Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36588-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por CLK SA y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2022. JSY Y VISTOS;
I. Que la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante sentencia del 16/7/2019 –obrante a fs. 98/102– confirmó la Resolución Nº 67/12, del 31/7/2012, suscripta por la Jefa de la División y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2008 a agosto de 2009, con más los intereses resarcitorios, y se aplicó una multa equivalente a tres veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en lo dispuesto por los arts. 46 y 47, incs. a) y b), de la Ley Nº 11.683.
Para decidir de ese modo, puntualizó que en el caso correspondía determinar la procedencia de la impugnación de facturas por parte del Fisco Nacional respecto de un proveedor de la aquí actora, la que había originado la obligación de la recurrente frente al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2008 a agosto de 2009, ambos inclusive. A fin de dilucidar la cuestión, consideró que debía analizarse la situación del proveedor puesto en crisis, a la luz de la actividad fiscalizadora obrante en las actuaciones administrativas. Luego de realizar una reseña de las constancias probatorias obrantes en el expediente administrativo, sostuvo que para que se pudiera reconocer al contribuyente el crédito fiscal, éste debía probar, entre otras cosas, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas donde el impuesto se encontrare discriminado.
Así las cosas, expresó que la mera existencia de facturas en legal forma no habilitaba, sin más, el cómputo del crédito fiscal. En efecto, indicó que del texto del art. 12 de la ley de IVA se aprecia la evidente intención del legislador de resguardar la determinación final del Alta en sistema: 10/08/2022 gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pudiese ser computado como tal por el contribuyente. En este marco, adujo que el requisito para la computabilidad del crédito fiscal, basado en la “generación del débito fiscal” o “perfeccionamiento del hecho imponible” en cabeza del vendedor, locador, importador o prestador, como determina el último párrafo del art. 12 de la ley de IVA, no suponía la posible declaración y pago por parte de éste del gravamen, sino que requería que mediara la efectiva existencia de los mismos y que éstos fueran puestos a disposición del comprador.
En el caso de prestaciones de servicios, salvo la percepción total o parcial del precio, afirmó que debía estarse ante el momento en que se termina la ejecución o prestación, lo que sólo podía materializarse al verificarse la efectiva prestación del servicio. Así las cosas, precisó que en casos como el debatido –proveedor considerado apócrifo– ante la aparición de un comprobante de gasto falso el ente fiscal se encuentra habilitado para impugnar la erogación, justamente porque no refleja el verdadero concepto de la salida. De tal forma, puso de relieve que el contribuyente inspeccionado se vería impedido de efectuar computar el crédito fiscal proveniente de dicha compra en el impuesto al valor agregado.
De este modo, indicó que no podían considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretendía equivocadamente el apelante, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indicaba que se trataba de situaciones irrazonables, desde el punto de vista del supuesto trato comercial que se conjugan con otras anomalías propias de operaciones falsas y que habían sido suficientemente detalladas en el informe final de inspección y apoyadas en una consistente tarea de fiscalización.
A su vez, esgrimió que un supuesto era reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no hubiese Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y/o al impuesto a las ganancias, o que las hubiese presentado en forma constante con saldo a su favor o con saldos a pagar exiguos, circunstancias estas, que resultaban completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastaban, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno. Sin embargo, señaló que otro supuesto muy distinto era la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevaban a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y, como corolario, una actitud de la apelante que se limitaba a aseverar dogmáticamente que no le correspondía el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno (gerentes, domicilios reales, depósitos, seguros, acreditación de medios de pago fehacientes, sujetos encargados de la cobranza, etc.) tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resultan de su exclusivo interés.
Bajo tales pautas, adujo que en el caso resultaba aplicable el criterio según el cual la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el art. 377 del Código Procesal, cada parte debe probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, puso de manifiesto que correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus operaciones y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que era la parte que se encontraba en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseían entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentaba probar mediante la documentación exhibida. En la misma línea, sostuvo que si bien el organismo fiscal no podía colocar en cabeza del Alta en sistema: 10/08/2022 contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustituida de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional eran suficientes para dudar de la existencia de las operaciones en cabeza del proveedor aquí cuestionado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
En este entendimiento, afirmó que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde hayan surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devolviera su verosimilitud. Sin embargo, sostuvo que ello no podía realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Así las cosas, luego de referirse a la prueba pericial contable, concluyó que como no se encontraba cuestionada la operación ni el volumen de las toneladas exportadas, aquella no resultaba idónea para cuestionar el criterio sostenido por el organismo fiscal para efectuar el ajuste discutido en autos, porque lo que se cuestionaba era que el servicio de transporte no había sido efectuado por el Sr. Nelson Fernando Rodríguez.
A su vez, indicó que de la lectura de las actuaciones se desprendía que el análisis del Fisco Nacional, efectuado sobre el proveedor impugnado, se había basado en una profunda investigación que se requería para el caso.
También, añadió que en el examen de las actuaciones no se había considerado relevante que el proveedor no figurase en la base Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
APOC al momento de las operaciones cuestionadas y que contara con autorización para emitir comprobantes, pues al demostrarse los extremos que tornaban inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comportaba un factor que permitiera soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implicaba la imposibilidad de la concreta realización de las mismas. Asimismo, aclaró que no era vital la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales para que dichos sujetos, proveedores, se encontraran habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación, todo lo cual podía hacer final y eventualmente reprochable y sancionable el incumplimiento de deberes de los funcionarios actuantes. En este sentido, afirmó que a la luz de las constancias del expediente, lo que debía establecerse es la materialidad y veracidad de la operación desde el punto de vista económico dado que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, era un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes. Por otro lado, teniendo en cuenta que la actora no había acreditado que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le es imputable, confirmó, con costas, los intereses resarcitorios aplicados en la resolución apelada.
Finalmente, con relación a la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado –por los períodos fiscales 5/08 a 8/09– señaló que el art. 46 de la Ley Nº 11.683 exigía para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo, elementos que se presentaban en el caso analizado.
Alta en sistema: 10/08/2022 II. Que, contra aquel pronunciamiento, interpuso recurso de apelación CLK SA a fs. 103 y expresó agravios a fs. 110/113, los cuales fueron contestados por el Fisco Nacional a fs. 118/127. Sostiene que la sentencia omite considerar cuestiones que resultan del propio expediente y cuyo contenido no solo es determinante para la adecuada resolución del caso sino que siguiendo la idea expresada por la propia sentencia, habría conducido a un resultado contrario. En esta línea, afirma que la contradicción que desnuda la sentencia es evidente si se considera que en el pronunciamiento se insiste en sostener un ajuste a pesar de que se encuentra probado el hecho – reconocido por la Administración– que motivaría su revocación. En este sentido, indica que al reconocerse la existencia de la fruta exportada, se reconocería necesariamente la prestación del servicio de transporte de la fruta. De este modo, esgrime que la interpretación de las constancias de la causa que realiza el Tribunal Fiscal, supone que tanto la AFIP como la sentencia intentan extender a su parte una suerte de responsabilidad solidaria por los incumplimientos formales y/o materiales del proveedor para con el organismo recaudador. En este orden de ideas, aduce que prueba de esto último es que los únicos indicios que menciona la sentencia –al igual que la resolución determinativa– son los relativos a deficiencias formales del proveedor, pero no respecto de la prestación del servicio en cuanto tal. En función de lo expuesto, considera que la sentencia contraviene no solo el principio de congruencia sino que con su interpretación desarticula el texto de los arts. 5, 6 y 12 de la ley de IVA. En esta línea, indica que resulta inexplicable la subsistencia jurídica y racional del reclamo de la AFIP y que es avalado por la sentencia. En efecto, considera que si el Fisco no desconoció que se hubiesen realizado los trabajos de cosecha de limones, ni tampoco la existencia de los pagos de las facturas impugnadas mediante los cheques indicados, de manera Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
tal que dichos extremos constituiría un principio de prueba demostrativo de la existencia de las operaciones impugnadas.
Finalmente, afirma que sin perjuicio de que la revocación de la sentencia conllevaría la revocación de todos los aspectos del ajuste, es decir, el capital, los intereses y la multa, en el caso de autos se encuentran satisfechos todos los extremos que conducen a la declaración de extinción de la acción para la aplicación de la sanción de multa por el excesivo e injustificado plazo de tiempo por el que se ha encontrado sometido a proceso CLK SA.
III. Que, de manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Que cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inc. b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la Alta en sistema: 10/08/2022 revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado.
En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (cfr. esta Sala, in rebus: “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c. DGI s/Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (cfr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/04/2010; esta Sala, “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/2007; entre muchos otros).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (cfr. Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (cfr. esta Sala, in re: “Golden Penaut Argentina SA”, ya citado).
En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del Alta en sistema: 10/08/2022 7/5/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros).
V. Que, en este entendimiento, y en lo que aquí interesa, cabe precisar que el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento confirmó la Resolución Nº 67/12, del 31/7/2012, suscripta por la Jefa de la División y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2008 a agosto de 2009 del actor.
Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta las siguientes constancias probatorias:
(i) Que el único proveedor cuestionado se trataba de una persona física que se había inscripto en el organismo fiscal a partir del mes de abril de 2008 en la actividad de transporte automotor de cargas NCP.
(ii) Que el procedimiento se llevó a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente, el Sr. Nelson Fernando Rodríguez, quien manifestó lo siguiente: que desde el mes de abril de 2008 realizaba la actividad de transporte automotor de carga; que por su actividad emitía facturas por el total del servicio; que no poseía camiones ni ningún otro rodado para el desarrollo de su negocio, subcontratando el servicio a terceros que a su vez le facturaban a él el total del servicio; que para el desarrollo de su actividad no poseía empleados en relación de dependencia; que los servicios subcontratados de transporte eran cancelados con cheques, efectivo y/o gasoil o aceites; que casi con exclusividad los servicios de transporte que prestaba eran para el traslado de fruta fresca de citrus; y que casi siempre sus cobranzas era con Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cheques de los clientes o transferencias bancarias y que no poseía inmuebles a su nombre.
(iii) Que el Sr. Rodríguez aportó copia de los Libros IVA Ventas y Compras y el total de las acreditaciones bancarias y sus depuraciones. En atención que el fiscalizado no poseía camiones ni acoplados para el desarrollo de su actividad, la inspección actuante analizó el Libro IVA Compras a los efectos de verificar quienes eran los proveedores que realizaban el servicio de trasporte propiamente dicho, constatándose de dicho análisis con los comprobantes respaldatorios de compras puestos a disposición por el contribuyente, que la totalidad de las facturas más significativas de compras eran por servicios de transporte y por la compra de gasoil.
(iv) Que se circularizó a la totalidad de los proveedores del servicio de transporte, recibiéndose en todos los casos como respuesta que desconocían al Sr. Rodríguez, salvo uno de ellos –el Sr. Jorge Carlos Mingolo– que reconoció las operaciones, pero poseía similares inconsistencias que el fiscalizado, es decir, no poseía camiones ni acoplados, no poseía propiedades, no ingresaba saldos resultantes de las declaraciones juradas, débitos fiscales de IVA similares a créditos fiscales y las acreditaciones bancarias resultaron insignificantes, y que la inspección destacó que todas las facturas con ese proveedor habían sido canceladas en efectivo, según fotocopias de los recibos aportadas por el propio proveedor.
(v) Que los actuantes pusieron de relieve que los proveedores de servicios de transporte que desconocieron haber efectuado operaciones con el Sr. Rodríguez, exhibieron los originales y aportaron fotocopias de las facturas emitidas por ellos que tienen los mismos números de las facturas registradas en el Libro IVA Compras del inspeccionado, constatándose que las facturas exhibidas por los proveedores fueron emitidas a otros clientes distintos del Sr. Rodríguez, Alta en sistema: 10/08/2022 por lo que –a juicio de la inspección– probaría que utiliza talonarios mellizos y se auto-facturaría los servicios de transporte que utiliza como costo y crédito fiscal;
(vi) Que respecto de los proveedores de combustiblegasoil, que según el inspeccionado fue usado para cancelar operaciones de adquisición de servicios de transporte, se señaló en el informe que los proveedores de servicios de transporte negaron haber efectuado operaciones con el Sr. Rodríguez, y de haber entregado gasoil para cancelar servicios de transporte esta entrega debiera haber sido facturada por el contribuyente dado que se trataría de una dación en pago que se encuentra gravada con el IVA, y corresponde su facturación.
(vii) Que se circularizó a los clientes que figuraban en el Libro IVA Ventas y en lo que se refiere a CLK SA y la forma en que cancelaron sus operaciones, se requirió al Banco Credicoop Coop. Ltda. la fotocopia de cuatro cheques, respondiendo la institución bancaria, que uno de ellos correspondía a la modalidad de cheques truncado depositado en otra entidad. En cuanto a los tres restantes se verificó que se depositaban en cuentas del fiscalizado o eran endosados por éste y depositados en cuentas de terceros que no figuraban en el Libro IVA Compras del contribuyente.
(viii) Que asimismo se circularizó a los bancos en los que el verificado posee cuentas, a los efectos de verificar cual era el destino del dinero que se acreditaba en las mismas, constatando de las fotocopias de los cheques recibidos que no había cheques cuyos beneficiarios sean proveedores que figuran en el Libro IVA Compras.
(ix) Que en lo que respecta la prueba pericial contable producida en la causa (cfr. fs. 62/72) se desprendía, sobre la base de la documentación aportada por la apelante, que el volumen total de fruta exportada en el período 5/08 a 8/09 se enocntraba documentada con los permisos de embarque. En cuanto a si existía una adecuada relación entre el total de servicios de flete, con el volumen total de toneladas exportadas Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
en el período cuestionado, la perito propuesta por la actora indicó que sí existía concordancia. Sin embargo, el perito propuesto por el Fisco Nacional, entendió que no podía expedirse sobre la cuestión en función de la documentación existente.
VI. Que, en este contexto, y de conformidad con lo reseñado en el considerando I, cabe puntualizar que el Tribunal Fiscal expresó que teniendo en cuenta que no se encontraba cuestionada la operación ni el volumen de las toneladas exportadas, lo alegado por el recurrente no resultaba idóneo para cuestionar el criterio sostenido por el organismo fiscal para efectuar el ajuste discutido en autos, porque lo que se cuestionaba es que el servicio de transporte no había sido efectuado por el Sr. Nelson Fernando Rodríguez.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la Alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en el considerando IV–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen. En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que era válida la determinación de oficio al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2008 a agosto de 2009 del actor.
Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos en este punto.
VII. Que, por otro lado, con relación al plazo razonable que debe durar el proceso sin afectar los derechos constitucionales y los tratados internacionales, esta Sala ha sostenido, con sustento en el precedente de la Corte Suprema registrado en Fallos: 335:1126, “Losicer, Alta en sistema: 10/08/2022 Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 – SUM FIN 708)”, del 26/6/2012, que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produzca la conculcación del derecho involucrado, pues existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en las siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (cfr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark Argentina SA TF 32663-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 103/2019, del 26/12/2019; “Alba Compañía Argentina de Seguros SA TF 3600-A c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.452/2016, del 17/4/2018; “Jeferson Sudamericana c/ DGA”, Causa Nº 42.279/12, del 6/6/2013, entre muchos otros; ver también, “AMX Argentina S.A. c/ EN-Mº Comunicación y otro s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 77.974/2016, del 5/11/2019).
De este modo, no se advierte que en el caso se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional (arg. Fallos: 335:1126; esta Sala, in rebus: “Miranda Roberto y otro c/ BCRA Resol 142/10”, Causa Nº 1.405/2011, del 7/2/2013; y “Kimberly Clark Argentina SA” y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, ya citados). Máxime si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados, sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de pronto despacho de las actuaciones (arg. Fallos: 322:663). En definitiva, tales circunstancias determinantes del rechazo de los agravios articulados por la recurrente al respecto.
VIII. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida en autos (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Alta en sistema: 10/08/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12.113/2021: “CLK SA (TF 36588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por las razones expuestas, SE
rechazar el recurso interpuesto por CLK SA y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 10/08/2022
Fin de la sentencia