficios que aporte al reclamante, por un lado, y las consecuencias o perjuicios que podría irrogar sobre los derechos de las personas desalojadas, por el otro. —El proceso de desalojo debe respetar las debidas garantías, ya que, si bien estas son esenciales respecto de todos los derechos humanos, "tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos, que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos".
—La concesión de "una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas", sobre todo cuando, por ese conducto, al menos, deben estudiarse todas las posibilidades "que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza".
—El establecimiento de un plazo suficiente y razonable de notificación a todos los individuos afectados con antelación a la fecha prevista para el lanzamiento.
—La facilitación a todos los interesados, en un plazo razonable, de información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas.
—La previsión de la presencia de funcionarios estatales en el desalojo, especialmente cuando este afecte a grupos de personas, y la identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo. —La prohibición de lanzamientos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento.
—El ofrecimiento de recursos jurídicos efectivos a los interesados, lo cual se perfecciona a través del artículo 2.3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
—La prevención y, llegado el caso, el castigo a los responsables de desalojos llevados a cabo sin las debidas salvaguardias, sean aquellos agentes públicos, particulares o entidades privadas.
—La evitación de toda forma de discriminación.
—La censura de las "órdenes provisionales de desahucio" dictadas sin sustanciación con los afectados y que no puedan ser suspendidas, "de tal manera que todo derecho de recurso carece de sentido y en realidad las órdenes de desalojo temporal adquieren carácter permanente, en violación de las directrices del Comité establecidas en sus Observaciones generales n.° 4 y 7".
—Los desahucios ejecutados mediante el uso "excesivo de la fuerza y con malos tratos" (Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 9, 13 y 15; Gialdino, Rolando E, “Los desalojos y los derechos humanos”, La Ley 26-2-2010, 1; Gialdino, Rolando E., “Desalojos forzosos y principio de proporcionalidad. Los desalojos no deben dejar a las personas sin hogar”, La Defensa 2020, n.° XLVIII; y Gialdino, Rolando E., “El derecho a la vivienda, desalojos forzosos y personas vulnerables”, JA 2023-III, 192). 5.3 Por otra parte, aunque los desalojos satisfagan los recaudos mencionados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó que no deben conducir "a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda" (Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 16).
Pesa sobre el Estado garantizar que cada víctima de un desalojo, de ser necesario, "reciba una vivienda adecuada o una indemnización", previo a la ejecución de la medida. [Es preciso] que los desalojados "no se vean privados de un lugar donde vivir". Y esto es así, como se infiere de cuanto ha sido expresado, aun en el caso de desahucios legalmente dispuestos. En el conjunto de las observaciones finales a los informes periódicos de los Estados, resulta un jalón la elaborada por el Com/DESC en 1994: "siempre que una vivienda habitada es demolida o sus habitantes son desalojados, el Gobierno tiene la obligación de garantizar un alojamiento alternativo adecuado" (Gialdino, Rolando E, “Los desalojos y los derechos humanos”, La Ley 26-2-2010, 1).
5.4 Tanto el Estado Federal como los Estados Provinciales, a partir de la década del noventa, incorporaron a sus códigos procesales civiles y comerciales, con ciertos matices, la medida cautelar anticipatoria antes descripta (véanse, por ejemplo, artículo 680 bis, CPCCN, t.o. Ley 24.454, 1995, y artículo 684 bis, CPCCN, t.o. Ley 25.488, 2001; artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443, 1993 y artículo 676 ter, CPCCBA, t.o. Ley 14220, 2010; y artículos 680 bis y 684 bis, Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro).
Con relación a la reforma nacional, Sebastián Tedeschi, además de calificarla de regresiva, expresó que, en el peor momento de la crisis habitacional, el sector inmobiliario especulativo logró la incorporación del artículo 684 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, mediante el cual se dispone un procedimiento sumario para desalojar a los ocupantes de inmuebles antes de la sentencia definitiva. Además, expresó que esto significa que se ha creado un sistema sumario por el que, en tiempo breve, el juez [o la jueza] puede desalojar a las familias "que no pueden pagar" sin tener que esperar el dictado de la sentencia definitiva. La celeridad que este establece para dejar en la calle a las familias pobres constituye una violenta contracara de la demora en el acceso a los planes de emergencia habitacional y la imposibilidad de acceder a una vivienda social (Tedeschi, Sebastián, “La ausencia de una política de vivienda social”, en Derechos Humanos en Argentina, CELS, Informe 2002-2003, Siglo Veintiuno Editores, pp. 474-475).
Asimismo, la relatora especial Raquel Rolnik expresó que no existe un instrumento jurídico a nivel nacional que incorpore los estándares internacionales en esta materia. Al contrario, en el marco de la crisis del 2001, y por medio de la Ley 24441, se modificaron los procesos de desalojo a nivel civil (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos 680 bis y 684 bis) y penal (Código Procesal Penal de la Nación, artículo 238), y se estableció el régimen especial de ejecución de hipotecas, que creaba nuevas herramientas que colaboraron en hacer más expeditivos los lanzamientos y restar garantías judiciales para los desalojados. De hecho, en virtud de esta nueva legislación, en los casos de desalojos motivados en intrusión, en falta de pago o vencimiento del contrato, o en relación con el delito de usurpación, estos pueden requerirse como medida cautelar y previo al dictado de la sentencia. Adicionalmente, según dicho régimen especial, el acreedor puede obtener el lanzamiento anticipado del inmueble y su subasta sin necesidad de intervención judicial. El ejecutado no tiene la posibilidad de interponer defensa, incidente o recurso alguno tendiente a interrumpir el lanzamiento anticipado ni la subasta, salvo que acreditare verosímilmente algunos supuestos acotados. Más adelante, en el mismo informe, la relatora especial Raquel Rolnik exhortó a la adecuación de la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de desalojo, y en este contexto recomendó en particular la derogación de los artículos 680 bis y 684 bis del CPCCN, del artículo 238 del CPPN, y del Título V de la Ley 24441 así como la reforma del artículo 181 del Código Penal para evitar que sea utilizado para criminalizar a las personas sin hogar. También exhortó a los jueces [y juezas] y fiscales a basar sus decisiones en materia de desalojo en los estándares internacionales en la materia y en este sentido recomendó la adopción de un protocolo de actuación para jueces [y juezas] y fiscales que incorpore los estándares internacionales en la materia (Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik, 21 de diciembre de 2011, § 18 y 69).
Los comentarios de la doctrina procesalista sobre las medidas cautelares anticipatorias en los procesos de desalojo suelen prescindir de estos aspectos reseñados, es decir, del vínculo estrecho entre esos procesos y la (eventual, aunque frecuente) afectación del derecho a una vivienda adecuada (y de tantos otros derechos humanos).
La jurisprudencia parece discurrir en otro sentido. Lentamente, ha logrado romper las retículas de la ideología liberal imperante y refractaria a la vigencia de este derecho humano: desde el famosísimo “Castronuovo de Santandrea SA c. T., C. A. y otros s. ejecución de alquileres”, sent. 9-6-2014, Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil n.° 1, publicado en La Ley 2015-A, 47, producto de la mano maestra de Gustavo Caramelo, [con nota breve y eximia de Gialdino, Rolando E., “El proceso judicial como techo para los sin techo. El juez, los desalojos forzosos y el derecho humano a la vivienda adecuada”; La Ley 2015-A, 42]; pasando por “Naveira, Natalia Edith y otro c. subinquilinos y/u ocupantes y otros s. desalojo”, sent. 12-6-2023, Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, sala M; hasta llegar a “K. A. D. y otro c. R., J. B s. acción reivindicatoria”, sent. 24-5-2024, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala I. Las decisiones que recayeron en esos procesos no ignoraron la tensión mencionada antes y llegaron, incluso, a suspender el lanzamiento hasta que se garantizara el derecho humano a una vivienda adecuada de los ocupantes de los respectivos inmuebles.
Lo cierto es que tales medidas cautelares anticipatorias no contemporizan con el régimen protectorio antes descripto.
Recordemos que estas medidas cautelares anticipatorias se dictan sin sustanciación con la persona afectada, se ejecutan de manera inmediata y solo pueden cuestionarse mediante un recurso de apelación o un incidente.
Por un lado, las posibilidades defensivas de la persona afectada son extremadamente reducidas. Es difícil pensar en un “proceso con las debidas garantías” y en un “recurso efectivo”, cuando el instrumento de defensa principal consiste en un recurso de apelación incapaz de suspender los efectos de la decisión (véase, nuevamente, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 13 y 15).
Por otro lado, la decisión puede ejecutarse inmediatamente. Y, una vez efectuado el lanzamiento, la decisión adquiere —como suele suceder— carácter permanente. Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha expresado que el Estado parte viola el derecho a la vivienda adecuada si dispone que la persona —ya sea que ocupe una vivienda sin título legal o que ocupe una vivienda con motivo de un contrato finalizado— debe ser desalojada de forma inmediata sean cuales sean las circunstancias bajo las que la orden de desalojo sea ejecutada (Dictamen aprobado por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la comunicación núm. 61/2018, 23 de noviembre de 2021, presentada por Lorne Joseph Walters, § 9.3; y Gialdino, Rolando E., “Desalojos forzosos y principio de proporcionalidad. Los desalojos no deben dejar a las personas sin hogar”, La Defensa 2020, n.° XLVIII).
Finalmente, la ausencia de sustanciación con la persona afectada impide la concesión de una auténtica oportunidad de consulta (destinada, principalmente, a estudiar las posibilidades que permitan evitar o, al menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza) y la facilitación [por los organismos públicos correspondientes], en un plazo razonable, de la información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas (véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997, § 13 y 15).
6. La constitucionalidad/convencionalidad de las medidas cautelares anticipatorias en el proceso de desalojo 6.1 Como vimos recién, las medidas cautelares anticipatorias no contemporizan con el régimen protectorio previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con relación al derecho a una vivienda adecuada.
Pero, además, vale la pena insistir que, por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha censurado las “órdenes provisionales de desahucio” (Gialdino, Rolando E, “Los desalojos y los derechos humanos”, La Ley 26-2-2010, 1, con cita de las Observaciones finales: Japón, 2001, E/C.12/1/Add.67, párr. 30 y 57), y por el otro, la relatora especial de Naciones Unidas ha exhortado al país a adecuar la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de desalojo; ha recomendado derogar normas que prevén estas medidas cautelares y ha exhortado a los jueces y a las juezas a basar sus decisiones en los procesos de desalojo en los estándares internacionales en la materia (Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik, 21 de diciembre de 2011, § 69).
Asimismo, en el caso, la ocupante, Fernanda Soledad Menchaca, destina el inmueble con fines de vivienda, trabaja como cuidadora de adultos mayores y percibe ingresos por la suma de $350.000 mensuales (véase pericia socio-ambiental agregada en el trámite n.° 9, expediente digital; mandamiento de constatación agregado en el trámite n.° 14, expediente digital; y cédula agregada en el trámite n.° 27, expediente digital).
Los ingresos de Fernanda Soledad Menchaca apenas superan el “salario mínimo, vital y móvil” —según la Resolución 17/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil— que en la actualidad asciende a $ 292.446 y se encuentran muy por debajo de la “canasta básica total” que, para un hogar de tres integrantes, asciende a la suma de $ 822.958 (véase INDEC, Informes técnicos / Vol. 9, n° 31, Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires, enero de 2025, Condiciones de vida Vol. 9, n° 3).
Su condición de mujer, la promoción del proceso de desalojo —que pone en jaque su derecho a una vivienda adecuada— y sus ingresos mensuales demuestran que la ocupante atraviesa una situación de vulnerabilidad seria (artículos 1, 2, 3, 4 y 5, Ley 26.485; artículo 5, inciso 4, subinciso c, Decreto N°1011/2010; artículos 16 y 75, incisos 22 y 23, Constitución Nacional, artículo 24, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 5, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW— y artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer —"Convención de Belem do Pará"—).
6.2 Como es sabido, el “control de constitucionalidad” exige comparar las normas infraconstitucionales con las normas de la Constitución Nacional para, en caso de colisión, otorgarle prioridad a estas últimas (artículo 31).
Paralelamente, a este examen de compatibilidad constitucional debe sumarse el llamado “control de convencionalidad”, que exige comparar las disposiciones de derecho interno y las de la Convención Americana de Derechos Humanos (y las de otros tratados internacionales de derechos humanos) (artículos 1, 2 y 63).
Este último puede ser externo (o propio u original) e interno. El primero corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, el segundo, al igual que el “control de constitucionalidad”, corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del país. Así, cuando menciono el control interno de convencionalidad me refiero a Ia potestad conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales —o a todos los órganos jurisdiccionales— para verificar Ia congruencia entre actos internos —así, esencialmente, las disposiciones domésticas de alcance general: constituciones, leyes, reglamentos, etcétera— con las disposiciones del Derecho Internacional (que en Ia hipótesis que me interesa reduciré a una de sus expresiones: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y más estrictamente, el Derecho Interamericano de esa materia) (García Ramírez, Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad”, IUS, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, A.C., vol. V, núm. 28, diciembre, 2011, pp. 123-159).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, reiteradamente, entendió que los tribunales nacionales están habilitados para ejercer de oficio tanto el “control de constitucionalidad” como el “control de convencionalidad”. Así, dijo que la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, y a descalificar las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (artículo 75, inciso 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa —formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s. Daños y perjuicios”, sent. 27 de noviembre de 2012, considerando 12, LL 30/11/2012, 5).
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el análisis de la validez constitucional "...de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y es sólo, en consecuencia, practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere", entendiéndose que "...por la gravedad de tales [exámenes] debe estimárselos como ultima ratio del orden jurídico,...de tal manera que no debe recurrirse a ellos sino cuando una estricta necesidad lo requiera" (doctrina de Fallos: 260:153 entre otros) (CSJN, “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 104 y 89 del Código Penal”, Causa N°3221, sent. 17 de mayo de 2005, considerando 27).
En esta senda, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que constituye deber de los jueces y las juezas agotar todas las interpretaciones posibles de una norma antes concluir con su inconstitucionalidad, pues sabido es que la inconstitucionalidad es un remedio extremo, que solo puede operar cuando no resta posibilidad interpretativa alguna de compatibilizar la ley con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que forman parte de ella (Fallos: 312:185). Como dije antes, las medidas cautelares anticipatorias previstas en el artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443, y en el artículo 676 ter, CPCCBA, t.o. Ley 14220 (al igual que las previstas en otros códigos procesales) no respetan los estándares internacionales de protección del derecho humano a una vivienda adecuada (artículo 25.1, Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo XI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 11.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 26, Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14.2, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 27, incisos 1, 2 y 3, Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; y artículos 9.a y 28.1 y 2.d, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n.° 4 “El derecho a una vivienda adecuada —párrafo 1 del artículo 11 del Pacto—”, 1991, y Observación General n.° 7 “El derecho a una vivienda adecuada —párr. 1 del art. 11 del Pacto—: los desalojos forzosos”, 1997).
Pero, además, tampoco en el caso, según sus circunstancias particulares, parece razonable la medida cautelar anticipatoria que, de dictarse, importaría un desalojo unilateral e inmediato que violaría el derecho a una vivienda adecuada (además, de otros derechos humanos vinculados). Dicho todo esto, no encuentro posibilidad hermenéutica alguna que permita compatibilizar las medidas cautelares anticipatorias previstas para este proceso especial con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos antes citados (y las decisiones de los órganos internacionales de protección); ya que, en definitiva, genéticamente soslayan gran parte de los recaudos del régimen protectorio descripto. Por estos fundamentos, y al entender que en el caso —según sus circunstancias particulares— queda demostrado que el artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443, puede irrogar a la parte demandada (ocupante del inmueble en cuestión) una vulneración de su derecho humano a una vivienda adecuada (además de otros derechos humanos), corresponde declarar de oficio su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
PARTE RESOLUTIVA:
Por los fundamentos expuestos, RESUELVO:
1. Declarar la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443.
2. Declarar, en consecuencia, la inaplicabilidad del artículo 676 bis, CPCCBA, t.o. Ley 11.443 en el caso y, por consiguiente, rechazar la medida cautelar anticipatoria solicitada.
Regístrese. Notifíquese de forma automatizada (artículo 10, Acuerdo N°4013/2021 t.o. Acuerdo N°4039/2021).
Fin de la sentencia