Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 29.993-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nro. 3860/11, dictada en las actuaciones SIGEA N° 12194-792-2005, en lo que fue materia de agravio.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-85043047-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Agosto de 2022 En Buenos Aires reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y Cora M. Musso (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación) a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “CITRUSVIL S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, Expte. N° 29.993-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que regresan estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del pronunciamiento emitido, en fecha 09/05/17, por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (ver fs. 108/112vta.) que revocó, parcialmente, la sentencia de fecha 10/12/15.
En efecto, por un lado, el Tribunal de Alzada se declaró carente de habilitación formal para pronunciarse respecto de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos con fundamento en la inexistencia de agravio y, por otro lado, hizo lugar al agravio del organismo fiscal revocando lo decidido por este Tribunal Fiscal respecto de la extinción de la acción penal.
Para decidir de este último modo, el Tribunal de Alzada consideró que, en el caso en examen, el plazo de nueve años transcurrido entre el hecho imponible y el dictado de la resolución definitiva no se advertía como irrazonable a diferencia del ponderado en el precedente “Bossi y García S.A.”, de 23 años, eventualmente aplicable de manera analógica.
Añadió que, en el caso de autos, la duración del proceso en la actuación en sede aduanera había tenido claramente una extensión inferior a la verificada en la causa ya citada y en el precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”.
Así las cosas, el Tribunal de Alzada ordenó la devolución de los autos a este Tribunal de origen, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento sobre los restantes cuestionamientos de la firma actora.
II. Que, en lo relativo al fondo del asunto, cabe recordar que las co-actoras se agravian de la infracción de declaración inexacta que les fuera achacada toda vez que sería improcedente la calificación legal. En ese sentido, advierten que uno de los elementos del tipo infraccional que establece el art. 954 del C.A., consiste en la posibilidad de que la declaración inexacta pueda pasar inadvertida.
Afirman que en autos la operación aduanera documentada no tuvo observación alguna respecto del control documental, preembarque y verificación de la mercadería al momento de realizarse cada una de las cargas. Añaden que el hecho en cuestión nunca pudo pasar inadvertido por cuanto el error surge de la simple lectura del cumplido realizado en el permiso de embarque y su cancelación. Invocan la Instrucción General nro. 18/02.
III. Que, por su parte, el Fisco afirma que las recurrentes incurrieron en una declaración inexacta, prevista y penada por el art. 954, inc. a) del Código Aduanero toda vez que para cumplir las destinaciones de exportación efectuaron ante el servicio aduanero una declaración que difiere con la que resultó de la comprobación. Señala que tampoco les asiste razón a las recurrentes cuando plantean la imposibilidad de que la inexactitud pase inadvertida.
En cuanto a la aplicación del art. 959 del C.A., entiende que de la simple lectura de los documentos que conforman la operación se advierte la diferencia, con lo cual podemos aplicar en autos la eximente de responsabilidad.
IV. Que la cuestión sobre la que corresponde resolver a este Tribunal Fiscal radica en determinar si las coactoras han cometido en relación con la declaración comprometida, la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero.
Que, la firma “Citrusvil S.A.” documentó dos destinaciones aduaneras de exportación en consignación nros. 02 001 ES01 000168 N y 02 001 ES01 000187 Y, en fechas en fechas 11/04/02 y 17/04/02, respectivamente, en el marco del Decreto nro. 637/79 modificado por el Decreto N° 975 del 19/08/98 y por el Decreto N° 482 del 8/03/02.
Que el Decreto nro. 637/1979 dispone que los exportadores podrán efectuar envíos al exterior en carácter de consignación, de la totalidad de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) con exclusión de las mercaderías prohibidas o suspendidas. La mercadería que se envía bajo este régimen deberá revestir la condición de argentina, nueva sin uso, quedando así prohibida la utilización del régimen para mercadería que detente otro estado. Mediante el Subrégimen ES01 se registrará en el Sistema Informático Malvina (SIM), una Destinación de “Exportación de Mercadería en Consignación”. El plazo de la consignación no podrá superar los trecientos sesenta (360) días corridos, contados desde la fecha de oficialización del Permiso de Embarque ante la Dirección General de Aduanas (DGA), pudiendo el Ministerio de Producción (MP) determinar plazos particulares que, en ningún caso podrán superar el límite máximo de los trecientos sesenta (360) días corridos. Si se concreta la venta de la mercadería dentro del plazo de la consignación se efectúa la conversión en Exportación Definitiva a Consumo de la mercadería que egresó documentada bajo el Subrégimen ES01 a través del Subrégimen EC07, correspondiente a “Exportación para Consumo de Exportación en Consignación”.
Que, habiéndose descripto el marco normativo aplicable al supuesto de autos, cabe señalar que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12149-792-2005 que dieran origen a la presente causa se inician con la presentación (Multinota) de la firma “Citrusvil S.A.” dirigida a la oficina de Regímenes Promocionales de la Dirección General de Aduanas a fin de solicitar información sobre los reintegros relativos a las destinaciones de exportación definitiva nros. 02 0001 EC07 000345 A y 02 0001 EC07 000348 D por encontrarse bloqueados por Nota nro. 0966/02 (serpex). Hay que aclarar que dichas destinaciones “cancelaron” a las destinaciones de exportación en consignación (ES01), ya mencionadas, nros. 02 001 ES01 000168 N y 02 001 ES01 000187 Y, respectivamente. Que la Sección Regímenes Promocionales informa, en la mencionada nota, que la documentación de las destinaciones de exportación en consignación (ES01) nros. 02 001 ES01 000168 N y 02 001 ES01 000187 Y no incluyen en el valor FOB los derechos de exportación (utilizando el coeficiente 1) pero en la conversión a destinación definitiva de exportación (EC07) sí los incluye al utilizar el coeficiente 0.909090.
V. Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. En ese sentido, de la observación de los antecedentes administrativos se desprende que la firma “Citrusvil S.A.” documentó las destinaciones aduaneras de exportación en consignación nros. 02 001 ES01 000168 N y 02 001 ES01 000187 Y, en fechas 11/04/02 y 17/04/02, respectivamente, sin incluir en el valor FOB los derechos de exportación utilizando el coeficiente 1 para el cálculo de dichos derechos (ver copias de las mencionadas destinaciones a fs. 15/16 y 5/6 de las act. adm., respectivamente). Con posterioridad, dichas destinaciones fueron canceladas, respectivamente, mediante los permisos de embarque nros. 02 0001 EC07 000345 A y 02 0001 EC07 000348 D (ver los sobres contenedores de fs. 29 y 30, respectivamente,) documentados en fecha 18/06/02 utilizando el coeficiente 0.909090 para los derechos de exportación.
Que de lo expuesto se desprende que el coeficiente de los derechos de exportación utilizado en las destinaciones de consignación (ES01) difiere del utilizado en las operaciones definitivas (EC07) siendo que en el primer caso no se encuentran incluidos en el Valor FOB los derechos de exportación utilizando el coeficiente 1 mientras que en el segundo caso sí se encuentran incluidos los derechos de exportación en el valor FOB utilizando un coeficiente de 0.909090.
Que, siendo ello así, el presupuesto de hecho del tipo infraccional -una diferencia entre lo declarado por la firma exportadora en sus destinaciones aduaneras y el resultado de la comprobación–, se encuentra acreditado en autos.
VI. Que, ahora bien, la figura infraccional del art. 954 del CA requiere como elemento del tipo, además de la existencia de la diferencia señalada en el acápite anterior de este voto, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en el incs. a) del ap. 1 de dicho artículo.
Que en las actuaciones administrativas la recurrente manifestó que al momento de documentar las destinaciones en consignación no estaba definido el coeficiente de exportación por lo que considero conveniente poner el coeficiente 1 (uno) ya que los derechos están garantizados hasta que se realice la venta al exterior y se documente la operación definitiva a través del EC07, donde sí colocó luego el coeficiente informado a tales efectos. Que, sin embargo, como bien ha destacado el Fisco la Resolución General (AFIP) nro. 1161, vigente a la fecha de registración de las mencionadas destinaciones, en su Anexo IX, punto 2, inciso “D” expone que “...el nivel de Beneficios o Derechos inserto en la autoliquidación, sea el vigente a la fecha de registro del ES01- Exportación en Consignación, que se pretende cancelar.”. Asimismo, dicha Resolución dispone que al momento en que se registra la exportación para consumo de exportación en consignación Subrégimen (EC 07) en la liquidación manual, se debe seleccionar la opción "Beneficios" de corresponder, insertando el/ los códigos de beneficio y en el campo donde se lee "Porcentaje" se inserta el coeficiente de beneficio vigente a la fecha de registro de la Destinación de Exportación en Consignación ES01. Luego en el campo "Base Imponible" se establecerá el importe sobre el cual corresponda efectuarse la liquidación, en función de la cantidad de mercadería vendida en el exterior. Por esta razón, las recurrentes yerran cuando mencionan que el coeficiente que corresponde es el vigente a la fecha de la documentación de la exportación para consumo de exportación en consignación Subrégimen (EC 07).
Que, por otra parte, la inexactitud detectada por el servicio aduanero no surge de la propia lectura de la declaración de la destinación de exportación para consumo de exportación en consignación Subrégimen (EC 07) sino que a tal fin es necesario compulsar otra declaración, en este caso, la destinación de exportación en consignación ES01, por lo que la detección de la infracción requiere de la compulsa de dos declaraciones. Que, en definitiva, en las destinaciones aduaneras de exportación en consignación nros. 02 001 ES01 000168 N y 02 001 ES01 000187 la recurrente no incluyó en el valor FOB los derechos de exportación utilizando el coeficiente 1 para el cálculo de derechos de exportación mientras que mediante los permisos de embarque nros. 02 0001 EC07 000345 A y 02 0001 EC07 000348 D sí incluyó los derechos de exportación pero utilizando el coeficiente 0.909090 cuando debería haber utilizado 1 (uno) lo que produjo una diferencia de valor en concepto de tributos no percibidos por el Fisco que asciende a la suma de $2370,43.-. Por ello, ha quedado comprobada la configuración de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 inc. a) del Código Aduanero.
VII. Que en cuanto a la responsabilidad infraccional que le cabe al despachante de aduana por la declaración efectuada en las destinaciones de exportación involucradas, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., corresponde señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandatario del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la Aduana (conf. autos: T.F. 1338-A “Gumhold, Juan c/ A.N.A. s/recurso de apelación y otro”).
Que no se encuentra acreditado en autos que el despachante de aduana se hubiera apartado en su declaración aduanera de los datos de la documentación complementaria brindada por la recurrente. De hecho, tanto la firma recurrente como el despachante de aduana presentaron conjuntamente la apelación ante este Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que no se le puede endilgar la conducta infraccional al despachante de aduana, quien se presume actúa bajo mandato de la recurrente hasta que esta última no exprese lo contario. En consecuencia, conforme lo expuesto y por aplicación del art. 908 del Código Aduanero, corresponde revocar la condena impuesta al despachante de aduana.
VIII. Que pese a la decisión de condenar a la firma recurrente por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 inc. a) del Código Aduanero, en atención a la insignificancia del monto de la multa cuyo valor asciende a la suma de $2.370,43.- considero que debe dejarse sin efecto el reclamo por dicho concepto, por aplicación del principio de bagatela.
Ello no significa absolver a la firma recurrente por no haberse dado la configuración de la infracción investigada en autos, sino que la aplicación de la multa deviene prescindible para la sociedad por la insignificancia del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción.
IX. Que, en tal sentido, corresponde destacar que el principio de bagatela ha sido aplicado inveteradamente por el Tribunal Fiscal de la Nación, en supuestos en los que se analizó la procedencia de aplicar sanciones cometidas en infracciones aduaneras ante incumplimientos de importaciones suspensivas, entre los que, sólo a modo de ejemplo, se pueden mencionar las sentencias dictadas por la Sala “E” (en su anterior composición) en los expedientes nº 17.847-A, “REGA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, del 18/02/2004, y n° 18.188-A ,“POLIMETAL S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 26/08/2004, siendo que en ambos pleitos se revocaron las resoluciones aduaneras condenatorias.
En el mismo sentido -revocatorio- se ha expedido esta Sala “F” en los expedientes nº 32.184-A, “MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L c/ D.G.A. s/ apelación”, n° 29.748-A ,“MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, ambas del 1° de marzo de 2017, y en el Expte. Nro. 35.247-A, caratulado “ASEGURADORES DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, al que se encontraba acumulado el expediente n° 35.279-A caratulado “DANCAN S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, del 3 de noviembre de 2016, que tramitara por ante esta Vocalía de la 16° Nominación (voto del Dr. Garbarino, al que adhirieron los Dres. González Palazzo y Basaldúa).
Y en idéntico modo se pronunció la Sala “G” en los expedientes n° 19.223-A, “Y A BASILE SAICE C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 18/03/2014 y n° 24.515-A, “AGRO ACEITUNERA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”.
Por otra parte, en el mismo sentido también se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminsitrativo Federal, al sostener “...Que el principio que en materia penal se ha dado en denominar de bagatela o irrisoriedad o insignificancia es aquél en virtud del cual deben considerarse atípicas aquellas conductas que si bien por su exteriorización resultan encuadrables en la descripción de un tipo legal, han afectado de modo insignificante, irrelevante o manifiestamente menor al bien jurídico que la norma tiene como fin tutelar. Su creación es eminentemente pretoriana por vía jurisdiccional.”.
Además, la Alzada sostuvo que “Atento la ínfima cantidad de mercadería en infracción, en pos de dotar de plena vigencia a los principios básicos del derecho penal y los principios y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, es que se impone mantener la decisión recurrida, pues la afectación del bien jurídico tutelado es tan escasa que no es posible aplicar una pena sin afectar la proporcionalidad que debe guardar con el disvalor jurídico de la conducta típica que contempla el art. 970 del código aduanero. Es que la cantidad de mercadería en infracción es tan intrascendente, que aplicar una multa a su respecto conllevaría transgredir el principio de reserva del art. 19 de la Constitución Nacional. Por lo demás, tampoco se justifica el despliegue de actividad jurisdiccional ni administrativa que requiere perseguir el cobro de los tributos aduaneros que gravarían tan irrisoria cantidad.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala III, in re “Anilinas Americanas Versanil S.A.” c. DGA”, causa N° 36215/12, del 19/11/2013).
Que, por último, cabe destacar que dicha doctrina ha sido aplicada por la propia competencia impositiva de este Tribunal Fiscal in re “Lemesoff, Néstor Mario” (Sala C, sentencia de fecha 12/7/99); como así también por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en los expedientes nº 2360-0368336, “FRIGORÍFICO RYDHANS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, sentencia de fecha 28/02/19 y n° 2360-214941 caratulado “MOLINO OLAVARRIA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia de fecha 31/08/21, siendo que, en ambos casos, el mencionado Tribunal dispuso revocar las disposiciones condenatorias emanadas del organismo fiscal local.
X. Que habida cuenta las especiales circunstancias de la causa y el particular modo en que se decide, resulta ajustado a derecho distribuir las costas del pleito en el orden causado (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución Nro. 3860/11, dictada en las actuaciones SIGEA N° 12194-792-2005, en lo que fue materia de agravio.
2. Costas por su orden.
El Dr. González Palazzo dijo:
Tal como he postulado junto a distinguidos letrados especialistas en la materia y bien perfila mi colega de grado, no hay impedimento para dar curso a la revocatoria propuesta en tanto es una decisión justa, práctica y, por sobre todo, lícita en tanto encuentra su procedencia en el marco normativo vigente.
Para sostener mi tesis, habré de traer a colación un trabajo publicado recientemente, adonde hemos analizado el instituto de la insignificancia dentro del procedimiento aduanero.
Destacamos que, en principio, la acción penal infraccional se extingue por: a) amnistía; b) muerte del imputado; c) prescripción; circunstancia que podría considerarse un limitante para dar curso a soluciones como la que aquí se plantea, en tanto parecería no está previsto en nuestro Código rector.
Que, sin perjuicio de ello, en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, donde se discuten infracciones aduaneras, se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y Territorios Nacionales (art. 1174 del Código Aduanero).
Que, el Tribunal Fiscal de la Nación, ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto denominarlas, en especial a partir de la reforma constitucional de 1994, facultades jurisdiccionales -judiciales-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero del 2012, Sala F Dres. Garbarino y González Palazzo).
Que, el sistema jurisdiccional es lento (y este expediente parece ser testigo de esta afirmación), da la respuesta pretendida por los requirentes del servicio tardíamente, presentándose en sociedad como un mal con el que se convive, aceptándolo con resignación y esperanza de cambio.
Que, el colapso funcional y la mala distribución del recurso humano de los organismos que tienen como misión el de prestarlo es tan añejo que excede la capacidad de respuesta oportuna aún al más titánico funcionario. Nos hemos criado -y acostumbrado- a la depreciación de nuestra moneda y a una economía fluctuante con un dinamismo tal que imposibilita cualquier previsión normativa (lo que denota que no siempre su estoicidad es una virtud en cualquier sistema jurisdiccional).
La formación académica del derecho penal sentada sobre la base de Las Siete Partidas de Alfonso X (el sabio) que diera sustento al sistema inquisitivo que recogió la esencia del principio de legalidad, así como también los malos ejemplos sembrados por los funcionaros disfuncionales para las necesidades de la República han perturbado términos e instituciones al filo de dotarlos de connotaciones emotivas negativas.
En nuestro país, hablar de que el mismo Estado disponga de las penas aplicando el principio de oportunidad ha sido una discusión tan antigua como la República, pues habrá de remitirse al art.11 del Reglamento de Administración de Justicia dictado por la Asamblea General Constituyente el 6 de septiembre de 1813 en tanto habilita a la autoridad competente a velar por "el progreso de las causas, removiendo los obstáculos que se opongan a su finalización y cortando por prudentes arbitrios los que sean de poca entidad" (Sampay, Arturo E. "Las Constituciones de la Argentina (1801-1972) Eudeba, Buenos Aires, 1975 pag.150).
Hablar de principio de oportunidad para disponer de la acción pública no revestía un acto de herejía entonces, pero desde no hace mucho, con las felices reformas del ordenamiento sustantivo y adjetivo en materia penal, se ha terminado de despejar cualquier duda al respecto, develándose una realidad que se presenta de conformidad con el principio de legalidad establecido en el art.18 de nuestra Carta Magna.
La Ley 27.147 (B.O. 18/06/15) adopta el criterio o principio de oportunidad insertándolo en el art. 59 del Código Penal de la Nación en tanto dispone que “La acción penal se extinguirá ... 5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas ! para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes”.
Todo ello implica que "las reglas de disponibilidad de la acción que se han plasmado en la legislación sustantiva se deben correlacionar con las leyes procesales correspondientes, pues ellas regulan los requisitos que se deben cumplir. Es decir, que el código de fondo determina el marco genérico y los códigos del rito las especificaciones para que el mismo funcione" (http://www.rubenfigari.com.ar/el-principio-de-oportunidad-o-disponibilidad-de-laacci on-penal-en-el-codigo-penal-ley-27-147-y-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-de-la-nacio n-ley-27-063/). Por su parte, aggiornándose a los ordenamientos provinciales que receptan el principio de oportunidad (tal el caso de los Códigos Procesales Penales de Chubut, Santa Fé, Entre Ríos, río Negro, Jujuy, Neuquén, Misiones y La Pampa) el Código Procesal Penal Federal aprobado mediante la Ley 27.063 incorpora en su art. 30 la “Disponibilidad de la acción" estipulando su procedencia en los siguientes casos: a) Criterios de oportunidad; b) Conversión de la acción; c) Conciliación; d) Suspensión del juicio a prueba, institutos que figuran en el Código Penal de la Nación en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º. (Juan Manuel Francia, Pablo Sebastián Borgna, Santiago Alais y C. M. González Palazzo, “Los recursos fiscales en tiempos de coronavirus” elDial.com. Publicado el 15/04/2020)
No cabe duda alguna: la disponibilidad de la acción en materia penal es una realidad que tiene casi cinco años de antigüedad y hasta ahora, poco se ha criticado al instituto de la insignificancia en cuanto a su aplicabilidad o legalidad y así cabe hacerlo extensible al caso de marras.
Por ello, comparto lo propuesto por el Dr. Garbarino revocando la resolución en crisis y, destaco, por la forma en que se resuelve, la imposición de costas postulada como la más acertada forma de dar respuesta a la cuestión.- La Dra. Cora M. Musso dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución Nro. 3860/11, dictada en las actuaciones SIGEA N° 12194-792-2005, en lo que fue materia de agravio.
2. Costas por su orden.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y a los Dres. Nicolás Soria (20-28681377-2) y Pedro Ignacio Moraiz Pisarenko (20-20219800-8). Oportunamente, archívese.
Date: 2022.08.08 16:33:42 -03:00 Date: 2022.08.16 12:24:54 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Cora Marcela Musso Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.16 14:51:17 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.16 14:51:18 -03:00
Fin de la sentencia