Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 25082-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso. Costas a la vencida (artículo 68 del C.P.C.C.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Causa N° 22.867/2012 “CLINICA PRIVADA SRL (TF 25082I) c/ D.G.I.”
Buenos Aires, de mayo de 2014.
Estos autos caratulados: “Clínica Privada SRL (TF 25082I) contra D.G.I.”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
I. Que el organismo jurisdiccional confirmó, a fs. 230/232, la resolución de la AFIPDGI por la que se aplicó a la actora una multa en el impuesto a las ganancias, correspondientes a los períodos fiscales 2001 y 2002, de conformidad con lo establecido por los artículos 46 y 47, inciso a, de la ley procedimental, con la reducción prevista por el art. 49 del mismo ordenamiento. Para así resolver, consideró que la conducta de la actora, al consignar datos que no reflejaban su situación impositiva real, había resultado dolosa y, por ende, pasible de la sanción que le había aplicado el Fisco.
II. Que a fs. 253/254 vta. y 255/259 la actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara. Sostiene que no se acreditó en la especie la existencia de conducta dolosa, considerando que la prueba del dolo directo debió ser producida por el Fisco nacional.
III. Que a fs. 263/266 contestó el traslado la representación fiscal, quien solicitó que se confirmase la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso.
IV. Que de acuerdo a lo que surge del análisis de autos y de los antecedentes administrativos acompañados (Informe Final de Inspección obrante a fs. 6/11), se ajustaron ingresos de los períodos 2000 a 2002 por diferencias entre lo indicado en los balances contables y los libros IVA Ventas. Por otro lado, se impugnaron algunos gastos por carecer de la documentación respaldatoria y otros (honorarios a socios gerentes) por no encontrarse “puestos a disposición de los socios” en el libro de Actas de Asambleas antes del vencimiento de cada una de las declaraciones juradas correspondientes, originando las pertinentes declaraciones rectificativas por los períodos 2000 a 2002.
El organismo recaudador consideró que la conducta de la actora encuadraba en los artículos 46 y 47, inciso a, de la ley 11.683 y el Tribunal Fiscal confirmó la procedencia de la sanción aplicada.
V. Que por la primera de las normas citadas se sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad. A su vez, por el art. 47 se establece la presunción de existencia de la voluntad de producir esos efectos, entre otras, cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del art. 11 (inc. a).
VI. Que la defraudación fiscal se configura, entonces, con la comisión de un artificio, de un engaño, de una conducta dirigida a evadir el tributo y evitar las consecuencias sancionatorias (conf. esta Sala, 151098, “Alonso Mario Oscar”; Sala II, 251094, “San Justo S.A.”, L.L. 1995B p. 144; Sala V, 29399, “Batello, Tarcisio L.”, L.L. 1999E, p. 802; y 8299 “Casino del Litoral c/D.G.I.”).
VII. Que la existencia de dicha conducta, comprensiva del elemento intencional, puede considerarse probada en autos si se atiende a que la actora, en su declaración jurada, consignó datos que no reflejaban su verdadera situación patrimonial.
En ese sentido, la fiscalización actuante ajustó los ingresos de los períodos 2000 a 2002 por diferencias entre lo indicado en los Balances Contables y los Libros IVA Ventas. Además, se impugnaron gastos por no contar con la documentación respaldatoria correspondiente, originando rectificativas de declaración jurada períodos 2000 a 20002, conformadas por el contribuyente. Por lo demás, la actora no logró desvirtuar lo afirmado por el organismo fiscal con las probanzas que acrediten la inexistencia del elementos subjetivo de la figura del artículo 46 de la ley de rito.
Por el contrario, el juez administrativo, después de evaluar las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon la cuestión, realizó el pertinente CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV encuadre de la conducta ilícita verificada dentro del marco normativo impuesto por la ley 11.683.
VIII. Que cabe señalar, además, que la actora, de no haber sido fiscalizada, probablemente jamás hubiera pagado el impuesto adeudado, por lo que la conducta adoptada se ajusta claramente a lo previsto en el inciso a, del artículo 47 de la ley 11.683.
Por todo lo expuesto, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso. Costas a la vencida (artículo 68 del C.P.C.C.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia