Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.693-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa de $189.350,67 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 09001IT14003695Y, con costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015 en cuanto le exige a la actora el pago de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (u$s45.407,72) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, haciendo saber que para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-14830314-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Febrero de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CITRUSVIL S.A c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, EX-2022-40147709 - -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que en RE-2022-40134130-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 1554-E-AFIP, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015, mediante la cual se le exige el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 09001IT14003695Y y el pago de tributos más intereses. En primer término, opone excepción de prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y tributos. Sostiene que el auto de instrucción de sumario debe ser notificado para poder operar como causal de interrupción y suspensión del curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y los tributos. Aduce que se vulneró su derecho de defensa en juicio. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA – Resolución 169/05(expte. 105666/86 – SUM FIN 708”. Sostiene que canceló el DIT, conforme surge del print de pantalla del SIM. Invoca el principio de inocencia. Alega que el fisco pretende invertir la carga de la prueba. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que en IF-2022-84814867-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. En primer término, efectúa una negativa de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Respecto al planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir la multa, aduce que la misma no ha operado atento a que el auto de instrucción de sumario es causal de interrupción. Asimismo, aduce que el auto referido es causal de suspensión del curso de la prescripción tributaria; por lo que tampoco operó la prescripción del acción del fisco para exigir los tributos. En cuanto al planteo de plazo razonable, aduce que el caso de autos es distinto a aquellos en los que se analizaron en forma favorable este planteo. Asimismo, aduce que la CADH le otorga el derecho a ser juzgado en un plazo razonable a las personas físicas, no jurídicas. En cuanto al fondo, sostiene que la importadora no demostró que se haya cancelado el DIT, toda vez que no es correcta la relación insumo-producto realizada al descargar. Concluye que se configura la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Sostiene que la figura infraccional en trato tiene como implicancia que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. En lo que respecta al aspecto subjetivo aduce que pierde total relevancia, toda vez que las infracciones aduaneras son de carácter objetivo. Alega que sobre este pilar se basa todo el sistema aduanero, en virtud del cual la sola tipificación de la conducta resulta suficiente a los fines sancionatorios. Explica que las infracciones revisten un carácter objetivo, es decir, que acreditados los extremos requeridos por la norma, se tiene por configurada la infracción sin que sea necesario considerar el elemento culposo. Concluye que en el caso de autos, no se acreditó la cancelación del DIT; por lo que la Resolución apelada resulta ajustada a derecho. Indica que es la actora la que debe probar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Efectúa reserva de caso federal. Acompaña las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que con posterioridad se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco y por acompañadas las actuaciones administrativas, de las que se le corre vista a la actora. En PV-2022-97368306-APN-VOCXVIII#TFN se tiene presente la prueba documental. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 17115-2476-2015 se inician con la Multinota presentada por la importadora mediante la cual solicita la cancelación del DIT 09001IT14003695Y y adjunta documental -esto es: declaración jurada, CTIT 7189/09 y copia del DIT referido-. Con fecha 6-8-15 se notifica la importadora de la intimación a regularizar el DIT. A fs. 11 el 28-8-15 se labra acta de denuncia por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT referido. A fs. 13 se clasifica la mercadería y se indican alícuotas. A fs. 14/15 luce la liquidación tributaria y multa. A fs. 16, el 30-8-16 se instruye sumario. A fs. 17 se liquidan los tributos y la multa. A fs. 19 el 7-4-21, se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora, en su carácter de garante del DIT. A fs. 23/27 contesta la vista que le fuera conferida la actora y a fs. 32/33 efectúa su defensa la aseguradora. A fs. 40 luce la póliza. A fs. 41 se notifica de la corrida de vista la garante el 2-8-21 y la importadora a fs. 42 el 27-7-21. A fs. 43 se tienen por presentadas a las firmas y presente la prueba ofrecida. A fs. 44 se ratifica la denuncia. A fs. 45/46 luce el print del Registro de Infractores y a fs. 48/51 la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP, apelada en autos.
V. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de la actora vinculado a la duración del procedimiento infraccional en sede aduanera.
Que la recurrente aduce que el auto de instrucción de sumario para poder interrumpir el curso de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa y para poder suspender el curso de la prescripción tributaria, debe ser notificado. Concluye que la prolongada duración de la causa en sede aduanera resulta incompatible con el derecho de defensa y el debido proceso.
Que el planteo de prescripción de la actora se resolverá, por fundamentales razones de economía procesal, conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.09 y del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03; ello sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre esta cuestión expuesta in extenso en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación” , sentencia del 12.11.19, Expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df)
Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.” Que, el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión"
Que, el vencimiento de la DIT 09001IT14003695Y opera el 28-7-11; por lo que el cómputo de la prescripción tributaria inicia el 01-01-12 y de no mediar causales suspensivas de su curso la acción del fisco para percibir los tributos opera el 31-12-16.
Que habiéndose dictado la apertura de sumario el 30-08-16 -ver fs. 16 de las actuaciones administrativas-, se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”-conforme art. 805, inc. a), del C.A.-. Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
VI. Que, a continuación, se debe analizar la excepción de prescripción de la acción del fisco para exigir la multa opuesta por la actora.
Que el art. 934 establece: "La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años" y el art. 935: «La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o,en caso de no poder precisársela, en la de su constatación".
Que, el art. 937 inc. a) del CA dispone: "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario".
Que, comienza el cómputo de la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa el 01-01-12 -vencimiento de la DIT: 28-7-11-; y de no mediar causales interruptivas de su curso operaría el 31-12-16.
Que atento a que el 30-08-16 -ver fs. 16 de las actuaciones administrativas- se instruye sumario, el curso de la prescripción referido comienza a computarse nuevamente a partir del 31-08-16 y opera el 30-8-22 -por aplicación de lo dispuesto en el art. 17 de la ley 27.562, Ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. Ley N° 27.541. Modificación- (conforme CSJN, “Parquerama S.A.s/ recurso de apelación c/ A.N.” del 22.02.94); por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 3-3-22 la misma fue dictada dentro del plazo quinquenal.
VII. Que, a continuación, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, mediante la cual se le exige a la importadora -única apelante en autos- el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 09001IT14003695Y y el pago de tributos con más intereses. Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT referido, oficializado el 6-8-09, se documenta la importación temporaria de 1.189 unidades de “Los demás. Los demás De capacidad superior o igual a 50 l DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, LATAS O BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO”, mercadería que clasifica en la P.A. 7310.10.90.900C, código de producto o artículo: STH08001, presentación en tambores, al amparo del Decreto 1330/04, con vencimiento 28-7-11.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
VIII. Que, el art. 15 del Decreto 1330/04 dispone que: “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto.
El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. (...)”
Que, del acta de denuncia surge que la denuncia se formula atento a que el CTIT tipifica una unidad de medida diferente a la exportada.
Que, asimismo, no escapa a la vista del suscripto que no se glosan en las actuaciones administrativas ni en esta instancia copias de los P.E.; por lo que corresponde confirmar la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y en consecuencia, la multa de $189.350,67, con costas.
IX. Que, corresponde aclarar que no le asiste razón a la recurrente en cuanto pretende que sea el fisco quien demuestre el incumplimiento de las obligaciones importador/exportador, poniendo en su cabeza el onus probandi; ya que ello implicaría imponerle una obligación de imposible cumplimiento, frente a la cantidad de operaciones que se realizan en el país. Es por ello, que las normas vigentes de la manera más adecuada a la lógica y a la razón, imponen esa obligación de demostrar el cumplimiento de las obligaciones, al beneficiario de los regímenes de importación o de exportación temporaria.
Que, como quedó expuesto, corresponde a la importadora demostrar el cumplimiento de la obligación que acarrea el régimen al que voluntariamente se acogió. Es de la documentación denunciada y aportada por el importador que debe surgir la identidad de los insumos importados suspensivamente con los que se exportan; en tal sentido se produce una inversión de la carga de la prueba, ya que es el importador el que debe demostrar que el DIT ha sido cancelada. Que, en tal sentido el onus probandi del cumplimiento de la importación temporaria está a cargo del importador. Que, es por ello, que resultaba de elemental prudencia y diligencia por parte de la firma importadora el asegurar la conservación y preservación de la documentación que permitiera asegurar la prueba de la reexportación de la mercadería, y sea por las circunstancias que fuera, no han sido aportadas ni siquiera las copias, como ya se dijo, ni en esta instancia ni en sede aduanera.
X. Que, entonces, habiendo quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., corresponde analizar la procedencia de los tributos exigidos a la actora.
Que, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo - en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado). Que, conforme surge de fs. 47 de las actuaciones administrativas -liquidación tributaria- y de la Resolución apelada, los rubros reclamados son: derechos de importación, tasa de estadística e IVA, los que ascienden a u$s45.407,72 más intereses.
Que, en consecuencia, habiéndose configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del total del DIT, corresponde confirmar los tributos con más intereses del art. 794 del C.A.
XI. Que, finalmente, conforme lo dispuesto en el art. 794 del C.A.: “Vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.”
Que, en el caso, la importadora se notificó de la corrida de vista el 27-7-21 -ver fs. 42 de las actuaciones administrativas-; por lo que corresponde computar los intereses desde el 17-8-21 hasta la fecha de la total y efectiva cancelación de la deuda.
XII. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa de $189.350,67 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 09001IT14003695Y, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015 en cuanto le exige a la actora el pago de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (u$s45.407,72) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, haciendo saber que para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, en relación a lo que decide; máxime cuando la resolución apelada fue emitida (3/3/2022) y notificada (4/4/2022) dentro del umbral legal de prescripción establecido en el propio CÓDIGO Aduanero, de conformidad con la doctrina sustentada por el suscripto in re “MGI COUTIER ARGENTINA S.A.” (Expte. Nro. 37.665-A), entre muchos otros.
II. Que, bajo tales premisas, cabe señalar que la firma recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos en la legislación aduanera, solicitando la aplicación de la doctrina –de raíz convencional- del “plazo razonable de duración de los procesos aduaneros”, que fuera introducida por la Vocalía de la 16a Nominación en el ámbito nacional tributario, a partir del año 2012.
No obstante, corresponde destacar que también es jurisprudencia constante de la Vocalía a mi cargo que la falta de cumplimento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios, tanto los aduaneros como los impositivos, cuando se debaten cuestiones de naturaleza pecuniaria debe ser objeto de expreso tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para declarar la extinción de la acción en materia tributaria por estricta observancia del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (confr. mi voto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, Expte. Nº 15.598-A, del 5 de diciembre de 2013, Consid. XI in fine), cuya aplicación resulta ineludible en la especie.
Asimismo, cabe puntualizar que dicha doctrina, en relación a la indisponibilidad del crédito fiscal, ha sido expresamente destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar" con fecha 27/11/2018, donde señaló especialmente que la naturaleza de las obligaciones tributarias es de crédito público no disponible (en el mismo sentido: Fallos: 292:398; entre otros).
Por ello, cabe concluir que la extinción de la acción del Fisco para imponer penas sólo opera en materia infraccional (confr. Art. 929, inciso c), del Código Aduanero y Fallos: 334:1264, “Bossi García S.A.”, del 8 de noviembre e 2011), pero no en caso de determinarse tributos, atento su inexcusable indisponibilidad.
III. Que, por lo demás, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una compañía aseguradora y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
IV. Que por último, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, máxime cuando la firma importadora había sido previamente notificada, por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen. ASI LO VOTO.-
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa de $189.350,67 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 09001IT14003695Y, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2022-1554-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17115-2476-2015 en cuanto le exige a la actora el pago de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (u$s45.407,72) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, haciendo saber que para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del C.A., los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.02.10 18:14:49 -03:00 Date: 2025.02.11 11:18:43 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.11 11:35:38 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.11 11:35:43 -03:00
Fin de la sentencia