Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 273.911
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue la sentencia dictada el 17 de mayo de 2020 debe ser parcialmente modificada con el alcance indicado en los puntos III.2, III.4 y V (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 164, 165, 260, 266, 272, 375, 384, 456 y 474 su doc. CPCC; arts. 16, 21, 499, 901/904, 953, 1069, 1071, 1078, 1083, 1086, 1137, 1197, 1198 su doc. y conc. CC; 1, 2, 3, 7, 772, 1738, 1741, 1746 del CCyC; 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs. CN; 68 y cc. ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc. ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc- ley 17.418 [LS]; 3, 37 y cc. ley 24.240).
POR ELLO:
Y demás fundamentos del precedente Acuerdo: 1) se hace parcialmente lugar a la apelación interpuesta por la actora y 2) se desestima el recurso impetrado por los demandados y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada. En consecuencia, se modifican los rubros “incapacidad sobreviniente” y “daño moral” que se fijan en las sumas de $ 2.835.000 y $ 2.000.000 respectivamente, a valores de la fecha del pronunciamiento apelado dictado en mayo de 2020 (v. ptos. III.2 y III.4). Asimismo, se deja establecido que el límite de la cobertura del seguro lo será en los términos precisados en el considerando V. En todo lo demás que fuera materia de agravios se la confirma. …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL 273.911 CIVELLO BIANCA C/VELA WAC ATILIO Y OTR. S/DAÑOS Y PERJUICIOS
En la ciudad de La Plata, a 8 los días del mes de junio de dos mil veintiuno, reunidas en Acuerdo la señora Jueza de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft, su Presidente, Dra. Ana María Bourimborde (art. 35 ley 5.827), para dictar sentencia en la causa caratulada: “CIVELLO BIANCA C/VELA WAC ATILIO Y OTR. S/DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente orden de votación: Dras. HOOFT – BOURIMBORDE-, resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA: ¿Corresponde modificar la sentencia del 17 de mayo de 2020?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, Dra. Irene Hooft dijo:
I. En lo que aquí interesa destacar, la Magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios impetrada por Bianca Civello contra Atilio Vela Wac y Viviana Aracelli Vela Wac y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada y, en consecuencia, condenó a estos últimos a abonar a la accionante la suma de $ 2.975.600 con más intereses a la tasa pura del 6 % anual desde el hecho acaecido el 15 de marzo de 2015 hasta la fecha del pronunciamiento (a saber, 17/5/2020) y, a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días.
II. Contra este fallo se alzan ambas partes.
II.1. La actora expresa sus agravios mediante presentación electrónica del 29/08/2020, los cuales no son contestados por la contraria (v. proveído del 1/12/2020).
En su pieza impugnativa, objeta que al costo del tratamiento psicológico futuro no se adicione el reembolso de las erogaciones por la terapia que dice ya fue realizada, ítem que juzga comprendido en los gastos sanatoriales incluidos en la cláusula 1 inc. b de la póliza de seguro. Señala, a su vez, que el tratamiento futuro fue receptado según valores históricos que no alcanzan para solventar la terapia recomendada y menos aún para cubrir lo ya abonado.
Tacha, asimismo, de escasa la justipreciación de la “incapacidad”, a cuyos efectos reclama la aplicación de las reglas del nuevo Código Civil y Comercial, el uso de una fórmula para su estimación y la consideración del Decreto 659/96 que establece agravantes al momento de estimar el porcentaje de incapacidad en orden a la edad, necesidad de recalificación y dificultad para tareas habituales de la víctima. Invoca, además, su condición de “mujer víctima” y la aplicación de ley 24.632 que aprobó la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará, la cual -dice- ha sido infringida al no reconocerse de modo autónomo el daño psicológico. Arguye que, contrariamente a lo sostenido por la magistrada, la experta dio cuenta del carácter irreversible de la incapacidad psicológica por lo que se impone su indemnización en forma independiente del daño moral, pues de lo contrario se estaría violando la Convención de Belém do Pará.
Protesta, de otra parte, contra la falta de reconocimiento autónomo del “daño en la vida de relación, a las afecciones legítimas, del perjuicio juvenil y al proyecto de vida”, rubros que han sido incluidos en el “daño moral”. Aduce que no puede omitirse las secuelas incapacitantes en el proyecto de vida. Que la Corte Interamericana lo ha distinguido del daño emergente y el lucro cesante y que, en la “Cantoral Benavídez” condenó al Estado a su resarcimiento. Califica igualmente de exiguo el “daño moral” admitido requiriendo su elevación.
Cuestiona la tasa de interés fijada en el fallo, solicitando el cómputo de los accesorios a la tasa pasiva digital del Banco provincia desde la fecha del hecho.
Finalmente, se agravia por la aplicación del límite histórico de la cobertura del seguro en el cual, según interpreta la judicante de grado, erróneamente se consideran comprendidos los intereses y costas.
II.2. A su turno, hacen lo propio los demandados y la aseguradora, fundando su embate mediante escrito electrónico del 21/09/2020, el que no es replicado por la accionante (v proveído del 28/10/2020).
Los nombrados controvierten la cuantificación de la “incapacidad” donde, según aseveran, se ha valorado erróneamente el porcentaje asignado por el experto, se ha admitido como daño patrimonial la “incapacidad psicológica” pese a la falta de justificación de una disminución funcional con repercusión en la faz material y la “incapacidad estética” por cicatrices que tampoco provocaron en la actora una disminución funcional y/o efectos económicos, secuelas que para más pueden ser mejoradas.
III. Con el alcance que seguidamente expondré, la decisión ha de ser modificada.
III.1. En el sub lite, se ventila el resarcimiento de los daños derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo de 2015, en circunstancias en que la actora Bianca Civello viajaba como acompañante en el rodado Fiat Palio, dominio JMK 723, al mando del codemandado Atilio Vela Wac quien, en la calle 1 entre 40 y 41 de La Plata, pierde el control e impacta contra un árbol.
La responsabilidad de los accionados arriba incuestionada ante esta instancia, ciñéndose las protestas a la procedencia y/o cuantía de los diversos rubros indemnizatorios.
Ahora bien, los hechos ventilados en la presente causa (y por tanto, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Siendo ello así, y sin perjuicio de lo que luego habré de señalar en torno a las reglas relativas a la cuantificación de los perjuicios, la responsabilidad debatida debe juzgarse a la luz de la legislación que se encontraba vigente al momento del hecho, esto es del Código Civil derogado (art. 7, CCC; SCBA, causa C. 121.943, sent. del 21-XI-2018; C. 119.623, sent. del 25-IV-2018; C. 121.001, sent. del 21-II-2018; C. 120.758, sent. del 29-VIII-2017, e.o.).
Efectuado el señalamiento anterior he de ingresar al examen de los diversos ítems cuestionados.
III.2. Incapacidad sobreviniente III.2.a. La magistrada de la instancia receptó esta partida, comprensiva de la incapacidad física, psicológica y estética informadas por los peritos, en la suma de $ 2.380.000 (v. consid. IV ap. a del fallo), a valores de la época del pronunciamiento -mayo de 2020.
III.2.b. Esa estimación debe ser prudencialmente incrementada. Veamos.
Conforme inveterada doctrina de la Corte Nacional, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas y/o psíquicas de modo permanente, esta incapacidad debe ser reparada (CSJN Fallos: 328:4175; 327:2722; 326:1299). Y ello así al margen de que desempeñe o no una actividad productiva y de lo que pueda corresponder por daño moral (Fallos 327:2722) pues la lesión a la integridad psico-física afecta a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida (Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 321:1124; 322:2002; 326:1673; 327:2722; 329:2688, 331:570; SCBA, Ac. 79.922, sent. del 29-X-2003). Por tanto, a tenor de la doctrina sentada por la Corte Nacional in re “Arostegui” (Fallos 331:570), al momento de cuantificar este rubro no cabe ceñirse a evaluar el perjuicio material solamente en cuanto repercute en la minusvalía laboral de la víctima, sino que también corresponde indemnizar la pérdida de ‘chance’ cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera y demás consecuencias en su vida de relación (SCBA, L. 116.622, sent. del 15-IV-2015).
Así, cuando se constata una alteración a nivel psíquico -daño psíquico o psicológico- de carácter permanente, que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso, corresponde su indemnización en forma autónoma del daño moral (CSJN, Fallos 327:2722), secuelas que en caso de concurrir con una minusvalía física corresponde sean abordadas de manera conjunta pues parcializarla o descomponerla en distintos renglones indemnizatorios traduce una visión fragmentada del ser humano (CNCiv., sala M, “Gómez”, sent. del 30-VI-2016, LLeyonline), opuesta a la comprensión plena de la persona que informa el régimen de reparación integral (CSJN, Fallos 331:570). Dicho modo de abordaje es coherente con el concepto amplio de la incapacidad sobreviviente en el ámbito civil (cf. CNCiv., sala C, in re “Fernández”, sent. del 24-II-2009, LLeyonline 70053585; id. sala A, “Carames”, sent. del 18-VI-2012, LLeyonline AR/JUR/32361/2012) (cf. mi voto en causas C. 268.176, sent. del 12/III/2019; C. 267.987, sent. del 11-IV-2019).
Ahora bien, la actividad humana, y su afectación con motivo de la incapacidad sufrida, no debe ser valorada jurídicamente sólo por los ingresos que genera (esto es en su faz estrictamente laboral), sino que existen otras dimensiones que deben incluirse, a saber, aquellas actividades o tareas que no reciben una retribución en el mercado pero que resultan económicamente valorables. Comprende –por ende- no sólo lo laboral o profesional, sino toda incapacidad vital, tanto en lo individual como en lo social en tanto -vale subrayar- posea connotación patrimonial (CCCom. Junín, causa 4712 “Rinaldi y ot.”, sent. del 27-XI-2018; esta sala II, causas C. 250.863, sent. del 24-X-2019). Esta aclaración resulta relevante para delinear la naturaleza y límites del presente rubro en el cual se indemnizan las consecuencias patrimoniales de la incapacidad.
Como observa Picasso, el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.), sino con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales y son tales consecuencias las que son objeto de reparación. De ahí la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la psiquis, la estética, la vida de relación, el cuerpo, la salud, etc.), pues en estos casos habrá que atender a las consecuencias de esas lesiones en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima (cf. voto del dr. Picasso en CNCiv., sala A, ”P.,Z”, sent. del 18-IX-2018, LLey online AR/JUR/48976/2018; cf. mi voto en causas C. 268.179, sent. 2-VII-2019; C. 250.863 ya cit.).
Consecuentemente, la incapacidad sobreviniente engloba las consecuencias patrimoniales de la afectación a la integridad psicofísica, mas no otras facetas o repercusiones en la esfera extrapatrimonial o espiritual que son resarcidas a título de daño moral (v.gr. la imposibilidad de realizar ciertas actividades no lucrativas que llevaba adelante la víctima, tales como deportes y otras atinentes al esparcimiento y análogas) pues ello importaría un doble resarcimiento por el mismo perjuicio (Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Bs. As., 2008, t. 4, p. 305) (cf. voto del dr. Picasso en CNCiv., sala A, ”P.,Z C/Coto” ya cit.; íd. “M. V., J.R.”, sent. del 03-XI-2017 LLey online AR/JUR/80626/2017). Ello -como acota el voto que rememoro- no se contrapone con la doctrina de la Corte Nacional de la cual se desprenden las siguientes pautas: que por mandato constitucional la reparación debe ser integral; que deben resarcirse todas las consecuencias de la incapacidad, no únicamente las patrimoniales y que, a los fines de valorar el daño patrimonial, resulta insuficiente ponderar sólo los ingresos de la víctima, pues la lesión a su integridad también afecta sus posibilidades de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son económicamente mensurables. Tales pautas imponen el resarcimiento integral de todas las consecuencias de la incapacidad sobreviviente mas distinguiendo adecuadamente según su proyección lo sea en la esfera patrimonial o en la espiritualidad de la víctima.
III.2.c. Para cuantificar la indemnización por incapacidades permanentes cierto es que el Código de Vélez Sarsfield no contenía directivas precisas (art. 1086 CC).
i] Bajo este escenario la Corte Nacional sostuvo que para su justipreciación no era necesario recurrir a criterios matemáticos, ni tampoco resultaban aplicables, sin más, los porcentajes fijados en la ley de accidentes de trabajo –no obstante admitir su utilidad como pauta genérica de referencia-, sino que debían tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que éstas podían tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación (CSJN Fallos: 320:1361; 327:2722; V. asimismo: SCBA, causa C. 118.133, sent. del 8-IV-2015, e.o.). Con todo, se reconoció que las diversas fórmulas constituían un elemento relevante que había de jugar al lado de un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador había de trabajar para aquella determinación. (cf. voto del Dr. Roncoroni en SCBA Ac. 83.961, sent. del 1-IV-2004; C. 119.926, sent. del 11-II-2015).
ii] El nuevo Código Civil y Comercial, en cambio, contempla directivas detalladas para el cálculo de la “incapacidad sobreviniente”, innovando al exigir el cálculo del valor presente de una renta futura no perpetua. Así, su art. 1746 dispone que "...En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades…”. Las referidas fórmulas se erigen en un parámetro que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de justipreciar la entidad de los daños patrimoniales por lesiones o incapacidad física y/o psíquica. El texto de la norma es rotundo en tanto, para valorar y cuantificar ese género de indemnizaciones -correspondientes a consecuencias resarcibles patrimoniales-, adopta explícitamente el llamado método de capital humano y provee directivas para la realización del cálculo (Acciarri, Hugo A., “El artículo 1746 como nuevo sistema para calcular indemnizaciones y su diferenciación con los anteriores métodos”, LLey online AR/DOC/3626/2015).
Su consideración no significa reducir la labor jurisdiccional a un cálculo aritmético o concebir a la vida humana desde una visión estrictamente economicista. Antes bien, por su intermedio, se restringe el margen de discrecionalidad judicial y se aporta transparencia a la decisión -facilitando su impugnación- al contener la expresión visible, abierta y sistemática del razonamiento seguido a los fines de determinar la cuantía del daño bajo análisis. La ponderación de fórmulas matemáticas constituye por tanto un procedimiento que deja a la vista cada uno de los pasos del razonamiento (Acciarri, Hugo. A, “La cuantificación de indemnizaciones por incapacidad en el nuevo código. Su lógica jurídico-económica”, RCCyC 2015 -julio- 291, LLeyonline AR/DOC/2150/2015; CCCom. MdP, sala II, causa 169.161, sent. del 18/VIII/2016; causa 166.636, sent. del 20-XII-2018). De tal modo se satisface la exigencia constitucional de motivación (SCBA, C. 101.527, sent. del 15-VII-2009; C. 116.658, sent. del 30-IX-2014, e.o.) que, en cuanto concierne a la determinación del quantum resarcitorio, exige que los jueces individualicen y ponderen los elementos de juicio que dan sustento a su decisión, no bastando con mencionar las pautas que se tuvieron en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarlas e interrelacionarlas, proporcionando los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo (SCBA, C. 106.323, sent. del 19-IX-2012; L. 98.664, sent. del 18-IV-2011; L. 116.62, sent. del 15-IV-2015).
III.2.d. En el sub lite, la actora reclamó por separado las secuelas incapacitantes y sus derivaciones patrimoniales bajo los rubros “Daño corporal incapacidad física o daño material físico”, “Daño psicológico” y “Daño estético”, ítems que, con acierto, la judicante de grado abordó de modo conjunto (v. pto. III.2.a, cf. mi voto en causa C. 271.448, e.o). En efecto, no asiste razón al demandado y su aseguradora al objetar la inclusión de la lesión estética en este capítulo. Como ha sostenido la Corte provincial la lesión estética constituye un daño material en la medida en que influya sobre las posibilidades económicas del damnificado o lo afecte en sus actividades sociales proyectándose sobre su vida personal (cf. SCBA, C. 93.144, sent. de 9-VI-2010), sin perjuicio de su valoración al justipreciar el daño moral (SCBA, C. 108.063, sent. del 9-V-2012), no constituyendo un tercer género que deba repararse de modo autónomo (cf. SCBA, C. 100.299, sent. de 11-III-2009; C. 108.063 ya cit. V. asimismo CSJN Fallos 326:847). Con todo, como se indicó “ut supra”, su resarcimiento como daño patrimonial sí resulta procedente en tanto genere una incapacidad que asuma la condición de permanente (CSJN Fallos:
328:4175; 326:1299) y al margen de lo que pueda corresponder por daño moral (Fallos 327:2722) o bien, de resultar reversibles o poder ser atenuadas las secuelas admitiéndose los gastos por tratamiento recomendado a los fines de la recuperación (CSJN, Fallos 326:847).
III.2.e. Tampoco son de recibo los reproches de la actora al sostener que la falta de indemnización autónoma del “daño psicológico” infringe la Convención do Belém do Pará, dada su condición de mujer. En la especie, no se advierte que el género de la actora tenga un papel trascedente en la controversia. Vale recordar que lo que aquí se juzga es el resarcimiento de los daños derivados de un accidente de tránsito en cuyo marco no se constata la presencia de una situación de poder o contextos de desigualdad estructural y/o de violencia que, por cuestiones de género evidencien un desequilibrio entre las partes en litigio. Como recuerda la profesora Kemelmajer de Carlucci, la Corte Interamericana ha precisado que el solo hecho de que una o varias mujeres hayan sido víctimas no significa que tales conductas, en sí mismas, sean discriminatorias en perjuicio de las mujeres. Dicho en otras palabras, no toda violación de un derecho humano cometido en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará. Es menester que la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer haya sido el presupuesto de esa transgresión (cf. CIDH, caso “Perozo y ot. vs. Venezuela”, sent. del 28/01/2009, numeral 291/296; cf. disertación del 8/3/2021 de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, “Sentencias con perspectiva de género”, canal scba). Por lo demás, la especial protección que encuentra respaldo en la normativa supranacional, nacional y provincial (CEDAW, Convención de Belem do Pará, ley 26.485, e.o.) tampoco se traduce en una mejora automática en las sumas de dinero otorgadas por el solo hecho de ser mujer, o en palabras de la profesora Kemelmajer, “no significa reparar daños inexistentes”.
De otra parte, contrariamente a lo argüido por la quejosa, cabe observar que las afecciones psicológicas de carácter permanente han sido ponderadas no sólo al momento de reconocer y establecer el daño moral -esto es, en sus consecuencias o faz extrapatrimonial-, sino puntualmente al estimar la incapacidad sobreviniente en los términos y con el alcance antes indicado, temperamento que se ajusta a la doctrina legal de la Suprema Corte provincial y a lo reglado por el art. 1746 del CC invocado por la propia apelante.
III.2.f. Establecido lo anterior, en orden a las consideraciones vertidas (v. consid. III.2 ap. c), a efectos de justipreciar esta partida he de acudir a una fórmula que permita obtener un capital que, puesto a interés, se amortice en un período calculado como probable de vida productiva de la persona mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera percibido de no haber mediado el evento dañoso (Galdós, J. M. “Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad -art. 1746 CCC-”, RCyS 2016 diciembre, LLeyonline AR/DOC/3677/2016). i] Este procedimiento -como dijera- no se encontraba vedado bajo el régimen del derogado Código Civil y su utilidad fue reconocida tanto por la Corte Nacional como por la Suprema Corte provincial (CSJN, Fallos: 320:1361; 327:2722; SCBA, causa C. 118.133, sent. del 8-IV-2015; SCBA, C. 119.926, sent. del 11-II-2015). En adición, el actual ordenamiento civil establece reglas relativas a la cuantificación de los perjuicios no referidas a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar), sino solo a sus consecuencias, por lo cual su uso no altera la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, pues se limita a sentar una pauta para su liquidación. De ahí que exista acuerdo en que debe distinguirse entre la existencia y la cuantificación del daño, siendo que La segunda operación debe realizarse según la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida o extensión (Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 2º parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234).
Por tanto, las directivas contenidas en los arts. 1741 —último párrafo—, 1745 inc. b, 1746 y concs. del CCCyC resultan aplicables a situaciones como la presente -esto es, relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCC (CNCiv., sala M, “V., A.C. y ot.”, sent. del 31-X-2018, LL 2018-F. 243; CCCom. MdP, sala II, causa 164.033, sent. del 21-VIII-2018). Y tal indemnización debe ser ponderada con realismo económico, teniendo en cuenta que constituye una deuda de valor (arts. 1, 2, 3, 7 y 772 CCC), lo cual impone acudir a un criterio objetivo de medición (CCCom. Azul, sala II, “O.H.S. y ot.”, sent. del 30-XI-2016, LLeyonline AR/JUR/107848/2016).
ii] Ahora bien, el citado precepto no fuerza a seleccionar una fórmula determinada (v.gr. la llamada "Vuotto", ""Marshall", “Requena-Las Heras”, "Méndez", "Acciarri" o la simple propiciada por Zavala de González) ni indica los valores que deben ser adoptados para cada una de las variables principales que integran su conformación (v.gr. ingresos laborales o profesionales y su posibilidad de variación, ponderación de otras actividades económicamente mensurables -v.gr. tareas realizadas dentro del ámbito familiar-, tasa de descuento, período de vida productiva), debiendo el juez proceder a determinar los guarismos correspondientes a cada una de sus ítems a tenor de las pruebas que los interesados hayan aportado al proceso (art. 375 su doc., 384 CPCC).
III.2.g. Llegados a este punto, sin visos de exactitud absoluta, sino en miras de develar una proyección razonable que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, según el curso ordinario de las cosas, he de precisar la sintaxis de la fórmula que habré de utilizar:
C = A . (1 + i)ª - 1 i . (1 + i)ª En ella: “C” es el capital a determinar; “A” la ganancia afectada para cada período; “i” la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado decimalizada y “a” el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima (cf. mi voto en causas C. 268.179, 267.880, 250.863 ya cit.). Y con el objeto de superar los reparos opuestos por la Corte Nacional a la fórmula Vuotto (cf. CNAT, sala III, causa “Vuotto”, fallo del 16-VI-1978) -coincidente en lo sustancial con la “Marshall” o su versión abreviada “Requena Las Heras”- he de analizar, en el caso concreto, la concurrencia o no de posibilidades de que los ingresos de la víctima no sean constantes a lo largo de su vida -ya sea en forma ascendente o descendente- y la eventual incidencia de la incapacidad en la realización de otras tareas cotidianas que no obstante no generar ingresos tengan significación económica, como así también su proyección más allá de la edad legal para acceder al beneficio jubilatorio.
A continuación, procederé a determinar las referidas variables, a saber:
i] la edad de la actora a la fecha del accidente: 18 años (momento a partir del cual efectuaré el cálculo pertinente);
ii] una incapacidad total del 57,77 %;
Según refiere el doctor Álvarez, en su presentación electrónica del 14/11/2019, de las constancias médicas acompañadas surge que, tras el accidente, la actora ingresó al Hospital San Martin con fractura de fémur derecho desplazada cerrada, herida contuso cortante en arco superciliar derecho, por TAC se le diagnostica fractura de peñasco derecho con celdillas etmoidales ocupadas, fracturas de pared anterior de seno frontal y otorragia derecha, siendo operada el 19/3/2015 de la fractura de fémur, con colocación de un clavo endomedular.
En cuanto a su estado actual, el experto señala que la joven Civello presenta cicatriz en arco superciliar derecho de 3 cm. de largo por 0,3 de ancho, transversal, queloide e hipercromática y cicatriz quirúrgica sobre el miembro inferior derecho de 12 cm. de largo por 0.5 de ancho, retráctil, hipercromática y queloide, ambas muy visibles estéticamente. Asimismo, constata un acortamiento de su miembro inferior izquierdo de 1 cm, por lo que debe usar plantillas correctoras; secuelas auditivas por hipoacusia conductiva en oído derecho con pérdida auditiva de 7,7 para el mismo oído y del 1 % para el oído izquierdo, siendo la pérdida bilateral del 1,8 %.
Ilustra, finalmente, que según el baremo de Altube y Rinaldi las incapacidades que tales lesiones provocan, de carácter parcial y permanente, son las siguientes: 30 % por fractura de fémur y acortamiento del miembro inferior; 14 % por cuerpo extraño -material de osteosíntesis; 4% por cicatriz en el muslo; 7% por cicatriz en arco superciliar derecho y 1,8 % por hipoacusia.
A requerimiento de la actora, el facultativo señala que conforme el Decreto 659/96 la incapacidad resultante sería al 76,02 % (v. explicaciones del 12/12/2019). Tal señalamiento, como bien se observa en la impugnación del 20/12/2019, entremezcla ambos baremos: esto es el de uso civil de Altube y Rinaldi y el propio de las incapacidades laborales. Puntualmente, sin brindar mayores precisiones, el perito suma los factores de ponderación contemplados en este último mas partiendo de los porcentajes inicialmente estimados conforme los de Altube y Rinaldi, no advirtiendo que éstos no se corresponden con los que emanan del Decreto 659/96. Los motivos apuntados evidencian que el despacho pericial, en este punto específico, formula una conclusión que el experto no logra justificar adecuadamente. En estas condiciones, su valoración de conformidad con las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (arts. 474, C.P.C.C.), impide tomarlo en consideración.
Por lo demás, si bien en sus explicaciones del 3/12/2019 el especialista alude a que las lesiones estéticas pueden ser resueltas por el cirujano, ratifica sus conclusiones de fs. 362 donde les asignó un carácter permanente y solo precisó que podían ser mejoradas.
A su turno, la perito Maiola da cuenta de las consecuencias en la faz psicológica de la actora quien exhibe un estado anímico depresivo que puede encuadrarse según la Tabla de Evaluación de Incapacidad, DSM IV y Clasificación Internacional de Enfermedades (OMS) como F.43.20, “trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo”, por el que cabe asignar una incapacidad del 20 %, de evolución cronificada (309.I-DMS IV), desencadenando factores estresantes relacionados con los hechos relatados en autos, de efectos persistentes, en un sujeto con estructura neurótica. Compatible con Desarrollo Vivencial Anormal Neurótico D.V.A.N. con manifestación depresiva grado III (Incapacidad 20 %) según la Protocolización de Prestaciones Médicas en Psiquiatría en el sistema de riesgos del Trabajo, Resolución 762/2013 (cf. experticia de fs. 300). Aquí también la facultativa, a pedido de la accionante, adiciona a dicha incapacidad los factores de ponderación del Decreto 659/96, reajustando la incapacidad al 25,6% (v. fs. 308 y 317). Empero, parte del 20 % antes referenciado según los baremos y tablas empleadas en su informe de fs. 300, sin exponer si ese porcentaje liminar es coincidente con el del decreto mencionado.
Pues bien, el apartamiento del juez frente al dictamen pericial constituye una alternativa legal autorizada por el art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial. En el caso, con las salvedades antes apuntadas, en lo que atañe a los informes elaborados por el doctor Alvarez y la psicóloga Maiola no concurren razones de peso suficiente que justifiquen el apartamiento de sus conclusiones centrales (cf. SCBA, C. 98.113, sent. de 20-VII-2008; C. 120.101, sent. de 17-VIII-2016; C. 120.646, sent. del 12-VII-2017, entre otras; esta Sala, causa 268.172, sent. del 5-II-2019). Y ante la procedencia de la reparación de la incapacidad originada a partir de diversas patologías que, por separado, informan se impone su traducción en porcentajes de pérdida de la capacidad funcional total de la persona, utilizando el criterio de la capacidad residual o restante. En el caso, se arriba al siguiente resultado: 1) 30% (por fractura y acortamiento de miembro inferior) sobre 100% = 30%, 2) 20 % (incapacidad psicológica por cuadro depresivo) sobre 80%: 14 %; 3) 14% (por cuerpo extraño, material de osteosíntesis) sobre 56%: 7,84%; 4) 7 % (por cicatriz en arco superciliar derecho) sobre 48,12%: 3,37%; 5) 4% (por cicatriz en miembro inferior) sobre 44,79%: 1,79% y 6) 1,8% (por hipoacusia) sobre 43%: 0,77%, lo que arroja un total del 57,77 % (arts. 474 su doc. CPCC). iii] los ingresos de la víctima habré de estimarlos teniendo en cuenta el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del pronunciamiento censurado -mayo de 2020- que ascendía a $ 16.875 (art. 1 inc. b de la Resol. 06/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el MVyM), incrementado en un 20 %, esto es $ 20.250 (art. 165 del CPCC). Tal determinación amerita ciertas precisiones.
La justipreciación a valores a la fecha indicada resulta conveniente en tanto refiere un momento más cercano al que se hará efectiva la reparación debida (cf. mi voto en causas C. 268.176, sent. del 12-III-2019; C. 261.258, sent. del 14-III-2019; C. 268.136, sent. del 28-III-2019), facultad que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia (cf. arg. causas C. 101.107, sent. del 23-III-2010; C. 100.908, sent. del 14-VII-2010; C. 117.926, sent. del 11-II-2015, C. 108.654, sent. del 26-X-2016).
La consideración del SMVyM obedece a la orfandad probatoria que determine una mayor remuneración de la actora. Cabe aquí señalar que en el año 2015 -a cuyo inicio tuvo lugar el accidente, a saber el 15/3/2015- la actora ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, cursando y aprobando la totalidad de las asignaturas correspondientes a dicho ciclo lectivo. El informe de fs. 303bis/304bis también da cuenta que continúo estudiando los años subsiguientes, obrando constancias de haber rendido al menos hasta el 28/5/2019, fecha del último examen que allí se ilustra. Ahora bien, el hecho de que Civello no interrumpiera su actividad no obsta a la reparación de este perjuicio pues, incluso en este supuesto, la minoración de sus aptitudes influye sobre las posibilidades para insertarse (CSJN, Fallos: 316:1949), a lo cual se suma que también debe repararse la eventual pérdida de chances de ascenso o progreso y la “incapacidad vital” que se relaciona con el desarrollo de tareas de la vida cotidiana que tienen significación económica (tal como hoy día prescribe el art. 1746 del CCC). Esto último justifica la propuesta de computar un incremento del 20 % por cuanto, bajo esta partida, deben ponderarse las labores no remuneradas, pero económicamente mensurables.
Así las cosas, para el cálculo correspondiente tomaré en cuenta la cantidad final de $ 20.250 (esto es, el SMVyM con más un 20 %; art. 165 su doc. CPCC) que estimo suficiente para reflejar la merma experimentada.
iv] partiendo de la base indicada en el apartado que antecede, he de considerar la probabilidad de una variación ascendente y descendente de los ingresos.
Lo primero si bien cabe estimarlo con suma prudencia, en la especie, dada la edad de víctima y el proceso de formación que había iniciado es posible presumir que, según el curso normal y ordinario de las cosas, su remuneración no habría de ser idéntica a lo largo de su vida en razón de eventuales ascensos y demás contingencias posibles (art. 375, 384 CPCC). Lo segundo responde a la presunción razonable de que operará una merma en sus ingresos tras su probable retiro de la actividad.
Con tal objeto, tendré en cuenta cinco ingresos probables, escalonados por etapas. Desde la fecha del hecho y hasta los 30 años, el ingreso ya indicado ($20.250). Desde los 30 hasta los 40 años, un incremento del 25 %, con un 100 % de probabilidad sobre el monto indicado, lo que arroja por resultado la suma de $25.312,50. Desde los 40 hasta los 50 años, un incremento del 25 %, con un 100 % de probabilidad sobre la suma anterior, esto es $ 31.640,62. Desde los 50 hasta los 60 años, un incremento del 25 %, con una probabilidad del 50 % sobre la remuneración anterior, lo que arroja la cantidad de $ 35.595,69. Y desde los 60 hasta los 77 años -v. “infra pto. vi]-, habré de computar la jubilación mínima que, a partir de marzo de 2020, ascendía a $ 15.891,49, incrementada en un 20 %, esto es $ 19.212,81 (art. 1 de la Res. 76/2020 del ANSES)
Trasladando tales parámetros a la fórmula a emplear, se arriba a un ingreso promedio mensual de $ 25.340,77 -a valores de mayo de 2020- que refleja de modo aproximado las posibilidades de conseguir una mejora en los próximos años y un descenso a partir de la edad jubilatoria. Este será el monto a tener en cuenta para la determinación de la variable “A”. v] una tasa de descuento pura del 6 %, que permite obtener el valor presente que surge de descontar una tasa por el adelanto de tales sumas y;
vi] un período de percepción hasta el promedio de vida que llega a los 76,9 años (cf. World Health Stadistics, WHO, Annex 2, Part. 1, Argentine, both sexes), por lo cual a la actora le restaban 55 años de vida productiva. Ello ponderando que no obstante que la edad jubilatoria general para las mujeres se sitúa a los 60 años (art. 19 de la ley 24.241), la presente partida contempla otras dimensiones que exceden lo estrictamente laboral lo cual justifica estimar un lapso mayor al propio de tal índole de actividad (CSJN, in re “Arostegui”, Fallos 331:570).
III.2.h. Trasladando los parámetros desarrollados a la fórmula antes indicada, los guarismos resultantes son los siguientes:
i] A = $ 175.672,35; ii] (1 + i) = 1,06000000; iii] (1 + i)ª =31,12046307; iv] (1 + i)ª - 1 =30,12046307; v] i - (1 + i)ª =1,86722778 y vi] (1 + i)ª - 1 = 16,13111337 i (1 + i)ª Ello arroja como resultado final la cantidad de $ 2.833.790,66 (esto es: C 175.672,35= x 16,13111337).
En función de lo expuesto, teniendo en consideración los antecedentes ya mencionados, el resultado de los cálculos matemáticos efectuados, la edad de Bianca Civello al momento del hecho (18 años) y el tiempo razonable restante para la realización de tareas productivas hasta los 77 años -eso es, 59 años faltantes-, las repercusiones económicas en las aptitudes vitales; el porcentual de incapacidad constatado -57,77%- y el salario calculado a mayo de 2020 por doce meses con las variaciones probables estimadas de tal ingreso y un porcentaje estimado para atender a las tareas no remuneradas pero económicamente mensurables, propongo elevar esta partida -comprensiva de los ítems reclamados a título de “incapacidad sobreviniente: física, psicológica y estética”- a la suma de $ 2.835.000 a valores a la fecha de la sentencia de primera instancia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 375, 384, 474 del CPCC; arts. 1069, 1083, 1086 CC; art. 772, 1746 CCC).
III.3. Costo del tratamiento psicológico III.3.a. La señora Jueza de grado fijó en $ 45.600, a valores de mayo de 2020, los gastos por tratamiento psicoterapéutico aconsejado por la experta (v. consid.IV.a.1 in fine del fallo apelado).
Contra tal modo de resolver se alza la accionante. De un lado, arguye que dicha cantidad resulta escasa para atender el tratamiento futuro recomendado, en tanto ha sido justipreciado a valores históricos. Del otro, sostiene que no se ha contemplado el reembolso del costo del tratamiento ya realizado, ítem que estima comprendido en los gastos sanatoriales incluidos en la cláusula 1 inc. b de la póliza de seguro y cuyo reconocimiento requiere.
III.3.b. La protesta no es procedente.
Al ser interrogada acerca de si el cuadro constatado en la señorita Civello motiva o requiere algún tipo de tratamiento, duración y costo, la experta se pronuncia por su necesidad e indica que para obtener una evolución favorable es relevante que tenga una duración total no menor a 12 meses con una frecuencia de una sesión semanal, con un valor por sesión que ronda los $ 800 (aclarando que 4 o 5 sesiones al mes determina una erogación de entre $ 3.600 y $ 4.000 mensual) (cf. dictamen del 28/8/2019). En sus conclusiones finales, empero, refiere que ante la incapacidad observada y dada la persistencia de los síntomas, la psicoterapia de objetivos limitados debería ser de dos veces por semana durante un lapso no menor a 6 meses (v. pto. V de la citada experticia) Más allá de la diferencia entre ambas indicaciones en cuanto a la intensidad y/o modalidad de la terapia, es lo cierto que el número total de sesiones recomendado no difiere, a saber: o bien una sesión semanal durante 12 meses o bien dos sesiones semanales durante 6 meses. De seguirse esos parámetros, la erogación total oscila entre los $ 43.200 a los $ 48.000, por lo que el monto admitido en el pronunciamiento se encuentra dentro de tales pautas. Dichos valores, por otra parte, no reflejan el costo histórico de la sesión como alega la actora, resultandos acordes a los que esta sala reconocía a mayo de 2020.
Igual suerte adversa ha de seguir la queja por la supuesta omisión de reconocimiento del reembolso del tratamiento ya realizado. En su escrito inaugural la accionante no formuló el reclamo en los términos ahora ensayados; basta constatar que se limitó a requerir por gastos de tratamiento […] el costo que demanda la atención por un profesional psicólogo, cuya determinación exacta se dice la hará el perito (v. fs. 122 vta.). Para más, en sus explicaciones del 6/9/2019, la especialista da cuenta que en su dictamen tuvo en cuenta que Civelli dijo encontrarse en tratamiento -a cuyo respecto se carece de otras precisiones-, y tras sugerir su continuidad, ratificó sus conclusiones iniciales antes reseñadas. En consecuencia, ateniéndome al núcleo de lo pedido en la demanda y lo dictaminado por la experta en torno a la periodicidad y duración del tratamiento, he de proponer a mi distinguida colega la confirmación de este tramo de la decisión (arts. 34 inc. 4, 260, 266, 272, 375, 384, 474 del CPCC).
III.4. Daño moral (daño a la vida de relación, afecciones legítimas, perjuicio juvenil y al proyecto de vida)
III.4.a. Las consecuencias no patrimoniales del hecho ilícito son resarcidas de acuerdo con el art. 1078 del Código Civil, análogo a los arts. 1738 y 1741 del actual CCC. Dicho precepto impone la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima que, al decir de la Corte Nacional, consiste en las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por el damnificado (CSJN, Fallos 340:1185). Su indemnización, conforme doctrina de la Suprema Corte provincial, comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho. Por su intermedio se procura reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida de la persona y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (cf. SCBA, doctr. Ac. 52.258, sent. del 02-VIII-1994; Ac. 79.922, "D., F. y o.", sent. de 29-X-2003; C. 93.343, sent. del 30-III-2011; B. 64.180, sent. del 27-XII-2017).
La prueba de su existencia y magnitud, en principio, recae sobre quien reclama su resarcimiento (art. 375 su doc. CPCC). No obstante, la configuración de determinados extremos fácticos, por su incontrastable gravedad o la índole de los bienes afectados, permiten asumir que el solo hecho del obrar antijurídico acredita el daño moral. En estos supuestos, debe tenérselo por configurado in re ipsa ya que se presume la lesión inevitable de los sentimientos de los legitimados (CSJN, Fallos: 316:2894, considerando 7º; id. in re ”Lima, M. J. y ot.c/Agon”, sent. del 05-IX-2017, Fallos 340:1185), incumbiendo al responsable del hecho dañoso demostrar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (cf. SCBA, causas Ac. 59.834, sent. del 12-V-1998; Ac. 64.247, sent. del 2-III-1999; Ac. 82.369, sent. del 23-IV-2003, entre otras). Tal lo que acontece cuando -como en el caso- se produce la alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra. III.4.b. Ahora bien, su reparación no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo como desde la óptica de la indemnización, puesto que el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (Zavala de González, Matilde "Cuánto por daño moral", LL1998-E-1061; CNCiv., sala K, “Kiernicki”, LL 2008-E, 304).
Con todo, en palabras de la Corte Federal, aun cuando el dolor no pueda medirse o tasarse, ello no impide indemnizarlo teniendo en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un perjuicio accesorio a éste (CSJN Fallos: 334:1821; 334:1821; 340:1185). Su reconocimiento debe procurar satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido, siendo que el dinero constituye un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales (CSJN, Fallos 334:376). En este sentido se inscribe el actual art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial vigente. Lo que se intenta, en definitiva, es conceder una suma de dinero para que el damnificado pueda utilizarla y afectarla a actividades que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones o esparcimientos que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral -como `precio del consuelo´- y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259). Su determinación, sin embargo, no está sujeta a reglas fijas quedando en última instancia librada al prudente arbitrio judicial y a parámetros de razonabilidad (SCBA, C. 117.926, sent. del 11-II-2015), cuidando de no incurrir en demasías que traigan aparejado un enriquecimiento ilícito o un ejercicio abusivo de un derecho (CCCom. 2ª MdP, sala II, causa 118.999, sent. del 24-XI-2015).
III.4.c. En el sub examine, tras destacar que la parte actora había dividido en distintos rubros una serie de afecciones que se engloban en un daño extrapatrimonial, la señora Jueza de grado reconoció la cantidad de $ 550.000 a título de daño moral (v. fs. 158 vta./159).
Ello motiva la protesta de la actora quien, de un lado, objeta que no se reconozca de modo autónomo, y por los montos pedidos en la demanda, el “daño en la vida de relación”, las “afecciones legítimas” y el “perjuicio juvenil y al proyecto de vida”. Sostiene la apelante que las secuelas incapacitantes que afectaron su proyecto de vida deben ser distinguidas del daño emergente y el lucro cesante y justifican su resarcimiento independiente, según la interpretación que asigna a lo fallado por la Corte Interamericana en la causa “Cantoral Benavídez”. Del otro, tacha de exigua la justipreciación del “daño moral”, requiriendo su elevación a la suma $ 1.000.000 o lo que en más estime este tribunal (v pto. II.1). Este tramo de la impugnación ha de prosperar parcialmente.
i] En primer lugar, merece desestimarse el pretendido resarcimiento autónomo del invocado “daño en la vida de relación, a las afecciones legítimas, al proyecto juvenil y al proyecto de vida”. Me explico. Vale aquí reiterar que el daño en sentido jurídico no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, la vida de relación, el perjuicio juvenil, el proyecto de vida, etc.), sino con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales y son tales consecuencias las que son objeto de reparación. De ahí la falta de autonomía de todo supuesto perjuicio que pretenda identificarse en función del bien sobre el que recae la lesión (la vida de relación, la juventud, el proyecto vital, etc.), pues en estos casos habrá que atender a las consecuencias de esas lesiones en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la víctima (cf. voto del dr. Picasso en CNCiv., sala A, ”P.,Z”, ya cit.; cf. mi voto en causas C. 268.179, C. 250.863 ya cit.; v. pto. III.2). Por tanto, ya indemnizadas por su parte las consecuencias patrimoniales derivadas de las lesiones físicas y psíquicas y sus secuelas incapacitantes (v. pto. III.2), el intento de subdividir en múltiples rubros las consecuencias extrapatrimoniales derivadas del hecho dañoso no puede ser atendido.
Para más, a la luz del contenido del escrito de demanda, se imponen las siguientes observaciones:
Mediante el titulado “perjuicio juvenil” la accionante persigue el resarcimiento del dolor que provoca en una persona joven el hecho dañoso y sus consecuencias (v. fs. 124 vta.). Ahora bien, la edad resulta una circunstancia que fue tenida en cuenta al cuantificar las consecuencias patrimoniales del evento dañoso y que también habrá de ser ponderada al justipreciar el daño moral que, en rigor, es lo que ahora se peticiona. A su turno, en apoyo del reclamado “daño a la vida de relación”, la actora invoca jurisprudencia de la Corte nacional relativa a la incapacidad sobreviniente. Dicho rubro, como se viera, incluye la alteración que en tal aspecto genera la incapacidad y como tal, en su aspecto patrimonial, ha sido tenido presente al tratar dicha partida (v. fs. 125 y ut supra pto. III.2; SCBA, L. 116.622 ya cit., e.o.), en tanto en su faz extrapatrimoniales lo será al cuantificar el daño moral (art. 1078 CC y 1738 y 1741 su doc. CCyC).
Las llamadas “afecciones legítimas”, a su vez, están enderezadas a indemnizar el dolor, la pena, tristeza, disgusto, enfado, sufrido y que sufrirá a lo largo de toda su vida por el mal sufrido y por su decadencia psíquica a raíz del accidente (v. fs. 125 vta.). Esto no es otra cosa que aquello que se intenta enjugar con el daño moral (v. pto. IV.a.). Por fin, el “daño o interferencia en el proyecto de vida” es aquel que tiene lugar cuando una lesión incide en el destino de una persona, conforme el curso normal y ordinario de las cosas, y provoca que se frustre, menoscabe o postergue su realización personal (cf. Fernández Sessarego, Carlos, “El daño al `proyecto de vida’ en una reciente sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos”, RCyS, 1999-1324 y ss.). Ahora bien, una lesión de tal índole que irrumpe en un proyecto vital puede exteriorizar sus efectos tanto en el plano patrimonial como espiritual, dando lugar a daños de una y otra especie (cf. CNCiv., sala G, “V., P. J. y ot.”, sent. del 19-XII-2017, LLeyonline AR/JUR/90602/2017), no configurando un daño autónomo o tercer género independiente del patrimonial o moral (cf. Pizarro, Ramón D., “El concepto de daño en el Código Civil y Comercial”, RCyS, 2017-X, 13). De tal modo, la incidencia negativa del evento y sus secuelas en el proyecto vital, en la faceta patrimonial debe ser indemnizada al determinar los menoscabos de tal naturaleza y, en su esfera extrapatrimonial, debe ser tenida en cuenta al resarcir el daño moral. ii] Establecido lo anterior, cabe examinar la determinación cuantitativa de tales consecuencias extrapatrimoniales que la apelante califica de escasa.
En la especie, las lesiones sufridas por la joven Civello quien, al momento del hecho contaba con 18 años de edad y comenzaba sus estudios universitarios (los que, vale remarcar, pudo continuar con regularidad y sin que se registren en su legajo ningún pedido de excepción particular, v. informe de fs. 303 bis/306), le ocasionaron las secuelas incapacitantes descriptas en los dictámenes periciales -v. pto. III.2. Para comprobar las consecuencias experimentadas basta remitirnos a lo ilustrado por los especialistas quienes dan cuenta de un cuadro de situación que, sin duda alguna, configuró padecimientos y sufrimientos que alteraron sustancialmente su estado espiritual, lo que aprueba la reparación del presente item. A ello se suma las repercusiones relatadas por los testigos que compartían con la actora la vida social y universitaria (v. cd. fs. 313). En razón de ello, ponderando los antecedentes ya señalados y las repercusiones en las aptitudes vitales de la víctima y entidad del sufrimiento experimentado, propongo a mi colega elevar esta partida a la suma de $ 2.000.000 (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 375, 384, 474 del CPCC; arts. 1078, 1083 CC; art. 1741 CCC).
Tal propuesta no vulnera el principio de congruencia. La mera circunstancia de que se conceda un monto mayor al peticionado (v. fs. 120vta. y presentación del 29/8/2020) no habilita a tener por configurada tal infracción en la medida que la accionante supeditó la suma reclamada a lo que en más determine el órgano jurisdiccional (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6 CPCC; cf. doctrina de la SCBA, C. 120.946, sent. del 8-XI-2017; C. 119.829, sent. del 23-XI-2016; e.o.; esta Sala, causa 267.925, sent. del 27-XII-2018 y C. 261.258, sent. del 14-III-2019). Por otra parte, si bien en principio nadie mejor que la víctima puede cifrar esta clase de perjuicios, en atención a su carácter subjetivo y personal (cf. esta sala causa C. 272.726, sent. del 18-III-2021), en el sub lite, su estimación a valores a la fecha de la decisión de grado -amyo de 2020-, sumado el hecho de que, bajo la presente partida, han de computarse las consecuencias extrapatrimoniales que la accionante pretendió sean resarcidas de modo autónomo (a saber, como daño moral, daños a la vida en relación, al perjuicio juvenil, a las afecciones legítimas y al proyecto de vida), brindan justificación al otorgamiento de una suma mayor a la requerida de modo aislado como “daño moral” (cf. SCBA, C. 117.573, sent. del 5-III-2014).
IV. Tasa de interés IV.1. El pronunciamiento de primera instancia dispuso que, en atención a que los montos que integran la condena se han establecido a la fecha de esta sentencia, resulta de aplicación la doctrina legal sentada en las causas “Vera” y “Nidera”. En consecuencia, ordenó que se liquiden intereses a la tasa pura del 6 % anual desde la fecha del hecho acaecido el 15 de marzo de 2015 hasta la sentencia dictada el 14 de mayo del 2020, y desde allí en más a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. consid. V y pto. 3 de la parte resolutiva).
Ello es criticado por la actora quien si bien reconoce que el fallo aplica la doctrina de la Corte provincial -a cuyo respecto, según dice, nada tiene que cuestionar-, señala que al fijar la condena a la fecha de la sentencia se beneficia a la aseguradora quien se libera de los accesorios, por lo cual solicita la aplicación de la tasa pasiva digital a partir del hecho.
IV.2. El embate no es de recibo.
En las causas C. 119.176 “Cabrera” y L. 118.587 “Trofe”, ambas falladas el 15-VI-2016, la Suprema Corte de Justicia -por mayoríasostuvo que en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por la citada entidad bancaria y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, correspondía precisar la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento y determinar que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.) (cf. causas C. 119.294, sent. del 3-V-2018; C. 121.219, sent. del 21-II-2018; C. 116.637, sent. del 13-XII-2017; entre otras) (v. esta Sala II, causa C. 267.946, “Ferreyra”, sent. del 27-XII-2018; cf. mi voto causa C. 268.176, sent. del 12-III-2019).
El referido criterio, no obstante, ha sido modulado en aquellos supuestos en que la condena es dictada a valores actuales. En efecto, en los precedentes C. 120.536 “Vera” (sent. del 18-IV-2018) y C. 121.134 “Nidera” (sent. del 3-V-2018), –por mayoría- la Corte provincial estableció que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum indemnizatorio a valor actual, en principio, debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, disponiendo la aplicación de una tasa del 6 % anual desde la mora y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748 CCC) y de allí en más conforme el criterio fijado en “Ginossi”, “Ponce” y “Cabrera”. Este criterio ha sido recientemente reiterado en las causas C. 123.090, sent. del 18-IX-2020 -“Paredes”- y C. 122.708, sent. del 30-XII-2020 -“Cristos”.
En el presente caso, concurre el presupuesto que torna procedente la aplicación de la reseñada doctrina legal, por lo que se impone el rechazo del remedio articulado sobre el punto.
V. Alcance de la cobertura de seguro V.1. En lo que ahora interesa, la magistrada a quo sostuvo que si bien en esa instancia resultaba inviable establecer si el monto de codena superará o no el límite fijado por el contrato de seguro -a saber, $ 4.000.000-, cabía dejar establecido que a todo evento la citada en garantía responderá frente a la actora en los términos de ese contrato celebrado con la demandada, entre cuyas estipulaciones se encuentra el límite de cobertura (arts. 163, 165, 497 CPCC) (v. consid. III de la sentencia censurada).
V.2. La actora objeta tal determinación (v pto. II.1), impugnación que debe ser receptada. Me explico.
i] Asiste razón a la recurrente al sostener que el límite contenido en la póliza de seguros no incluye las sumas que deban abonarse por intereses, gastos y costas judiciales del proceso (arts. 61, 62, 109, 110, 111, 118 y cc. Ley 17.418).
Según ha señalado la Corte provincial, de no ser así la prolongación del proceso perjudicaría siempre al asegurado, tanto mediante la retención -por la aseguradora- de los fondos que integran la suma asegurada, como por el posible ejercicio -por ésta- de una oposición gratuitaaunque no manifiestamente injustificada- a la procedencia de la acción y en desmedro del asegurado (cf. arg. contrario art. 111 3° párr. ley 17.418). Por ende, si el asegurador compareció a la litis, asumió su defensa -a la par del asegurado- y no efectuó depósito alguno de la suma asegurada y del importe de los gastos y costas devengados hasta ese momento, luego no es posible proclamar la liberación de su obligación respecto de los gastos y costas del proceso (conf. art. 110, ley 17.418), debiéndose entender -tal como sostiene la quejosa- que los intereses deben ser considerados como parte integrante de la noción de gastos que da cuenta el art. 111 de la ley 17.418 (cf. SCBA, C. 96.946, sent. del 4-XI-2009), y si por hipótesis el asegurado deba afrontar una parte del daño (vgr. cuando la suma indemnizatoria reconocida a la víctima excediese la suma asegurada,, dicha obligación complementaria ha de ser afrontada en la misma forma proporcional por la aseguradora y el asegurado (art. 111, ley 17.418; conf. Halperín, Isaac, "Seguros", Depalma, Buenos Aires, 2001, 3ª edic. actualizada y ampliada por Barbato, Nicolás, p. 650, 705; SCBA, C. 96.946 ya cit.).
ii] Resulta igualmente atendible la alegada inoponibilidad del límite histórico de la cobertura el presente caso.
En el precedente C. 119.088, fallado el 21-II-2019, la Suprema Corte sostuvo que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho, no puede oponerse al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual en el que también debe ser ejecutada la garantía. Ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora.
Tal limitación “desactualizada” -prosiguió la Corte- devendría frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód.
Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430). Este criterio -como se advierte de la detenida lectura del precedente- resulta operativo en aquellos supuestos en que la cuantificación de la indemnización lo es según valores posteriores a la fecha en que el seguro fue contratado -más precisamente, según parámetros económicos a la fecha de la sentencia. Ello es lo acontecido en el sub lite en tanto, según se decidió en la instancia de origen y se replica en esta alzada, las diversas partidas indemnizatorias han sido justipreciadas a mayo de 2020. En consecuencia, por aplicación de la reseñada doctrina legal, el orden público económico de protección al asegurado y a la víctima impone en estos supuestos, sin dilatar la esfera obligacional de la aseguradora, una revisión equitativa del contrato originario, lo que implica incluir en la medida del seguro al valor de la garantía mínima vigente al momento de la valuación del daño contenida en la sentencia definitiva -en la especie, a mayo de 2020 (cf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y cc.
CN, 16, 21, 499, 502, 530, 953, 1037, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1109, 1137, 1167, 1197, 1198 y cc. CC; 68 y cc. Ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc. Ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 69, 109 118, 158 y cc. LS; 3, 37 y cc. Ley 24.240; 217, 218, 219 y cc. CC; SCBA, causa C. 119.088 ya cit.), lo que así se deja establecido.
Por las razones y con el alcance dado, voto por la AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTION planteada la Señora Presidente, Doctora Ana María Bourimborde, dijo:
I. He de adherir al voto de mi distinguida colega Doctora Hooft, dejando a salvo mi posición sobre la obligatoriedad del empleo de la fórmula matemática para determinar la indemnización por la incapacidad sobreviniente de la actora.
II. Siguiendo el criterio de la Corte Suprema de la Nación “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315:2834; 316:2774; 318:1715; 320:1361; 321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:847). Para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la ley de accidentes de trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación (Fallos: 320:1361; 325:1156)” (C.S.J.N, Fallos: 334:376, Sent. del 12/04/2011).
En línea con ello, la Suprema Corte de la Provincia ha dicho que “en cuanto a la cuantificación del daño he tenido oportunidad de considerar, siguiendo el criterio por la Corte Suprema de la Nación, que para fijar la indemnización por valor vida -lo mismo ocurre si se trata de determinar la reparación del daño por lesiones- no han de aplicarse fórmulas matemáticas, mas sí es menester considerar y relacionar las diversas variables relevantes de cada caso en particular tanto en relación con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, entre otras) como con los damnificados (grado de parentesco, asistencia recibida, cultura, edad, educación, condición económica y social, etc.; conf. C.S.J.N., Fallos: 310:2103; 316:912; 317:728 y 1006; 320:536; 323:3616; causas F.286.XXXIII, in re "Ferrari de Grand", sent. de 24-VIII-2006; B.606.XXXIV, in re "Bianchi y ot.", sent. de 7-XI-2006), datos todos éstos que deben ser prudencialmente valorados por el tribunal (conf. C.S.J.N., Fallos: 310:2103; véase mi voto en la causa C. 97.184, sent. de 22-IX-2010, "Pogonza" y C. 100.002, "FMJ", sent. de 14-IX-2011)” (S.C.B.A, C. 118.220, Sent. del 08/04/2015, voto del doctor Soria).
Ello, por cierto, concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art. 1746 del C.C.C., sancionado por la ley 26.994, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015 (según la ley 17.077), en tanto para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia. Deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de los damnificados, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación.
III. En la especie, mi colega para arribar a la indemnización por incapacidad sobreviniente propuesta, aplica como pauta de referencia un cálculo matemático, con sustento en las diversas variables —mencionadas “supra”— relevantes del caso en particular en relación con la víctima del accidente, con lo cual concuerdo por aducir iguales fundamentos y resultar suficiente a los fines de dar debida respuesta al recurso en examen, razón por la que no encuentro motivos para apartarme de lo decidido (arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1745 y 1746 del C.C.C.; 165 del C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza, Doctora Irene Hooft, dijo:
En atención a lo precedentemente expuesto corresponde -de un lado- receptar parcialmente la apelación interpuesta por la parte actora y -del otro- desestimar el recurso del demandado y citada en garantía y, en consecuencia, modificar la sentencia del 17 de mayo de 2020 en los términos indicados en los puntos III.2, III.4 y V. En todo lo demás que fue materia de agravios se la confirma (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 164, 165, 260, 266, 272, 375, 384, 456 y 474 su doc. CPCC; arts. 16, 21, 499, 901/904, 953, 1069, 1071, 1078, 1083, 1086, 1137, 1197, 1198 su doc. y conc. CC; 1, 2, 3, 7, 772, 1738, 1741, 1746 del CCyC; 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs. CN; 68 y cc. ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc. ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc- ley 17.418 [LS]; 3, 37 y cc. ley 24.240). Y atento el resultado alcanzado, las costas de esta instancia se imponen a los demandados y citada en garantía sustancialmente vencidos (art. 68 su doc. CPCC). Así lo voto.
La Señora Presidente, Doctora Ana María Bourimborde, adhirió al precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que la sentencia dictada el 17 de mayo de 2020 debe ser parcialmente modificada con el alcance indicado en los puntos III.2, III.4 y V (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 164, 165, 260, 266, 272, 375, 384, 456 y 474 su doc. CPCC; arts. 16, 21, 499, 901/904, 953, 1069, 1071, 1078, 1083, 1086, 1137, 1197, 1198 su doc. y conc. CC; 1, 2, 3, 7, 772, 1738, 1741, 1746 del CCyC; 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs. CN; 68 y cc. ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y cc. ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y cc- ley 17.418 [LS]; 3, 37 y cc. ley 24.240).
POR ELLO:
y demás fundamentos del precedente Acuerdo: 1) se hace parcialmente lugar a la apelación interpuesta por la actora y 2) se desestima el recurso impetrado por los demandados y la citada en garantía Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada. En consecuencia, se modifican los rubros “incapacidad sobreviniente” y “daño moral” que se fijan en las sumas de $ 2.835.000 y $ 2.000.000 respectivamente, a valores de la fecha del pronunciamiento apelado dictado en mayo de 2020 (v. ptos. III.2 y III.4). Asimismo, se deja establecido que el límite de la cobertura del seguro lo será en los términos precisados en el considerando V. En todo lo demás que fuera materia de agravios se la confirma. Y atento el resultado alcanzado, las costas de esta segunda instancia se imponen a los accionados y citada en garantía sustancialmente vencidos (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 51 de la Ley 8904 y 31, 51 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia