Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la actora, con costas.
2Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 6229 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12210-3142- 2006, en cuanto condena a la importadora CLOROX S.A., al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, cuyo monto asciende a la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) y se lo intima al pago de los tributos por la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
3Revocar el Derecho Adicional, con costas.
4Revocar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-87191535-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Agosto de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “Clorox Argentina S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte. Nro. 36.312-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 78/87 se presenta, por apoderado, la firma Clorox Argentina SA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6229/2014 dictada por el Jefe del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Act. Nro. 12210-3142-2006 en cuanto la intima al pago de la suma de $ 20.471,17 en concepto de multa, y se le formuló cargo por tributos por la suma de u$s 11.952,69 y $14.912,10 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con más intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 03 073 IT14 3034E. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario, por considerar que el mismo no reúne el requisito previsto por el art. 1094 inciso d) del CA. Opone prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por las infracciones aduaneras. Manifiesta haber dado cumplimiento con el régimen de importación temporal, atento haber reexportado la totalidad de la mercadería, en debido tiempo y forma, a través de diversos permisos de embarque, que detalla. Agrega que a los fines de acreditar la relación insumo-producto, la firma presentó ante la Subsecretaría la correspondiente solicitud de CTC. En subsidio, impugna la liquidación de los tributos, en cuanto a la inclusión de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias, y solicita se declare la improcedencia del derecho adicional. Ofrece prueba y efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 111/120, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido, realiza una breve reseña de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Niega todos y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Respecto del planteo de prescripción formulado por la actora, destaca que en modo alguno se ha vulnerado su derecho de defensa, puesto que la misma, atento la corrida de vista obrante en las actuaciones administrativas, tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Cita y trascribe los art. 934, 937, 803 y 805 del CA sobre la prescripción. Al respecto, expresa que con fecha 29/09/2009 se dispuso la instrucción de sumario y el 09/05/2014 se ordenó la vista del art. 1101 del CA, quedando debidamente notificada la actora el día 05/06/2014, por lo que no resulta procedente el planteo de prescripción opuesto, toda vez que no operó el plazo de 5 años de prescripción previsto por los citados artículos.
Considera que a los fines de obtener la declaración de nulidad, el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca. Cita jurisprudencia en relación. Expone que, de conformidad con los hechos que surgen del sumario administrativo, estamos ante la presencia de la infracción aduanera tipificada por el art. 970 del CA, ya que, no se ha probado la regularización de la importación temporal en trato, toda vez que la mercadería se encontraría pendiente de reexportación o nacionalización. Analiza el instituto de la importación suspensiva. Destaca que es indispensable para realizar la descarga contar con el CTC definitivo y la declaración jurada, por cuanto son requisitos necesarios.
Por otra parte, señala que la importadora, desde el año 2000 hasta el dictado de la resolución apelada tuvo tiempo suficiente para acompañar el CTC definitivo, habiéndosele otorgado distintas oportunidades para ello, sin que haya cumplimentado dicho requerimiento. Adicionalmente, agrega que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae exclusivamente sobre la importadora. Por último, en cuanto al agravio de la actora por la inclusión de los conceptos de IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias en la liquidación efectuada en el marco de las presentes actuaciones, se refiere a lo establecido por la Ley de IVA Nro. 23.349 y la Resolución GRAL 3431/91 y sus modificatorias.
Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa, y solicita se confirme el decisorio aduanero en su totalidad, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que las actuaciones administrativas Nro. 12210-3142-2006 se inician con documentación aportada por el Despachante de Aduanas – ver fs. 1/33-. A fs. 34 obra agregada el Acta de Denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del CA en relación a la destinación 03 073 IT14 003034E. A fs. 37 se agrega la carpeta del despacho involucrado. A fs. 38 vta. obra liquidación de tributos. A fs. 47 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del CA. A fs. 49 luce consulta de garantía global unitaria. A fs. 50/51 obra Determinación de Tributos y Multa. A fs. 52 se ordena correr vista a la importadora y a la aseguradora de todo lo actuado (quedando notificada la importadora el 05/06/2014 y la aseguradora el 06/06/2014 cfme. fs. 56 y 57). A fs. 64/67 y 71/77 la importadora y la aseguradora contestan la vista conferida, respectivamente. A fs. 78 se las tienen por presentadas, por contestadas las vistas, y se apertura la causa a prueba. A fs. 90 se da por decaído el derecho a producir pruebas y se pasan los autos para resolver de conformidad con lo previsto por el art. 1112 del CA. A fs. 103/107, obra la Resolución DE PRLA Nº 6229, aquí apelada.
IV. A fs. 121 se abre la causa a prueba. A fs. 176 se cierra el periodo probatorio. A fs. 184 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 185 se ponen para alegar. A fs. 193/194 se glosa el alegato del fisco y a fs. 195/200 el de la actora. A fs. 202 se pasan los autos a sentencia.
V. Que en primer término, corresponde resolver el agravio de la actora respecto de que el auto de apertura de sumario no cumple con las exigencias establecidas en los arts. 1090 y 1094 del CA., lo que vulnera su derecho de defensa, y que por tal razón, el auto de instrucción de sumario careció de efectos interruptivos. Que los actos que se desarrollan en el sumario en las infracciones aduaneras comienzan con el auto de apertura del sumario, que debe iniciar o impulsar los procedimientos de investigación sin que ello signifique que dichos procedimientos deban agotarse al dictarse ese auto de apertura. Más bien, las diversas investigaciones y procedimientos pueden prolongarse por períodos que pueden, en ciertas oportunidades, resultar más o menos extensos.
Que de las actuaciones administrativas resulta que se formuló denuncia por infracción al art. 970 del CA con relación al DIT Nº 03 073IT14 003034E con vencimiento el día 01/12/2004. A fs. 37 obra el sobre contenedor del DIT involucrado con su documentación complementaria. A fs. 38 la Secc. Proc. Técnicos indica el valor de la mercadería y alícuotas aplicables. A fs. 38vta., con anterioridad al dictado del auto de apertura de sumario, se practica liquidación de tributos. A fs. 47 en fecha 29/09/2009 se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA, por infracción al art. 970 del CA y en dicho acto se identifica la infracción endilgada, el posible imputado y la destinación aduanera que motivara la denuncia.
Que en ese sentido, el auto de apertura del sumario por infracción al art. 970 del CA y el proveído por el que se ordena correr vista a la importadora se ajustan en un todo a las normas que rigen el procedimiento para las infracciones previsto en el capítulo tercero, Título Segundo de la Sección XIV del Código Aduanero (art. 1094 y cctes.).
VI-. Que así las cosas, declarada la validez del auto de apertura del sumario, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas opuesto por la recurrente.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella. Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2005 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 01/12/2004) y vencía el 31/12/2009. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 29/09/2009 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 30/09/2009 y el nuevo vencimiento ocurría el 29/09/2014; dictándose el 23/09/2014, la resolución aduanera aquí apelada.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, en orden al tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VII. Que a continuación, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del CA). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 01/12/2004 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 y vencía el 31/12/2009.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 29/09/2009 (fs. 47 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 8 meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 meses y 2 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 29/09/2009) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 6229/2014 dictada el 23/09/2014.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 29/09/2009 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 23/09/2014 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 24/09/2014. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 3 meses y 2 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (3 meses y 2 días) se cumplió el 29/12/2014, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). Que, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, la aludida “notificación de la liquidación tributaria” se efectuó en fecha 17/07/2015 (ver fs. 112 de las act. Adm.), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que en tal sentido, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (29/09/2009) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 23/09/2014- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 17/07/2015, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que dicha interpretación ha sido confirmada por la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, donde puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a la mercadería importada temporalmente mediante el DIT Nº 03 073 IT14 3034E.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporarimente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Que el referido Dec. N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país (…).”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. N° 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 03 073 IT14 003034 E, oficializado ante la Aduana de Ezeiza el 27/11/2003 con vencimiento de plazo de permanencia el 1/12/2004, la actora importó:
- 6.967,18Kg de mercadería de la PA 3906.90.11.000Q “Los demás POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS”.
Que el servicio aduanero formuló denuncia por falta de CTC.
Que al contestar la vista del art. 1101 del CA, la importadora manifestó haber cancelado la destinación denunciada mediante la documentación que luce agregada a fs. 1/33 de las actuaciones administrativas. Que con respecto al CTC involucrado en la cancelación, la aquí actora argumenta que no posee el CTC definitivo, y se remite a la solicitud S01:0237558/03 cuya copia se agrega a fs. 31/33 de las act. adm, y solicita se libre oficio a la firma “CH Robinson Wolrdwide Argentina SA” a fin de que remita toda la documentación relacionada con la cancelación del DIT involucrado y a la SICyPyME a los fines que se remita el CTC original.
Que dispuesta la apertura a prueba, se libró oficio a la Secretaría de Industria y Comercio a los fines de que remita el CTC involucrado, sin que se haya cumplido con lo solicitado.
Que ante la carencia del CTC definitivo el servicio aduanero estimó estéril la remisión de los actuados a la Sección Procedimiento Técnicos toda vez que la única documentación aportada por la imputada fue la obrante a fs. 01/33, respecto de la cual ya se había expedido a través de la Nota nº 7002/03 (SE PTEZ) obrante a fs. 38 según la cual “(…) se denuncia por falta de CTC”.
Que de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de la totalidad de la mercadería importada mediante la DIT Nº 03 073 IT14 003034 E. Que luce agregado por cuerda de las act adm. el SIGEA-13289-37601/2014, por el cual la Subsecretaría de Comercio contesta el oficio adjuntando copia autenticada del duplicado del CTC nº 2003/2005, obrante en la Solicitud de CTC Nº S01:0237558/2003, presentada por Clorox Argentina SA.
XI. En consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis. Cabe aclarar que para el análisis de la documentación, se cuenta con el original del DIT involucrado en autos (fs. 37 de las Act. Adm), copia de los PE 04 001 EC03 002992X, 04 001 EC03 003147B, 04 001 003151T, 04 001 EC03 003154W, 04 001 EC03 003261V, y 04 001 EC03 18676Y (a fs. 4/30 de las Act. Adm.), Solicitud de CTC nº S01:0237558/03 de fecha 21/11/2003 -junto con su Solicitud de Rectificación-, obrante en la contestación de oficio a la firma CH Robinson, -ver folio glosado a fs. 110 de las Act. Adm.-, y en el SIGEA 13289-37601/2014 en el cual se adjunta copia autenticada del duplicado del CTC nº 2003/2005, obrante en la Solicitud de CTC Nº 0237558/03.
En ese sentido, observo que de la descarga de los PE nros. 04 001 EC03 002992X, 04 001 EC03 003147B, 04 001 003151T, 04 001 EC03 003154W, 04 001 EC03 003261V, y 04 001 EC03 18676Y, en ninguno se indica el nro. de Solicitud del CTC nº S01:0237558/03, ni del CTC nº 2003/2005 – aportados en autos-, según los cuales se acreditaría la relación Insumo - Producto de la mercadería importada temporalmente y la exportada.
Este incumplimiento por parte de la apelante resulta ser motivo suficiente para confirmar la condena impuesta en sede aduanera, ya que, al invertirse la carga de la prueba y no habiendo la importadora presentado ningún tipo de documentación al efecto, corresponde atribuirle la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. Que en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el art. 1° de la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISISTE CON 17/100 ($ 20.471,17). Con costas a la actora.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT Nº 03 073 IT14 003034 E, por la firma CLOROX SA, en la Actuación SIGEA Nº 12210-3142-2006, en los términos de los arts. 803 y cc del CA. Con costas a la DGA.
2. Confirmar el artículo 1º) de la Resolución DE PRLA Nº 6229 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12210-3142- 2006, en cuanto condena a la importadora CLOROX SA, al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, cuyo monto asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 17/100 ($ 20.471,17). Con costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto de la Dra. Claudia Beatriz Sarquis.
II. Que adhiero al rechazo del planteo de nulidad efectuado por la actora conforme los argumentos expuestos en el punto V de su voto, como, asimismo, adhiero al rechazo del planteo de prescripción de la acción para imponer penas desarrollado en el punto VI de su voto.
III. Que disiento con el voto de la Vocal preopinante respecto de la admisibilidad del planteo de prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos efectuado por la actora, conforme los argumentos expuestos en su considerando VII, en virtud de las consideraciones que paso a desarrollar.
IV. Que, atento al planteo efectuado sobre la prescripción, corresponde señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha de configuración del hecho gravado, por tanto, el cómputo de la prescripción comenzó a regir el 01/01/2005, se suspendió el 29/09/2009 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir los tributos, conforme lo expresamente previsto en el art. 805, inc. a), del C.A. y, en el caso de autos, esa resolución fue dictada el 23/09/2014.
Que, conforme lo establece el art. 806 inc. a) del CA, la notificación de la “liquidación tributaria aduanera”, tiene virtualidad interruptiva, y la misma se realizó con fecha 05/06/2014 con la notificación de la corrida de vista de fs. 52.
Que, dicha notificación de fecha 05/06/2014, del auto de corrida de vista a la imputada y de la citación a la aseguradora, ordenada según exigencia del art. 1101 del C.A., de la liquidación de tributos, tuvo el efecto, en los términos del art. 806, inc. a), de interrumpir el plazo de la prescripción, comenzando el nuevo plazo quinquenal a partir del día siguiente, esto es, el 05/06/2014 y suspendida nuevamente por el art. 805, inc. c), con la interposición del presente recurso (25/08/2015).
Es decir que, en el caso de autos, nos encontramos en un supuesto de suspensión, seguido de interrupción y luego de suspensión nuevamente.
En tal sentido, no debemos olvidar que estamos en presencia de una importación definitiva a consumo “irregular”, esto es, originada en un accionar ilícito aduanero (tipo penal infraccional previsto en el art. 970 del Código Aduanero) que prevé una consecuencia punitiva patrimonial (la multa) y otra consecuencia tributaria (acaecida por la importación a consumo de la mercadería producida de pleno derecho –sin solicitud de parte-: art. 274 del C.A.). Téngase presente que la obligación tributaria es “emergente”, esto es, que nace con la configuración de la infracción aduanera (no reexportación ni nacionalización de la mercadería dentro del plazo otorgado). Para la tramitación de la investigación tendiente a constatar la ocurrencia del ilícito aduanero, la legislación ha regulado un “Procedimiento para las Infracciones”, procedimiento especial (así lo denomina específicamente el Código Aduanero) que, garantizando el adecuado derecho de defensa de los imputados, permite arribar a una resolución de la causa (condena o absolución). Dicho procedimiento “especial”, en su artículo 1094, expresamente dispone que en la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá la liquidación de los tributos que pudieren corresponder. Por su parte, el artículo 1101 del C.A. establece que el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez (10) días y el artículo 1103 aclara que la vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094 inciso d) del C.A. Como se podrá apreciar, este procedimiento “especial” y “específico”, por el que tramita la investigación de la causa infraccional, regula -además de los temas vinculados al aspecto punitivo (antijuridicidad, culpabilidad, etc.)- los temas vinculados a las consecuencias tributarias del accionar ilícito. En esa inteligencia, el art. 1112 del CA establece que, al momento de la resolución de la causa, el juez administrativo: “a) condenará o absolverá a los imputados; b) se pronunciará sobre los tributos que resultaren adeudar los responsables;…”.
En concordancia con lo dispuesto en el Procedimiento para las Infracciones, el Código Aduanero en su parte sustancial ha establecido lo siguiente:
ARTICULO 803. – Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera.
Artículo 805. – La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; … ARTICULO 806. – La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera;
Este régimen de prescripción de la potestad tributaria, con las causales de suspensión e interrupción referidas precedentemente, son las que corresponde aplicar para el caso de autos toda vez que estamos en presencia de una determinación tributaria irregular que tiene origen en un ilícito aduanero.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos formulado por la parte actora.
V. Que, por lo tanto, cabe modificar la exigencia tributaria en base a la liquidación realizada por el servicio aduanero a fs. 51 act. adm. por la totalidad de la mercadería en infracción importada en forma temporal mediante la DIT 03073IT14003034E, según se detalla a continuación:
VI. Qué por razones de economía procesal y seguridad jurídica corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) /DGA”, del 14/08/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente. Con costas.
VII. Que respecto a las percepciones IVA Adicional y Ganancias, corresponde estarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A)”, fallado el 26/11/19, en donde dispuso “…que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”, por lo que corresponde revocar dichas percepciones, con costas por su orden, en virtud de que dicho pronunciamiento es de fecha posterior al dictado de la resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del presente recurso.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 6229 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12210-3142- 2006, en cuanto condena a la importadora CLOROX S.A., al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, cuyo monto asciende a la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) y se lo intima al pago de los tributos por la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
3. Revocar el Derecho Adicional, con costas.
4. Revocar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de tributos efectuado por la actora, con costas.
2. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA Nº 6229 dictada en la Actuación SIGEA Nº 12210-3142- 2006, en cuanto condena a la importadora CLOROX S.A., al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, cuyo monto asciende a la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) y se lo intima al pago de los tributos por la suma de Pesos veinte mil cuatrocientos setenta y uno con 17/100 ($ 20.471,17) con más los intereses del art. 794 del CA, con costas a la actora.
3. Revocar el Derecho Adicional, con costas.
4. Revocar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora en los CUIT 20-23967838-7 y 20-35492230-5 y al fisco nacional en el CUIT 27-26435533-3, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.08.07 13:23:24 ART Date: 2025.08.08 16:13:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.08 16:40:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.08 16:41:05 -03:00
Fin de la sentencia