Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2Confirmar las Resoluciones RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en las actuaciones administrativas SIGEA 19144-9946-2019 y 19144-9955-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Clorox Argentina SA, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-82624739-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Agosto de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el EXP-2022-30501292-
APNSGASAD#TFN caratulado: “CLOROX ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, El Dr. Juan M. Soria dijo:
I. Que, mediante RE-2022-30500919-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma Clorox Argentina S.A., por medio de apoderado y apela las Resoluciones nros. RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM , dictadas por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires, en tanto denegaron la solicitud de devolución de los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 793/2018, por la suma de $431.882,87, abonados en relación a los PE Nros. 18001EC01080201A y 18001EC01082159Y. La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó la exportación allí declarada y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18.
Señala que dicho decreto fijó para todo el universo arancelario un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería) invocando para disponerlo los arts. 99 inc. 1 y 2, de la Constitución y el 755 del Código Aduanero (“CA”). Agrega que si bien en los considerandos del decreto se destaca que la norma es un decreto reglamentario lo cierto es que opera como un reglamento delegado; es decir, aquél que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el Poder Legislativo. Por ello argumenta que el decreto aquí cuestionado, entonces, no es un mero reglamento, sino que opera como el antiguamente denominado reglamento delegado (autorizado a partir de la doctrina sentada por la Corte en Delfino-Mouviel-Cocchia que admitió la delegación impropia) y que tenía sustento en el antiguo art. 86, inc. 2 de la Constitución y que hoy en día -luego de la reforma del año 1994- se encuentra prohibido por el art. 76.
Explica que el servicio aduanero entiende que el mencionado decreto 793/18 se dictó en el ámbito interno de la administración y que, por lo tanto, no le resultan aplicables las conclusiones a las que arribó la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”. Sin embargo, señala que la Aduana omite considerar no solo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto en cuestión, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada.
Cita el principio de legalidad y refiere jurisprudencia de la Corte Suprema, considerando que es indudable que, en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; opone que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera Patagónica”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. Plantea que es indudable que el decreto 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución; por ello los derechos de exportación allí fijados, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica”.
Expresa que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó; lo que recién ocurrió el 13/12/2018, cuando entró en vigencia la ley 27.467, por lo cual siendo que los PE aquí involucrados se oficializaron previo a dicha fecha, y visto que, conforme el art. 726 del CA, el momento imponible queda fijado con el registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia de pago del derecho de exportación establecido por el decreto 793/18 es improcedente. Hace referencia a la facultad de este tribunal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que, si bien es cierto que el artículo 1164 del CA le impide, en principio, al tribunal pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, si se lo permite en tanto la Corte hubiere declarado su inconstitucionalidad.
Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.647 que lo ratificó. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. Que, por IF-2022-82322068-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido en la causa y en primer lugar y cumpliendo con un imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte o surjan de las actuaciones administrativas que acompaña. Hace referencia a los hechos que originaron la cuestión. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema.
Cita jurisprudencia de este tribunal. Refiere a la limitación de este tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. Manifiesta que queda claro que en la especie se produjo la traslación del tributo al importador extranjero, quien, en definitiva, fue quien soportó económicamente los derechos de exportación, motivo por el cual deviene improcedente que la encartada pretenda se le devuelva la suma de dinero que envió el comprador, puesto que ella, solamente se limitó a pagar, con las divisas recibidas desde el exterior.
Expresa que dicha traslación no requiere mayor demostración que la propia declaración comprometida por la actora en las destinaciones de exportación a consumo involucradas, teniendo en cuenta el axioma jurídico “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Plantea que de lo expuesto se desprende la carencia de derecho o falta de legitimación activa o tradicionalmente denominada "falta de acción", argumentando que en el caso la firma reconoció expresamente que los derechos fueron absorbidos por el comprador y que por ello, no corresponde acceder a la devolución intentada por cuanto lo contrario importaría generar un enriquecimiento sin causa, entendido este como “un desplazamiento patrimonial, un traspaso de bienes de una persona a otra sin justificación jurídica” y solicita que se resuelva la falta de legitimación activa, y que se rechace la acción intentada por la actora, con costas.
En subsidio, solicitase rechace la repetición intentada atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que, seguidamente, se corre traslado a la actora del planteo de falta de legitimación activa planteada por la representación fiscal. Posteriormente la actora contesta el traslado conferido, remitiendo a lo expuesto en su recurso de apelación. Señala que surge con claridad del propio Código Aduanero y de la unánime doctrina en la materia, la identidad de los responsables de los derechos de aduana. Indica que el Código distingue entre responsables (o deudores) por deuda propia y los responsables (o deudores) por deuda ajena y en alusión a los primeros, al referirse a los deudores y demás responsables de la obligación tributaria aduanera, el CA incluye a los importadores y exportadores. Sostiene que se entiende que “el importador y el exportador realizarán el hecho gravado por los derechos aduaneros y se constituirán, de tal forma, en deudores, por deuda propia, de los derechos de importación o de exportación que gravan la importación y la exportación para consumo de las mercaderías”. Cita doctrina. Manifiesta que resulta evidente que, en el caso, el único deudor de los derechos aduaneros que debían pagarse (y se pagaron) en el marco de la exportación era, precisamente, la firma “Clorox Argentina SA”, en su carácter de exportador, por lo cual al ser éste el sujeto que pagó los tributos, se encuentra legitimado para solicitar la devolución de los mismos, conforme lo dispuesto en el art. 809, ss. y cc., del CA. Agrega que en el escrito de traslado la contraria pretende afirmar la excepción opuesta por el hecho de que en la declaración aduanera se señaló que el derecho de exportación estaba incluido en el precio, lo que resulta un absurdo que evidencia el desconocimiento total sobre los aspectos transaccionales. Finalmente solicita se desestime la excepción de falta de legitimación activa deducida por la demandada, con costas.
Posteriormente, se elevan los autos a la Sala “F” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones SIGEA 19144-9946-2019, se inician con la repetición de derechos de exportación abonados en relación al PE 180001EC0180201A (of.08/11/2018), presentado el 05/09/2019 (ver fs. 1/25). A fs. 27/31 obran agregados prints de pantalla de Declaración Detallada, Consulta de Presupuesto General y Listado de afectación de Depósitos, respectivamente. A fs. 36 se remiten las actuaciones a la División Sumarial y Repeticiones. A fs. 39 se agrega print de SIADERE, con el mensaje "El documento de embarque existe en la Cta. Cte. Aduanera", en consecuencia, a fs. 40 se remite el expediente a la División Análisis y Diseño de Recaudación Aduanera, a fin de que informe el destino de los fondos de la destinación en cuestión. A fs. 44 dicha División informa que la Destinación en trato se oficializó el 08/11/2018 y que el exportador ese día pago $ 170.128.28 en concepto de derecho de exportación adicional. A fs. 53 la División de Arancel Informático, informa que a la fecha de oficialización de la Destinación de Exportación a Consumo 18001EC01080201A ostentaba un derecho de exportación del 0%de acuerdo a lo establecido por el Dto. 1126/17 y modificatorias, más el derecho de exportación adicionado del 12%, conforme al Dto. 793/2018, con los límites de su art. 2°. A fs. 54 se encuentra glosada la Nota 705/21 (DV TECE) por la cual se opina que no se debe hacer lugar a la devolución. A fs. 57/58 obra el Dictamen Jurídico IF-2021-01497731-AFIP-DVDRTA#SGASJ y a fs. 62/64 vta., se dicta la resolución RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM, que en autos se apela.
Que las actuaciones SIGEA 19144-9955-2019, se inician con la repetición de derechos de exportación abonados en relación al PE 18001EC0182159Y (of.15/11/2018), presentado el 05/09/2019 (ver fs. 1/23). A fs. 24 se abre el procedimiento de repetición. A fs. 25/29 obran agregados prints de pantalla de Declaración Detallada, Consulta de Presupuesto General y Listado de afectación de Depósitos, respectivamente. A fs. 42 la División Análisis y Diseño de Recaudación Aduanera informa que la Destinación en trato se oficializó el 15/11/2018 y que el exportador ese día pago $ 261.700.59 en concepto de derecho de exportación adicional. A fs. 50 la División de Arancel Informático, informa que a la fecha de oficialización de la Destinación de Exportación a Consumo 18001EC01082159Y ostentaba un derecho de exportación del 0%de acuerdo a lo establecido por el Dto. 1126/17 y modificatorias, más el derecho de exportación adicionado del 12%, conforme al Dto. 793/2018, con los límites de su art. 2°. A fs. 51 se encuentra glosada la Nota 773/21 (DV TECE) por la cual se opina que no se debe hacer lugar a la devolución. A fs. 54/55 obra el Dictamen Jurídico IF-2021-01621342-AFIP-DVDRTA#SGASJ y a fs. 57/59 vta., se dicta la resolución RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM apelada en autos.
V. En primer lugar, debe tratarse el planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos. Al respecto considero que debe rechazarse con fundamento en que el fisco no probó su pretensión del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial, sin costas.
VI. Corresponde resolver en la causa si las Resoluciones RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022- 12-E-AFIPDIBASA#SDGOAM, dictadas por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires, en cuanto denegaron la devolución de la suma pretendida por Clorox Argentina SA, en concepto de derechos de exportación (abonados con relación a los a los PE Nros 18001EC01080201A y 18001EC01082159Y, oficializados el 08.11.18 y 15/11/2018, respectivamente), se ajusta a derecho. Mediante los referidos Permisos de Embarques la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29.10.21, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-202024698973-APN- SGASADTFN-29-10- 2021.pdf). En consecuencia, opino que en este caso, -pese a que votaré en sentido contrario por aplicación del plenario del tribunal-, hubiera correspondido: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar las resoluciones apeladas; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma reclamada de Pesos Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Dos con Ochenta y Siete centavos ($431.882,87), con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VII. Que, en efecto, el 26.04.22, este tribunal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN, caratulada: “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN”, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Clorox Argentina SA.
VIII. Que, en cuanto a las costas deben imponerse por su orden, atento a que el contribuyente contó siempre con sobrados argumentos para solicitar la devolución; fundamentos que, incluso, son los que sustentan la posición unánime de la Alzada respecto de la cuestión de fondo: la nulidad constitucional del decreto 793/18 entre el 04/09/18 y el 04/12/18.
IX. Por ello VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar las Resoluciones RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM, dictadas por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en las actuaciones administrativas SIGEA 19144-9946-2019 y 19144-9955-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Clorox Argentina SA, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, sin perjuicio de las consideraciones que seguidamente se desarrollan, me remito -en lo pertinente- a la relación de hechos efectuada en el voto del Vocal instructor.
II. Que, sentado ello, corresponde analizar el planteo de falta de legitimación activa de la empresa recurrente para reclamar la devolución de los derechos de exportación involucrados en la causa, efectuado por el Fisco Nacional. En tal sentido, cabe destacar que la firma exportadora no ha demostrado haber absorbido en su patrimonio la carga tributaria objeto de autos, sin haberla trasladado a las otras partes intervinientes, en especial al comprador (importador extranjero); quien presumiblemente -habida cuenta la singular naturaleza de la operatoria bajo análisis, sustancialmente diferente a otras operaciones comerciales que realizan empresas que también demandan por repetición ante el TFN al Estado Nacional- pudo haber sido el sujeto repercutido en último término, esto es, quién ostenta legitimación activa para reclamar en derecho; por lo que en la especie no se verifica ningún tipo de menoscabo o detrimento patrimonial en cabeza de la accionante, quien carece de legitimación para reclamar la incorporación en su caudal propietario del importe que pretende repetir ante esta sede (confr. doctrina de “Bunge Argentina S.A.” -Expte. Nro. 36.695-A-, del 7 de febrero de 2022, voto del Dr. Garbarino).
No obstante, y si bien resulta cierto que la traslación del impuesto impide al titular del pago formal acceder a su devolución en justicia, ello no obsta a que la acción de repetición sea ejercida en toda su extensión por el contribuyente de hecho, esto es, por la persona realmente incidida por la situación que se reputa no ajustado a derecho, lo que si bien es difícil en el caso, como en el de cualquier otro tributo esencialmente trasladable, el remedio legal jamás puede ser el enriquecimiento sin causa del contribuyente de derecho.
III. Que esta doctrina resulta plenamente coherente con una concepción sustancialista y no ritualista del derecho en general, y del tributario en particular; de la cual cabe colegir que si bien la traslación impositiva es un fenómeno regido por las leyes de la economía, existen ciertos casos en los que es posible y además necesario reconocer trascendencia jurídica a los efectos económicos de los impuestos para arribar a una solución que resulte armónica con los derechos y garantías que reconoce la Constitución Nacional y con el restante ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 308:2153; 316:1533), por lo que, en modo alguno puede extraerse una conclusión que ampare el ejercicio de una acción dirigida a obtener del Estado lo que el demandante ya ha recibido de terceros (en el mismo sentido CSJN in re “Nobleza Piccardo”, del 5 de octubre de 2004, voto del Dr. Zaffaroni).
IV. Que, en efecto, la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
Siendo ello así, resulta indudable que la acción de repetición de impuestos -institución propia del derecho tributario- tiene su fundamento y origen en el principio de que "nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro", regla ética de proyección patrimonial que no sólo alcanza a los particulares sino también al Estado; debiendo advertirse que el principio de equidad no es privativo de ninguna rama del derecho, sino que constituye un correctivo de la justicia legal formal (confr. Corti, Aristides Horacio María: “Repensando el instituto de la repetición de impuestos”; La Ley, 2005-A, págs.- 1169 y ss).
Tal principio, que fuera expresamente asimismo receptado por el derecho civil -actual artículo 1794 del Código Civil y Comercial de la Nación- reafirma la relación que guarda el orden jurídico respecto del orden moral, y es aplicable a todo ordenamiento legal, incluso al aduanero, por aplicación de estrictas razones de equidad, probidad y justicia, pese a que tal recaudo no se encuentre contemplado expresamente, como sucede en materia impositiva, de acuerdo al texto del actual artículo 81 de la ley 11.683.
No obstante, con el fin de preservar un orden social justo, no es posible atenerse a la liberalidad de los términos de la ley sin desvirtuar su espíritu, ya que nunca puede considerarse, que ésta tienda, en defensa de aquéllos, que son su fin -en tanto integran el bien común- al favorecimiento de uno de los términos de la relación jurídica, lo que sucedería cuando el iniciador de la acción de repetición hubiese trasladado el gravamen a los precios de sus productos en aplicación de fenómenos que aunque de índole no jurídico económicos no pueden dejar de ser considerados por aquellos que buscan servir a la justicia (“Ford Motor Argentina S.A. s/ apelación”, Fallos: 306:1401, disidencia del Dr. Carlos S. Fayt). Por lo tanto, la repetición intentada en autos no puede proceder, en virtud de que no se ha acreditado un presupuesto básico de esta acción, teniendo en cuenta que la firma actora en esta litis trata de repetir un tributo que por su especial naturaleza se traslada a un tercero. Y al no haber probado haber soportado el peso económico del tributo, de prosperar su recurso del modo requerido en autos estaría obteniendo un beneficio indebido.
Todo ello, interpretando el instituto de un modo absolutamente justo y razonable, y con el fin de no concluir en un resultado disvalioso, siempre deberá exigirse la prueba del empobrecimiento cuando un sujeto intente repetir un tributo que ingresó en forma indebida o sin causa, aunque en cada caso habrá que determinar y ponderar las circunstancias que lo rodean para descubrir si ellas permiten considerarlo debidamente acreditado (confr. Laspina, Esteban: “La acción de repetición de tributos. Algunas reflexiones en torno al requisito del empobrecimiento”, Rev. Jurisprudencia Santafesina”), lo que en el caso no acontece.
V. Que, en consecuencia, y con arreglo a señera jurisprudencia del Alto Tribunal, sólo cabe autorizar la devolución emergente de la repetición intentada cuando la empresa reclamante demuestra que no hubo traslación de la carga tributaria, en tanto, si quien demanda por repetición obtiene sentencia favorable, y antes trasladó el impuesto al precio de la mercadería vendida, habría cobrado dos veces por distintas vías, lo cual es contrario a la buena fe, criterio que reposa en una clara regla ético-jurídica, conforme a la cual la repetición de un impuesto no puede sino depender de la indispensable prueba del real perjuicio sufrido (doctrina de Fallos: 287:79; "SA Mellor Goodwin C.I. y F.").
VI. Que, no obstante, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en este aspecto –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales de este Tribunal ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
VII. Que, bajo tales premisas, corresponde analizar y resolver si las resoluciones apeladas en autos, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la devolución de las sumas pretendidas por la firma actora, resultan ajustadas a derecho. A tal fin, merece señalarse, como consideración preliminar, que el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
VIII. Que, en tal orden de ideas, cabe poner de resalto que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IX. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis, y mas allá de las particulares y atendibles circunstancias de la causa, deviene aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la validez de la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos (Decreto Nro. 793/2018), que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas, ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar las resoluciones apeladas en autos, en cuanto dispusieron rechazar los pedidos de repetición de derechos de exportación formulados por la firma recurrente, en relación a las destinaciones involucradas en autos.
X. Que atento a las particulares circunstancias de la causa, como así también a que se aplica para resolver una decisión Plenaria de este Tribunal, y habida cuenta la complejidad de la cuestión debatida, en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con fundado derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar las Resoluciones RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM, dictadas por el Sr. Administrador de la Aduana de Buenos Aires en las actuaciones administrativas SIGEA 19144-9946-2019 y 19144-9955-2019, en cuanto dispusieron rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Clorox Argentina SA 2.- Costas por su orden.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que si bien adhiero a la propuesta ratificatoria de lo resuelto por el Fisco, quiero dejar expresado, sin embargo, que no coincido en forma estricta con el resultado de lo decidido en el plenario “Petroquímica”, lo que ya hice saber en mi voto en aquella oportunidad. Allí sostuve que el Tribunal Fiscal de la Nación, por su misión y función jurisdiccional, así como por su independencia e imparcialidad, constituye un verdadero tribunal de justicia en los términos del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa línea señalé que “negar la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad importa desnaturalizar la esencia misma de la función jurisdiccional encomendada al Tribunal, que no puede ser reducido a la condición de mero órgano administrativo desprovisto de potestad de resguardar derechos fundamentales”.
Reitero aquí aquella convicción, plenamente vigente: el control de convencionalidad no es un privilegio sino una obligación de todo juez, y el Tribunal Fiscal no es la excepción. No obstante, corresponde aplicar lo resuelto por el Cuerpo en tanto constituye doctrina plenaria obligatoria.
Como segundo aspecto, disiento con la particular lógica impresa por el dr. Garbarino en la distribución de los gastos casuídicos, los que -por las razones que paso a explicar- corresponde afrontar exclusivamente la actora. Y ello así, partiendo de la base que el Código Aduanero distingue claramente las vías procesales que habilitan la intervención del TFN. El procedimiento de impugnación se encuentra regulado en los arts. 1053 a 1067 C.A., mientras que el procedimiento de repetición lo está en los arts. 1068 a 1079 C.A. A diferencia de la impugnación, que constituye una vía exclusiva ante este Tribunal (art. 1053 inc. 3 y art. 1132 ap. 2 C.A.), la repetición no presenta tal carácter: el art. 1079 expresamente prevé que el interesado puede promover la acción tanto ante el Tribunal Fiscal de la Nación como directamente ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
La actora optó deliberadamente por acudir al Tribunal Fiscal sabiendo que este carece de competencia para pronunciarse en los términos planteados, toda vez que la doctrina plenaria vigente le impedía obtener un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad pretendida. En tales condiciones, la vía adecuada era la acción judicial contenciosa, y no la repetición ante este Tribunal.
En consecuencia, y visto el dispendio jurisdiccional producido, considero que la confirmación del acto recurrido debe ser sucedido de la imposición de costas a la actora, de conformidad con el principio objetivo de la derrota. Así lo voto.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar las Resoluciones RESOL-2022-18-E-AFIPDIBASA#SDGOAM y RESOL-2022-12-E- AFIPDIBASA#SDGOAM, dictada por el Administrador de la Aduana de Buenos Aires en las actuaciones administrativas SIGEA 19144-9946-2019 y 19144-9955-2019, en cuanto dispuso rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Clorox Argentina SA, imponiendo las costas por su orden (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.20 15:01:43 ART Date: 2026.08.25 17:31:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.26 18:22:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.26 18:23:25 -03:00
Fin de la sentencia