Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 2 de la resolución DEPRLA 2348/17 (SIGEA 12210-7170-2011), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108671519-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Septiembre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia B. Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2023-70886768- -APN-SGASAD#TFN (“CLOROX ARGENTINA SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 21.06.23 la firma recurrente mediante RE-2023-70878890-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 2348 de fecha 12.04.17, dictada por la de Aduana de Buenos Aires en la actuación SIGEA 12210-7170-2011. La referida resolución intima a la actora al pago de tributos por la suma de dólares estadounidense Mil Setecientos Sesenta con 94/100 (u$s1.760,94.-) y de las percepciones de IVA adicional y de ganancias por la suma de pesos Tres Mil Trescientos Ochenta y Ocho con 88/100 ($3.388,88.-); ello por la infracción del art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) respecto de la mercadería ingresada mediante la destinación 06073IT14001179P. Realiza una reseña de los antecedentes.
En primer lugar, solicita la nulidad de todo lo actuado por falta de corrida de vista. Manifiesta que en el sumario infraccional en cuestión, el organismo aduanero en ningún momento le dio intervención a su mandante para ejercer su debido derecho a defensa. Menciona que el Código Aduanero (“CA”) establece que será una obligación para la administración correr vista al imputado a fin de que pueda presentar su descargo y manifiesta que la única notificación cursada a su mandante en el expediente es aquella que notifica la resolución apelada. Expresa que la omisión antes mencionada no puede ser subsanada, ya que resulta violatoria del derecho al debido proceso. En segundo lugar, plantea que conforme surge del art. 803 del CA, la acción del fisco para perseguir los tributos prescribe por el transcurso de cinco años y, continúa su argumento, citando al art 804 del mismo plexo legal, que establece que tal plazo comienza a correr desde el 1° de enero del año siguiente al de la fecha que se hubiera cometido la infracción.
Explica que dicho plazo se suspende con el dictado de la apertura de sumario y con la presentación del recurso por parte del deudor o responsable (art. 805 inc. a) y c)) y hace mención que, en el caso de autos, el plazo de permanencia de la mercadería importada temporariamente vencía el 03.05.07. Resalta que el proceso sumarial de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación a la garantía constitucional del debido proceso y al 8º inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incorporada al art. 75 inc. 22 de nuestra CN. Por último, impugna la liquidación y señala que resulta improcedente el reclamo de los anticipos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, toda vez que se encuentra vencido el plazo de los períodos fiscales correspondientes a dichos conceptos.
Cita jurisprudencia que hace su defensa. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución aduanera apelada con expresa imposición de costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 06.09.23 mediante el IF-2023-104556599-APN- DTD#JGM y, previa intimación cursada, acompaña las actuaciones administrativas 12210-7170-2011. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, destaca que la recurrente se ha acogido voluntariamente a un régimen preferencial. Expresa que, ante el carácter objetivo de la infracción, y dada la falta de reexportación en término o nacionalización de la mercadería temporalmente importada, corresponde la sanción impuesta por su poderdante ante la típica infracción cometida. En cuanto al argumento del plazo razonable planteado por la actora, cita jurisprudencia y doctrina y, manifiesta que en materia infraccional aduanera, no debería utilizarse la misma vara que se usa en los procesos donde hay un acusado privado de su libertad, diferenciando al derecho aduanero del penal, para argumentar que los plazos de razonabilidad son diferentes en el derecho aduanero. Por último, hace la observación que el accionar de la Aduana fue correcto, como así también se dio cumplimiento con el debido proceso adjetivo, considerándose este último como garantía a favor del particular y derivado de la garantía constitucional de la defensa en juicio, y que tiende no sólo a la defensa del interés privado del particular, sino también como garantía del interés público. Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta con expresa imposición de costas.
III. De la actuación SIGEA 12210-7170-2011 surge que a fs. 1 se labra el acta denuncia 28/12, de fecha 27.12.11, mediante la cual se indica que analizada la DIT 06073IT14001179P se entiende prima facie que la firma CLOROX ARGENTINA SA, habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. Realizados diferentes pases, se determina la base y se practica la liquidación de tributos. A fs. 11, con fecha 14.12.12, se dispone la instrucción de sumario. A fs. 15 obra la constancia de la consulta realizada al sistema SUMARCHI -sin fecha- y a fs. 16/17 se dicta la resolución DE PRLA 2348 de fecha 12.04.17 apelada en autos, la que fuera notificada por cédula SICNEA estado “notificado”, a la aseguradora y a la firma sumariada, ambas con fecha 29.05.23 (fs. 22 y 23, respectivamente).
IV. Que con fecha 02.09.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se llaman autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta de denuncia 29/12 de fecha 27.12.11 y practicadas las correspondientes liquidaciones, con fecha 14.12.12 se ordena la instrucción de la apertura del sumario (v. fs. 11 act. adm.). No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 11/16 y la formulación de cargo a la recurrente. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 12.04.17 fue notificada seis (6) años después de su dictado (29.05.23).
De lo relatado surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. La recurrente recién tomo conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 11/16 (DGA). Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DEPRLA 2348 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma CLOROX ARGENTINA SA, con costas a la Aduana. ASÍ LO VOTO.
Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DEPRLA 2348/17 (SIGEA 12210-7170-2011), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos efectuado en los considerandos I a IV del voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que con fecha 27/12/2011 se formula denuncia por presunta infracción del art. 970 del C.A., seguidamente, en las actuaciones administrativas, luce aforo y liquidación de tributos, luego se dispone la instrucción de sumario el 14/12/2012. En tales condiciones, previa liquidación de multa, tributos, consulta de garantías y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que en efecto, la disposición aduanera atacada, fue dictada en cumplimiento de la IG N°11/16 de la D.G.A. modificatoria de la IG N°02/07(D.G.A.) y su ampliatoria, la IG N°2/08(D.G.A.) por lo cual, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la Resolución DE PRLA n° 2348/2017 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en virtud de ello, deviene nula la notificación que luce a fs. 23 de los antecedentes administrativos, en la que incorrectamente se indica que contra tal acto administrativo procedía la interposición del recurso de apelación previsto en el art. 1132 del C.A., todo ello bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 1122 C.A.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la Resolución DE PRLA n° 2348/2017 dirigida a la aseguradora, con costas a la demandada.
III. Que, asimismo, considero necesario expedirme respecto del planteo de prescripción opuesto por la actora, respecto de la acción del Fisco para percibir tributos, toda vez que el mismo incide en la continuidad de las actuaciones acorde se resuelve.
Que conforme lo establecido en el art. 803 del C.A., la acción para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, prescribe por el transcurso de cinco años, los que en el caso comenzaron a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que configuró el hecho gravado (art. 804 del C.A.). Es decir que, la que, en el caso de autos la acción aduanera comenzó a correr el 1º de enero de 2008.
Que teniendo en consideración la fecha del vencimiento de la destinación de importación temporaria en cuestión (3/5/2007) -conforme surge de fs. 4 de las actuaciones administrativas-, y la fecha en que se dicta el auto de instrucción de sumario (14/12/2012), se concluye que no se constata en autos la pretendida prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos, por cuanto el dictado del auto que ordenó la apertura del sumario ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, conforme lo dispuesto en el art. 805, inc. a), del CA; sin exigirse la notificación del referido auto.
Que, por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la resolución DE PRLA n° 2348/2017 dirigida a la firma CLOROX ARGENTINA SA, con costas al fisco.
2. Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 2 de la resolución DEPRLA 2348/17 (SIGEA 12210-7170-2011), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.09.30 14:45:06 ART Date: 2025.09.30 15:00:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.30 15:01:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.30 15:01:44 -03:00
Fin de la sentencia