Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61.337
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de fs. 925, 2) revocar la sentencia apelada, 3) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 4) remitir las actuaciones a primera instancia a fin de sustanciar las cuestiones atinentes a la base regulatoria, la ley aplicable, conforme lo dispuesto en la Segunda Cuestión, 5) diferir las regulaciones de alzada para su oportunidad.
Causa nº: 2-61337-2016 "CISNEROS RICARDO GUILLERMO Y OTRA C/ LARREA JUAN MANUEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 145 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta y uno días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, los Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi para dictar sentencia en los autos caratulados: “Cisneros, Ricardo Guillermo y Otra c/ Larrea, Juan Manuel y Otros s/ daños y perjuicios” (causa n° 61.337), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Galdós, Longobardi y Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ra. ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación de fs. 925?.
2da. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 874/905vta.?.
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N –
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós dijo:
Contra la sentencia de la anterior instancia la citada en garantía “Federación Patronal Seguros SA” interpuso recurso de apelación (fs. 925), que fue concedido libremente (fs. 926, arts. 242, 243 del CPCC). Elevados los autos al Tribunal, se ordenó a los apelantes de fs. 907, 911, 925 y 927, expresar agravios dentro del plazo de 10 días (art. 254 del CPCC). Dicha resolución fue notificada por cédula a “Federación Patronal Seguros SA” el día 4/4/2017 (fs. 1017/1017vta.) y la expresión de agravios se presentó con fecha 3/5/2017 en forma extemporánea (fs. 1052/1053vta.).
Por ello corresponde declarar desierto el recurso de fs. 925 (arts. 242, 243, 254, 261 del CPCC)
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
I. La demanda fue promovida por Claudia Marchese en su carácter de apoderada de María Elena Basualdo y Ricardo Guillermo Cisneros, quienes actúan por sí y en representación de su hijo menor de edad M. L. C. B. (fs. 20/29). Durante el curso del proceso el actor alcanzó la mayoría de edad, pero fue declarado con capacidad restringida para ejercer actos de disposición y administración de su patrimonio, designándose curadores definitivos a su madre María Elena Basualdo y a su hermano Nicolás Cisneros Basualdo, quienes actuando en forma conjunta y/o indistinta ejercen su representación legal (fs. 1003/1010).
La demanda se dirigió contra Juan Manuel Larrea y el Sanatorio Tandil SA, pretendiendo una indemnización por los daños causados a M. L. C. B. -encefalopatía crónica irreversible- que consideran se originó por una falta de atención médica adecuada durante los últimos dos meses de gestación y que derivó en una incapacidad del 100%. Se atribuyó responsabilidad contractual al ginecólogo Dr. Larrea por no haber realizado un diagnóstico acertado, y al Sanatorio Tandil por incumplimiento del contrato de salud, calificando el vínculo con la clínica como una “estipulación tácita en favor de tercero” y obligación tácita de seguridad, atento a que en ningún momento se informó a la actora en dicho nosocomio que el pequeño tenía trastornos cerebrales. Los daños fueron estimados en la suma de $ 200.000 en concepto de daño físico y sus consecuencias patrimoniales, daño estético $ 50.000, daño a la vida de relación $ 50.000, daño psíquico $ 100.000, daño moral $ 250.000, gastos terapéuticos y especiales $ 250.000, en total se reclaman $ 900.000. La pretensión económica se sujetó a lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse.
La demanda fue contestada por Oscar A. Vannoni, en su carácter de apoderado judicial de “Sanatorio Tandil SA”, quien solicitó el rechazo respecto de su mandante (fs. 80/102vta.). Adujo que la actora celebró con el Dr. Larrea un contrato de asistencia médica y, con su representado, un contrato de locación de servicios sanatoriales (hospedaje, pensión, enfermería, quirófano, etc.), en el que el sanatorio comprometió un ámbito físico y otros servicios, para que algunas de las obligaciones de aquel otro contrato pudieran ser ejecutadas. Manifestó que la actora contrató el servicio de internación el día 1/7/97, para ser sometida a una operación de cesárea, y que no existió una estipulación en favor de terceros –como se afirmó en la demanda- ya que el sanatorio no celebró ningún contrato médico con la actora, ni con el ginecólogo Dr. Larrea. Lejos de ello, la Sra. Basualdo contrató libre, voluntaria e indiscutiblemente al Dr. Juan Manuel Larrea para su asistencia ginecológica y obstétrica, con quien mantenía una relación médico-paciente desde el año 1983. Expresó que los daños se atribuyeron a falta de atención médica adecuada en los últimos dos meses de embarazo y la actora pasó apenas las últimas quince horas en el sanatorio, por lo que no existe nexo de causalidad entre el daño y el accionar de la clínica. Manifestó que el Sanatorio Tandil se vinculó con la Sra. Basualdo exclusivamente mediante un contrato de internación, que se ejecutó entre los días 1° y el 5 de julio de 1997 y cumplió con todas las obligaciones comprometidas. Manifestó que su mandante contrató, prometió y prestó a María Elena Basualdo los servicios de internación de la clínica, y el Dr. Larrea comprometió y prestó sus servicios médicos profesionales, en forma autónoma y separada, por lo que cada contratante responde hacia la paciente por sus obligaciones específicas. Solicitó el rechazo de la demanda respecto del Sanatorio Tandil e impugnó en subsidio los rubros y montos indemnizatorios reclamados, citó en garantía a la Compañía Argentina de Seguros SA y a Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada. Ofreció prueba.
Federación Patronal Cooperativa de Seguros Ltda. contestó a través de su apoderado judicial Javier Mauricio Pietrirena, quien solicitó el rechazo de la demanda con costas. En lo sustancial adhirió a la contestación realizada por su asegurado el Sanatorio Tandil, en lo que respecta a la imposibilidad de responsabilizar a la clínica por los daños sufridos por M. L. C. Rechazó el error de diagnóstico invocado por la parte actora señalando que el mismo debe ser grave e inexcusable, lo que no aconteció en el caso de autos, por cuanto el Dr. Larrea actuó según lo prescripto por los procedimientos en la materia, con diligencia y prudencia. En subsidio, y para el caso de tener que indemnizar, estableció un orden de prioridades señalando en primer lugar al médico, quien posee cobertura de seguros en forma personal por el Fondo de Ayuda Profesional a través del Colegio de Médicos, por una suma de $ 100.000. Luego, debe responder la Compañía Argentina de Seguros Visión SA, en su carácter de aseguradora del Sanatorio Tandil SA, por $ 100.000 y por último, y llegado el caso, su mandante. Impugnó en forma genérica los rubros y montos indemnizatorios adhiriendo, en las consideraciones puntuales, a lo expresado por Sanatorio Tandil SA.
La Compañía Argentina de Seguros Visión SA, contestó a través de sus mandatarios Dres. Alcides Carlos Fortunato y Guillermo Pérez Cambet, y denunció la inexistencia del contrato de seguro al momento del hecho, ya que la vinculación había cesado por falta de pago. Ofreció pericial contable para acreditar dicho extremo y contestó demanda en subsidio adhiriendo en lo principal a la contestación realizada por el Sanatorio Tandil SA. Finalmente, contestó la demanda Juan Manuel Larrea, el médico ginecólogo que atendió a la actora Sra. Bausaldo. Lo hizo a través de su apoderado Dr. Nicanor Rafael Allende y solicitó el rechazo de la demanda. Expresó que María Elena Basualdo concurrió a su consultorio para su tercera gestación, luego de dos embarazos normales atendidos por él.
Dijo que tenía como antecedente haber padecido una enfermedad venérea -sífilis primaria- tratada por otro profesional en la clínica Vandor de Tandil a fines del año 1981, que recién pudo negativizarse en el año 1988. Señaló que desde entonces tuvo múltiples sangrados fuera de la fecha menstrual, que llevaron a la actora a realizarse tratamientos hormonales, cicatrizantes y reepitelizantes. La falta de respuesta adecuada a dichos tratamientos la llevó, en el año 1990, a hacerse una biopsia de endometrio que reveló una endocervitis, con endometritis crónica activa, con compromiso vascular, siendo el endometrio el lugar de nidación del producto de la concepción. Así, desde 1990 a 1996 la actora continuó con sangrado fuera del período menstrual y en noviembre de 1996 concurrió a su consultorio, para la atención de su tercer embarazo en el primer trimestre gestacional (con fecha de última menstruación del 7/10/1996).
Expresó que los primeros meses fueron normales y luego se produjo un episodio de parestesias faciales (adormecimiento del rostro) por lo que le aconsejó la consulta con un neurólogo, quien luego de realizar los estudios correspondientes le diagnosticó síndrome jaquecoso y stress. En la consulta del día 12/6/1997, se le descubrió una hipertensión arterial leve (140/90), con desaceleración en el ritmo de crecimiento del abdomen, por lo que se realizó una ecocardiografía fetal (monitoreo fetal) que reveló una frecuencia basal de 140 latidos por minuto (normal) y reactividad normal (aumento de la frecuencia cardíaca fetal ante movimientos respiratorios y fetales), indicándose como tratamiento reposo absoluto en cama, con dieta hiposódica y dos controles diarios de presión arterial en el domicilio, con reporte telefónico (cita bibliografía específica, publicada entre los años 1998 y 1999, que apoyan el tratamiento indicado).
El día 20/6/1997 la actora concurrió nuevamente al control con una ecografía realizada por el Dr. Litarelli y se le indicó que continuara con el reposo, dieta hiposódica, dos controles diarios de la presión arterial y análisis de sangre y orina, que recién le fueron entregados el día 1/7/1997. Manifestó que entre las consultas del 12/6/1997 y el 20/6/1997 la actora consultó a otro ginecólogo -Dra. Martinoia, médica de OSECAC- que le detectó un poco alta la presión arterial e hizo las mismas indicaciones terapéuticas que él. El día 2/7/1997 nació M. L. C., con treinta y nueve semanas de gestación, por cesárea. El día anterior al parto, 1/7/1997, la paciente presentaba una presión arterial de 160/100 y signos de preeclampsia, con los latidos fetales bien, por lo que se decidió su internación inmediata en el Sanatorio Tandil, fijándose para el día 2/7/1997 a las 10 hs. el inicio de la cesárea.
Dicha intervención quirúrgica fue realizada conforme lo pautado, sin que el niño haya presentado signos de falta de oxígeno o pulso. Manifestó que la madre estaba informada del riesgo de su embarazo, que de ninguna manera podía calificarse como normal y concluyó que las lesiones neuronales que presenta M. L. C. no pueden atribuirse a su accionar médico sino a una enfermedad gestacional, denominada “gestosis”, “preeclampsia moderada” o “hipertensión inducida por la gestación”, de causas desconocidas, sin que en la actualidad (se refiere al año 1997) existan pruebas clínicas o de laboratorio de utilidad práctica que permitan predecir qué gestantes van a presentar dicho trastorno, y agrega que dicha enfermedad continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad materna y una mortalidad perinatal en los recién nacidos con Retardo en el Crecimiento Intrauterino (RCIU) hasta ocho veces mayor que en los nacimientos normales, asociándose el RCIU, en ocasiones, con malformaciones congénitas.
Apoyó el tratamiento indicado. Dijo que el reposo permite prolongar el embarazo entre 4 y 80 días (21 días de promedio) con mejores resultados perinatales, y si el estudio de la vitalidad fetal indica un feto en buenas condiciones, y ecográficamente existe un discreto crecimiento, se deberá continuar con la gestación sin interrumpirla. Señaló que la correcta atención prenatal está constituida por el monitoreo cuidadoso de la tensión arterial y el tratamiento prescripto fue el adecuado, en tanto la medicación antihipertensiva sólo sirve a los fines de salvaguardar la integridad vascular de la madre, pero al producir una disminución de la presión arterial, también provoca una disminución del flujo a la placenta, que aumenta aún más el compromiso fetal, por lo que se debe proceder con mucho equilibrio, ya que no ha sido posible evidenciar una mejora real de los fetos con RCIU en las madres sometidas a tratamiento con alfa miméticos (drogas hipotensoras).
Señaló que dichas drogas reducen la perfusión placentaria y, lejos de ayudar al feto, pueden dañarlo severamente. Expresó que tampoco puede asegurar que la suplementación con calcio a la madre reduzca la incidencia de la preeclampsia, la hipertensión asociada al embarazo, ni las complicaciones severas maternas y perinatales del embarazo, y existe acuerdo en que, con el feto maduro, provocar el parto equivale a la curación de la paciente con preeclampsia y mejora la sobrevida fetal. Dijo que los embarazos con esta patología deben ser considerados de alto riesgo para la madre y para el hijo, y el tratamiento debe estar dirigido a mantener la función placentaria y no a normalizar las cifras tensionales maternas.
En algunos casos el tratamiento consiste en medidas simples y tradicionales como el reposo, en otros, cuando el riesgo de muerte o daño fetal severo sean superiores al riesgo de interrumpir el embarazo, deberá interrumpirse el embarazo y enfrentarse un nacimiento prematuro. Defendió la indicación no farmacológica que hizo a su paciente y el reposo como uno de los pilares fundamentales del tratamiento, por los beneficios que provee a la evolución de la patología de la actora y por la correcta perfusión úteroplancentaria que mejora el estado del feto. Afirmó que el único tratamiento definitivo de la preeclampsia es la terminación del embarazo y el objetivo básico es la obtención de un recién nacido con maduración y vitalidad adecuadas.
Señaló que algunas enfermedades maternas pueden restringir la llegada de oxígeno de la madre al feto, tales como la preeclampsia y la eclampsia, la hipertensión crónica y la diabetes mellitus. En resumen, aseguró haber vigilado el desarrollo del embarazo, diagnosticado acertadamente el problema tensión arterial de la madre, ni bien se presentó, y siguiendo la bibliografía existente en la materia no medicó a la paciente, sino que le prescribió reposo absoluto en su domicilio. Considera haber realizado un diagnóstico acertado y haber prescripto el tratamiento apropiado. Con relación a la oportunidad del parto, adujo que ni bien tuvo el resultado de los análisis bioquímicos tomó la difícil decisión de poner fin al embarazo mediante una cesárea, para proteger a la madre y al niño.
Afirmó que las lesiones neuronales que presentó M. de ninguna modo pueden asociarse con su accionar médico. Manifestó que luego de la fecha de los hechos objeto de este juicio, se han instalado en Tandil equipos que permiten nuevos y mejores estudios, como el Eco Doppler, que los existentes a principios del año 1998. Dicha tecnología no estaba disponible para la atención de este caso. Con relación a la conducta de la actora señaló que no cumplió con el deber de colaboración a su cargo, que consistía en cumplir estrictamente el tratamiento indicado. Solicitó el rechazo de la demanda, ofreció pruebas y citó jurisprudencia en apoyo de su posición.
II. La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda resarcitoria de daños y perjuicios promovida por María Elena Basualdo y Ricardo Guillermo Cisneros, por sí y en representación de M. L. C. B., contra Juan Manuel Larrea y Sanatorio Tandil SA, a quienes condenó a pagar, en forma solidaria, la suma de $ 450.000, más los intereses, costos y costas del proceso, haciendo extensiva la condena a las aseguradoras. Acogió los rubros “lucro cesante por daños físicos” y “daño moral” y desestimó los daños estéticos, a la vida de relación, a las aptitudes psíquicas y tratamiento y atenciones especiales. Impuso las costas a los demandados vencidos. Para así resolver dijo que la actora atribuyó la encefalopatía crónica no evolutiva de etiología hipóxico-isquémica pre y perinatal que padece M.
L. C. a la falta de una adecuada atención médica por parte del Dr. Juan Manuel Larrea, durante los últimos meses de gestación, por cuanto el demandado no habría efectuado un diagnóstico y tratamiento adecuados para evitar las lesiones cerebrales sufridas. Analizó la defensa del Dr. Larrea, quien aseguró que las lesiones que presenta el joven M. no pueden atribuirse a su accionar médico sino a una gestosis materna, también llamada toxemia gravídica o hipertensión inducida por el embarazo, que tiene como manifestaciones más importantes la preeclampsia y la eclampsia y, en su forma más leve, la hipertensión gestacional. Delimitado el objeto del juicio y la trama litigiosa planteada por las partes, el juez a quo se refirió a la gestosis materna, también llamada toxemia gravídica o hipertensión inducida por el embarazo; citó un estudio del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) que recomienda cambios para unificar el diagnóstico y el tratamiento de dicha patología, con la intención de disminuir una de las complicaciones más importantes de la enfermedad: la prematuridad creada por la interrupción del embarazo antes de la semana 37, disminuir la indicación de medicación antihipertensiva y evitar el uso de sulfato de magnesio en casos no severos y el reposo en cama de la gestante.
Dijo que la preeclampsia es hipertensión arterial, proteinuria y edema anormal durante el embarazo, desconociéndose su origen, pero se sospecha que hay un defecto en la forma como la placenta se desarrolla dentro del útero materno y eso trae como consecuencia una serie de cambios vasculares que conducen a la alteración tensional de la madre, mala irrigación sanguínea del útero y aporte inadecuado de nutrientes y oxígeno al feto. Y si bien el diagnóstico es bastante sencillo, requiere que la paciente asista regularmente al control prenatal, ya que en la mayoría de los casos la preeclampsia sigue un curso asintomático y sólo se descubre con mediciones rutinarias de la tensión arterial. Expresó que el riesgo más temido es la muerte del feto y el más frecuente es el nacimiento antes del término (la prematuridad), ya sea porque se inicie el trabajo de parto en forma anticipada o porque haya que interrumpir el embarazo por imposibilidad de controlar la enfermedad.
Por otra parte, el trastorno placentario (insuficiencia placentaria) conduce a bebés de bajo peso y en algunos casos a lesión neurológica con secuelas motoras e intelectuales importantes. El control prenatal ayuda, aunque no lo previene (hay algunas estrategias que podrían desplegarse, pero no son concluyentes), debe diagnosticarse tempranamente, vigilar estrechamente a la madre y al bebé y controlar la situación de la mejor manera posible. Dijo que el estudio Doppler de la circulación materna (útero) puede predecir la aparición de preeclampsia hasta en un 50% de las pacientes con hallazgos sospechosos y puede curarse de una única manera: interrumpiendo el embarazo. Pero como esto no siempre es beneficioso para el bebé debe controlarse la situación.
No es necesario comer sin sal, esa es una concepción antigua y errada para manejar el problema (http://maternofetal.net/5hie.html, 2013). Establecidas las bases médicas de la patología analizó los presupuestos de la responsabilidad, recordando el deber genérico de no dañar a otro. Se preguntó si la encefalopatía no evolutiva de M. pudo haber sido el resultado de un accionar negligente del Dr. Juan Manuel Larrea durante el transcurso de los últimos dos meses de embarazo y/o durante el parto de María Elena Basualdo. Se planteó si el Dr. Larrea cumplió con el deber de información a la paciente y si el Sanatorio Tandil SA es responsable por incumplimiento de la obligación de prestación de salud.
En concreto señaló que la cuestión a dilucidar es la conducta del médico y su relación de causalidad con la encefalopatía crónica no evolutiva sufrida por M. y la atención recibida durante la internación en el Sanatorio Tandil. En esta faena el juez comenzó por el análisis de la Historia Clínica, de la cual extrajo que M. L. C., nació el día 02/07/1997, a término (39 semanas), ingresó a la UTI Neonatológica minutos después del alumbramiento, con un estado regular, efectuándosele reanimación con máscara y oxígeno por presentar dificultad respiratoria, siendo pequeño para la edad gestacional. A los diecinueve días de nacido se le otorgó el alta con diagnóstico de RCIU Tipo I (gestosis). Analizó bibliografía especializada actual sobre dicha patología y concluyó que el RCIU (Retardo del Crecimiento Intra Uterino) tipo I, incluye a los recién nacidos que no recibieron los nutrientes necesarios desde el primer trimestre.
Dijo que los bebés pequeños para la edad gestacional (PEG) son la mayoría de las veces el resultado de una placenta insuficiente y están sometidos a una hipoxia crónica. Durante el trabajo de parto son susceptibles de sufrir hipoxia y nacer deprimidos. En algunos casos su peso insuficiente se debe a infecciones intrauterinas virales o problemas genéticos (“Recién Nacido, Concepto, Riesgo y Clasificación”, Dres. Cifuentes-Ventura, Junio 2014).
Con relación a la madre, expresó que durante su internación sufrió un aumento de la presión arterial y un cuadro de preeclampsia, con riesgo de sufrimiento fetal (SFA), asfixia fetal progresiva, que si no es corregida puede desencadenar en daños permanentes del sistema nervioso central (http://www.anestesia.org.ar, Julio 2014). M. padeció SFA según el informe de Daniel Ilario Toer (fs. 438) y el sufrimiento fetal en todas sus formas, leve o moderada, produce hipoxia. Tuvo por acreditado que M. sufrió una encefalopatía crónica de origen hipóxico isquémico pre y perinatal (cfr. informe de Hernán M. Martino, fs. 8). Continuó analizando la prueba y refirió que de la pericia psicológica surge que M. presenta parálisis cerebral y no podrá llevar adelante una vida normal, siendo su mayor compromiso en el área laboral. Consideró acreditado el daño sufrido por M. L. C.
En cuanto al nexo causal entre el daño y la conducta del médico Larrea expresó que el perito neurólogo Carlos Viviani concluyó que los diagnósticos “pueden o no compadecerse con un embarazo mal controlado en los últimos dos meses”, y destacó que, en opinión del perito, el demandado Dr. Larrea no actuó con imprudencia, impericia, negligencia o apartamiento de las reglas de curar. Analizó el testimonio de la Dra. Martinoia, médica ginecóloga y obstetra que atendió a la actora en una consulta, quien declaró que ante un RCIU durante el que se produce una hipertensión leve inducida por el embarazo, puede ser necesaria la internación, el tratamiento por hipertensión o, a veces, dieta y reposo. Trajo a colación lo manifestado por la citada en garantía Compañía de Seguros Visión cuando señaló que la hipertensión arterial es causa de complicaciones en el embarazo, y el tratamiento farmacológico de la HTA de la madre debe evitar que se reduzca la perfusión sanguínea del útero y la placenta. Así pues hay que utilizar dosis pequeñas de fármacos hipotensores. A partir de dichos elementos de prueba y manifestaciones de las partes, concluyó que el Dr. Larrea no recetó fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial de la Sra. Basualdo, sólo dieta y reposo, conforme la bibliografía acompañada por Larrea en su contestación (fs. 168/191), en virtud de la cual no se encontraba comprobada una mejora real de los fetos con RCIU cuando las madres eran tratadas con alfamiméticos (hipotensores). Sin embargo el magistrado recurrió a otra bibliografía conforme la cual “cuando la preeclampsia ha sido diagnosticada en fases muy tempranas del embarazo, el médico puede decidir si hacer uso de algún fármaco como antihipertensivos. Para disminuir la presión arterial, corticosteroides, que además de mejorar las plaquetas y el funcionamiento del hígado, acelera el desarrollo de los pulmones del bebé, lo cual puede ser importante en el caso de tener que adelantar el parto”
(http://embarazo.euroresidentes.com/2014,archive.html).
Conforme el testimonio de la Dra. Martinoia si la hipertensión es grave se recomienda la extracción fetal, y si es leve o moderada, se puede dar medicación. El a quo dijo que a pesar de las diferencias existentes entre los expertos respecto al tratamiento de la HTA en el embarazo, lo cierto es que hay coincidencia en la necesidad de un seguimiento estricto y personal de la gestante y del feto. En la historia clínica de M. no existen registros de acidosis neonatal, variable indispensable para determinar si existió asfixia perinatal causante del daño cerebral. Dicho dato debería estar consignado y su ausencia acarrea una clara y notoria omisión de las obligaciones médicas, tanto del profesional tratante, como de los auxiliares del Sanatorio Tandil SA.
Presenta dudas la espera de la gestante y el feto para la operación quirúrgica, ya que tratándose de un embarazo riesgoso debió adelantarse el parto uno o dos meses, siendo ésta una alternativa razonable y adecuada. A ello agregó el juez a quo que de la planilla de enfermería surge un aumento significativo de la presión arterial de la madre, sin que los auxiliares del Sanatorio Tandil SA hayan convocado a un médico de guardia o solicitaren ayuda para interrumpir el embarazo y evitar el cuadro de preeclampsia, lo que indica claramente que la codemandada Sanatorio Tandil SA no ha cumplido acabadamente con las obligaciones a su cargo. La responsabilidad del Dr. Larrea surge de no haber tomado la decisión de adelantar el parto uno o dos meses, no haber medicado a la madre con hipotensores para controlar su presión arterial (HTA) durante los meses de embarazo y no haber comunicado a su paciente que se trataba de un embarazo de riesgo, conforme su derecho a recibir información adecuada (ley 26.529), hecho controvertido en estas actuaciones y que debió ser acreditado por el médico.
Tampoco está acreditado que se haya otorgado consentimiento informado (art. 5 de la ley 26.529). Atento a que la Sra. Basualdo había padecido sífilis primaria y problemas de endometritis, resultaba oportuno que el médico le comunicara el riesgo que asumiría. Ello a pesar del resultado no reactivo del análisis de V.D.R.L (fs. 5). La actora estaba convencida de que sería intervenida el mismo 1 de Julio de 1997, a misma noche (a las 22 hs.), y recién fue operada el 2 de Julio por la mañana, en lo que constituye una falla en la comunicación médico-paciente configurativa de mala praxis médica por omisión del deber de información. Con lo expuesto, el juez a quo consideró demostrada la negligencia en el obrar del Dr.
Larrea, por no haber adelantado la fecha de parto para evitar un cuadro de preeclampsia, no haber medicado a la madre para el tratamiento de la HTA y no informarle lo riesgoso de su embarazo. Por su parte, el Sanatorio Tandil SA resulta responsable por la falta de intervención adecuada y oportuna de los auxiliares de salud durante la internación, atento los valores de HTA registrados.
Atribuida la responsabilidad, cuantificó la incapacidad por daños físicos en la suma de $ 200.000 considerando en particular que M. no podrá valerse laboralmente en el futuro y el daño moral en la suma de $ 250.000, sumas que devengarán un interés equivalente a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de mora que fijó en la primera consulta en la cual el médico tomó conocimiento del RCIU, esto es el día 12/7/1997. A fs. 906 amplió la sentencia al sólo efecto de diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
III. La sentencia fue apelada por las partes y la citada en garantía Federación Patronal. La actora interpuso recurso de apelación a fs. 907, mientras que el demandado Dr. Larrea apeló a fs. 911. Por su parte, el Dr. Javier Mauricio Pietrirena (por Federación Patronal de Seguros SA) apeló a fs. 925, y fundó en forma extemporánea su recurso (fs. 1052/1053) por lo que fue declarado desierto en la primera cuestión de esta sentencia. El Dr. Oscar A. Vannoni (por el Sanatorio Tandil SA) apeló a fs. 927.
Los fundamentos de los recursos fueron presentados, por el demandado Dr. Larrea (fs. 1021/1024vta.; por el Sanatorio Tandil SA (fs. 1025/1037), y por la parte actora (fs. 1038/1049vta.). Los agravios de la parte actora fueron contestados por el Sanatorio Tandil SA a fs. 1057/1060 y los fundamentos de los recursos del Dr. Larrea y el Sanatorio Tandil fueron replicados por la parte actor a fs. 1064/1066vta.
a) Agravios del médico Dr. Juan Manuel Larrea:
Siguiendo el orden de los agravios, la primera presentación fue realizada por el Dr. Larrea quien expresó que la prueba básica y principal para establecer la culpa en un accionar médico está dada por las pericias médicas y en estas actuaciones se declaró la negligencia de la parte actora en la producción de dicha prueba, entre otras relevantes que la parte actora perdió por su negligencia. Así el proceso quedó signado por la escasez de pruebas, que obligó al magistrado anterior a priorizar el informe pericial neurológico del Dr. Carlos Alberto Viviani, perito de parte del médico y no de la actora. Expresó que la pericia neurológica no es concluyente respecto del origen de los daños neuronales sufridos por M., los que pueden o no compadecerse con un embarazo mal controlado en los últimos meses.
Analizando las respuestas a los puntos de pericia destacó que “la HTA (hipertensión arterial) materna en el tercer trimestre fue tratada adecuadamente con reposo, dieta hiposódica y controles diarios de la presión arterial”. Hizo incapié en que a pesar del tratamiento el feto puede sufrir las consecuencias derivadas de la preeclampsia dado que se trata de un trastorno útero-placentario y no meramente de un trastorno hipertensivo. En referencia al momento del parto transcribió los párrafos pertinentes de la pericia neurológica en los cuales se concluye que para que haya habido daño neurológico postcesárea deben registrarse ciertos parámetros como acidosis neonatal con un PH menor a 7.0 en la arteria umbilical, cifras bajas y persistentes de Apgar de 0-3, encefalopatía aguda neonatal y signos de disfunción orgánica múltiple.
Para sostener que la asfixia perinatal es la causa del daño cerebral debe demostrarse un grado significativo de acidosis neonatal. La falta de tal dato en los registros de M. al momento de nacer, impide concluir si hubo o no acidosis neonatal. Expresó que el niño no tuvo convulsiones en ningún momento, sí tuvo dificultad respiratoria, acrocianosis de ingreso, hipotonía, hipoglucemia, pero estos datos son inconsistentes con una asfixia perinatal moderada o severa, sí corresponden a un síndrome hipóxico isquémico leve. Continuó con el análisis de la pericia cuando señaló que las lesiones del recién nacido no se compadecen con una asfixia perinatal inmediatamente previa al nacimiento. Transcribió las conclusiones: “el perito neurólogo no puede establecer si el Dr.
Juan Manuel Larrea omitió alguna actividad en la atención de la paciente obstétrica por ser un tema que excede los límites de la especialidad neurológica. Sí puede establecer que el manejo de la hipertensión arterial según las cifras tensionales referidas con dieta hiposódica y reposo fue una actitud apropiada para evitar una eventual eclampsia materna y potencial daño neurológico al feto”. En opinión del perito, el Dr. Larrea actuó conforme a las circunstancias de tiempo y lugar en que desempeñaba sus funciones. Dijo que el informe neurológico fue valorado incorrectamente por el a quo, ya que fue utilizado para condenar, cuando basta por sí sólo para el rechazo de la demanda.
Planteó la vulneración de la congruencia al incorporar una cuestión ni siguiera mencionada en el escrito de inicio, como es la exigencia de acreditar el consentimiento informado del paciente, y señaló que la necesidad de su otorgamiento surge de una ley sancionada con posterioridad a los hechos (cfr. ley 26.529 sancionada el 21 de Octubre de 2009), a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires adhirió recién el día 13 de Diciembre de 2012. Considera inaplicable dicha ley 26.529 al presente caso. Cuestionó la conclusión del a quo cuando señaló que la paciente no conocía los riesgos de su embarazo, ya que una persona que es sometida a diversos estudios, se le indica reposo absoluto en cama, dieta hiposódica, dos controles diarios de la tensión arterial en el domicilio, con parte telefónico diario al médico, no puede alegar la creencia de un embarazo normal. Consideró que lo expuesto basta para revocar la sentencia apelada, por lo que solicitó el rechazo de la demanda, con costas.
b) Agravios del “Sanatorio Tandil SA”.
Expresó que los actores demandaron al Dr. Larrea por los daños sufridos por M. L. C. B. en los últimos dos meses de gestación y pretenden que dicha responsabilidad se haga extensiva a al Sanatorio Tandil SA, aduciendo que habría asumido una obligación tácita de seguridad por la conducta del médico, que actuó como dependiente de la clínica en el marco de una estipulación tácita a favor de un tercero, y por ende, el sanatorio debe responder por su culpa in eligiendo o in vigilando de las personas que trabajan en su ámbito. Por su parte, el a quo dictó sentencia condenando al médico y solidariamente a su mandante, con fundamento en que los daños sufridos por M. C. son atribuibles al accionar del Dr. Larrea por no haber adelantado la fecha del parto, para evitar de este modo el cuadro de preeclampsia en un embarazo riesgoso; que la responsabilidad se extiende al sanatorio por incumplimiento de la prestación de salud, porque los auxiliares de la clínica no convocaron al médico de guardia ante el aumento significativo de la presión arterial de la gestante con el objeto de interrumpir el embarazo y evitar el cuadro de preeclampsia que presentaba la madre, y además omitieron consignar en la historia clínica el nivel de acidosis neonatal de M., siendo ello una clara y notoria deficiencia en la prestación comprometida.
Se agravió de dichas conclusiones del fallo apelado, en primer lugar porque surge con meridiana claridad que los daños sufridos por M. C. no se produjeron por negligencia del Dr. Larrea y mucho menos obedecen al proceder de la clínica, ya que para condenarla solidariamente el juez dio por sentado que el sanatorio asumió una obligación de prestar asistencia médica a la actora, lo que no es así; y que los auxiliares de enfermería no cumplieron con su función –cuestión no invocada en el escrito de inicio, y de la cual no pude defenderse, vulnerándose de esta manera el principio de congruencia-. Además, señaló que los reproches del juez al personal de enfermería pertenecen al ámbito de la medicina y no de la enfermería, y de haberse producido los incumplimientos endilgados, cosa que niega, los mismos no tienen relación de causalidad alguna con los daños que presentó M. C.
Señaló que la ausencia de responsabilidad médica del Dr. Larrea surge clara de los hechos y las pruebas producidas, que evidencian que el médico asistió a la actora de manera correcta e irreprochable, siendo injusto que se lo responsabilice por los daños neurológicos padecidos por M. El a quo concluyó que la encefalopatía irreversible fue causada por la asfixia pre y perinatal producto de la preeclampsia (que se manifestó en presión alta), y que debió tratarse con fármacos, concluyendo que, al no hacerse de ese modo, se abordó inadecuadamente la HTA de la madre, con afección del feto. Este razonamiento del a quo contradice los dichos de la actora, va contra la más calificada ciencia médica y resulta inconciliable con el único peritaje científico obrante en estas actuaciones, dado que la patología del bebé nunca pudo ser causada por la preeclampsia de la madre, ni tener como origen un obrar imprudente del médico, menos aún pudo ser impedida.
La encefalopatía de M. es un daño cerebral que pudo haberse generado durante el embarazo (prenatal) o durante el nacimiento (perinatal), calificaciones importantes para el desarrollo de los agravios. Así, cabe preguntarse cuándo comenzó el Retardo de Crecimiento Intrauterino, Tipo I (RCIU) de M. L. C., y para ello cabe señalar que la placentación ocurre alrededor de la semana 12, y si en ese estadio las arterias no pierden la capa muscular que tienen y no pueden “estirarse” en la medida necesaria para aportar un mayor flujo sanguíneo, la unidad feto-placenta comienza a liberar sustancias que elevan la presión sanguínea de la madre, tratando de “a más presión, pasar más sangre”. De esta manera, para saber si el daño que sufrió M. se debió al trastorno placentario (RCIU) que la hipertensión arterial (HTA), hay dos factores relevantes a dilucidar: en qué momento de la gestación el RCIU produjo hipertensión en la madre y si esos valores tensionales pudieron determinar el resultado lesivo.
Conforme la ciencia médica el RCIU difícilmente se detecta antes de las 30-32 semanas de gestación, y en este caso la hipertensión moderada o leve fue advertida en la semana 34 (140/90), en la consulta del día 12/6/1997, frente a lo cual el Dr. Larrea prescribió reposo, dieta hiposódica y dos controles diarios de la presión arterial de la Sra. Basualdo, con reportes telefónicos. Tal prescripción fue reiterada en la consulta del día 20/6/1997, en la que el médico prescribió análisis de laboratorio, cuyos resultados recién le fueron entregados el día 1/7/1997 (el día anterior a la cesárea). Conforme lo expuesto el RCIU comenzó en los primeros meses de 1997, cuatro o cinco meses antes de que la actora concurriera a consultar al Dr.
Larrea por hipertensión arterial.
Continuó señalando que la falla en la placentación origina una menor perfusión de nutrientes y oxígeno al feto ocasionando el RCIU, que va determinando mecanismos de elevación de la presión materna, para tratar de compensar las mayores demandas fetales. Por ello, fue el RCIU de M. la causa de la hipertensión de la madre y no al revés, por lo tanto la preeclampsia de la madre no causó, ni pudo causar, la encefalopatía a M. Dijo que no resulta aconsejable el tratamiento de la HTA de la madre con drogas hipotensoras, porque aumenta el riesgo de hipoxia o anoxia en el feto, agravando su cuadro al privarlo del único medio con que cuenta para recibir alimentos y oxígeno. De modo que el tratamiento indicado (reposo, dieta hiposódica y controles estrictos) fue correcto, por si resultaba necesario interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre.
Tampoco cabe atribuir los daños neurológicos a la asfixia perinatal (en el parto), dado que fue leve y de rápida recuperación. Señaló el perito neurólogo que las cifras registradas –Apgar 2-3 al minuto y 6-9 a los cinco minutos- son inconsistentes con una asfixia perinatal moderada o severa, ya que está demostrado que son los índices Apgar bajos y prolongados (3 o menos), más allá de diez minutos, los que ocasionan un aumento de la mortalidad y parálisis cerebral. Por lo tanto, la encefalopatía no se habría producido en el nacimiento (perinatal), sino durante el embarazo (prenatal). De la pericia neurológica también surge que para causar daño cerebral permanente al feto en el parto se deben dar ciertas condiciones: 1) acidosis neonatal con un PH menor a 7.0 en la arteria umbilical, 2) cifras bajas y persistentes de Apgar (0-3), 3) una encefalopatía aguda neonatal y 4) signos de disfunción orgánica múltiple.
En este caso no hay registros de acidosis, el índice de Apgar fue de 2-3 al minuto y 6-9 a los cinco minutos (valores incompatibles con una asfixia perinatal) y no se registraron convulsiones indicativas de encefalopatía moderada a severa. Si hubo dificultad respiratoria, acrocianosis de ingreso, hipotonía, policitemia e hipoglucemia, datos inconsistentes para deducir una asfixia perinatal, pero que sí se corresponden con un síndrome hipóxico isquémico leve, con cierto grado de acidosis, cuyo origen impresiona multifactorial. De lo expuesto deduce el apelante que la parálisis cerebral de M. necesariamente tuvo su origen durante la gestación (prenatal), posiblemente por más de una causa. Es probable que la encefalopatía haya sido la causa del síndrome hipóxico isquémico leve post cesárea (perinatal), aun cuando en principio pueda haberse confundido con una asfixia o hipoxia perinatal.
De modo que, la hipoxia leve (efecto) que padeció M. al nacer se debió a la encefalopatía (causa) que ya estaba instalada. En resumen, el RCIU no parece haber sido la causa de la encefalopatía y la asfixia perinatal fue leve y no pudo causarla. En la consulta del día 12/6/1997, cuando el Dr. Larrea detectó por primera vez una anormalidad en la gestación –algo alta la presión arterial de la madre-, se encontraba ante de un síntoma del daño ya producido, por causas desconocidas, que pueden ser tóxicas, genéticas, infecciosas o medicamentosas. De manera que nada podía hacer el médico más que abordar ese síntoma y preservar la gestación para el mejor desarrollo posible del bebé. Si el Dr. Larrea hubiera medicado a la madre contra la HTA, veinte días antes del nacimiento, con alto grado de probabilidad, las consecuencias hubieran sido las siguientes: no se habría evitado el daño neurológico porque éste ya se había producido y se habría agravado el estado del feto al disminuir la HTA y con ello la perfusión de nutrientes y oxígeno con riesgo de vida para el bebé.
Por todo ello, concluyó que el tratamiento indicado por el médico no sólo fue apropiado sino que muy probablemente haya salvado la vida de M.
La decisión del juez anterior contradice lo expuesto sin argumentos, fácticos o científicos, que le permitan apartarse del dictamen médico. Antes de la consulta del día 12/6/1997 no se habían producido síntomas de alarma en la gestación y cuando el Dr. Larrea advirtió la HTA indicó el tratamiento correcto, tomó una decisión que no guarda ningún nexo de causalidad con el daño neurológico que padeció M.
Responsabilidad del Sanatorio Tandil SA.
Para el caso que el Tribunal confirme la culpa atribuida al médico, la responsabilidad no resulta extensible al Sanatorio Tandil. Le agravia que el a quo haya considerado incumplida la obligación de prestación de salud a cargo del sanatorio porque su mandante nunca asumió la asistencia médica de la actora, no celebró un contrato de hospital sino sólo de internación. Excede el principio de congruencia la referencia a conductas omisivas atribuidas a los auxiliares del sanatorio (falta de análisis de acidosis, omisión de llamar al médico de guardia ante los valores de HTA que presentaba la madre), porque tales conductas no fueron objeto de reproche en la demanda, y el fallo las incluyó extendiéndose más allá de la petición (pronunciamiento extra petita). Sin perjuicio de ello, resulta claro que el accionar de los empleados de la clínica no produjo, ni pudo producir, daño a M., y no guarda nexo causal con el daño atento a que la encefalopatía se produjo durante el embarazo, período en el cual el sanatorio no tuvo ningún contacto con la actora, quien permaneció internada sólo 15 horas antes del nacimiento. Desarrolló las obligaciones inherentes al contrato de internación y destacó el reconocimiento de la de haber contratado los servicios del Dr. Larrea con el que mantenía una relación de antigua data (14 años anteriores al embarazo de M.), quien además atiende en su consultorio, no es dependiente del sanatorio, ni tiene participación alguna en dicho nosocomio.
Por ello, la pretendida estipulación a favor de un tercero queda fuera de escena. Consideró absurdo sostener que la conducta del médico elegido y contratado por la actora pueda comprometer la responsabilidad del sanatorio. Se trata de dos contratos diferentes (contrato médico-paciente y contrato de internación).
Con relación a los supuestos incumplimientos del personal del Sanatorio Tandil dijo que el a quo reprochó a los auxiliares de enfermería no haber convocado al médico de guardia, atento los valores de HTA que presentaba la madre. El valor tensional más alto (170/100) se registró a escasos 60 minutos de la hora programada para la cesárea, con lo cual considera absurdo exigirle al personal llamar al médico de guardia para interrumpir un embarazo que está a punto de terminar por cesárea. Igualmente, ningún médico –de guardia o no- habría podido evitar el daño neurológico de M., porque las lesiones determinantes de la parálisis cerebral ya se habían producido durante la gestación (etapa prenatal). Tampoco puede fundarse la responsabilidad del sanatorio en la falta de análisis de acidosis de M., dado que constituye una decisión médica y, a todo evento, inútil para responsabilizar al sanatorio. La falta de análisis de la acidosis del bebé debe atribuirse a los médicos contratados por la Sra. Basualdo, los Dres. Larrea y Delceggio (pediatra), por lo que no puede responsabilizarse al sanatorio por conductas ajenas. En síntesis, no hubo mala praxis médica y, de haber existido, el sanatorio no es responsable.
c) Agravios de la parte actora.
La parte actora se agravió del rechaza del daño estético, a la vida de relación y el rechazo de los gastos terapéuticos y especiales. Asimismo, estimó insuficiente la cuantificación de los rubros admitidos, como el daño físico y el daño moral, que fueron establecidos en montos muy bajos. Expresó que el daño moral se fijó sólo respecto de M., cuando también debió indemnizarse a los padres que hicieron el reclamo respectivo. Asimismo consideró inadecuada la tasa de interés fijada. En definitiva, señaló que el pronunciamiento apelado no reparó integralmente el daño ocasionado a M.
L. C. y a sus padres.
Adujeron que la interpretación del reclamo debió realizarse dentro del marco de las normas del Código Civil y Comercial, plenamente aplicables al caso, en particular el art. 1746 de dicho ordenamiento. Citaron doctrina y jurisprudencia que entienden aplicable al caso y dijeron que el daño físico, constituido por el daño emergente, daño psíquico, lucro cesante y la pérdida de chance, habida cuenta la gravedad de las secuelas representativas de un 100% de incapacidad de las potencialidades físicas y psíquicas de M, hacen del monto fijado una suma irrisoria. No hay reparación plena. La atención de una invalidez irreversible requerirá atención constante para el resto de la vida, que sólo puede ser cubierta con la determinación de una suma tal que produzca una renta periódica que permita subvenir adecuadamente las necesidades de atención del actor, para cuya cuantificación no han de estimarse solamente los ingresos de la víctima sino también su imposibilidad de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son económicamente mensurables.
Señalan que la cuantificación del daño moral es exageradamente baja y se fijó sólo respecto de M, sin incluirse a sus padres, quienes reclamaron la indemnización por derecho propio. En el caso, dada la incapacidad total de la víctima, la existencia de un daño moral es presumible. Solicitaron que se corrija la indemnización del daño moral atendido promiscuamente en la sentencia apelada, sin distinción de padres a hijo. Adujeron que debe atenderse el hecho más grave que pueden sufrir los padres, como es la incapacidad absoluta de su hijo, más angustiante que la propia muerte. Expresaron que la tasa de interés fijada no resulta adecuada para los rubros indemnizatorios. La fijación de valores históricos para la reparación del daño exige que los intereses mantengan el valor de las cifras históricas, siendo claro que sólo la tasa de interés activa es capaz de mantener dichos valores. En subsidio, de mantenerse la tasa pasiva, solicita que se fije la tasa pasiva plazo fijo digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Formula reserva de recurso extraordinario y reserva del caso federal.
A fs. 1075 se llamó autos para sentencia, providencia que se encuentra firme, y encontrándose cumplido el sorteo de rigor (fs. 1076) se encuentran estas actuaciones en estado de dictar sentencia.
III. Abordando el tratamiento de los agravios de los demandados, el primer y fundamental cuestionamiento rechaza que la patología que padece M. L. C. B. sea consecuencia de una negligencia médica del Dr. Juan Manuel Larrea durante el período de gestación, o al momento del parto y, que de haber existido dicha negligencia, esa responsabilidad se extienda al Sanatorio Tandil SA por deficiente prestación del servicio de internación (fs. 1021/1024vta., fs. 1025/1037).
Para analizar la responsabilidad civil de los demandados debe tenerse en cuenta que M. nació el día 2 de Julio de 1997 (fs. 14), luego de un período de gestación de 39 semanas, y en algún momento del embarazo o del parto, sufrió daños neurológicos diagnosticados luego como encefalopatía crónica no evolutiva de etiología hipóxico isquémico (fs. 8), que lo incapacita totalmente para la vida laboral y en relación (100%). Hago incapié en la fecha del nacimiento (2/7/1997), porque han pasado veinte años desde aquel día, por lo que, tanto la conducta del médico, como la eficacia de los tratamientos, deben ser analizados de conformidad con el estado evolutivo de la ciencia médica al momento de la gestación y del alumbramiento, sin que puedan traspolarse soluciones y tratamientos vigentes en la actualidad.
Dicho esto ingresaré al análisis de la prueba, destacando que en la causa penal (I.P.P. nro. 092, caratulada “Cisneros, Ricardo Guillermo y Basualdo, María Elena s/ Denuncia por lesiones culposas”), se realizaron dos pericias médicas con relación a los hechos de autos, la primera (fs. 163/167) fue realizada por los Dres. Juan José Granillo Fernández, médico legista con especialidad en obstetricia, y Federico Gabriel Mellibovsky, médico legista, ambos de la Asesoría Pericial Departamental de La Plata, de fecha 17 de abril de 2001, y de ella surge que la paciente María Elena Basualdo fue correctamente controlada durante el embarazo, diagnosticándosele un cuadro hipertensivo (preeclampsia) y retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU), que motivó su internación para la realización de una cesárea electiva. Señalaron que cuando la paciente comenzó a manifestar clínicamente incrementos de la tensión arterial, se le solicitaron adecuadamente los análisis complementarios para abordar un diagnóstico correcto, preeclampsia, y se interrumpió en embarazo mediante césarea. Concluyeron que el tratamiento indicado por el Dr. Larrea fue correcto para la patología que sufría la Sra. Basualdo (fs. 165vta.). Dijeron que la preeclampsia ocasiona alteraciones materno-fetales, modificando la perfusión feto-placentaria, que perturba la transferencia de nutrientes y oxígeno a su través, incrementando el riesgo de morbimortalidad perinatal materno-fetal (fs. 166). Concluyeron que las lesiones sufridas por M. L. C. pueden haberse producido antes del nacimiento, ya que la parálisis cerebral no se diagnostica con certeza sino hasta meses o años después de ocurrido los eventos que la causaron y citaron estadísticas conforme las cuales sólo un pequeño porcentaje de estos casos está asociado con problemas en el parto y que, en su mayoría, no podrían haberse prevenido, por lo que no debe considerarse esta enfermedad como sinónimo de inadecuado control obstétrico. Por lo expuesto asociaron la patología sufrida por el menor con entidad nosológica relacionada a una enfermedad materna (fs. 167, arts. 384, 474 del C.P.C.C).
Las principales conclusiones de la pericia descripta fueron compartidas por el médico del Cuerpo Médico Forense de la Asesoría Pericial de Azul, Dr. Soriani, quien aclaró que el Departamento Judicial de Azul no cuenta con médico en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, por lo que los puntos de pericia fueron contestados de acuerdo a su criterio médico forense, señalando que se otorgó a la embarazada un tratamiento adecuado para hacer frente a la hipertensión arterial que presentaba: reposo, dieta hiposódica, control y, finalmente, cesárea electiva, y destacó que la patología sufrida por M. se encuentra relacionada con una enfermedad de la madre de carácter inculpable. El expediente penal fue archivado hasta la colección de nuevos elementos de convicción que permitan esclarecer el hecho (fs. 163/167vta.,170/172, 174/174vta., arts. 384, 474 del C.P.C.C).
En el proceso civil no se produjo pericia médica que contradiga aquellas conclusiones y atribuya los daños neurológicos que padece M. al obrar médico del Dr. Juan Manuel Larrea o a otras causas vinculadas con una enfermedad materna. Las pruebas científicas ofrecidas por la parte actora que le hubieran permitido desvirtuar los dos dictámenes médicos provenientes de la instancia penal, no se produjeron porque se declaró su negligencia. Así, mediante resolución de fs. 236 se abrió el proceso a prueba teniendo por ofrecidas las pruebas periciales médica con especialidad en Ginecología y Obstetricia (fs. 329), y otra a realizarse por un profesional con la especialidad en Pediatría (fs. 329vta.), ninguna de ellas fue producida (fs. 236, 331). La actora ofreció además una pericia Psicológica, única que produjo, pero atiende más a las consecuencias del daño neurológico, que a su origen (fs. 457/460). Luego de varias excusaciones, logró designarse al Dr. Daniel Rubén Pardini, médico especialista en medicina legal (fs. 652), quien aceptó el cargo a fs. 655, y citó a M. L. C. para que concurra el día 31 de marzo de 2005, a su consultorio para efectuarle una revisión, muñido de la Historia Clínica, certificados médicos y estudios complementarios relacionados con este juicio (fs. 657). El actor no concurrió, y fue citado nuevamente para el día 27 de mayo de 2005, a las 11,30 hs., a los mismos efectos y tampoco concurrió, perdiendo de este modo la posibilidad de producir una pericia médica que contradiga los informes provenientes de la causa penal que desvinculan el accionar del médico de los daños neurológicos que padece M. y lo vinculan más con alteraciones maternofetales (fs. 285, 294, art. 382 del C.P.C.C). Por ello, cabe destacar que la sentencia apelada no se fundó en dictámenes médicos producidos en la causa para concluir que los daños neurológicos que presenta M. fueron producto de la conducta médica del Dr. Larrea que atendió el embarazo de la madre de M. Máxime que muchas de sus aseveraciones y conclusiones médicas fueron oficiosamente extraídas de información obrante en internet y que corresponde a datos técnicos actuales que se desentienden de la fecha en que acaecieron los hechos en juzgamiento. Analizaré el fallo apelado para despejar la cuestión.
a) El diagnóstico.
Como primera medida la sentencia apelada describió el diagnóstico; dijo que M. sufrió una encefalopatía crónica de origen hipóxico isquémico pre y perinatal, de conformidad con el certificado de fs. 8. Señaló que el nacimiento se produjo por cesárea por HTA (hipertensión arterial) con SFA (sufrimiento fetal agudo), siendo su diagnóstico encefalopatía crónica no evolutiva prenatal en seguimiento por retraso madurativo (cfr. planillas de fs. 438/445).
Cabe observar que si bien el diagnóstico de los daños neurológicos que sufrió M. no constituye un hecho controvertido en estas actuaciones, el a quo incluyó aspectos que apuntan a las causas y resultan confusos, como que la encefalopatía tiene origen pre y perinatal, esto significaría que se produjo antes del parto y durante el parto, lo que no resulta exacto y que M. padeció Sufrimiento Fetal Agudo (SFA), conclusión que extrajo de la planilla de fs. 438, en la que el SFA se describe como antecedente y no como conclusión médica (cfr. fs. 8, 437/445, 495/522).
Continuó el juez anterior señalando que la relación de causalidad entre los daños neurológicos y el accionar médico surge de la pericia neurológica de fs. 590/598 (producida en el cuaderno de prueba del demandado Larrea), la que, paradójicamente, concluye que los diagnósticos reseñados “pueden o no compadecerse con un embarazo mal controlado en los últimos dos meses de gestación”, refiriendo luego que el Dr. Larrea no actuó con imprudencia, impericia, negligencia o apartamiento en las reglas del curar (fs. 590/598). Entonces, es infundada la sentencia que utiliza como fundamento de condena un dictamen pericial neurológico claramente exculpatorio del accionar del médico (arts. 384, 474 del C.P.C.C.).
Abordaré el análisis, punto por punto, de la dicha pericia (fs. 590/598), de ella surge que el diagnóstico de encefalopatía crónica irreversible (fs. 8) es un diagnóstico sindromático (esto es, derivado de un conjunto de nosologías) y no etiológico (que reconoce la causa de la enfermedad), señalando que pueden provocarlo múltiples causas; mientras que el diagnóstico “atrofia sectorial fronto-temporal bilateral” (cfr. informe del Instituto Catarineu, fs. 17) es un diagnóstico descriptivo por imágenes, “tales diagnósticos hechos a siete y 15 meses del nacimiento del menor M. L. C. pueden o no compadecerse con un embarazo mal controlado en los últimos dos meses” (fs. 592). Se trata de un complejo sindromático resultante de un variado tipo de lesiones al SNC (Sistema Nervioso Central) en evolución, ya que ni la etiología, ni la topografía de la lesión están definidas, no existen hallazgos neuropatológicos típicos.
Dijo que los niños con RCIU (Retardo en el Crecimiento Intrauterino) están predispuestos a un curso clínico más complicado durante el trabajo de parto, que puede confundirse con una encefalopatía hipóxica-isquémica en algunos casos. Aclaró que las infecciones intrauterinas pueden causar daños neurológicos al recién nacido y “numerosos estudios han relacionado marcadores de infección intrauterina o placentaria con parálisis cerebral o lesiones de la sustancia blanca” (fs. 593). Consultado si la disminución de peso en la gestante puede producir daños neurológicos al feto, respondió que “NO”. Con relación al momento del parto, señaló que los valores de APGAR (“Activity, Pulse, Grimace, Apearance, Respiration”) reflejados por M. al nacer no permiten hablar de asfixia, anoxia e hipoxia, ya que las cifras reflejadas son inconsistentes con una asfixia perinatal moderada o severa, y añadió que “está demostrado que son los índices de APGAR bajos y prolongados (3 o menos) más allá de los 10 minutos, los que se asocian con el aumento de la mortalidad o parálisis cerebral” (fs. 593).
Expresó que la “American College of Obstetrics and Gynecology” (ACOG) investigó y propuso que un evento producido durante el trabajo de parto, para causar daño cerebral permanente fetal, debe ocasionar: 1) acidosis neonatal con un PH menor a 7.0 en la arteria umbilical, 2) cifras bajas y persistentes de APGAR de 0-3, 3) una encefalopatía aguda neonatal, y 4) signos de disfunción orgánica múltiple”. Señaló que “la falta del dato en los registros disponibles de M. L. C. al momento de nacer, impide concluir si hubo o no acidosis neonatal. De todas formas y como lo demuestra la bibliografía citada, el grado de acidosis es un tema aún en discusión en los foros científicos” (fs. 594). Manifestó que en la encefalopatía neonatal moderada y severa las convulsiones son muy comunes y suelen ocurrir en las primeras 48 horas y estudios recientes sugieren que el comienzo de las convulsiones dentro de las primeras 24 horas de vida se correlacionan más con cambios placentarios crónicos, sugiriendo que un proceso previo al trabajo de parto pueda ser la verdadera causa de la encefalopatía neonatal.
Concluyó que “De acuerdo a los registros de evolución de la Terapia Neonatal el niño M. L. C. no tuvo convulsiones en ningún momento. Hubo sí dificultad respiratoria, acroncianosis de ingreso, hipotonía, policitemia (HTC 70) sintomática (hipoglucemia), datos que son inconsistentes con una asfixia perinatal moderada o severa. Corresponden a un síndrome hipóxico-isquémico leve, con cierto grado de acidosis, cuyo origen impresiona multifactorial” (fs. 595). También señaló que la asfixia perinatal severa que afecta al feto, suele comprometer otros sistemas orgánicos y que en los registros de M. no se evidencia disfunción orgánica múltiple, especialmente renal, que es un argumento sólido en contra de una asfixia perinatal inmediatamente previa al nacimiento (fs. 595).
El perito no pudo determinar si el período de 12 horas entre la internación y la cesárea pudo haber causado asfixia intrauterina causando daño neurológico (fs. 596) y expresó que, conforme las publicaciones existentes, algunos recién nacidos con bajo peso (2200 gr.) producto del RCIU (Retardo en el Crecimiento Intrauterino) diagnosticado antes de las 34 semanas de la edad gestacional tienden a ser delgados y pequeños, pero con un buen desarrollo intelectual. Lo expuesto permite concluir que los daños neurológicos de M. L. C. se habrían producido en la etapa prenatal (durante la gestación) y no al momento del alumbramiento (arts. 384, 474 del C.P.C.C).
Continuando con el análisis de la pericia neurológica, el perito consideró que “no existe un síntoma o signo clínico específico, ni una prueba de laboratorio que permita diagnosticar la asfixia perinatal severa en el recién nacido de término”, más bien, “la asfixia perinatal leve pudo formar parte, no como causa directa del daño neurológico sino como consecuencia de una enfermedad preexistente” (fs. 598). Concluyó, con un grado razonable de certeza médica, que M. L. C. sí tuvo una hipoxia perinatal, que fue leve, que no fue la causa del daño cerebral, que la hipoxia perinatal y el daño neurológico sí fueron la consecuencia de los complejos factores preexistentes evaluados (fs. 598).
De lo anterior puede extraerse que la asfixia que sufrió M. durante el parto no tuvo entidad suficiente para producir daños neurológicos y la hipoxia sufrida en el alumbramiento parece ser más la consecuencia de otra patología preexistente (Retardo en el Crecimiento Intra-Uterino), que su causa (arts. 384, 474 del C.P.C.C.).
b) El tratamiento.
Siguiendo la conclusión precedente, y siendo que los daños se habrían producido durante la etapa de gestación (embarazo), corresponde analizar la actuación del Dr. Larrea durante dicho período, y en particular la idoneidad del tratamiento prescripto ante el cuadro de hipertensión arterial que presentaba su paciente, la Sra. Basualdo, atendiendo el avance de la ciencia médica a la fecha en que sucedieron los hechos. El juez anterior trajo a colación el testimonio de la Dra. Martinoia, médica obstetra y ginecóloga, quien declaró que ante un Retardo en el Crecimiento Intrauterino (RCIU) puede ser necesaria la internación, el tratamiento por hipertensión o, a veces, dieta y reposo. La testigo señaló que si ante una hipertensión grave, procede la extracción fetal y si es leve o moderada se puede dar medicación (fs. 681). De dicha declaración el juez extrajo la conclusión de que Larrea incurrió en una negligencia médica al no haber recetado fármacos para afrontar el tratamiento de la hipertensión arterial de la Sra. Basualdo, cuando dicha afirmación no surge con contundencia de la declaración de la testigo quien expresó que ante un Retardo en el Crecimiento Intra-Uterino (RCIU), durante el cual se produce una hipertensión leve inducida por el embarazo, “puede ser necesario internación, o tratamiento por hipertensión o, a veces con dieta y reposo” (fs. 681/681vta.). La testigo dejó aclarado que la Sra. Basualdo no era su paciente, que no se controló con ella y sólo fue a pedirle una orden (fs. 681), aclaración que realizó porque atendió a la actora en una consulta en el mes de Junio de 1997, en la que, conforme surge de la demanda, la Dra. Matinoia detectó un poco alta la presión arterial de la madre y recomendó un régimen de comidas sin sal, pero sin medicamentos (ver demanda, fs. 21 vta., absolución de posiciones, respuesta 49, fs. 556, arts. 330, 354, 384, 474 del C.P.C.C). Por lo tanto, si la Dra. Martinoia no medicó a la Sra. Basualdo en su consulta de Junio de 1997, cabe preguntarse cómo puede extraerse de su testimonio la necesidad de medicación (arts. 384, 456 del C.P.C.C).
A lo señalado cabe añadir la defensa que el médico realizó del tratamiento prescrito a su paciente ante un registro de 140/90 de presión arterial. Señaló que prescribió reposo, dieta hiposódica y dos controles diarios de la tensión arterial con reporte telefónico al médico, porque no se encuentra demostrada una mejora real de los fetos con Retardo en el Crecimiento Intrauterino (RCIU) cuando las madres con hipertensión (HTA) son tratadas con alfamiméticos (drogas hipotensoras). Dijo que el reposo se encuentra fundado en bibliografía específica en la materia y permite prolongar el embarazo entre 4 y 80 días (21 días de promedio), con mejores resultados perinatales (en el parto), y si el estudio de la vitalidad fetal indica un feto en buenas condiciones, y ecográficamente existe un discreto crecimiento, se deberá continuar con la gestación sin interrumpirla. Manifestó que una correcta atención prenatal (durante la etapa de gestación) está constituida por el monitoreo cuidadoso de la tensión arterial, en tanto la medicación anti-hipertensiva sólo sirve a los fines de salvaguardar la integridad vascular de la madre, pero al producir una disminución de la presión arterial, también provoca una disminución del flujo a la placenta, que aumenta aún más el compromiso fetal, por lo que se debe proceder con mucho equilibrio, ya que no ha sido posible evidenciar una mejora real de los fetos con RCIU en las madres sometidas a tratamiento con alfamiméticos. Expresó que dichas drogas reducen la perfusión placentaria y, lejos de ayudar al feto, pueden dañarlo severamente, por lo que el tratamiento debe estar dirigido a mantener la función placentaria y no exclusivamente a normalizar las cifras tensionales de la madre, en tanto la medicación expone a ambos a riesgos adicionales (cfr. contestación de demanda Dr. Larrea, fs. 199/200; art. 354 del C.P.C.C).
Dicha defensa fue rechazada por el juez a quo quien citó otra bibliografía extraída de internet que señala que el médico puede decidir hacer uso de algún fármaco, como antihipertensivos (http: //embarazo. euroresidentes.com/2014archive. html, julio 2014, fs. 900vta.). Pero, la bibliografía consultada corresponde a publicaciones del año 2014 y países de la zona euro, por lo que el criterio médico que surge de dicha bibliografía no sólo fue valorado en forma directa por el juez (quien es lego en la materia) sino que de ningún modo pudo ser aplicado por el demandado, atento a que el período de gestación de la Sra. Basualdo transcurrió entre finales del año 1996 y Julio de 1997 en la ciudad de Tandil, lo que descalifica la conclusión del a quo basada en publicaciones científicas apreciadas en forma directa por el magistrado, sin tener en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar, la tecnología existente, el avance de la ciencia y demás condiciones en las cuales el Dr. Larrea tomó las decisiones médicas vinculadas a los hechos de autos (arts. 163 inc. 6, 330, 354, 375, 384, 456, 474 del C.P.C.C).
Además, el fallo apelado contradice abiertamente la pericia neurológica producida en estas actuaciones, en la que el perito concluyó que: “la HTA (hipertensión arterial) materna en el tercer trimestre fue tratada adecuadamente con reposo, dieta hiposódica y controles diarios de la tensión arterial” (citó como bibliografía que apoya su conclusión a Voto, Susana S. y Margulies, M. “Hipertensión en el embarazo”, Ed. El Ateneo, 1997). Añadió el experto que la preeclampsia es un trastorno úteroplacentario y no meramente hipertensivo, donde la HTA es un síntoma, y el feto se encuentra comprometido dado que su bienestar está ligado al estado de la placenta. Reiteró que el tratamiento indicado por el Dr. Larrea “fue una actitud apropiada” para evitar el desarrollo de una eventual eclampsia materna y potencial daño neurológico al feto y que “el Dr. Larrea actuó conforme a las circunstancias en el tiempo y el lugar en que desempeñaba sus funciones” concluyendo que “de acuerdo a las constancias del expediente, no hubo por parte del Dr. Larrea imprudencia, impericia, negligencia, ni apartamiento en las reglas del curar” (fs. 597). La pericia neurológica no fue objeto de observación alguna por las partes, ni se realizaron pedidos de explicaciones, a lo que cabe añadir la autoridad del experto -Dr. Carlos Alberto Viviani- que es Doctor en Medicina y Especialista Consultor en Neurología (fs. 590/598; arts. 384, 474, del C.P.C.C)
Por todo ello, cabe concluir que el tratamiento de reposo, dieta hiposódica y dos controles diarios de la presión arterial, prescrito por el Dr. Larrea a su paciente Basualdo, resultó acorde a las circunstancias de tiempo y lugar en las que la decisión médica fue tomada, de conformidad con el estado evolutivo de la ciencia y la bibliografía existente en la materia (arts. 384, 456, 474 del C.P.C.C.; art. 512 del Cód. Civ. –arts. 1724, 1725 del Cód. Civ. y Com. citados como pauta interpretativa-).
c) Adelanto del parto.
La sentencia apelada atribuyó al médico responsabilidad por no haber adelantado el parto, interrumpiendo el embarazo, para evitar de ese modo la preeclampsia materna (cfr. Considerando sexto de la sentencia apelada). Sin perjuicio de volver a destacar el error en el razonamiento derivado de la utilización de bibliografía de los años 2013/2014 para juzgar hechos acontecidos durante el año 1997 (cfr. como la bibliografía citada en el fallo apelado, Monitoria Fetal Interpretación Actual 2013, junio 2014), cabe señalar que el diagnóstico de preeclampsia recién fue obtenido por el Dr. Larrea con el resultado de los análisis de laboratorio de los que surgía proteinuria en la madre (proteínas en la orina), estudios que el médico tuvo a la vista el día 01/07/1997, aun cuando se encontraban emitido con fecha 23/6/1997 por el laboratorio (fs. 162/166), disponiéndose de inmediato su internación para una cesárea al día siguiente (fs. 154, 161). Conforme los conocimientos existentes en la materia que surgen de la bibliografía citada por el médico, se consideraba que la hipertensión inducida por el embarazo requería la presencia de proteinuria para ser diagnosticada como preeclampsia (fs. 201 vta./202, 206, “Hipertensión en el embarazo” 1997). De manera que, entre el diagnóstico de preeclampsia de la Sra. Bausaldo y su internación para practicarle una cesárea no hubo retraso alguno, teniendo en cuenta que la actora ingresó a la clínica a el día 1/7/1997 a las 19,27 hs., el mismo día de la consulta en que Larrea vio los análisis (cfr. Historia clínica fs. 48, planillas de fs. 154/154vta., solicitud de internación de fs. 496; ver casos citados en Lorenzetti, Ricardo Luis “Responsabilidad civil de los médicos”, Segunda Edición ampliada y actualizada por Jorge Mario Galdós, Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, pág. 525 y sgtes.).
El a quo fundó la negligencia del médico – consistente en no adelantar el parto- en publicaciones del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) que hizo algunos cambios en 2013 para unificar el diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia, y ya no se considera necesaria la presencia de proteinuria para diagnosticarla, si están presentes otras condiciones (Considerando primero, fs. 896vta.). Pero, en la época de la gestación de la Sra. Basualdo se consideraba que el diagnóstico de preeclampsia requería además de la hipertensión de la madre (valores iguales o superiores a 140/90), la presencia de proteinuria (presente en más de 300 mgs. de proteínas en la orina de 24 horas), acompañada o no de hiperuricemia (fs. 201vta./202; cfr. Liliana Susana Voto y Miguel Margulles “Hipertensión en el embarazo”, Ed. Ateneo, 1997, citada por el demandado Larrea en su contestación). El resto de las pruebas conducentes tampoco permiten establecer que un adelantamiento del parto hubiera derivado en la evitación de daños neurológicos a M. L. C. (cfr. pericia médica de fs. 163/167 y fs. 171/172 de la I.P.P 92; planillas del Hospital Garrahan de fs. 437/445, historia clínica fs. 495/522; pericia de fs. 594/598; arts. 375, 384, 474 del C.P.C.C.).
En suma: en ausencia de prueba aportada por la actora, corresponde atenerme a las dos pericias médicas obrantes en la causa penal y a la prueba producida en autos a instancia del demandado (art. 384, 474, del C.P.C.C, arts. 1, 2, 3 del Cód. Civ. y Com.).
Existe consenso en la doctrina en destacar la importancia de la historia clínica y las pericias médicas en este tipo de procesos, señalando que “…se ventilan cuestiones fundamentales a efectos de determinar la culpabilidad del profesional, y la relación causal entre su conducta y el daño sufrido por el paciente. Generalmente todo ello versa sobre aspectos científicos y técnicos de los cuales el juez no está en condiciones de opinar, pues se trata de aplicar conocimientos científicos para los que el magistrado es totalmente lego. Por ello, en este tipo de juicios es siempre indispensable recurrir a la prueba de peritos” (cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto “Daños y Perjuicios en el ejercicio de la medicina”, Ed. Hammurabi, 1992, pág. 242; Lorenzetti, Ricardo Luis “Responsabilidad civil de los médicos”, segunda edición ampliada y actualizada por Jorge Mario Galdós, Tomo II, págs. 390 y sgtes.). En este mismo sentido, la Sala A de la Cámara Nacional Civil señaló que: “Es sabido que en esta clase de pleitos, en los que se debaten cuestiones ajenas al ordinario conocimiento de los jueces, la pericia médica adquiere singular trascendencia, de modo que tanto los hechos comprobados por el experto como sus conclusiones deben ser aceptados por el sentenciante, salvo que se demuestre la falta de opinión fundante o de objetividad, para lo cual quien impugna debe acompañar la prueba del caso, pues ni el puro disenso, ni la opinión meramente subjetiva del impugnante, podrían ser razonablemente atendibles para poner en tela de juicio la eficacia del dictamen. Por el contrario, se requiere para ello demostrar fehacientemente que el criterio pericial se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos” (CNCiv., Sala A, 21/09/2012 “A., N. A c/ B., A y otro s/ daños y perjuicios”, L. n° 593.116; ídem, 11/07/2012, “G., E. F. c Provincia Aseguradora de Riesgo de Trabajo SA y otros s/ daños y perjuicios”, L. n° 593.335; Devis Echandía, Hernando “Compendio de la Prueba Judicial”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, T. II, ps. 112 y ss) (CNCiv., Sala A, 06/06/2017 “G., L. C. y otros c. S., M. O. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2017-IX, 97, esta Sala, causa nro. 56.849 “Risueño…”).
Tratándose de situaciones de difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida que –en su concepción clásica- hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo; no pudiendo limitarse los galenos a la mera negativa sino que tienen el deber de colaborar con el esclarecimiento de la verdad (conf. S.C.B.A., causa Ac. 82.684, sent. del 31-III-2004). Señala Lorenzetti que “la prueba pericial no es vinculante para el magistrado, pudiendo apartarse por motivos fundados; la pericia debe ajustarse a una metodología”… “el perito asesora pero no debe pretender sustituir al juez. Por esta razón la prueba pericial no puede contener presunciones ya que éstas son una elaboración del magistrado. La prueba debe presentar los indicios para que el juez pueda realizar la inferencia. El perito debe aclarar los hechos al juez, pero no substituirlo realizando inferencias lógico-jurídicas” (cfr. Lorenzetti, ob. cit. tomo II, pág. 392).
En lo atiente al médico se ha dicho que “cuando se le impone la carga de probar el galeno puede demostrar que dispuso todos los medios adecuados para la curación, agotando de esa manera tanto su deber prestacional como la carga demostrativa” (ob. cit. Tomo II, págs. 321, 337 y sgtes.). En este sentido, el Dr. Juan Manuel Larrea siempre prestó colaboración en el proceso, al contestar la demanda brindando explicaciones de su accionar médico basado en la bibliografía existente al momento de la gestación y el parto, y, en lo tocante a la prueba, adviértase que además de haber presentado la Historia Clínica completa y las fichas de consultorio con la totalidad de las registraciones de los controles realizados a la actora, la única pericia médica obrante en estas actuaciones (pericia neurológica de fs. 590/598) se produjo a instancia y en el cuaderno de prueba del médico, como así también el testimonio de la Dra. Martinoia, de importancia en autos. Mientras que la parte actora perdió por negligencia la posibilidad de producir su propia pericia médica que contradijera las conclusiones de las pericias realizadas en sede penal y que resultaban desfavorables al progreso de la pretensión (fs. 652, 657, 285, 294, arts. 375, 382 del C.P.C.C., esta Sala causa nro. 58.793, del 31/3/2015 “Pendás…”, causa nro. 56.811, del 29/11/2012 “Dos Santos…”, entre otras).
Establecer la causa del daño requiere hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural ordinario de las cosas (art. 901, C.C.). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. S.C.B.A, causas Ac. 55133, sent. del 22-VIII-1995, C. 102.658, del 5/10/2011 “C, A. I c/ M. d. M. y o. s/ Daños y Perjuicios –dictamen del Procurador-, entre otras causas; Bueres, Alberto J. “Responsabilidad civil de los médicos”, 3ra. edición, Ed. Hammurabi, 2010, págs. 239 y sgtes.).
d) Derecho a información de la paciente (ley 26.529).
En la sentencia apelada se consideró como una negligencia médica no haber comunicado a la paciente que se trataba de un embarazo de riesgo, conforme su derecho a recibir información adecuada (ley 26.529). Expresó el a quo que no surge acreditado que se haya otorgado consentimiento informado (art. 5 de la ley 26.529), atento a que la Sra. Basualdo había padecido sífilis primaria y problemas de endometritis, y resultaba oportuno que el médico informara el riesgo que la gestante asumiría. Ello a pesar del resultado no reactivo del análisis de V.D.R.L (fs. 5). Además, tuvo por acreditado que la actora estaba convencida de que sería intervenida el día 1° de Julio de 1997, esa misma noche (a las 22 hs.), y recién fue operada el día 2 de Julio por la mañana, en lo que constituye una falla en la comunicación médico-paciente configurativa de mala praxis médica.
Por su parte, el demandado Larrea se agravió de dicho aspecto del pronunciamiento señalando que se vulneró el principio de congruencia al incorporar una cuestión que ni siquiera fue mencionada en el escrito de inicio -como es la exigencia de acreditar el consentimiento informado del pacientey señaló que la necesidad de su otorgamiento surge de una ley sancionada con posterioridad a los hechos (la ley 26.529 fue sancionada el 21 de Octubre de 2009, y la Provincia de Buenos Aires adhirió a la misma recién el día 13 de Diciembre de 2012), por lo que considera inaplicable dicha ley 26.529 al presente caso. Además, cuestionó la conclusión del a quo cuando señaló que la paciente no conocía los riesgos de su embarazo, ya que una persona que es sometida a diversos estudios, se le indica reposo absoluto en cama, dieta hiposódica, dos controles diarios de la tensión arterial en el domicilio, con parte telefónico diario al médico, no puede alegar encontrarse en la creencia de llevar un embarazo normal (fs. 1023 vta./1024). Corresponde acoger el agravio. La ley 26.529, fue sancionada el día 21 de Octubre de 2009 y promulgada de hecho con fecha 19 de Noviembre de 2009. Regula los “Derechos del Paciente, la Historia Clínica y el Consentimiento Informado”. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación y las jurisdicciones provinciales pueden adherir a la misma, siendo su autoridad de aplicación la máxima autoridad sanitaria local (art. 22 de la ley 26.529). La Provincia de Buenos Aires adhirió al régimen con la ley 14.464, BO 25/2/2013. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación legisló el consentimiento informado para los actos médicos e investigaciones de la salud en el Capítulo dedicado a los derechos y actos personalísimos (art. 59).
Cabe señalar, como pauta interpretativa, que el contenido real del derecho de los pacientes en el caso concreto es siempre el producto hermenéutico que hace el legislador o el juez sobre una colisión de derechos (Lorenzetti, Ricardo Luis “Responsabilidad civil de los médicos” Segunda edición ampliada y actualizada por Jorge Mario Galdós, tomo I, Ed. Rubinzal- Culzoni, 2016, págs. 52, 259 y sgtes.)
Se trata en este caso de analizar el ámbito temporal de aplicación de la ley, tanto del Cód. Civ. y Com. (arts. 7° y 59 del CCCN), como de la ley nacional (art. 5° de la ley 26.529), cuya aplicación se realiza hacia el futuro. Expresa textualmente la ley 26.529 que comenzará a regir a partir de los 90 días de su publicación, por lo que las obligaciones previstas en el Capítulo III (arts. 5 y sgtes.), referidas al “Consentimiento informado” no resultan aplicables al presente, dado que la gestación y alumbramiento de M. L. C. se produjo en un período temporal pretérito -entre finales del año 1996 (Noviembre) y Julio de 1997- y las leyes no tienen efectos retroactivos, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario (fs. 14, art. 3 del Cód. Civ. y art. 7 del Cód. Civ. y Com.; Kemelmajer de Carlucci, Aída “La aplicación del Código Civil y Comercia a las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes”, Segunda Parte, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, pág. 230, mis trabajos: “El art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación y la responsabilidad civil”, L.L. del 16/11/2015 y “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, L.L. 2015-F, pág. 867 y ss.).
Sin perjuicio de ello, en cuanto informar al paciente constituye una práctica médica necesaria que incumplida al extremo podría llegar a constituir un supuesto de responsabilidad, analizaré los hechos conforme acontecieron, a partir de las manifestaciones de las partes y de la prueba existente. La actora afirmó que el día 1° de Julio de 1997 estaba internada y preparada para la cesárea (a las 22 hs.), pero ante un llamado del Dr. Larrea se postergó la operación para el día 2 de Julio de 1997 (fs. 22). Por su parte, Larrea señaló que el día 1 de Julio de 1997 la paciente concurrió a su consultorio a las 17 hs. habiendo ingerido alimentos una hora antes. Como presentaba un cuadro de preeclampsia se decidió la internación y se programó la cesárea para el día siguiente a las 10 hs. (fs. 196vta./198vta.). La orden de internación expresa claramente: “Internar a la portadora por hipertensión y embarazo para cesárea día 02/07 hora 10,00. Preparación habitual”, se encuentra extendida a nombre María Elena Basualdo y firmada por el Dr. Larrea (cfr. fs. 496). En la absolución de posiciones de fs. 726/726vta. la actora reconoció que había tomado algo el día 1° de Julio a las cinco de la tarde, pero consideró que para la noche y en función de lo que había ingerido, estaba en condiciones de operarse. Con los elementos reseñados considero acreditado que el Dr. Larrea decidió realizar la cesárea el día 2 de Julio de 1997, a las 10 hs. para realizarla en ayunas y así le informó a su paciente (fs. 496, 726/726vta., arts. 384, 474 del C.P.C.C). Se le atribuye al Dr. Larrea no haber informado a la Sra. Basualdo que tenía un embarazo de riesgo. Al respecto señala Lorenzetti que “en cuanto al nexo causal, la víctima debe demostrar que el daño proviene de un riesgo que debió ser avisado. Si el peligro hubiera sido advertido, la víctima no se habría sometido al tratamiento y el daño no hubiera ocurrido. Ese perjuicio debe ser mayor que el que hubiera sufrido de haber rehusado el tratamiento” (Lorenzetti, Ricardo Luis “Responsabilidad civil de los médicos”, 2da. edición, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, pág. 293).
Cabe señalar que si bien el médico no adjuntó al proceso constancia alguna de haber informado a su paciente el riesgo de su embarazo, del análisis de los hechos y las circunstancias del caso surge claramente que la parte actora no podía desconocer la complejidad de su embarazo, atento los controles realizados y el tratamiento prescrito de reposo absoluto, dieta hiposódica y dos controles diarios domiciliarios de la tensión arterial, con reporte telefónico al médico. Además, durante el período de gestación consultó a la ginecóloga y obstetra Dra. Martinoia (fs. 681/681vta.), regresando luego a su médico de cabecera y también consultó al neurocirujano Adrián Antonio Plasencia, por haber padecido parálisis facial (fs. 576/576vta.). Asimismo, surge del expediente la constante preocupación de la actora durante el período de gestación, dados los síntomas que padecía como parestesias, hipertensión arterial, dolor de cabeza, poco movimiento del bebé, reducción de peso de la madre, etc., síntomas que ponían de manifiesto que no se trataba de un embarazo normal. Por ello, no puede tenerse por acreditado que la Sra. Basualdo desconociera los riesgos de su embarazo (arts. 375, 384, 456 del C.P.C.C).
e) En conclusión, no encuentro razones para apartarme de las pericias médicas exculpatorias de la conducta médica del Dr. Juan Manuel Larrea y su posible vinculación con los daños neurológicos sufridos por M. L. C. B. (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, Código Civil; Lorenzetti, Ricardo Luis “Responsabilidad de los médicos” cit. págs. 392/393).
IV. Responsabilidad del Sanatorio Tandil SA.
La actora, por su parte, invocó la existencia de relación de dependencia entre el médico Larrea y el sanatorio Tandil SA, por lo que sería responsable por incumplimiento del contrato de servicio de salud concertado, atento la existencia de una estipulación tácita en favor de un tercero. Afirma que existe responsabilidad directa y contractual del Sanatorio Tandil dada la obligación tácita de seguridad que asume por lo actuado por el profesional médico interviniente (fs. 24).
Cabe señalar que Juan Manuel Larrea no trabajaba para el Sanatorio Tandil SA -está probado que tenía su consultorio en la Clínica Paz, atendía allí y fue contratado por la actora- (informe de fs. 714, testimonial de fs. 732/733, arts. 384, 456 del C.P.C.C), y además fue exculpado, por lo que sólo queda por establecer si los daños de M. pudieron derivarse de fallas en el servicio de internación.
En supuestos similares al presente se ha resuelto que “cuando el paciente contrata la atención médica únicamente con el profesional, quien a su vez se obliga a formar el equipo y elegir la clínica -que sólo ofrece servicios extramédicos o aun paramédicos pero ajenos al equipo- el establecimiento médico no ha de responder por el actuar del facultativo, de sus auxiliares, colaboradores, acólitos, etcétera, pues, al respecto rige el principio res inter alios acta aliis necque prodesse necque nocere potest. Es que en el llamado contrato desdoblado de asistencia médica existen dos negocios: uno referido a los cuidados médicos propiamente dichos, asumidos por el facultativo; y otro mediante el cual la clínica proporciona al enfermo un servicio de hotelería (alojamiento, manutención, etc.), suministro de medicamentos e instrumental, instalaciones médicas, servicios de enfermería, cuidados de la integridad física, etc.” (Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1, causa nro. 11.936, sent. del 29/10/2015 “Altamirano, Analía Silvina c/ Loza, Oscar Agustín s/ Daños y perjuicios”).
En la sentencia apelada la responsabilidad del sanatorio se fundó en un deficiente servicio de internación por no haber convocado al médico de guardia para analizar la posibilidad de interrumpir el embarazo antes de la hora programada para la cesárea, y no haber realizado análisis de acidosis sanguínea al recién nacido (fs. 900vta./901vta.).
En estas actuaciones no pudo establecerse si el daño neurológico se produjo durante el parto, todo indica que fue durante la gestación y los síntomas que presentó M. al momento del alumbramiento respondían a una patología ya existente desarrollada durante el período de gestación (dictamen neurológico de fs. 590/598). En el mismo sentido, los médicos forenses que emitieron su opinión en la causa penal señalaron que “muchos casos de parálisis cerebral que habían presentado signos sugestivos de asfixia intraparto, demostraron que en realidad eran las primeras evidencias de un problema antenatal y no las causas del mismo. La investigación actual sobre las causas de parálisis cerebral sugiere que en un gran porcentaje de los niños afectados, nacidos de un embarazo de término, el origen de su problema fue anteparto” (fs. 167 de la I.P.P 092 “Cisneros, Ricardo Guillermo y Basualdo, María Elena s/ Denuncia por lesiones culposas”; arts. 384, 474 del C.P.C.C.).
Lo expuesto excluye que los daños neurológicos padecidos por M. L. C. puedan haberse producido durante el alumbramiento o en las horas anteriores, entre la internación de la Sra. Basualdo a las 19,30 hs. del día 1/7/1997 y las 10 hs. del día 2/7/1997 que se realizó la cesárea (arts. 503,504, 512, 1068, 1109, 1113, ss. y cdtes. del Cód. Civ.).
La atribución de responsabilidad al Sanatorio Tandil SA por no haber realizado un análisis de acidosis neonatal tampoco encuentra sustento, dado que el perito neurológico concluyó que de haber contado con dicho dato podría haberse establecido si el daño se produjo durante el alumbramiento, pero dicho análisis no resulta exigible al personal de enfermería del sanatorio atento que constituye una decisión médica que excede las funciones de los auxiliares de enfermería (fs. 594, agravio fs. 1035vta.). A ello cabe añadir que, conforme lo reconoció el perito neurólogo, el grado de acidosis neonatal “es un tema en discusión en los foros científicos” (fs. 594) y no se registraron en M. otros síntomas que indicaran que el daño se haya producido durante el parto como ser: convulsiones –no tuvo en ningún momento-, disfunción orgánica múltiple, ya que la asfixia perinatal afecta al cerebro y suele comprometer otros sistemas orgánicos, como oliguria, por más de 24 horas con signos de insuficiencia renal aguda (fs. 595). De acuerdo a los registros M. no tuvo oliguria, por lo que la falta de evidencias de disfunción orgánica múltiple, especialmente renal, es un argumento sólido en contra de una asfixia perinatal inmediatamente previa al nacimiento (conclusiones del perito neurólogo de fs. 595).
Todo ello permite descartar la responsabilidad del Sanatorio Tandil, atento a que un análisis de acidosis neonatal tampoco hubiera arrojado certeza, en sí mismo considerado, acerca del momento en que M. L. C. sufrió los daños neurológicos. Todo indica que los daños se habrían producido durante la gestación, en virtud de un trastorno útero-placentario, del cual la hipertensión de la madre fue un síntoma y no la causa (arts. 384, 474 del C.P.C.C; arts. 503, 504, 512, 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 ss. y cdtes. del Código Civil).
Las conclusiones alcanzadas en los párrafos precedentes conducen al rechazo de la demanda, y eximen el tratamiento de los agravios de la parte actora dirigidos principalmente a cuestionar la cuantificación de los distintos rubros indemnizatorios (art. 260 del C.P.C.C).
V. Por todo lo expuesto, corresponde revocar la sentencia apelada e imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 69, 274 del CPCC).
Ahora bien, con la revocación del fallo apelado resulta pertinente adecuar las regulaciones de honorarios al nuevo pronunciamiento (art. 274 del CPCC). Corresponde tener en cuenta la reciente sanción de la ley 14.967, que ha introducido una sustancial modificación al texto del art. 23 del Decr. Ley 8904/77., y en virtud de dicha reforma la Suprema Corte provincial dictó las Acordadas 3869, de fecha 18 de octubre de 2017 y 3871 de fecha 25 de octubre de 2017. Cabe señalar, obiter dicta, que este Tribunal ha acudido reiteradamente a la regla de la aplicación inmediata de la ley nueva (arts. 1, 2, 3, 7 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.) pero lo hizo cuando estaban claramente definidas las consecuencias de las relaciones jurídicas no agotadas bajo el régimen anterior o cuando había mediado sustanciación, que no es el supuesto del caso de autos (esta Sala, causas nro. 60.877, sent. del 30/11/2016 “Olivetto…”, nor. 60.647, sent. del 17/11/2016 “Espil…”, nro. 61.122, sent. del 27/12/2016 “Virga…”,61.029, sent. del 21/2/2017 “Otalora Fernández…”, nro. 61.459, sent. del 7/3/2017 “Corradi…”, nro. 61.769, sent. del 8/6/2017 “López…”, nro. 61.149, sent. del 8/6/2017 “Duhalde…”, entre otras; cfr. Galdós, Jorge Mario “El art 7 CCCN y el derecho transitorio en la responsabilidad civil (en la primera etapa de implementación del Código Civil y Comercial)” en Moisset de Espanés, Luis, “Derecho transitorio en el nuevo Código Civil y Comercial”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2016 p. 281). Consecuentemente procede remitir los autos a primera instancia, una vez firme este decisorio respecto de la cuestión principal, a fin de que se sustancien, con intervención de todas las partes involucradas, las cuestiones relativas a la ley aplicable y a la base regulatoria a utilizar. De este modo, no se obstaculiza el dictado de la presente sentencia donde se define la cuestión principal. Una vez cumplido este trámite deberán remitirse nuevamente los autos a este Tribunal para adecuar las regulaciones de honorarios de primera instancia al pronunciamiento dictado y regular los honorarios de alzada (art. 34 inc. 5 e) del CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, por los mismos argumentos, votaron en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) declarar desierto el recurso de fs. 925, 2) revocar la sentencia apelada, 3) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 4) remitir las actuaciones a primera instancia a fin de sustanciar las cuestiones atinentes a la base regulatoria, la ley aplicable, conforme lo dispuesto en la Segunda Cuestión, 5) diferir las regulaciones de alzada para su oportunidad.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Longobardi y Peralta Reyes, por los mismos argumentos, votaron en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, de Octubre de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) declarar desierto el recurso de fs. 925, 2) revocar la sentencia apelada, 3) imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 69, 274 del CPCC), 4) remitir las actuaciones a primera instancia a fin de sustanciar las cuestiones atinentes a la base regulatoria, la ley aplicable, conforme lo dispuesto en la Segunda Cuestión, 5) diferir las regulaciones de alzada para su oportunidad. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes por Secretaría, y DEVUÉLVASE notificando al Asesor de Incapaces en la instancia de origen.
VÍCTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia