Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de San Isidro · Causa 49450
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo: a) se hace lugar parcialmente a la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada con respecto a los periodos reclamados de octubre y noviembre respectivamente; b) se modifica en consecuencia la condena y se reduce a la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO ($6.808); c) se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y fue materia de agravio. Se imponen las costas devengadas ante esta Alzada a los apelantes sustancialmente vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 14.967).
Reg.nº: 23 En la ciudad de San Isidro, a los 16 días del mes de marzo de 2018 , reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tres de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro en virtud del art. 36 de la ley 5827 y el Ac. Extraordinario del 7-8-2017 de esta Excma. Cámara de Apelación, doctores MARIA IRUPE SOLANS y JORGE LUIS ZUNINO, para dictar sentencia en los autos caratulados: “CLUB ATLETICO PILAR ASOCIACION CIVIL C/ BASUALDO RICARDO ANTONIO y otro/a S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO” expediente nº SI-49450-2010; practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Zunino y Soláns resolviéndose plantear y votar las siguientes:
¿Es justa la sentencia apelada?
A la primera cuestión, el señor Juez doctor Zunino dijo:
I. El asunto juzgado.
La sentencia de fs. 244/7 rechazó la excepción de prescripción interpuesta por los demandados, e hizo lugar a la demanda promovida por el Club Atlético Pilar Asociación Civil contra Ricardo Antonio Basualdo y María Gabriela Penoucos condenándolos al pago de la indemnización fijada ($9.210) más los intereses calculados a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, y costas. La parte accionante reclamó la suma de $9.210 en virtud de las cuotas impagas del servicio educativo que recibieran los hijos de los demandados en la institución “Instituto Atlético Pilar- Ataliva Blanco” durante el ciclo lectivo de 2009 (cuotas Junio a Diciembre). Refirió que pese a las intimaciones cursadas, los demandados no contestaron las mismas y retiraron a los niños del establecimiento educativo.
Al contestar la acción, los demandados efectuaron la negativa ritual, alegaron la perención de la instancia, y opusieron excepción de prescripción en atención al vencimiento del plazo establecido en el art. 4035 del C.C.. La sentenciante desestimó la excepción interpuesta en atención a que la prescripción requerida fue suspendida por las cartas documento acompañadas en la demanda, diligenciadas el 7 y 23 de octubre de 2009. La sentencia es apelada por la parte accionada a fs. 251, conforme memoria de fs. 270/1.
II. Los agravios.
Reprochan los accionados el rechazo del planteo de prescripción esgrimido. Sostienen que la prescripción opera independientemente de cada cuota; y que habiéndose diligenciado las cartas documento el 7 y 23 de octubre de 2009, el plazo de prescripción venció el 23 de octubre de 2010.
Reprochan también la tasa de interés aplicada por considerarla excesiva y generadora de un enriquecimiento desproporcionado e indebido por la actora.
III. El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.
III.1. Dados los términos en que ha quedado trabada la Litis, no se encuentra discutido en autos que los hijos de los demandados asistieron al centro educativo de la parte actora en el periodo del año 2009; encontrándose impagas las pertinentes cuotas de los meses de junio a diciembre de los menores F. y J., y de julio a diciembre de la alumna T., como así también las correspondientes a la de mantenimiento. Totaliza ello la suma demandada ($9.210).
Tampoco se encuentra controvertido que la parte accionante remitió cartas documento los días 7 y 23 de octubre de 2009 respectivamente, en las que intimó la regularización de las deudas registradas por las cuotas impagas en el establecimiento pedagógico.
Cuestionan los apelantes nuevamente la procedencia de la acción, dado que la deuda reclamada se encuentra –a su entender- prescripta en atención a lo establecido en el art. 4035 del C.C.
Sabido es que la prescripción liberatoria es un medio de extinción de derechos, resultante de su no ejercicio o la inacción de su titular durante el plazo legalmente fijado (conf. Kemelmajer de Carlucci, Kiper y Trigo Represas, “Código Civil Comentado”, Ed. Rubinzal Culzoni Editores, 2006, pág. 286).
Así, es una excepción para repeler una acción por el sólo hecho que el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (conf. SCBA LP B 64996 S 05/05/2010 y SCBA LP B 65325 S 26/04/2006).
En la especie, no resulta controvertido la aplicación del art. 4035 inc. 2°, en tanto dispone la prescripción anual para pagar a los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la pensión de sus discípulos. La norma no contiene ninguna indicación respecto al inicio del plazo de prescripción, por lo que el principio es que corre a partir del vencimiento de cada período pactado. Como lo normal es el pago mensual, entonces se trata de un supuesto de mora por el solo vencimiento del plazo (art. 509, inc.1°), y que cada mes se vaya prescribiendo un nuevo período (conf. Edgardo López Herrera, “Tratado de la prescripción liberatoria”, T°II, Ed. Lexis Nexis, 2007, pág.698).
A fines de ahondar en esto último, corresponde señalar a modo de introito, que la doctrina ha sostenido que el "contrato de prestación de servicios educativos privados" o "contrato de enseñanza" se configura cuando una parte denominada "establecimiento o institución no estatal" se obliga a desarrollar en un contexto de organización empresarial procesos de enseñanza-aprendizaje, y la otra, individualizada como "educando" u "obligado", a colaborar en su ejecución, asumiendo o no el pago de una suma de dinero por ellos (conf. Cfr. Hernández, Carlos M., "Régimen Jurídico de los servicios educativos privados", Contratos de Servicios, Revista de Derecho Privado y Comunitario. 2005- I. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, p. 291/319, citado en “La prescripción de la obligación de pago de cuotas, en el contrato de prestación de servicios educativos privados”, Vinti Ángela M., Cita Online: AR/DOC/1/2014).
El mismo es considerado como un contrato a favor de tercero en donde se establece una relación triangular entre los padres en ejercicio de la patria potestad (estipulante), el establecimiento educativo de enseñanza (Promitente) y el alumno (beneficiario); en que la estipulación a favor de éste último nace de la voluntad del estipulante. Asimismo, resulta un tipo de contratación híbrida en atención a que participa de las características del contrato de locación de servicios y de obra (conf. “El contrato de enseñanza educativa proivada constituye una estipulación a favor de tercero?”, José N. Taraborrelli, cita online SAIJ DACA030046).
En lo que hace a los caracteres que presenta, cuadra apuntar en lo que aquí respecta, que el mismo es de tracto sucesivo o de cumplimiento continuo o periódico, y que además es rescindible por cualquiera de las partes contratantes (conf. Vinti y Taraborrelli, obras citadas). Siguiendo este orden de ideas, debe destacarse que las cuotas abonadas de manera periódica a las instituciones educativas no resultan parte –entonces- de una única prestación de pago fraccionado; sino que se trata de prestaciones independientes, fluyentes (prestación educativa mensual). De ello se sigue que la prescripción corra independiente para cada cuota, a partir del vencimiento de cada una de ellas (conf. Edgardo López Herrera, “Tratado de la Prescripción Liberatoria”, Ed. Lexis Nexis 2007, T°I, págs.180/1).
A mayor abundamiento, debe mencionarse que la prescripción comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido, o sea, cuando el acreedor tiene expedita la acción; el plazo se inicia desde el momento en que el titular del derecho es remiso en ejercitarlo, porque lo que determina su comienzo es la existencia del derecho o su exigibilidad (SCBA., 9-6-64 en D.J.B.A. 72, 209; causa de esta Sala 2ª núm. 50.352 del 22-8-89; causa 101.034 RSD: 243/06 Sala II, Causas 109.165 RSI: 101/2010, 73.987 del 04-03-2010 RSI: 50, 108.680 del 30-03-2010 RSd: 26, SI5457/2012 del 20-2-14, n° SI-39067/2014, r.i. 115/16 del 05/04/2016 de Sala III°).
Y en el caso de autos, no puede desconocerse que la obligación de pago se consolida –como se viomensualmente, dado que el costo anual de la escolaridad se dividió en 10 cuotas de marzo a diciembre inclusive, con fecha de vencimiento propia, pues, debían abonarse dentro de cada mes; estipulando además un interés del 0,1% diario a partir de tal vencimiento (fs. 69, 72, 76,). De allí que pueda concluirse en la existencia del derecho y exigibilidad del crédito en favor del centro educativo por los periodos vencidos no pagados, independientemente del vencimiento del año escolar en curso.
Por todas las razones expuestas, debe señalarse que en la especie –tal como se apuntó en un principio-, el cómputo de la prescripción comienza a correr a partir del vencimiento de cada periodo mensual devengado (conf. C4Civ y Com. Cba., del 22-10-2013, LLC2014 (febrero)29, cita online AR/JUR/71759/2013).
Sentado lo expuesto, corresponde analizar los distintos periodos reclamados en autos a fines de establecer su eventual prescripción.
Siendo que de la documental acompañada por la parte actora -no desconocida por la accionada al contestar la demanda- se desprende que las cuotas respectivas de cada mes, vencen el último día de cada período (fs.69, 72 y 76); el plazo de prescripción empieza a correr en consecuencia, a partir del primer día del mes siguiente a cada etapa reclamada prescribiendo así un año después a dicha fecha. Ahora bien, tal como se apuntó, se encuentra acreditado y fuera de debate que la parte actora remitió dos cartas documento a los accionados intimándolos a regularizar la deuda registrada, los días 7 y 23 de octubre de 2010 (fs.78/81).
En tal contexto entonces, cuadra apuntar que el art. 3986 del C.C. establece que la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica; la que tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción.
Así, debe destacarse en lo que al caso respecta, que la carta documento constituye un medio idóneo para interpelar al deudor y producir la suspensión de la prescripción liberatoria de acuerdo con lo normado por el art. 3986, segundo párrafo del Código Civil (conf. CC0203 LP B 79826 RSD-269-94 S 22/11/1994). Y entonces, queda inutilizado el tiempo durante duró esa suspensión, reanudándose una vez agotada la misma (conf. Kemelmajer de Carlucci, Kiper y Trigo Represas “Código Civil comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, pág. 433).
De allí que las misivas remitidas que no fueran desconocidas por los demandados suspendieran el transcurso de la prescripción por un año a partir de las mismas (7 y 23-10-2009) por las deudas que presentaba la parte accionada en virtud de las cuotas impagas hasta dicha oportunidad. Así, las cuotas de junio a septiembre y las pertinentes al mantenimiento (cuyo cobro se persigue en los meses de julio, agosto y septiembre), vieron suspendido su plazo de prescripción por el término de un año en virtud de la normativa referida; y por tanto, no se encuentren prescriptas al momento de la interposición de la demanda el 28-12-2010.
Tampoco se halla prescripta la deuda correspondiente al mes de diciembre de 2009, dado que al encontrar su vencimiento el último día de tal mes, el plazo anual establecido en el art. 4035 del C.C. no había transcurrido al deducirse la acción judicial (28-12-2010). Ahora bien, distintas consideraciones le caben a los periodos reclamados por los meses de octubre y noviembre, en razón de que al no haber estado aún vencidos y devengados al momento de remitirse la carta documento (7 y 23-10-2009); no puede suspenderse el plazo de prescripción que aún no comenzara ante la inexistencia de deuda. De allí entonces que dichos periodos si se encuentren prescriptos, y por tanto habrá que hacer lugar a la defensa interpuesta en lo que a éstos respecta.
III.2. En lo que hace a la tasa de interés cuestionada por la quejosa, cabe recordar que por mayoría de fundamentos, nuestro Superior Tribunal Provincial sostuvo que la tasa de interés ha de liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif., SCBA CAUSA 119.176, "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ daños y perjuicios". sentencia del 15/06/2016).
Así entonces, de acuerdo a las circunstancias actuales, el índice establecido en la sentencia (tasa pasiva digital) resulta –actualmente como regla- el más adecuado para compensar la imposibilidad de uso de capitales, lo que debe ser apreciado teniendo en cuenta que no surgen de autos elementos hábiles que demuestren que en el caso específico ello no se configure. En consecuencia la sentencia habrá de ser confirmada (arts. 622 del Código Civil y 163 inc. 5° del C.P.C.C.; causas SI29985/2010 del 18-6-15 RSD 89/15 y SI30771-2012 del 14-7-15 RSD 96/15, SI-5409-2009 del 10-11-15 RSD 180/15 de Sala III°, art. 16 C.N.).
Con la modificación propuesta, voto por la afirmativa.
La señora Juez doctora Soláns por los mismos fundamentos votó en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo: a) se hace lugar parcialmente a la excepción de prescripción interpuesta por la parte demandada con respecto a los periodos reclamados de octubre y noviembre respectivamente; b) se modifica en consecuencia la condena y se reduce a la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO ($6.808); c) se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y fue materia de agravio. Se imponen las costas devengadas ante esta Alzada a los apelantes sustancialmente vencidos (art. 68 del C.P.C.C.).Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARIA IRUPÉ SOLÁNS JORGE LUIS ZUNINO
Juez Juez ANA MARÍA BREUER Secretaria
Fin de la sentencia